(#316). IGNORAR LA TOXICIDAD DE LOS ADYUVANTES FALSEA LOS PERFILES DE SEGURIDAD DE LOS PESTICIDAS

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En este artículo publicado en Frontiers in Public Health, los autores hacen un nuevo llamamiento a la necesidad de considerar los adyuvantes de los pesticidas en las regulaciones sobre la toxicidad de los productos.

Esos adyuvantes son llamados elementos “inertes” porque simplemente no funcionan como principio activo. Pero ello no significa que no tengan efectos biológicos (que en su mayoría los tienen), tal y como los autores recalcan. Esta falacia lingüística hace que enmascaren los efectos reales en el entorno de pesticidas como el glifosato (y otros también, por supuesto). Es más, a veces el hecho de que investigadores no distingan entre el efecto de la molécula activa y el de los adyuvantes perturba los resultados de las investigaciones sobre toxicidad de un pesticida en concreto. Esto ocurre porque un pesticida puede ser producido por diferentes compañías, y no necesariamente tienen que coincidir ni el número ni la concentración de adyuvantes. De este modo, se añade ruido al cuerpo de evidencia de los estudios, porque se mezclan resultados que pueden ser causados por diferentes elementos tóxicos.

Parte de esta confusión es debida a la consideración de los elementos inertes como secreto comercial, como ocurre en Estados Unidos, donde para registrar un pesticida se debe aportar información sobre los elementos activos pero no necesariamente sobre los tóxicos adyuvantes.

Al consumir alimentos (o a través de otras formas de interacción) nos exponemos a esos pesticidas en formas de residuo. Pero, de nuevo, tenemos que contar que ese residuo está formado por toda la combinación química del producto, no sólo el elemento activo. Y como bien comentan los autores, hay estudios que muestran que la toxicidad de los adyuvantes puede ser mayor que los de la molécula principal.

Tipos de coadyuvantes

Los autores presentan una lista no exhaustiva de los elementos inertes más empleados en la formulación de pesticidas:

b316_2Los más utilizados son los surfactantes, que modifican la interacción entre las superficies de la planta y del elemento activo, facilitando su penetración, adherencia y dispersión. Y, como enfatizan los autores, no sólo lo hacen con las plantas, sino también con la piel humana cuando hay exposición.

Uno de esos surfactantes, el POEA (polioxietileno amina) ha sido prohibido por la Comisión Europea para su uso como adyuvante del glifosato. Sin embargo, y como indican los autores, eso no excluye su uso, ya que los agricultores pueden comprar el adyuvante aparte y mezclarlo con el glifosato. Y, además, no está prohibido como acompañante de pesticidas que contienen 2,4-D. De esta forma, tanto los granjeros como el público general puede estar expuesto a este tóxico incluso después de su prohibición.

Conclusión

Los autores plantean en qué grado son válidas las indicaciones de dosis diaria aceptable (ADI) y niveles de residuo máximo (MRI), dos medidas que se supone que garantizan que, tanto la dosis ingerida como los niveles de pesticidas encontrados en los productos, respectivamente, no producen efectos adversos. Si no se testa adecuadamente la toxicidad de esos (mal llamados) elementos inertes, los resultados pueden ser completamente diferentes. Quizá la inclusión de un nuevo factor de seguridad para tener en cuenta esta variable sería indicado tanto para el ADI como para el MRI, es decir, hacer más exigentes los niveles a cumplir.

Ante esta situación hay que, por un lado, deconstruir las formulaciones comerciales y testar los elementos por separado (adyuvantes y principios activos) y, por otro lado, realizar pruebas de toxicidad en animales con las formulaciones completas, no sólo con los ingredientes activos.

Y, por supuesto, una mayor transparencia sería necesaria a la hora conocer todos los componentes de un pesticida, y eliminar el eufemismo de “inerte” a compuestos tóxicos que deberían tener un trato regulatorio similar al del ingrediente activo.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Mesnage, R. & Antoniou, M. N. (2018).Ignoring Adjuvant Toxicity Falsifies the Safety Profile of Commercial Pesticides. Frontiers in Public Health, doi: 10.3389/fpubh.2017.00361

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(#308). LOS REPUBLICANOS ADVIERTEN A LA OMS QUE LE QUITARÁN FONDOS SI NO RECTIFICAN SOBRE EL GLIFOSATO

[MONOTEMA] El Partido Republicado de los Estados Unidos acaba de dar una advertencia (algunos dirían que es más bien una amenaza) a la OMS: la financiación corre peligro.

Y es que el partido encabezado por Trump sigue “tirando de manual” neoliberal; respalda a Monsanto y no le gusta para nada que en la OMS se hayan “atrevido” a calificar al glifosato como probable cancerígeno (tipo 2A).

Así, un representate tejano del partido, Lamar Smith, decía que la OMS había emitido un jucio sobre el glifosato sin suficiente base ni respaldado por datos fiables.

Supongo que Smith no se estaría refiriendo a las múltiples evidencias que ligan al glifosato con numerosos efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, ni sobre el “intachable” comportamiento de Monsanto. No claro que no. Sin embargo, se despacha preguntándose si la IARC (órgano vinculado a la OMS) debería seguir recibiendo financiación gubernamental.

El partido demócrata publica un informe que compromete a Monsanto

En este documento recién publicado, el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología especifica una realidad que hemos contado de mil maneras diferentes en este blog.

El informe sale como respuesta al mencionado Lamar Smith, y  pone en el punto de mira a Monsanto. Así, refleja las tácticas de la industria química para atacar la ciencia que se relaciona con sus productos.

Entre esos documentos que el informe recoge, están emails internos de trabajadores de Monsanto admitiendo que el producto no es seguro, y que no podían descartar que fuera cancerígeno.

Otro punto interesante del informe es la identificación de varios científicos ligados a Monsanto, y que se han encargado de criticar los estudios que muestran efectos adversos del glifosato. Entre ellos está Bruce Chassy, profesor emérito de la Universidad de Illinois. Y por supuesto, A. Wallace Hayes, uno de los editores de la revista Food and Chemical Toxicology.

Monsanto se preparó para lo que ellos sospechaban que iba a ser la decisión de la OMS (como así ocurrío), y empezó con las clásicas maniobras de relaciones públicas (contar con profesionales afines a la industria, campaña en redes sociales, buscar el apoyo de organizaciones que defienden los intereses de la industria, etc.).

Y, fiel a su estilo, empleó la escritura fantasma para redactar un artículo con la “firma” (entre otros) de Helmut Greim. Estaba claro que Monsanto quería contrarrestar las críticas escribiendo un artículo hecho por ellos pero en el que pareciera que otros científicos independientes habían participado.

Monsanto también extendió sus brazos para contratar a personas vinculadas a medios masivos para añadir más ruido. Lo hizo con Henry Miller, médico de la Universidad de Stanford, quien escribió en Forbes un artículo “dirigido” por Eric Sachs, el jefe científico de la multinacional. Miller fue despedido de Forbes cuando se enteraron del chanchullo.

Finalmente el informe hace alusión al empleo de organizaciones teóricamente independientes y sin ánimo de lucro, pero que no son más que títeres de la industria, aunque cuenten con nombres rimbombantes y “poco sospechosos” como “Campaign for Accuracy in Public Health Research”, que es dirigida por la American Chemistry Industry. La industria del tabaco ha estado usando una estrategia similar durante mucho años.

En definitiva, nada que no supiéramos ya en este blog, pero resulta edificante conocer que en otros lugares y otras personas valoran también críticamente toda la información disponible y llegan a conclusiones similares.

La financiación de la OMS

La OMS es uno de los numerosos órganos de la ONU, y como tal recibe dos tipos de financiación. En primer lugar hay una contribución obligatoria de todos los estados miembros (193), que considera diversas variables ligadas a la riqueza y población de los países. Esa parte fija le sirve a la ONU para cubir los costes administrativos y unos pocos programas.

Sin embargo, los países pueden también contribuir voluntariamente. Muchas progamas de la ONU,como UNICEF, UNHCR (refugiados) o WFP (alimentos), se financian enteramente con este tipo de aportaciones.

En 2016 Estados Unidos contribuyó con 10 mil millones de dólares a las Naciones Unidas, de los cuales 6 mil fueron voluntarios. De ese monto, 400 millones fueron a la OMS, cuyo programa se financia con una combinación de fondos obligatorios y fondos voluntarios.

De este modo, la advertencia del republicano Smith iría en la línea de cortar recortar los fondos voluntarios. El presupuesto de la OMS en 2016 dependía en casi un 20% de las aportaciones de Estados Unidos.

Trump ha quierdo desde el principio meter la tijera a esos fondos voluntarios, por lo que no es extraño que los republicanos mantengan esa postura. En cualquier caso, es otro capítulo más de esta especie de mala película del Oeste que estamos viviendo en el que los papeles de forajidos están muy bien interpretados.

Conclusión

La ciencia sin contexto no es nada. Y ese contexto, inexorablemente, tiene que ser siempre explicado para tratar de aproximarnos a la realidad de cualquier cuestión científica. La historia del glifosato ya la sabemos, porque es la misma historia que la del Agente Naranja, la del disulfuro de carbono, o la de otros pesticidas.

Luego la manipulación de la opinión pública (y también la actuación de otros “ingenuos” científicos y periodistas que se ponen del lado de la industria porque es muy “guay” ir en contra de todo lo que suene a conspiración) complican cualquier tipo de regulación. Pero aquí las conspiraciones no tienen nada de ensoñación. Aquí son algunas multinaciones, políticos, científicos, etc. que se ponen en mano de algo bastante material: el dinero.

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(#304). CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL COMO PERSPECTIVA AMBIENTAL

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En este breve comentario publicado en Environmental Health Perspectives, el autor realiza una interesante reflexión sobre qué puede aportar el conocimiento ecológico tradicional (TEK, en inglés), como paradigma en el que se integre en la investigación sobre salud ambiental.

El TEK se refiere al conocimiento de las relaciones entre las peronas y el entorno natural que ha sido adquirido durante miles de años. Esa sabiduría no debe desdeñarse por la investigación actual, es más, según el autor, contar con ella ayudaría a plantear nuevas cuestiones y mejorar la interpretación y la validación de los estudios empíricos.

De especial relevancia es el conocimiento de la cultura nativa e indígena, ya que su relación con la naturaleza podría explicar la exposición a ciertos factores de riesgo que hacen que en  Estados Unidos su esperanza de vida sea menor y el desarrollo de ciertas enfermedades tenga una prevalencia mucho más acentuada que el del resto de la población. No obstante, los nativos americanos tienen un grave problema de alcoholismo y enfermedades que tiene una explicación más compleja y más relacionada con temas políticos y sociales.

En cualquier caso, el concepto de “integración” en la “ciencia occidental” puede ser equivocado si se mira desde una visión etnocéntrica, ya que hay otros investigadores que abogan porque ambas perspectivas tengan un peso similar.

Reduccionismo frente a complejidad

Quizá lo más interesante de este artículo es su defensa de las aproximaciones holísticas para enfrentarse a los problemas de salud ambiental, en lugar de las reduccionistas, y ese excesivo énfasis en el paradigma de dosis-respuesta.

Todo está conectado con todo, la complejidad de los sistemas es indiscutible desde el punto de vista biofísico, y las aproximaciones dinámicas y que consideran no linealidad y múltiplies relaciones son necesarias. Así, por ejemplo, enfrentarse a un río contaminado no sólo incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades sino que perturba las costumbres y las prácticas culturales, influyendo en las relaciones sociales y en el desarrollo de la comunidad.

Esas cadenas de relaciones, esas cascadas de eventos son casi siempre ignoradas por la investigación reduccionista, que busca mostrar de manera simplista los efectos de una dosis de tóxico sobre el riesgo de enfermedad.

La ruptura de los hábitats naturales, el desplazamiento de los entornos, la contaminación de las tierras y aguas que durante siglos han significado un valor en sí mismo para las comunidades, son cuestiones mucho más complejas para abordar que la mera justificación de que un tóxico no es peligroso a corto plazo si está por debajo de una determinada dosis.

En definitiva, no se trata de difundir ningún conocimiento mágico, sino aprovechar la experiencia como un heurístico, como una poderosa herramienta de “tinkering”, y valorar de manera holística y a largo plazo las consecuencias de agredir al medio ambiente. No es sencillo, pero es necesario para superar el paradigma simplista de la reducción.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Seltenrich, N. (2018).Traditional Ecological Knowledge: A Different Perspective on Environmental Health. Environmental Health Perspectives, doi: 10.1289/EHP2391

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(#295). POISON SPRING; UNA INQUIETANTE HISTORIA SOBRE LA EPA Y LOS PESTICIDAS

[MONOTEMA]  Cuando una organización gubernamental, que nace con el loable fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente, actúa justamente de manera contraria y se pliega a los intereses espúreos de las corporaciones, la desesperanza, el solipsismo, e incluso el nihilismo se pueden adueñar de cualquier individuo honesto que evalúe la situación. Es lógico, porque ya no sólo son multinacionales contra personas, sino el propio Gobierno el que acaba empujando todavía más.

Poison Spring cuenta como la Environmental Protection Agency (EPA), ha sido cómplice de las tropelías de la industria de los pesticidas prácticamente desde su creación en 1970. A pesar de contar con científicos honestos, las injerencias gubernamentales (por intereses económicos) y la carencia de recursos han propiciado que se haya fallado en el objetivo básico de regular adecuadamente el uso (indiscriminado) de sustancias tóxicas en la agricultura.

En este post voy a comentar algunos de los puntos más relevantes de esta obra (publicada en 2014), que resume 25 años de trabajo de E. G. Vallianatos, un analista científico de la EPA que, desde 1979 a 2004, fue testigo de lo que estaba sucediendo dentro de su organización. La información que aporta es, tristemente, fiel reflejo de la deriva de un sistema neoliberal perverso.

Los autores

E. G. Vallianatos (en la foto) es zoólogo, doctor en historia y postdoc en historia de la ciencia. Trabajó durante 25 años como técnico de la EPA, por lo que fue testigo de casi todos los eventos más importantes a los que esta organización tuvo que hacer frente. El acceso a documentación y su experiencia vivida junto a otros científicos en la EPA, han propiciado que Vallianatos haya podido contar con solvencia una realidad lamentable.

El libro está también co-escrito por McKay Jenkins, periodista y profesor  de la Universidad de Delaware, especializado en toxicología y medioambiente.

Puertas giratorias y manipulación de los mensajes

William Ruckerlshaus fue el primer administrador de la EPA, y bajo su mandato se tomaron decisiones importantes, como la supresión del DDT en 1972. Sin embargo, es un ejemplo de las continuas puertas giratorias entre la política y la industria. Ruckerlshaus dejó la EPA para trabajar en Weyershauser y Monsanto, entre otras corporaciones con conflictos claros de interés con la misión de la agencia gubernamental. Pero luego volvió a la EPA en la época de Reagan, para dejarla otra vez en 1985. En esta ocasión se convirtío en CEO de Brownig-Ferris, una gestora de residuos, incrementando su salario de $72000 al año que tenía en la EPA hasta $1 millón en la corporación.

Recientemente, hemos asistido a los “fichajes” de Scott Pruit y Michael Dourson, por lo que la EPA sigue siendo hasta prácticamente día de hoy un nido de “hombres de la industria”. Así, la queja de los autores está ciertamente justificada.

No sólo las puertas giratorias constituyen una carencia de independencia, sino que también la EPA ha sufrido una pérdida irremisible de capacidad para hacer correctamente su trabajo, ya que ha visto deteriorado su presupuesto y los laboratorios para validar las investigaciones de la industria. Menos dinero y menos laboratorios.

La desmantaleción progresiva de la EPA y su incapacidad manifiesta para regular es sólo una parte del macabro juego. Las corporaciones y los políticos ligados a ellas han de manipular también las percepciones de los ciudadanos. Por eso, como bien indican los autores, cuando la EPA o cualquier otra organización o equipo de investigación informa acerca de los potenciales riesgos de un pesticida, la maquinaria de relaciones públicas comienza a funcionar, y el mensaje que se construye es que se está “en contra de los granjeros y agricultores”. Así, se manipula a la opinión pública, porque realmente cuando se denuncian los peligros de los pesticidas no se está yendo contra los agricultores, sino defendiendo los intereses de la población general. Y en cualquier caso, se perjudica el “agronegocio” (agribusiness), que es algo más complejo que poner el foco en un “pobre agricultor”, ya que significa poner en riesgo los ingresos de gigantes de la industria química que obtienen enormes beneficios vendiendo esos productos contaminantes. Defender la salud y el medio ambiente no es ir en contra de los granjeros como la maquinaria perversamente expresa, pero desafortunadamente a la opinión pública llegan menos estas matizaciones.

“Habrá escasez y hambre”, decían corporaciones y grandes agricultores en 1972 cuando la EPA prohibió el DDT. Pues eso.

La manipulación del mensaje llega, por supuesto, a la publicidad de los productos. Como hemos comentado tantas veces en este blog, la corporaciones sólo cuentan la parte de la historia que les interesa y disfrazan la realidad. Estos dos anuncios de DDT de mediados de lo años 40 son una buena muestra de ello.

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Las quejas y adertencias sobre la toxicidad del DDT ya habían salido a la palestra cuando se publicaron esos anuncios, como también muestra este artículo de 1946:

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De la prohibición a la gestión del riesgo

Esta es una de las grandes victorias de la corporaciones químicas, conseguir que los productos cancerígenos se pueden seguir diseminando como pesticidas, siempre que vayan sujetos a una gestión del riesgo. Es decir, de un análisis coste-beneficio en el que lo relevante es una “dosis tolerable” de esos productos para los humanos. Ello supone, entre otras cosas, que no existen efectos acumulativos ni efecto cóctel (interacción con otros tóxicos), lo que es ciertamente discutible.

Y también supone que los agricultores emplean los pesticidas de manera adecuada, algo que los autores cuestionan, por ejemplo aludiendo a una encuesta realizada en 1981 por el gobierno estadounidense sobre su uso en Florida; el 40% de los agricultures usaban el pesticida equivocado o simplemente rociaban de más sus cultivos.

En realidad, como argumentan los autores, se trata de una forma legal de cubrirse las espaldas. Esto es, las corporaciones se protegen contra demandas por efectos tóxicos de los pesticidas a través de esas consideraciones de riesgo y tolerancia de dosis pequeñas. Así, son todavía hoy pertinentes las palabras de Morton Biskind, médico que falleció en 1981 y que alertó contra los peligros del DDT: “Los aparatos de comunicación (…) se encargan de negar, suprimir y distorsionar la abrumadora evidencia. Un nuevo principio de toxicología parece que se arraiga en la literatura: no importa cómo de letal un veneno pueda ser para otras formas de vida animal; si no mata instantáneamente a los humanos entonces es seguro. Cuando, sin embargo, mata a una persona, entonces es culpa de ese propio individuo, ya sea porque era alérgico a esa sustancia o porque la usó inadecuadamente”. Hoy, 37 años después del fallecimiento de Biskind, no podemos objetar ni una coma a esas palabras.

El fraude y la ocultación

Por si todo esto no fuera suficiente, los estudios de las empresas y los procesos de validación y supervisión de la EPA están salpicados de fraude y corrupción. Los autores comentan lo sucedido con el IBT, ese escándalo de proporciones colosales del mayor centro de investigación privado para las empresas agroquímicas, y del que hablamos con pausa en el post sobre los Poison Papers. Como comentamos entonces, la EPA hizo poco por volver a evaluar decenas de sustancias cuyos test reportados por las corporaciones estaban manipulados.

La EPA pasa por alto los ingredientes “inertes” de los pesticidas. Son secretos comerciales, según los productores, y no son evaluados porque no forman parte de la composición molecular activa. Pero no son para nada inertes, ya que en su mayoría son altamente tóxicos, a veces incluso  más que el componente activo. Pueden actuar como coadyuvantes para aumentar la adherencia del biocida, y entre ellos se encuentran compuestos como el clorobenzeno, benzeno, formaldehido…Según los autores el DDT podría pasar ahora como elemento inerte. Hay alrededor de 1800 ingredientes inertes y cuya inclusión en un pesticida concreto puede suponer más del 50% del propio producto. De este modo, existe una ocultación importante de la carga tóxica de los pesticidas, tal y como comentamos en diferentes posts sobre el glifosato.

Al fraude y la ocultación se añaden, además, el riesgo que sufren los investigadores de ser “señalados” por decir o hacer algo en contra del agronegocio. Así, los autores comentan el caso del estudio epidemiológico de Alsea (Oregón), y cuya historia describimos con detalle al comentar el libro “Una amarga niebla”.  Ese estudio que llevó a la EPA a prohibir el pesticida 2,4,5-T (uno de los dos componentes del Agente Naranja),  supuso un beso mortal para el programa epidemiológico de la Agencia. Varios de sus científicos se vieron atacados por la maquinaria de relaciones públicas de las corporaciones, afectando a las carreras profesionales de esos investigadores y a su trabajo dentro de la EPA.

Y es que la EPA ha jugado con fuego en muchas ocasiones. Los efectos del DDT todavía se veían en 1982 pese a su prohibición 10 años antes. La EPA tenía documentación que probaba su efecto en pájaros y peces en el Valle de Río Grande. Vallianatos descubrió unos documentos internos de científicos de la Agencia que ilustraban este hecho, pero que iban a ser destruidos. Ni la EPA ni el Gobierno de Texas hicieron  nada al respecto, a pesar de su conocimiento.

Así, la EPA tiene la cualidad de ser objeto de demandas que vienen desde todos los ángulos. Cuando tiene la osadía de regular en contra de los intereses de la industria, pese a las abrumadoras evidencias, entonces las corporaciones litigan contra ella. Pero como también deja gran parte de su trabajo sin hacer, organizaciones ecologistas y otros grupos también la llevan a los tribunales por no defender lo que realmente es su misión; proteger al ciudadano y al medio ambiente. Tal es el caso de la demanda de Earth Justice contra la EPA en 2013 por aprobar un nuevo insecticida neonicotenoide de Dow, especilmente lesivo para las abejas (los estudios recientes no dejan lugar a dudas sobre ese daño).

Miopía tóxica

Los profesores de marketing estamos familiarizados con el concepto de miopía comercial, que se produce cuando un ejecutivo es incapaz de identificar correctamente el mercado en el que compite una empresa, formado por necesidades a satisfacer, alternativas para satisfacerlas y clientes reales y potenciales.

Lo que los autores del libro expresan con claridad es que analizar de manera simple el potencial daño humano de un pesticida es incurrir en un error similar. Podríamos llamarlo miopía tóxica, porque para valorar el daño que hacen los pesticidas a los humanos y a la naturaleza hay que tener unas miras mucho más amplias y entender la complejidad y dinámica de los ecosistemas y, por supuesto, del cuerpo humano.

El libro está plagado de numerosas citas y advertencias de científicos en este sentido, y también de cifras, que quizá muestren de forma más directa la definición del problema. En 1991 la EPA estimó que 50 millones de norteamericanos estaban bebiendo agua potable potencialmente contaminada con pesticidas. A día de hoy, ya se han confirmado restos de insecticidas en ese agua para consumo humano.

En 2005 un estudio reveló que los pesticidas producían 300000 envenenamientos al año en Estados Unidos. La cifra en todo el mundo era de 26 millones, con 200000 muertes atribuidas y 750000 nuevos enfermos crónicos todos los años.

En 1954 los insectos destrozaron un 10% de las cosechas en Estados Unidos. En 1980 (junto con las enfermedades) un 37%, a pesar de las ingentes toneladas de pesticidas empleados. “¿Ha merecido la pena?”, se preguntan los autores.

El investigador David Pimentel estimó en 2003 que sin el empleo de pesticidas los agricultores habrían perdido el 41% de sus cultivos, lo que hubiera incrementado el precio de los productos entre un 5 y un 10%, es decir, una subida moderada y asumible, y más teniendo en cuenta los beneficios de haber evitado el daño para los humanos y el medio ambiente, una cifra que Pimentel estimaba en $12 mil millones al año.

Conclusión

Vallianatos y Jenkins enfocan su esperanza en las próximas generaciones de jóvenes que deben luchar por cambiar este modelo perverso y enfocarse hacia una agricultura que minimice los pesticidas. No es fácil, desde luego. No sólo los intereses de las multinaciones y la complicidad de los gobiernos están en contra, sino también incluso muchos agricultores.

Los autores comentan los casos de amenazas a pequeños granjeros y agricultores proclives a eliminar los pesticidas por parte de sus propios compañeros. Es el máximo triunfo de los malvados y manipuladores, hacer que los propios agricultores defiendan un producto que les está matando a ellos antes que a nadie.

Pero claro, no a todos; los grandes propietarios de tierras no suelen vivir en el campo, y les importa bien poco lo que allí suceda. Que rocíen veneno con las avionetas fumigadores les trae sin cuidado. Para los que están al pie del cañón todos los días, lo lamentable es que los pesticidas actúan como una droga; necesitan cada vez más, son adictos a algo que les produce un beneficio rápido, y que tienen que consumir con más intensidad porque la resistencia a ellos se incrementa. Un panorama desolador.

Los autores apuestan por tener un modelo de agricultura mucho menos concentrado e intensivo, con predominio de propietarios pequeños (familiy farming), con rotación de cultivos, con menos presión sobre la producción, y con el uso del control integral de plagas. Esto no lo está diciendo un soñador utópico; lo están diciendo cientos de investigadores desde hace décadas.

Luego vendrán los palmeros de siempre a defender lo indefendible, a pervertir el discurso, a manipular los mensajes. A llamar magufos, ecolopijos, comunistas, o lo que suene más despectivo a los que defienden un modelo alternativo y a los que denuncian los peligros de los pesticidas. Y entonces dirán que el estudio doble ciego de no se quién demuestra que los pesticidas no hacen daño, o cosas similares. Y así se creerán más científicos que nadie, porque son tecnólogos que vencen a los magufos alarmistas.

Y ahora yo me permito proponer a los lectores que reflexionen, que piensen en todas las historias que llevamos contando en este blog sobre pesticidas. Que valoren el contexto en el que la ciencia se produce, y la historia vivida desde la II Guerra Mundial. Después, que evalúen las interacciones entre política, corporaciones y ciencia, así como el papel de las agencias reguladoras y los efectos sobre los ciudadanos. Y finalmente, que visionen los anuncios publicitarios de los productores, y empiecen a contabilizar las mentiras, manipulaciones, fraudes y corrupciones por parte de todos los actores del sistema. Luego, pueden volver a leer el discurso y el relato de los voceros, y esos “super científicos” que tratan de sacarnos de la ignorancia.

Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2018, enero 10). Poison Spring; una inquietante historia sobre la EPA y los pesticidas. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b295

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(#290). LA UNIÓN EUROPEA IMPORTA ALIMENTOS CON PESTICIDAS PROHIBIDOS

[DESPIERTA] Una noticia ciertamente preocupante, la que publica Paco Gómez Nadal, en El Salto; en Europa se compran alimentos de Brasil donde se han empleado varias decenas de pesticidas prohibidos por la legislación de la Unión.

Tras renovar la licencia del glifosato por 5 años más, pese a las evidencias que existen sobre su toxicidad, ahora un informe publicado por Larissa Mies Bombardi, del Laboratorio de Geografía Agraria de la Universidad de São Paulo, especifica que varios millones de toneladas de productos que anualmente se importan están tratados con pesticidas prohibidos. De todos ellos, la soja es la que ocupa el primer lugar, con 13 millones de toneladas compradas de Brasi en 2016.

El artículo firmado por Gómez Nadal relata que “la contaminación producida por estas prácticas; las intoxicaciones, enfermedades y suicidios inducidos por efecto del uso de agrotóxicos en la agroindustria (en Brasil, por ejemplo, se permite un límite de vertidos tóxicos al agua 5.000 veces mayor al de la UE); el trabajo asimilable al esclavismo que se utiliza en esos cultivos, y, lo que más nos interesa, las perversas relaciones con la Unión Europea y sus integrantes con los mercados del sur”.

La autora del informe, en una entrevista publicada en 2016, indica que entre 2007 y 2014 se notificaron 1186 casos de muerte por intoxicación con agrotóxicos en Brasil, y 2181 reportes de niños intoxicados. Existe conexión, además, entre esa exposición y los intentos de sucidio en niños entre 10 y 14 años. Lamentablemente, las cifras reales son mucho más alarmantes, ya que sólo se registan oficialmente un número limitado de casos.

En Brasil se permite la fumigación aérea, igual que en otros países de la zona, lo que hace que la exposición se extienda a poblaciones más alejadas del foco agrícola.

Bombardi comenta ejemplos concretos de pesticidas prohibios en la Unión Europea, pero que se emplean en Brasil,como el acefato y el paraquat, haciendo alusión también a las presiones del poder económico para evitar legislaciones más restrictivas. Además, comenta lo que también hemos indicado en otras ocasiones, y es que los transgénicos (pese a lo que se suele vender) no disminuyen el uso de pesticidas, sólo bajan el uso de unos para subir el de otros (como el glifosato, por ejemplo).

En este artículo publicado por Thais Lazzeri, se muestra gráficamente cómo la situación de legislación en Brasil es mucho más laxa que en la Unión Europea.

Agrotoxico-graf1vbLa situación, por tanto, nos lleva de nuevo a cuestionar este modelo de producción agrícola, fuertemente ligado a las directrices del sistema capitalista neoliberal, en el que se permite una verdadera tormenta de productos tóxicos en ciertos lugares del mundo, pero que también llegan a territorios con legislaciones más estrictas como la Unión Europea. En este mundo global, si alguien piensa que está protegido está muy equivocado. Y lo más desolador, es que en países como Brasil, Argentina y otros, se estén viviendo los mismos episodios de exposición terrible a fumigaciones aéreas, como ocurría hace más de 40 años en Estados Unidos.

En cualquier caso, hay dos elementos importantes a tener en cuenta desde la perspectiva del consumidor; (1) No todos los productos importados llegan con residuos de pesticidas por encima del límite máximo (sólo un porcentaje pequeño); (2) Se necesitaría un mayor control de las importaciones con el fin de asegurar una estimación más fiable sobre el porcentaje de productos importados con límites inapropiados de residuos.

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(#272). CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: LA EPA CONTRA SU PROPIA MISIÓN

[MONOTEMA] Al menos eso parece por las noticias que están sucediendo en los últimos meses en Estados Unidos. La última de ellas es la que recoge Lerner (2017): Michael Dourson ha sido propuesto para dirigir la Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, uno de los puestos más relevantes dentro de la EPA. Dourson ha sido consultor de la industria en al menos 30 de los productos que tendrá que regular.

Su consultora, Toxicolgy Excellence for Risk Assessment (TERA) ha sido recurrentemente financiada por compañías como Dow Chemical, CropLife America, the American Petroleum Institute, Koch Industries, y otros.

Como indica Lerner (2017), Dourson estará en posición de tomar decisiones sobre el clorpirifós, un insecticida que variosestudios han mostrado tóxico en bajas dosis para los niños. La EPA propuso prohibir el insecticida Clorpirifós en 2016, pero Dow (su productor) publicó un informe argumentando que se podría garantizar la seguridad en humanos en un factor 5000 veces menos restrictivo que el que la EPA recomendaba para niños entre 1 y 2 años.

Después de revertir esa propuesta de prohibición, el Administrador de la EPA, Scott Pruitt, retrasó la evaluación del clorpirifós y de otros pesticidas.

Lerner (2017) señala además que Dourson sería responsable de la implementación del Toxic Substances Control Act para estipular los niveles de seguridad algunos de los más peligrosos químicos en uso, entre ellos el Tricloretileno, 1-Bromopropano y 1,4-Dioxano, los cuales su consultora encontró más seguros que lo que lo hicieron científicos independientes.

Scott Faber, vicepresidente del Environmental Working Group dijo al respecto: “Es como poner a Phillip Morris a cargo de la American Lung Association”.

En este post vamos a profundizar un poco más en esta noticia, reflexionando sobre los conflictos de interés y la lamentable pérdida de independencia en favor del poder corporativo.

El clorpirifós y la eterna lucha de las multinacionales por proteger su negocio

Según Lerner (2017), el clorpirifós se ha ligado al autismo y déficit de desarrollo, aunque la investigación que nombra la periodista no dice específicamente que el clorpirifós se asocie con el autismo (existe evidencia débil de asociación, pero con un patrón poco claro de respuesta a la dosis), sino con los organofosfatos en general (Shelton et al., 2014), tipología a la que pertenece ese insecticida. Por tanto, es recomendable leer detenidamente el estudio de Shelton et al. (2014) para establecer conclusiones.

En 1992, Dow tuvo que sacar a la luz unos 220 informes de incidentes adversos sobre pesticidas que no se reportaron a la EPA. Esa información salió en un juicio por un accidente ocurrido en 1990 donde un exterminador casero echó clorpirifós cerca de la ventana donde un bebé estaba durmiendo la siesta; el niño quedó parcialmente paralizado. La familia demandó a Dow pero el afectado murió en la adolescencia y, aunque Dow tuvo que pagar una multa de $10 millones a la familia, nunca reconoció que hubiera hecho algo malo.

Dow amenazó con demandar a la EPA en 2000 ante la posibilidad de que la agencia reguladora lo prohibiera en la agricultura. Finalmente la EPA no lo prohibió, pero sí que en 2016 se planteó la posibilidad de hacerlo, a lo que la industria respondió con posiciones como la de esta carta enviada por Janet E. Collins, vicepresidenta ejecutiva de CropLife America (Collins, 2016), una entidad sin ánimo de lucro que representa a los productores agroquímicos. En esa carta pedían a la EPA que no basara su decisión en (según ellos) “estudios epidemiológicos que no cumplen con estándar de calidad bien definidos, y que no están integrados dentro de una evaluación de riesgos para la salud, de una manera bien definida y transparente”.

b272_2Este proceder de Dow nos recuerda mucho el que contamos sobre los herbicidas 2,4-D y 2,4.5-T (Martínez, 2017); es decir, la presión a toda costa y en contra de evidencias que muestran estudios independientes, y también en contra de evidencias circunstanciales, para mantener su producto en el mercado. Entre 2005 y 2016 Dow ha obtenido unas ganancias netas de prácticamente 40 mil millones de dólares.

El TERA como solución a los problemas de la EPA

Así es como nació este organismo en 1995, cuando Michael Dourson, tras 15 años, dejó la EPA para fundar esta entidad sin ánimo de lucro, que pretendía cubrir las deficiencias de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. En 2014, y según Adams (2014), la EPA sólo ha evaluado la seguridad de 558 de los 84000 productos que estaban en el mercado.

Es un problema de recursos, y es ahí donde Dourson vio la oportunidad de formar TERA como una organización que, según su propia definición, es independiente y tiene como objetivo proteger la salud pública, reuniendo a científicos del gobierno, la academia y la industria. Sin embargo, más del 50% de los paneles de revisión por pares que TERA ha formado desde 1995 fueron para estudios financiados por grupos industriales.

Adams (2014) comenta el ejemplo de la acrilamida, un posible cancerígeno que se encuentra en las patatas fritas. El estudio de la acrilamida realizado en 2011, cuyo objetivo era evaluar el riesgo de cáncer oral, fue financiado por Burger King y otras empresas del sector. Cuatro de sus ocho autores fueron científicos del TERA, con Dourson a la cabeza. TERA también seleccionó el panel que revisó el estudio, cuyos resultados sugieren relajar el nivel de protección de la EPA por un factor de 10.

Dourson argumenta que TERA es neutral; Los científicos que suelen trabajar para la industria a menudo se emparejan con un número igual de investigadores gubernamentales y académicos. Sin embargo, para otros expertos como Denison (2017), el TERA es un instrumento de las corporaciones para lavar la imagen de un tóxico que está bajo sospecha.

El concepto de neutralidad

Pero claro, el concepto de neutralidad es un poco particular para Dourson. Lo que nos dice la historia (ver por ejemplo, Martínez, 2017), es que la industria defiende sus intereses por encima de los de los ciudadanos, aunque para ello tenga que ocultar la verdad y contar sólo la parte del relato que le beneficia.

Bajo esta premisa si se quiere formar un panel “neutral”, los científicos de la industria tendrían que verse contrarrestados por científicos que defendieran el polo opuesto, es decir, los intereses de los ciudadanos por encima de los de la industria aunque para ello tengan que ocultar la verdad y contar sólo la parte del relato que le beneficia.

Rápidamente el lector puede darse cuenta de dónde está el problema aquí, y es que esa “otra parte” la forman en TERA investigadores gubernamenales y de universidades americanas. Estos investigadores es de esperar que tengan una visión neutral, pero neutral de verdad, lo que significa que defenderían la verdad en base a la evidencia disponible y la aplicación de medidas de precaución cuando fuera necesario. Por tanto, si en un lado tenemos un “sesgo pro industria”, al otro lado no hay un “sesgo pro ciudadanía”, sino unos científicos que se presupone independientes y que tratan de hacer su trabajo de manera adecuada.

En consecuencia, la neutralidad que defiende Dourson es bastante discutible, porque parte de un supuesto equilibrio que no existe. La visión de la industria debe ser escuchada, sí, pero su influencia contamina el proceso de toma de decisiones.

Una muestra de ese trabajo del TERA se puede ver en la siguiente figura, sobre 10 productos químicos en los que ha recomendado niveles más laxos que los hasta ahora establecidos (Denison, 2017). Parece, por tanto, que los resultados siempre van en el mismo sentido.EDF-Dourson-10-Chems-9.22.17Las redes de publicación científica

Publicar en revistas de impacto no siempre es sinónimo de calidad. A veces entran en juego otra serie de factores que influyen en que un artículo sea finalmente publicado. Es un mundo extremadamente complejo para analizarlo en este post, pero hoy simplemente podemos apuntar el ejemplo de la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology.

Según Denison (2017), 37 de 66 artículos realizados por Michael Dourson tras dejar la EPA en 1995 y ponerse al frente de TERA han sido publicados en Regulatory Toxicology and Pharmacology, una revista con un perfil claramente pro industria (con patrocinadores de la industria química y del tabaco). Dourson es, además, uno de los editores de la revista.

Los investigadores somos miembros a menudo de más de un comité editorial de revistas científicas. Es parte de nuestro trabajo. Y publicar en una revista donde eres editor o editor asociado es hasta cierto punto frecuente…pero dentro de unos límites, claro. Cuando uno publica más de la mitad de su producción científica de los últimos 20 años en la misma revista se corre el riesgo de que se piense que puede haber algún supuesto trato de favor, o al menos, que la “facilidad” para publicar en esa revista es mayor. Adams (2014), hace un razonamiento parecido.

Hacia la destrucción de la EPA

La EPA nació en 1970 con la desafiante misión de tratar de regular la inmensamente creciente puesta en el mercado de productos químicos. Sus baches han sido numerosos, y los hemos comentado en otros artículos (ej. Martínez 2017). Pero la deriva que está llevando este año 2017 es ciertamente preocupante. Como contábamos en Martínez (2017):

En febrero de 2017, Scott Pruitt se convertía en su máximo responsable, una persona que había trabajado como fiscal general de Oklahoma y que había demandado anteriormente en 14 ocasiones a la EPA bajo la presidencia de Obama, precisamente para defender los intereses de la industria frente a las políticas de cambio climático. Ahora, según describen Bieseckner & Causey (2017), se han conocido varios emails que prueban que efectivamente este abogado se coordinaba en privado con esas empresas contaminantes para torpedear las decisiones de la administración Obama. Pero el Senado de Estados Unidos ha puesto al frente de la EPA a una persona cercana a los hermanos Koch, y cuyos esfuerzos por proteger la industria más contaminante son evidentes.

Donald Trump ha bajado un 31% el presupuesto de la EPA, de 8200 millones de dólares a 5655 millones en el año fiscal  de 2018, desde el 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018), su  nivel más bajo en 40 años si ajustamos por la inflación (Trush & Davenport, 2017). Por tanto, no sólo la EPA se pone en manos de perfiles pro industria, sino que los recursos para realizar su trabajo son claramente insuficientes.

Los demócratas han criticado el nombramiento de Michael Dourson. Los republicanos, sin embargo,  contra argumentan que es una forma de luchar contra la “demasiada politización” de la EPA bajo la presidencia de Obama (Toloken, 2017). Extraña visión esta de los republicanos, ya que para ellos poner a Scott Pruitt como Administrador y a Michael Dourson como prácticamente el segundo en el escalafón no es “politizar” la EPA. Conociendo los antecedentes de Pruitt y Dourson en relación a su perfil pro industria, y tras el tremendo recorte en los presupuestos, parece que la EPA puede quedar herida de muerte.

Eso sí, en este escenario es previsible que organizaciones como el TERA y otras privadas, vean sus negocios crecer en el ámbito de la evaluación de riesgos. Estas organizaciones se  suelen vender como hace el TERA: “independent non-profit science por for public health protection”. Pero sabemos muy bien que eso simplemente forma parte de las herramientas de marketing. Ya comentamos en el post sobre el lobby del azúcar la cantidad de organizaciones, fundaciones, institutos, que en España la industria crea para lavar su imagen y dar la parte del mensaje que les interesa (Martínez, 2017).  Son organizaciones sin ánimo de lucro, sí, pero eso no significan que su misión sea defender una causa justa.

Conclusión

El “fichaje” de Michael Dourson por la EPA se une al de Scott Pruitt y a la bajada en un 31% del presupuesto de esta agencia gubernamental. Todo en el mismo año. Un panorama ciertamente preocupante que se añade a los históricos casos de corrupción y ocultación.

Mientras tanto, la industria sigue frotándose las manos, ya que la situación aparantemente se pone de cara para permitir regulaciones más laxas, además de obtener una mayor capacidad de influencia.

“America first”, sin duda, pero parece que unos más primero que otros. Estos movimientos de la Administración Trump desprotegen todavía más a una ciudadanía que (no sólo en Estados Unidos) no se da cuenta de que lo que este Sistema realmente significa para ellos.

Referencias

Adams, R. (2014, diciembre 19). One-stop science shop has become a favorite of industry—and Texas. Descargado desde: https://www.publicintegrity.org/2014/12/19/16546/one-stop-science-shop-has-become-favorite-industry-and-texas

Bieseckner, M. & Causaey, A. K. (2017, junio 16). Emails reiterate EPA chief’s ties to fossil fuel interests.  Descargado desde: https://www.washingtonpost.com/business/emails-reiterate-epa-chiefs-ties-to-fossil-fuel-interests/2017/06/15/4c799f10-523b-11e7-b74e-0d2785d3083d_story.html?tid=ss_tw&utm_term=.4b564871e2a6

Collins, J. E. (2016, noviembre 29). Carta al Dr. Jack Housenger. Director del Programa de Pesticidas de la EPA. Descargado desde: http://191hmt1pr08amfq62276etw2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/01/FINAL-CLA-Petition-Regulatory-Decision-Making-11-29-16.pdf

Denison, R. (2017, agosto 9). Dourson’s go-to journal for publishing his industry-funded papers is, well, also industry-funded. Descargado desde: http://blogs.edf.org/health/2017/08/09/doursons-go-to-journal-for-publishing-his-industry-funded-papers-is-well-also-industry-funded/

Denison, R. (2017, septiembre 18). Modus operandi: How EPA toxics nominee Dourson carries out his work for the chemical industry. Descargado desde: http://blogs.edf.org/health/2017/09/18/modus-operandi-how-epa-toxics-nominee-dourson-carries-out-his-work-for-the-chemical-industry/

Denison, R. (2017, septiembre 22). Proof in pudding: EPA toxics nominee Dourson has consistently recommended “safe” levels for chemicals that would weaken health protections. Descargado desde: http://blogs.edf.org/health/2017/09/22/proof-in-pudding-epa-toxics-nominee-dourson-has-consistently-recommended-safe-levels-for-chemicals-that-would-weaken-health-protections/

Lerner, S. (2017, enero 14). Poison fruit. Dow Chemical Wants Farmers to Keep Using a Pesticide Linked to Autism and ADHD. Descargado desde: https://theintercept.com/2017/01/14/dow-chemical-wants-farmers-to-keep-using-a-pesticide-linked-to-autism-and-adhd/?comments=1#comments

Lerner, S. (2017, octubre 3). Trump’s pick for EPA safety chief argued kids are lesssensitive to toxins. Descargado desde: https://theintercept.com/2017/10/03/epa-nominee-michael-dourson-toxic-chemicals/

Martínez, J. A. (2017, marzo 17). Monsanto corrompe a la EPA para defender el glifosato, según emails descubiertos. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b228

Martínez, J. A. (2017, septiembre 12). El lobby del azúcar. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b205

Martínez, J. A. (2017, septiembre 29). Ciudades y vecindarios libres de glifosato; aplicación a Santa Ana. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b239

Martínez, J. A. (2017, octubre 1). Una amarga niebla y los Poison Papers. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b271

Shelton, J. F., et al. (2014). Neurodevelopmental Disorders and Prenatal Residential Proximity  to Agricultural Pesticides: The CHARGE Study.  Environmental Health Perspectives, 122 (10), 1103-1109.

Thrush, G. & Davenport, C. (2017, marzo 15). Donald Trump Budget Slashes Funds for E.P.A. and State Department. Decargado desde: https://www.nytimes.com/2017/03/15/us/politics/budget-epa-state-department-cuts.html

Toloken, S. (2017, octubre 6). Trump’s choice to head EPA chemical safety office faces tough questioning over ties to industry. Descargado desde: http://www.plasticsnews.com/article/20171006/NEWS/171009926/trumps-choice-to-head-epa-chemical-safety-office-faces-tough

Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2017, octubre 8). Contaminación ambienta: La EPA contra su propia misión. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b272

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(#271). UNA AMARGA NIEBLA Y LOS POISON PAPERS

[MONOTEMA] En julio de 2017 han visto la luz más de 20000 documentos que muestran irregularidades en el proceso de registro de pesticidas en Estados Unidos, la colusión entre la industria y las entidades reguladoras, y las mentiras y la parcialidad de información proveída a los ciudadanos. Son los llamados “Poison Papers“, un proyecto de Bioscience Resource Project y el Center for Media and Democracy,  y que principalmente han sido recopilados por el trabajo de toda una vida de Carol Van Strum.

La figura de Van Strum, activista y mujer polifacética, es clave en esta historia, después de más de 40 años de lucha persiguiendo la verdad y la justicia. Van Strum publicó “A bitter fog. Herbicides and human rights” en 1983, contando las experiencias vividas por cientos de inocentes que vieron su salud y sus vidas truncadas por la fumigación con herbicidas en bosques de Estados Unidos. Una segunda edición del libro se publicó en 2014, y es la que voy a comentar en este post, como contextualización de lo que los Poison Papers muestran.

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CarolVanStrum

Al igual que realicé con el libro “Fake Silk”, voy a hacer un recorrido cronológico por los contenidos del libro, que aunque no corresponden con su estructura original, quizá ayuden mejor a entender la secuencia de los hechos. Todo lo especificado proviene de Van Strum (2014), por lo que no considero necesario su continua citación. El material complementario añadido por mí está debidamente referenciado. Una amplia explicación y discusión sobre este post se encuentra en el siguiente programa de Doble Cara:

Programas de Doble CaraConceptos previos

Considero útil identificar algunos de los nombres que comentaremos frecuetemente en el post, para hacer más fácil su comprensión.

Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D): herbicida clorado.

Acido 2, 4, 5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T): herbicida clorado.

Picloram: herbicida clorado.

Dioxinas: Contaminantes orgánicos persistentes producidos fundamentalmente por la combustión de productos clorados.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD): Dioxina que se puede formar a partir de la combustión del 2,4,5-T, o como impureza en su proceso de fabricación de herbicidas clorados (tanto del 2,4,5-T como del 2,4-D). Es altamente tóxica.

Glifosato: Herbicida organofosforado que actúa como inhibidor de la síntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas

Dow Chemical Company (Dow): Empresa química principal productora de los herbicidas 2,4-D y 2,4,5-T, cuya combinación formaba el Agente Naranja.

Monsanto: Coporación agroquímica, principal productor del herbicida glifosato. Fue una de las empresas que produjo el Agente Naranja.

EPA: Environmental Protection Agency, es la agencia que se encarga de estipular las normas de protección ambiental en Estados Unidos, y la que decide qué pesticidas pueden ser empleados (da el visto bueno a su registro). Fue fundada en 1970.

La Guerra del Vietnam y los herbicidas

En 1962 se empezaron a emplear los herbicidas en la Guerra de Vietnam por parte del ejército de los Estados Unidos. Utilizaron una gran variedad de químicos “Arco Iris” en el que destacaban por encima del resto:

(1) Agente Blanco: Compuesto de 2,4-D y picloram.

(2) Agente Azul: Compuesto basado en arsénico para destruir plantaciones de arroz.

(3) Agente Naranja: Mezcla al 50% de 2,4-D y 2,4,5-T.

Los problemas de los efectos tóxicos en trabajadores que producían esos herbicidas o los manipulaban datan de la década de 1940. En 1971 se dejó (oficialmente) de emplear el Agente Naranja en Vietnam, ya que existían estudios que mostraban sus efectos adversos en dosis no letales. De hecho, en 1965 se hicieron experimentos en Estados Unidos que indicaban que el 2,4-D y 2,4,5-T causaban defectos al nacer en pequeñas dosis. Dow,  el principal productor de este herbicida, presionó para que no saliera a la luz este estudio.

No obstante, extra oficialmente siguieron las fumigaciones por parte del ejército americano. Así lo contaba Paul Merrell, soldado que combatió varios años en Vietnam, y que una de sus tareas era la de realizar intervenciones psicológicas en la población vietnamita para fumigar con el herbicida tóxico:

“El Viet Cong dice que nuestras fumigaciones enferman a su gente, matando a los niños, pero es mentira. Ellos son los que están envenenando el agua, y la gente cree sus mentiras. A ellos no les gusta el espray porque descubre a los soldados ocultos”.

Eso es lo que se decía desde los helicópteros a la población para convencerle de que el veneno no era tal. A la vuelta de la guerra se convirtió en un activista y se sumó a la causa de los colectivos de personas que luchaban para no ser fumigados en Estados Unidos, como posteriormente veremos.

Cuando Paul Merrel iba al hospital de veteranos (estaba recurrentemente enfermo), y decía que el Agente Naranja era el motivo de su enfermedad, entonces lo derivaban a psiquiatría. Así era el tratamiento a los ex combatientes de Vietnam en esos años, si atribuían sus enfermedades al Agente Naranja los enviaban al psiquiátrico. Mientras, él se daba cuenta de la cantidad de hijos de ex combatientes con malformaciones al nacer. No fue hasta 1981 cuando se aprobó que los veteranos afectados por los herbicidas tuvieran acceso prioritario a hospitales y derecho a ser tratados.

Se estima que el ejército norteamericano diseminó más de 42 millones de litros de Agente Naranja, del total de 72 millones del resto de herbicidas Arco Iris (Stern, 1999). Los efectos sobre los veteranos, según la última actualización de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (2016) que son reconocidos como evidencia suficiente son: sarcoma de tejidos blandos, linfoma no-Hodgkin, leucemia linfocítica crónica, linfoma Hodgkin y Cloracné; y como evidencia limitada: cáncer de laringe, cáncer de pulmón, bronquios o tráquea, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, myeloma múltiple, Parkinson, diabetes Tipo 2, hipotiroidismo e infarto, entre otras.

Los vietnamitas todavía lo están pagando. Entre los múltiples efectos que causó la fumigación masiva destaca, quizá por encima del resto, los defectos de nacimiento (Ngo et al, 2006). Terribles imágenes tomadas en estos últimos años muestran que las nuevas generaciones siguen viéndose afectadas (Farberov, 2013; The Independent, 2017).

Sin embargo, para Monsanto, tal y como escriben en su blog “Hablando Claro”  (Monsantoblog, 2015): “Los militares de EE.UU. lo utilizaron entre los años 1961 y 1971 para salvar las vidas de los soldados“. Y añaden: “No se sabe el número exacto de las vidas de soldados que se salvaron, pero lo cierto es que fueron muchas”. Y además, espetan: “Sabemos que algunos gobiernos ofrecen ciertos beneficios médicos a los veteranos y sus familias a pesar de que no ha habido evidencias determinantes sobre problemas de salud que hayan sido causados por el Agente Naranja“.

Por tanto, para Monsanto el Agente Naranja fue un herbicida que trataba de salvar vidas, y además fue eficiente porque salvó muchas. No sólo eso, sino que para la multinacional no hay evidencias determinantes de que cause problemas de salud. Para finalizar, evaden cualquier responsabilidad: “En marzo de 2009, hubo una demanda sobre el Agente Naranja, en este caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó que las empresas no eran responsables de las consecuencias del uso militar del agente naranja en Vietnam, porque los fabricantes simplemente habían sido contratados por el gobierno y seguido sus instrucciones. Nosotros mantenemos esta posición y creemos que las consecuencias adversas que presuntamente han surgido de la guerra de Vietnam, incluyendo el uso del Agente Naranja, las deben resolver los gobiernos que estuvieron involucrados”.

Según el portal especializado Statista, Monsanto ha sumado más de 12500 millones de dólares en beneficio neto entre 2011 y 2016.

monsantobeneficioneto Mientras tanto los vietnamitas siguen se percibir ningún tipo de compensación por parte de las corporaciones que fabricaron los venenos, y cantidades insuficientes por parte del Gobierno de Estados Unidos: sólo 20 millones de dólares a las víctimas, según Nguyen & Hughes (2017), aunque es cierto que los americanos han invertido más cantidad en ayudar a descontaminar.

Y en cuanto a los veteranos de guerra americanos, su lucha les permitió obtener un fondo de compensación de 180 millones de dólares en 1984 (Blumenthal, 1984), proveniente de las compañías que fabricaron los herbicidas: Dow; Monsanto Company, St. Louis; the Diamond Shamrock Corporation, Dallas; Uniroyal Inc., Middlebury, Conn.; the T. H. Agriculture and Nutrition Company, Kansas City, Mo.; Hercules Inc., Wilmington, Del., y Thompson Chemical Company, Newark.

Si actualizamos esos 180 millones a dólares de 2016 serían unos 421 millones, que como hemos visto apenas llega a ser una tercera parte de los beneficios de Monsanto en ese mismo año. Dow, por su parte, cerró el ejercicio económico de 2016 con más de 4400 millones de dólares de beneficio neto, por lo que esa cantidad ni siquiera supondría el 10% de los beneficios de ese año.

dowbeneficionetoBlumenthal (1984), también se hizo eco de una de las comunicaciones oficiales de Dow al respecto de ese litigio que acabó con la creación del fondo de compensación: “Continuamos creyendo que el Agente Naranja no era una causa plausible de las enfermedades que han sufrido algunos veteranos y sus familias”.

Los primeros avisos en Arizona

Seguimos en plena Guerra de Vietnam, pero ahora nos trasladamos a Arizona, en una zona de bosques muy peculiares en el Tonto National Forest.

tontonationalforest2En 1965 el United States Forest Service (Servicio Forestal de EEUU) empezó un programa de herbicidas que duró hasta 1969, empleando el 2,4-D y el 2,4,5-T como parte de un producto llamado Kuron, es decir, los componentes del Agente Naranja.

Excepto 3 o 4 grandes ranchos ningún residente de la zona fue notificado de las fumigaciones. A los pocos meses comenzaron a aparecer animales con malformaciones, al margen de problemas puntuales inmediatamente después de cada fumigación: diarreas, sangrados nasales, etc. El Servicio Forestal decía siempre lo mismo: “No es dañino. Habrán sido los insectos, el fuego u otros animales“.

Van Strum cuenta el caso de una familia que tuvo que ir al hospital después de una fumigación; su hijo pequeño enfermó gravemente durante 4 años. Entonces, una llamada anónima que se identificó simplemente como un empleado gubernamental salvó la vida del niño, ya que le dijo a los padres que le contaran a su médico que esos herbicidas producían anemia, entre otros efectos.

Una mujer fumigada en 1969, Billiee Shoecraft, puso una demanda de 4.5 millones de dólares contra el Sevicio Forestal y 4 productores de herbicidas. En 1971 publicó el libro “Sue the bastards!” donde contaba su terrible experiencia, no sólo por sufrir las fumigaciones, sino por el desinterés mostrado por las autoridades. Finalmente, en 1981, Dow y el Servicio Forestal indemnizaron por una cantidad no desvelada a 5 familias afectadas (New York Times, 1981). Sin embargo, Billee no pudo ser testigo de ello, ya que había muerto de cáncer en 1977. Según Van Strum, Dow nunca admitió públicamente su responsabilidad.

Muy cerca de Tonto, en la Reserva Apache de San Carlos, se vivieron situaciones similares. El Servicio Forestal también fumigó esa zona durante la década de los 60. Algunos nativos americanos dicen que fue un crimen perpetrado por sus propios gobernantes (Duara, 2017).

Los bosques de Oregón

Nos trasladamos ahora al noroeste de Estados Unidos, a Oregón, el foco donde se gestó la parte central de esta historia. Desde 1969 el bosque de Siuslaw fue fumigado por helicópteros y, de nuevo, con mezcla de 2,4-D y 2,4,5-T.

siuslaw forest2Van Strum cuenta la historia de la familia Wilkinson, cuyo hijo de 13 años falleció en 1979 a causa de un linfoma no-Hodgkin. Sus vecinos también sufrieron las consecuencias del venenos, sobre todo en los animales: deformaciones, abortos. Algunos propietarios de plantaciones orgánicas se vieron prácticamente arruinados.

Carol Van Strum se había mudado  en 1974 junto a su marido y sus cuatro hijos a Five Rivers, un poco más al norte de donde quedaban los Wilkinson y sus vecinos. Un día de 1975 sus hijos estaban pescando en el río en el momento en que dos hombres lanzaron los herbicidas. Esa misma noche estaban enfermos: diarreas con sangre, vómitos, sangrados nasales, entre otras consecuencias. Durante las siguientes semanas varios animales de granja murieron. Más tarde llegaron los helicópteros, y la pesadilla se repitió otra vez: abortos, muertes y enfermedades de animales, etc.

El marido de Carol fue a preguntar qué producto fumigado había hecho a sus hijos enfermar. Esos dos trabajadores le dijeron que era 2,4,5-T y que era inocuo para los humanos, que si sus hijos habían enfermado a la vez debía ser una coincidencia, una gripe que les había afectado a todos.

Sin embargo, los Van Strum podían ver los peces muertos en el río. Los habían envenenado pero nadie parecía querer admitirlo. De hecho, llamaron a varias autoridades y todas las decían lo mismo: “El 2,4,5-T es seguro, es imposible que mate animales o que haga enfermar a niños”. De nuevo, era todo una coincidencia.

Los helicópteros seguían esparciendo 2,4,5-T y 2,4-D, y los vecinos de esas tierras enfermaban cada vez que uno de esos aparatos aparecía en el cielo de los bosques de Oregón. Carol Van Strum y su hija incluso llegaron a tener sangrados vaginales, y las crías de sus animales desarrollaban deformidades. El Servicio Forestal les decía que eran seguros, que estaban registrados en la EPA. Precisamente a la Agencia de Protección Ambiental escribieron los Van Strum, pero no les contestaron.

Entonces, el marido de Carol, harto de tantas negativas y ocultación de la verdad, decidió buscar información por sí mismo. Se fue a la Universidad de Oregón y en la biblioteca pudo comprobar que lo que le habían dicho sobre la seguridad de esos herbicidas era mentira. Comenzaron a contactar con científicos que también les advertían sobre los riesgos de esos pesticidas. Sin embargo, seguía sin haber respuesta oficial de los organismos gubernamentales, aunque sí que la obtuvieron de Dow: “Son seguros”.

Debbie Marano, una de las vecinas de los Van Strum se había mudado allí en 1972. En 1975 abortó a las 14 semanas de embarazo. Después tuvo 3 abortos más entre 1976 y 1977. Alumbró a un niño en 1978 pero sufrió dos abortos más después (uno de ellos un feto deformado).

Aún más al norte de los Van Strum, la granja de los Longyear sufríría también los efectos de los herbicidas. El 6 de marzo de 1974 fueron fumigados con un producto que mezclaba 2,4-D y 2,4,5-T. En esta ocasión no fue el Servicio Forestal, sino los Starker Brothers, los propietarios de un terreno colindante. Los Longyear enfermaron pocas semanas después, y tuvieron que abandonar la granja. Sospechaban que se había contaminado el agua.  Sin embargo, la Oregon State Univeristy no encontró residuos de herbicidas en el agua. En 1975 enviaron más muestras a otro laboratorio en California y esta vez sí que detectaron 20.9 ppm de 2,4-D y 4.03 ppm de 2,4,5-T. Las autoridades, les habían dicho que se enfermedad y las fumigaciones no tenían nada que ver. Los Starker Brothers, por cierto, para el Wordforestry son un ejemplo de prácticas sostenibles en los bosques y de compromiso con la comunidad (Worldforestry.org, 2012).

La indignación de los afectados se incrementa

Debe ser tremendamente frustrante ver cómo tu familia y tus animales enferman cada vez que un helicóptero fumiga y que autoridades e investigadores nieguen lo que estás sufriendo en primera persona. Esos eran los sentimientos de los Van Strum, cuando Michael Newton, profesor de la Oregon State Univeristy, rechazaba sistemáticamente cualquier daño de los herbicidas para la salud humana y la vida salvaje. En 1975 este investigador argumentaba que la mayoría de los bosques de Vietnam habían sido destruidos por el fuego y que no había signos de envenenamiento por el 2,4,5-T o por dioxinas en los vietnamitas. Sus postulados aparecían publicados en periódicos de Oregón.

Ante esta posición de Newton, los Van Strum escribieron una carta fechada el 8 de enero de 1976 donde respondían al profesor, indicándoles que ellos habían sufrido indeciblemente durante esos meses, e invitando a Newton a que trasladara su residencia a su bosque, a ver si después de unos cuantos meses recibiendo el herbicida seguía pensando lo mismo.

Casi 40 años después, en 2013, el ya veterano investigador seguía defendiendo esas mismas ideas en este impagable vídeo (izquierda). A la derecha, una muestra de que en la actualidad todavía están sucediendo casos similares en Oregón a los de la década de los 70

Comienza la movilización

La carta de los Van Strum supuso el empujón necesario para movilizar a toda la comunidad de esa zona de bosques, y que en una primera gran reunión contaran sus experiencias vividas meses atrás en relación a enfermedades, deformaciones, abortos, etc. Buscaron un abogado, y formaron el colectivo CATS (Citizens Against Toxic Sprays).

En 1976 comenzó un juicio contra el Departamento de Agricultura y la Industrial Forestry Association. CATS presentó el testimonio del Dr. Patrick O’Keefe, de la Universidad de Harvard, que había desarrollado una técnica para encontrar TCDD en niveles de una parte por trillón (ppt), más certero por tanto que el límite de detección de 1 parte por billón (ppb). O’Keefe y su equipo habían encontrado niveles de 18 a 814 ppt de TCDD en peces para consumo humano en Vietnam (en la actualidad la EPA admite efectos reproductivos con sólo 1 ppt).

Ese hallazgo era importante porque el Servicio Forestal había afirmado que el TCDD no se acumulaba en la cadena alimenticia. La EPA había ya encontrado TCDD en muestras biológicas de animales tomadas en esos bosques en 1973 de hasta 485 ppt, pero lo ocultaron. El juez falló para que no se fumigara más con 2,4,5-T, pero sí con 2,4-D. No obstante esa prohibición estaba condicionada a que el Servicio Forestal presentara una declaración de impacto ambiental (donde se estipularan los posibles efectos de las fumigaciones). De este modo, a partir de abril de 1978 continuaron las fumigaciones con 2,4,5-T. Así, los vecinos solo ganaron unos meses, nada más, tras haberse gastado el dinero que no tenían en pagar al abogado para el juicio.

La desgracia más horrible se ceba con los Van Strum

Durante el tiempo que transcurrió el juicio (1976-1977), los Van Strum fueron seguidos cada vez que iban por carretera. Carol comenta que les habían advertido que habían intervenido sus teléfonos para grabar las conversaciones, y que además habían encontrado a un equipo de la corporación química Dow incluyendo funcionarios del Servicio Forestal, con cámaras grabando en su propiedad (Carol Van Strum, comunicación personal, 24 septiembre 2017).

Todos estos hechos quizá pudieran pasar por poco relevantes o circunstanciales, si no fuera porque en la noche de fin de año de 1977, su casa de incendió y murieron sus cuatro hijos. Los bomberos que atendieron el fuego dijeron que la casa había ardido muy rápido, lo que podía ser un indicio de un incendio intencionado. Sin embargo, las causas del fuego nunca fueron aclaradas, y para los Van Strum siempre quedará la duda de que fuera alguno de sus oponentes el culpable de su desgracia (Lerner, 2017).

Ese horrible suceso, y el inimaginable dolor de los padres, no impidió que siguieran luchando por la principal causa que les había llevado a ello, la defensa de la salud de sus hijos, aunque ellos ya no estuvieran.

Van Strum no comenta en ningún momento este suceso en su libro, quizá por el propio respeto a su dolor y a la memoria de sus hijos.

Se prohibe el 2,4.5-T, pero sólo a medias

La Guerra del Vietman había terminado para Estados Unidos en 1975, y el Agente Naranja se había eliminado de las acciones bélicas en 1971.  Dos años antes, en 1969, un panel de expertos investigadores dirigidos por el Dr. Samuel S. Epstein, y con la misión establecida por el gobierno de analizar los efectos teratogénicos y mutagénicos de los pesticidas, había concluído por unanimidad que el 2,4,5-T y sus derivados inducían defectos al nacer (teratogénicos) en animales, por lo que “deberían ser inmediatamente restringidos para prevenir el riesgo de exposición en humanos”.

Si embargo, hasta 1979 se estuvo fumigando con 2,4,5-T los bosques de Oregón, tanto por el Servicio Forestal como por los propietarios de las empresas madereras.  La perspectiva histórica de los hechos nos muestra lo inexplicable e injusto de esa situación.

La EPA lo prohibió, es cierto, pero sólo para las fumigaciones aéreas de los bosques, no para los cultivos de arroz y los pastizales. Como no podía ser de otro modo, la industria protestó. Dow persuadió a ciertos políticos, como Andy Zedwick, Comisionado del Condado de Lincoln, con los siguientes argumentos: Los problemas de salud atribuidos a los herbicidas en esa zona de Oregón fueron causados realmente por fumar marihuana.

Dow no se quedó sólo ahí, sino que demandó ante la corte judicial que se rectificara esa prohibición. La EPA había basado su decisión en un estudio sobre abortos espontáneos en la zona (su ratio era superior que en las poblaciones de control). Aunque como decían ciertos grupos ambientales el estudio de la EPA proveía un dibujo demasiado simple de los efectos de los pesticidas, la conclusión era clara. Lo que es inexplicable para Van Strum, es que todavía no se prohibiera del todo, y se siguiere permitiendo su uso en pastizales y cultivos de arroz.

Como indica Van Strum, 4 meses después de que la EPA prohibiera parcialmente el 2,4,5-T, en una conferencia patrocinada por la American Farm Bureau Federation se concluía que: “No existen efectos biológicos ligados al uso rutinario del 2,4,5-T en los últimos 30 años”, a lo que Dow añadía 6 meses más tarde: “El 2,4,5-T es extremadamente seguro”.

El escándalo del IBT

En 1972 el congreso de EEUU dispuso que la eficacia de los pesticidas debía ser testada, y también los efectos adversos en la salud, antes de que pudieran ser vendidos en el país, de forma similar a como se hacía con los medicamentos. Los productores eran los responsables de ese test y, en cierta forma, las entidades reguladoras se “debían fiar”. Después, son los investigadores los que tienen que pasar varios años para demostrar los efectos adversos, si es que sospechan de que efectivamente los hay, lo que es más complejo y puede llevar mucho tiempo.

El problema de este proceso es que no es transparente, porque el público a menudo no tiene acceso a esos estudios completos de la industria, que en ciertas ocasiones incluso provee a la EPA sólo las conclusiones. En los Estados Unidos, la EPA  regula los plaguicidas a nivel nacional bajo la autoridad de la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA).

Pero ya en aquella época había antecedentes de fraude, como sucedió con el medicamento talidomida. La FDA, que es la análoga a la EPA pero para regular medicamentos, requirió más información a la compañía que lo distribuía en Estados Unidos – Richardson Merrell Drug Company- , y la empresa envió un estudio fraudulento publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en 1961, escrito por el director médico de la empresa en connivencia con el obstetra Dr. Ray Nulsen, “cocinado” tras unas conversaciones jugando al golf, tal y como relatan Cronin & Raphael (2014). Tanto esa empresa como el Dr. Nulsen fueron demandados por 4100000 dólares en 1964 por dos madres que habían tenido hijos con deformidades (New York Times, 1964). Tanto la distrubuidora americana como la alemana matriz (Grünenthal) negaron persistentemente la asociación con los problemas reproductivos pese a la evidencia observacional.

Ya en los primeros años de la década de 1960 Richardson Merrell había enviado información fraudulenta a la FDA sobre el medicamento Mer-29, un fármaco para el colesterol que causaba vómitos y caída de cabello, entre otros efectos. Fue vendido durante 22 meses hasta que, por casualidad, un inspector médico de la FDA habló con un empleado de la empresa.

Pero refutar la seguridad de los pesticidas es mucho más complejo que para un medicamento. En 1976 la FDA descubrió el fraude de los laboratorios Industrial Biotest Laboratories (IBT), una subsidiaria de Nalco Chemical. IBT había cometido irregularidades sobre 25000 test de productos, como cosméticos, aditivos y pesticidas. Todas esos productos habían sido registrados por la EPA y la FDA como legales para su uso. La auditoría de la FDA encontró fraude deliberado en 4300 tets de 123 pesticidas y 160 aplicaciones de tolerancia (cantidad permitida en alimentos).  La EPA entonces pidió a 235 compañías químicas re examinar los tests de 483 pesticidas, incluyendo los herbicidas 2,4,5-T y 2,4-D, pero no se eliminaron del registro de la EPA. Como indica Van Strum: “La ley articulada para proteger a la gente se convirtió en la ley que protegía los venenos”.

La EPA requirió que las compañías remitieran nuevos estudios sobre esos pesticidas pero no los eliminaron del mercado mientras tanto. Muchos de esos estudios no fueron remitidos en años, y además los fabricantes no tenían por qué enviar los estudios completos (por lo que era muy complejo verificar la validez). En algunos casos, la EPA sólo copiaba y pegaba los resúmenes de los estudios de los fabricantes en su propio registro de productos. Carol Van Strum recomienda encarecidamente la lectura de Poison Spring (Vallianatos, 2014), para saber más acerca de estas prácticas.

Hay que recordar también que los fabricantes guardan como secreto comercial los ingredientes “inertes” de los pesticidas, como sucede en el caso del glifosato, aunque eso no quiere decir que no sean tóxicos. Por tanto, la poca transparencia del proceso de registro y el  fraude generalizado del IBT mostraban un dibujo muy oscuro de la realidad de los posibles efectos sobre la salud de los pesticidas.

En noviembre de 1980, el periodista Peter Von Stackelberg, concluyó que casi 250 de los primeros 600 estudios revisados en Estados Unidos y Canadá sobre los reportes del IBT eran inválidos. Otras revisiones mostraron resultados incluso peores.

El glifosato de Monstanto – Roundup -, fue registrado sólo con los datos provenientes del IBT, cuando uno de los 4 procesados en el juicio por el fraude de este laboratorio habría trabajado para Monsanto desde octubre de 1972.

La respuesta de la industria sobre el escándalo del IBT no pudo ser más previsible. Lo que había sucedido con el IBT era un “caso aislado”. Como vimos en el post sobre control de masas (Martínez, 2016), la alusión al concepto de casos aislados y a no causar alarma social es una de las estrategias fundamentales del poder corrupto para manipular.

La probibición total del 2,4,5-T

Nos situamos en el verano de 1979, con la probibición parcial del uso del 2,4,5-T y en pleno escándalo del fraude del IBT. Las fumigaciones aéreas continuaban, con productos herbicidas como el 2,4-D y el plicoram. En la zona donde vivían los Van Strum volvió a haber varios abortos (3 de 5 mujeres embarazadas). Esto provocó que realizaran más estudios.

Entre julio y diciembre de 1979 en Ashford (Washington) al noreste de los bosques de Siuslaw, dentro de un área que había sido fumigada con 2,4-D sólo nacieron 2 de 12 niños vivos de mujeres embarazadas, y uno de ellos murió en el alumbramiento. El Dr. Ilio Gauditz, consultor de una gran compañía maderera (Weyerhaeuser), decía sobre las fumigaciones aéreas y los abortos lo siguiente: “Los bebés son reemplazables. Que las mujeres no se embaracen en los meses en los que se fumiga”.

Uno de los padres de los niños que nació sin cerebro dijo: “Todos aquellos que dicen que los herbicidas son tan seguros los pondría en una sala de partos que que vieran a su propio hijo naciendo de esa manera, sin cerebro. Ellos sólo quieren números, nuestro hijo es sólo una estadística”.

Mientras tanto el lobby de la industria seguía maquinando acciones para proteger sus beneficios. Crearon la organización “Doctor for Facts”, con algunos médicos que listaron incluso sin su consentimiento, y empezaron a enviar cartas a políticos y medios de comunicación del condado de Lincoln (donde se sitúan los bosques de Siuslaw) afirmando que sus herbicidas eran seguros según la evidencia científica.

Melyce Connelly, de 22 años, una madre soltera que vivía en Siuslaw, y que cultivaba productos para vender a restaurantes, tuvo la desgracia de seguir sufriendo las fumigaciones. Como he dicho, ya no era el 2,4,5.T, sino el 2,4-D, que se diseminó pocos días después de que el responsable de distrito del Servicio Forestal le dijera que no iban a fumigar en las cercanías de los suministros de agua. Uno de sus vecinos había perdido 2 bebés en sendos abortos, y tenía otro con múltiples defectos. Ahora le iba a tocar el turno a Melyce.

Después de esa fumigación todos sus pollos y patos murieron. Su hijo de 6 meses desarrolló una diarrea sangrante persistente. En el valle, durante el mes siguiente, todas las mujeres embarazadas de menos de 3 meses abortaron, y varios niños enfermaron con meningitis.

Entonces el Departamento de Salud del Condado de Lincoln comenzó otro nuevo estudio (¿Cuántos estudios van ya?). Melyce cogió a su hijo y varios animales muertos que había congelado y se los llevó directamente a la oficina del político Andy Zedwick, aquel que dijo que los herbicidas eran seguros y que todo provenía de fumar marihuana. Melyce entró en su despacho y le enseño el pañal ensangrentado de su hijo y los animales muertos: “¿Esto es por fumar marihuana?”. Al día siguiente Zedwick pidió disculpas públicamente.

La EPA prometió a Melyce que los resultados de los análisis de sus animales estarían en 90 días, pero esperó 4 años sin éxito. Mientras tanto, la EPA y Dow se reunían en secreto para gestionar la mejor forma de no cancelar definitivamente el 2,4,5-T, y devolverlo al mercado. Además, la EPA ocultó esos análisis que sí que desveló el Dr. Gross de la Universidad de Nebraska: la dioxina TCDD fue encontrada en el agua de bebida, en los animales y en el tejido de un niño que había nacido sin cerebro. Ante esta situación, la EPA argumentó que los análisis se habían mezclado o que esas muestras eran de una planta de Dow (a la que precisamente tenía prohibido el paso).

Sin embargo, en 1984, poco después de que se publicara la primera edición del libro de Carol Van Strum, se prohibió el uso de herbicidas por el Servicio Forestal en los bosques de Oregón; Los datos de la EPA eran parciales o sospechosos y los de las propias compañías también eran cuestionables.

prohibicionherbicidasEn 1984 la EPA retornó al vencidario de Melyce y tomó muestras otra vez. Después de la prohibición del 2,4,5-T los  niveles dioxinas se habían multiplicado por 4, aunque la EPA afirmó que no representaba un riesgo inmediato. El herbicida 2,4-D fumigado en la casa de Melyce estaba contaminado con dioxinas (pese a que se aseguraba que no tenía), algo que Van Strum declara que la EPA conocía desde comienzos de la década de 1970. Junto con la industria la EPA vendió la historia de que sólo el 2,4,5-T estaba contaminado pero no era así. En el juicio Kemmer vs. Monsanto, el Dr. George Rush que trabajaba para la corporación admitió que ésta sabía que el 2,4-D podría estar contaminado con TCDD.

En 1989, Melyce falleció a los 32 años, víctima de cáncer de cerebro, pulmón y mama. Van Strum recalca que tal vez ella sea un 1 caso entre 1 millón (lo que la EPA considera como aceptable para permitir un producto que incrementa el riesgo de cáncer), pero para su familia y amigos Melyce no será un nunca un número, una estadística. Para la EPA el herbicida es catalogado como riesgo despreciable (neglibible risk), pero Melyce (ni otras personas que sufrieron de manera similar) no deberían ser casos “despreciables”.

El helicóptero destruido

Considerando lo contado, podemos hacer el ejercicio mental de ponernos en la piel de esas familias que estaban sufriendo las fumigaciones en los bosques de Oregón desde 1969. Después de todo lo vivido y de la desesperante lentitud del proceso, en el que los juicios no terminaban de resolverse en prohibiciones, y en el que las instuticiones hacían estudio tras estudio que tampoco servía para evitar ser fumigados con veneno, los vecinos decidieron dar un paso más en sus movilizaciones.

Ahora ya no sólo lucharían en los juzgados; al fin y al cabo seguían pasado los años y seguían siendo fumigados desde el aire, mientras sus animales morían y sus familias sufrían todo tipo de enfermedades y desgracias. Era la primavera de 1981 y con rifles en la mano intentaban parar los camiones que llevaban bidones de pesticidas para luego ser lanzados desde el aire.

Da igual que ya no fuera el 2,4,5-T (prohibido en fumigaciones aéreas en 1979), ya no querían más venenos cayendo del cielo. Algunos activistas contaminaron bidones de herbicidas para invalidar su uso, y el 30 de mayo de 1981 destruyeron un helicóptero que estaba aparcado en tierra (sin tripulantes, claro), y que se empleaba en las fumigaciones.

Probablemente estas acciones no beneficiaron a los vecinos, ya que podían emplearse en su contra tergiversándolas y manipulándolas para hacerlo pasar por actos terroristas. Se le dió demasiada importancia, ciertamente, y lo único que reflejaban era una situación de máxima desesperación; ¿Qué habríamos hecho cada uno de nosotros en esa misma tesitura?.

La situación desde 1984

Las compañías madereras siguen fumigando sus tierras, pese a que el Servicio Forestal ya no lo hace. No se emplea el 2,4,5-T, prohibido desde 1984, pero sí el 2,4-D, el glifosato, la atrazina y otros herbicidas.

No sólo los bosques, sino que se permite el uso del 2,4-D o el glifosato en casas, parques públicos o colegios. Para la OMS, y desde 2015, el 2,4-D es posible cancerígeno (grupo 2B) y el glifosato probable (grupo 2A).

En Oregón los vecinos han seguido sufriendo los efectos de las fumigaciones aéreas de las compañías madereras (Jordan-Cascade, 2014). Aunque hay restricciones en cuanto a las zonas de buffer estas son continuamente incumplidas. Además, tal y como relataba Van Strum haciéndose eco de la experiencia de Paul Merrell sobre helicópteros en Vietnam, los propios motores de los helicópteros crean su propio viento, al estar continuamente subiendo y bajando por las colinas y valles. También  narra Jordan-Cascade (2014) que los vecinos temen denunciar estos hechos, porque la industria maderera es muy fuerte, y hay muchos intereses en juego (algunos han sido amenazados). En 2014 todavía los vecinos no conocían con antelación los días en los que se iba a fumigar. La industria maderera en Oregón ha contribuido con 4.4 millones de dólares a las campañas electorales del Estado en las últimas cuatro elecciones.

Las reflexiones de Carol Van Strum

Después de más de 40 años luchando por proteger sus derechos y los de sus vecinos, y tras haber participado en numerosos juicios, haber departido con varios abogados, y compartido enseñanzas y conocimientos con multitud de investigadores, Carol Van Strum refleja algunos pensamientos en el libro que conviene destacar.

En primer lugar afirma sin contemplaciones que la EPA permita mercantilizar una sustancia que produzca un caso de cáncer añadido por millón. Ese 1 entre 1 millón es, según Van Strum, una forma de asesinar para defender los beneficios de las compañías. Ninguna vida puede ser “despreciable”, y por tanto admitir que la pérdida de una vida puede ser permitida sin el consentimiento de la persona expuesta constituye un asesinato premeditado.

En segundo lugar, ese matiz de no voluntariedad es esencial para la autora. Cuando una persona no elige ser expuesta a un tóxico, ¿por qué las leyes no protegen esa libertad de elección? Si en medicina se pide el consentimiento informado para cualquier prueba o medicamento que conlleva un riesgo, las leyes deberían proteger los derechos de las personas que no dan su consentimiento a exponerse a un tóxico cuyos efectos adversos son admitidos por la ciencia.

Y en tercer lugar, Van Strum, reflexiona sobre el concepto de evidencia circunstancial; “Ninguna observación puede nunca ser reemplazada por experimentos controlados de laboratorio”. Y añade: “Después de que mis hijos sufrieran las consecuencias del 2,4,5-T en 1975 aprendimos que una rata en una caja en un laboratorio se respeta más que la experienica personal”.  Pese a que pueda parecer una aseveración demasiado emocional tiene un fundamento sólido, ya que el fondo de la cuestión es el mismo que trata, por ejemplo, Reiss (2017) en su crítica a los ensayos controlados aleatorizados y las inferencias causales, como explicaba en un anterior post. Van Strum critica que la ciencia ignora la evidencia circunstancial sobre los efectos de los pesticidas en poblaciones expuestas, lo que es un grave error para ella.

Los “Poison Papers”

Y llegamos al momento en que todo lo que hemos contado se refuerza ante las pruebas mostradas por los documentos desvelados en los “Poison Papers”, publicados graciasa la contribución de este equipo de investigadores y activistas: Jonathan R. Latham, Mary Bottari, Carol Van Strum, Eric Coppolino, Peter von Stackelberg y Allison K. Wilson.

Más de 20000 folios de estudios, reuniones, memorandos internos, discusiones y testimonios jurados desde 1920, y donde se incluyen, entre otros, agencias gubernamentales como la EPA, la FDA o el Servicio Forestal, y empresas como Dow, Monsanto, DuPont y Union Carbide.

Los papeles muestran como Monsanto conocía los efectos de los bifenilos policlorados (PCBs), compuestos organoclorados empleados en diversas aplicaciones elétricas (transformadores, intercambiadores de calor), y cuya producción se prohibió en Estados Unidos en 1977. Son altamente contaminantes. El Estado de Washington demandó en 2016 a la corporación agroquímica por este mismo motivo (De Luna, 2016).

Pero ya en 1969 Monsanto conocía los riesgos de los PCBs, sin embargo los ocultó (Wilson, 2017). El propio informe de la coporación consideraba la evidencia de su peligrosidad como incuestionable y que se esperaban futuros contenciosos jurídicos (Ver el documento completo). Monsantopaper1A este respecto, Monsanto se justifica ahora diciendo que no hicieron nada ilegal (Neslen, 2017), pero lo cierto es que lo sabían y lo callaron durante ocho años. Eso sí, cuando Monsanto hace publicidad entonces envía un mensaje de vida, prosperidad, esperanza, como en estos dos anuncios, separados varias décadas. Sólo te cuentan una parte de la historia, sólo la que les interesa, claro.

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En relación al escándalo del IBT comentado anteriormente, los Poison Papers revelan que la EPA organizó una reunión a celebrar el 3 de octubre de 1978 con la Agencia de Salud de Canadá y los ejecutivos de las principales compañías químicas para tratar de “resolver el problema” creado por el fraude de esos laboratorios. La EPA afirmaba que no era de interés del público, ni de la propia EPA, ni de las corporaciones tomar una decisión drástica de invalidar todos los test provenientes de IBT, porque según ellos, un número alto de estudios se habían realizado satisfactoriamente (Ver documento).

EPADe esta manera, y pese a las grandes evidencias de un fraude generalizado de los tests del IBT, la EPA prefirió no re evaluar los tests, y pedir una validación a las compañías. De nuevo a fiarse de ellas.

En el mismo documento, Fred Arnold (EPA) admitió que en algunos casos la EPA podría haber reportado que había examinado muestras de tejido para evaluar los resultados cuando no se hizo ningún examen de manera efectiva. Al igual que también parece indicar que en el pasado la EPA admitió informes de las compañías sin firmar.

Los Poison Papers también revelan las declaraciones de Elisabeth Fay, de Monsanto, admitiendo que la compañía había producido Santophen, un producto usado como pesticida y desinfectante, con impurezas de dioxina TCDD. Y además lo habría hecho a sabiendas y durante 23 años. Como esas declaraciones fueron de 1985, esto quiere decir que después de que se produjeran todos los hechos contados en los bosques americanos, la Guerra del Vietnam, y las alertas en relación a la dioxina TCDD a finales de la década de 1970, Monsanto estuvo vendiendo un producto contaminado con TCDD varios años más (Ver documento).

FayEsas declaraciones formaban parte de un juicio comenzado en 1984 contra Monsanto por un derrame químico ocurrido en un tren en Missouri en 1979, y que no se alertó a la población de su peligrosidad (contenía dioxina TCDD) (New York Times, 1987).

La EPA, por su parte, habría coludido con la industria del papel para suprimir, modificar o eliminar los resultados sobre la contaminación con dioxinas encontrada en productos como pañales de bebés, servilletas o filtros de café. La EPA sabía de ello en 1985 y colaboró con la industria para tapar que saliera esa información.

Monsanto de nuevo sabía que algunos de sus productos estaban contaminados por dioxinas (incluso se lo notificó a los compradores) y que falsificó un estudio sobre los efectos de esas dioxinas. Todo ello se destapó en el juicio Kemner vs Monsanto, y se muestra en estos documentos (extracto; documento completo).

Conclusión

La historia que nos cuentan Carol Van Strum y los documentos de los Poison Papers es demoledora. Hemos repasado tragedias personales con nombres y apellidos, producidas por una inhumana forma de concebir los negocios, y también por la incompetencia y la corrupción de personas que dirigen los organismos reguladores, políticos, sin olvidar a los investigadores.

Ninguna de las personas afectadas por las fumigaciones en los bosques de Oregón recibieron nunca compensación, ni por parte del Estado ni de las corporaciones. Algunas de ellas murieron esperando que se resolvieran los juicios. Carol Van Strum contestaba así a una mi pregunta sobre si alguna vez Dow, Monsanto u otra corporación se disculpó: “¿Supongo que es una broma?. ¡Ellos NUNCA se disculparían o admitirían que sus productos son dañinos!”

Siempre hay soluciones, alternativas para evitar que las personas sufran. Por ejemplo, como bien se estipulaba en el recorte del periódico mostrado arriba tras la decisión de suprimir los herbicidas en los bosques gestionados por el Serivicio Forestal, era cuestión de invertir más dinero y contratar más trabajadores. Otras veces se podrá emplear otro tipo de productos menos nocivos o incluso inocuos (Martínez, 2017). Siempre hay alternativas, y los recursos para ello se consiguen gestionando mejor las asimetrías entre las ganancias de las grandes corporaciones y las de los primeros eslabones de la cadena.

Si tras lo escrito en este largo post, todavía algún lector se pone el escudo de Monsanto o Dow en la camiseta, y enarbola la bandera de un sistema totalmente liberalizado que permite esas tropelías, que piense por un momento, que quizá un día él, o algún miembro de su familia, podría ser una “evidencia circunstancial”.

Agradecimientos

Mi más sincero agradecimiento Sharon Lerner (The Intercept), y muy especialmente a  Jonathan Latham y Carol Van Strum. Carol, además, ha tenido la gentileza de matizar algunos detalles en versiones anteriores de este post.

Referencias

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Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2017, octubre 1). Una amarga niebla y los Poison Papers. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b271

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(#269). PESTICIDAS, SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En este editorial de Food and Energy Security, los autores exponen algunos elementos interesantes de la relación entre los pesticidas, la salud humana y la seguridad alimentaria.

Los investigadores comienzan aseverando que, dado que la población mundial está prevista que llegue hasta los 9 mil millones en 2050 y que la tierra de cultivo es limitada, se necesita incrementar la productividad para garantizar la seguridad alimentaria, entendiendo esta como el acceso de toda la población a alimentos seguros y en cantidad suficiente para llevar una vida saludable. En este sentido los autores defienden el uso de pesticidas para evitar la pérdida de producción debido a las plagas.

Definen los pesticidas desde un punto de vista amplio, en el que también se incluyen los herbicidas, es decir, cualquier amenaza para el cultivo (animales, insectos, malas hierbas o microorganismos). Admiten lo complejo que es determinar el equilibrio entre el beneficio que pueden producir los pesticidas y el daño potencial para la salud.   Su postura es clara: Los pesticidas sólo deberían emplearse cuando hayan sido científicamente evaluados considerando las evaluaciones de riesgo para la salud, incluyendo las poblaciones más vulnerables. Y esa inversión necesaria para realizar los estudios pertinentes, es insuficiente.

Evaluación de riesgos para la salud

Los autores, con objetivo didáctico, definen el concepto de evaluación de riesgos para la salud (Health Risk Assessment) en función de 4 elementos:

(1) Identificación del peligro (Hazard Identification): Proceso para determinar si la exposición humana a un ingrediente activo del pesticida podría causar un aumento en la incidencia de un efecto adverso (ej. cáncer, enfermedad coronaria, daño neurológico) o si receptores no humanos también podrían verse afectados (ej. animales).

(2) Evaluación de la respuesta a la dosis (Dose-Response Assessment): Proceso para caracterizar la relación entre la dosis administrada o recibida de un pesticida y la incidencia de un efecto adverso para la salud en las poblaciones expuestas, estimando ese efecto en función de la dosis.

(3) Evaluación de la exposición (Exposure Assessment): Proceso para medir o estimar la intensidad, frecuencia y duración de exposiciones humanas o animales. Aunque el efecto adverso sobre la salud en algunos pesticidas sea débil, si la exposición es alta el riesgo se incrementa.

(4) Caracterización del riesgo  (Risk Characterization): Proceso de cuantificar la potencial incidencia de un efecto sobre la salud usando la evaluación de la respuesta a la dosis en conjunción con la exposición.

Además, es importante distinguir la gestión de riesgos (Risk Management) de la evaluación de riesgos (Health Risk Assessment), ya que el objetivo de la primera es considerar sistemáticamente las opciones que pueden implementarse para reducir el riesgo, y de esta forma elegir una alternativa que equilibre los beneficios y los costes.

El proceso, por tanto, es complejo, y además los autores advierten que, pese a que los experimentos con animales son una forma ampliamente empleada para emitir una evaluación y una gestión de riesgos, los autores advierten que no siempre esos resultados pueden extrapolarse fiablemente en humanos.

Pesticidas y cáncer

Los autores reconocen la gran dificultad de estimar los riesgos para la salud de la exposición a pesticidas provenientes de la dieta o del agua potable. Sin embargo, los estudios que se enfocan en poblaciones altamente expuestas proveen información más completa, pese a que los investigadores también admiten que la continua introducción de pesticidas es un factor que va en contra de que los estudios epidemiológicos puedan aislar el efecto de uno de ellos.

Pero los autores son más optimistas a este respecto, al menos consideran que se han hecho progresos importantes en la evaluación de riesgos de algunos pesticidas. Por ejemplo, el lindano ha sido catalogado como cancerígeno seguro (Grupo 1), el DDT como cancerígeno probable (Grupo 2A), al igual que el malatión  (Grupo 2A). Este último insecticida, por cierto, todavía se produce en grandes cantidades en todo el mundo y se usa en agricultura, parques y domicilios. Los autores también nombran el diazinón y el glifosato también catalogados como cancerígenos para la OMS.

Limitaciones/Comentarios

Los autores abogan por invertir más en investigaciones epidemiológicas que permitan mejorar la evaluación y la gestión de riesgos de cada pesticida. Hacen referencia al Principio de Precaución, descrito en la Declaración de Río en 1992 como una forma de proteger el entorno cuando existan amenazas de daño serio o irreversible; no se necesita una evidencia científica completa para tomar decisiones al respecto. Sin embargo, reconocen la complejidad de su aplicación con los pesticidas.

La gestión de riesgos en países en desarrollo es también difícil debido a las carencias de regulación y control, y al balance coste-efectividad, debido a las enfermedades que pueden causar ciertas plagas, como algunos insectos.

En cualquier caso, los autores probablemente parten de un principio erróneo en su discurso sobre la necesidad de usar pesticidas en un contexto de incremento de la productividad para dar alimento a una población creciente.  Tal vez el camino no es incrementar la productividad, y por tanto, aumentar el uso de pesticidas que reduzcan las plagas, sino gestionar mejor lo que ya se produce. Según la Unión Europea, se tiran a la basura 88 millones de toneladas de alimentos al año, sólo en los países miembros, y otros estudios hablan de que entre el 33% y el 50% de la comida que se produce en el mundo no se consume. No es un problema de productividad, sino de modelo. Justificar el uso de pesticidas que no se hayan evaluado correctamente bajo ese argumento es, por tanto, demasiado atrevido.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Bonner, M. R. & Alavanja, M. C. R. (2017). Pesticides, human health, and food security. Food and Energy Security, 6 (3), 89-93.

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(#267). NUEVAS AMENAZAS AL DESARROLLO NEUROCONDUCTUAL

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En este artículo publicado en Lancet Neurology, Philippe Grandjean y Philip J. Landrigan revisan los efectos neuroconductuales de la exposición a productos químicos, en una interesante exposición sobre lo que ellos denominan una pandemia silenciosa.

Los desórdenes del desarrollo neuroconductual afectan a entre el 10 y el 15% de los nacimientos, y los ratios de prevalencia del desorden del espectro autista y del desorden por déficit de atención e hiperactividad crecen en todo el mundo.

Las causas de esta pandemia global son sólo parcialmente entendidos. Aunque los factores genéticos se postulan como causa, no pueden expicar los recientes incrementos en la prevalencia de estos desórdenes. Los autores indican que las causas genéticas justificarían un máximo del 30-40% de los casos.

El desarrollo del cerebro humano es muy vulnerable a la exposición a químicos tóxicos, y la mayores ventanas de vulnerabilidad ocurren en el útero y durante la infancia y niñez. Durante esas etapas tan sensibles, los químicos pueden causar daños cerebrales permanentes a niveles bajos que incluso no producirían afectos adversos en los adultos.

El feto no está bien protegido contra los químicos industriales. La placenta no para el paso de muchos tóxicos del entorno desde la madre, y más de 200 sustancias químicas externas se han detectado en la sangre del cordón umbilical. Además, también se expone a los bebés por medio de la leche materna.

En 2006 estos mismos autores realizaron otra revisión sistemática de los estudios clínicos y epidemiológicos publicados sobre neutotoxicidad de químicos industriales, identificando 5 productos que podían ser fiablemente clasificados como neurotóxicos para el desarrollo: plomo, metilmercurio, arsénico, bifenilos policrolados (PCBs), y el tolueno. También alertaron de 202 químicos que habían sido reportados como causantes de daño en el sistema nervioso de adultos. Además, más de 1000 químicos eran señalados como neurotóxicos en estudios de laboratorio con animales.

Los autores, de manera muy clara, afirman que el proceso para declarar una de esas sustancias como peligrosa para la salud es demasiado largo. Al principio comienzan las primeras señales de alerta a dosis altas, y luego se van realizando estudios que prueban efectos neurotóxicos a dosis mucho más bajas. A este respecto, se hacen eco de las declaraciones de David P. Rall, antiguo Director del US National Institute of Environmental Health Sciences: “Si la talidomida hubiera causado una bajada del coeficiente intelectual de 10 puntos en lugar de defectos obvios en recién nacidos probablemente aún estaría en el mercado“. Como bien indican los autores, muchos productos químicos que se venden todavía hoy probablemente causan déficits en el cociente intlectual de esa magnitud o incluso mayor. Además, la combinación de varios de esos productos, puede tener enormes consecuencias en la salud.

Nuevos resultados sobre peligros conocidos

En esta sección los autores actualizan su revisión de 2006 con las evidencias encontradas desde entonces. Así, por ejemplo, se puede afirmar que no hay un nivel de exposición seguro para el plomo, y que los daños producidos en la niñez son probablemente permanentes. Incluso se ha relacionado esa exposición en la infancia con comportamientos delictivos en edad adulta.

En cuanto al metilmercurio, las dosis que afectan al desarrolo neuronal de los niños son mucho más bajas que las que dañan a los adultos. En relación al arsénico, su exposición prenatal y en los primeros meses de vida proveniente del agua de bebida se asocia con déficits cognitivos que son patentes en la escuela.

Las nuevas evidencias en relación a los PCBs refuerzan las investigaciones anteriores, y aunque se ha añadido poca nueva información sobre la neurotoxicidad del tolueno, se ha encontrado que otro disolvente común, el ethanol, tiene efectos neurotóxicos en el desarrollo. Así, el cosumo de alcohol de las madres, incluso en cantidades muy pequeñas, se asocia con efectos como una reducción del cociente intelectual, comportamiento delictivo, problemas en la función ejecutiva y otros signos neurológicos.

Nuevos reconocidos neurotóxicos para el desarrollo

Los autores indentifican los siguientes nuevos neurotóxicos:

Manganeso: Asociado a la reducción del rendimiento matemático, hiperactividad, disminución de la función intelectual, discapacidad motora y reducción de la función olfativa.

Fluor: Las concentraciones altas en agua de bebida están asociados a un decrecimiento del cociente intelectual de alredededor de 7 puntos.

Disolventes: El tetracloroetileno en agua de bebida está asociado a un mayor riesgo de problemas psiquiátricos.

Pesticidas: Compuestos que en algunos países desarrollados están prohibidos aún se siguen usando en otros más pobres. En particular,  los compuestos organoclorados, como el DDT se asocian a déficits neuroconductuales. Los pesticidas organofosforados se eliminan más rápidamente del cuerpo humano que los organoclorados, pero varios estudios epidemiológicos muestran que la exposición prenatal puede causar neurotoxicidad.

Herbicidas y fungicidas: Propoxur y permetrina se han ligado a déficits de neurodesarrollo en niños.

Retardantes de llama: Los compuestos polibromados (PBDEs), muy similares a los PCBs,  podrían ser también neurotóxicos.

Los autores reconocen la complejidad de llegar a conclusiones más sólidas con otros compuestos debido a la dificultad de aislar su exposición. La razón es, precisamente, la multiplicidad de exposiciones a las que la población está sometida. Además, compuestos como los ftalatos o el bisfenol A se eliminan rápidamente por la orina, por lo que es más complicado estudiar su efecto en estudios epidemiológicos. No obstante, la disrupción endocrina que producen podría asociarse a diversos problemas neuroconductuales. La polución del aire  (principalemnte monóxido de carbono), el tabaco, o los hidrocarburos policíclicos aromáticos han sido también ligados a efectos adversos. La asociación entre el autismo y los ftalatos y la polución del tráfico también ha sido sugerida.

Desde 2006, los autores han añadido 12 compuestos tóxicos para el sistema nervioso, que se muestran en la siguiente tabla:

b267_2Conclusiones

Los autores claramente se posicionan por la importancia de invertir en reducir la exposición a estos tóxicos, lo que no sólo es preceptivo desde el punto de vista de salud, sino también económico. Varios estudios han mostrado el ingente coste económico que supone para la sociedad esos efectos adversos y también lo que implica la reducción del cociente intelectual para el futuro de esos niños en cuanto a su nivel de ingresos.

Si se ha hecho con el plomo (quitándolo como aditivo de las gasolinas, por ejemplo) también ha de hacerse con los demás químicos identificados, aunque en este aspecto los autores reconocen que es muy preocupante pensar que probablemente existan cientos de sustancias en uso en las que todavía no se han realizado estudios sobre tu neurotoxicidad.

El excesivo tiempo que transcurre desde que se encuentran las primeras evidencias hasta que se obtienen pruebas más concluyentes, y las también excesivas trabas que ponen los organismos reguladores para que se cataloguen como nuerotóxicas para el desarrollo (necesitan gran cantidad de pruebas) constituyen enormes barreras para controlar y poner freno a esta pandemia. A este respecto los autores son claros; las políticas deben encaminarse a proteger a la población vulnerable sin la necesidad de obtener grandes cantidades de pruebas (que los autores califican de una exigencia casi incumplible).

La presunción de que los nuevos químicos y las nuevas tecnologías son seguras hasta que se demuestre lo contrario es un grave problema, aseveran los autores. La historia nos dice que el amianto, la talidomida o los clorofluocarbonos se introdujeron porque producían ciertos beneficios pero luego se mostró que causaban grandes daños.

Limitaciones/Comentarios

Se agradece mucho que estos dos científicos hablen tan claro con respecto a este asunto, y que sean críticos con el actual sistema de regulación y clamen por la aplicación de los principios de precaución.

Lo que la historia nos han ensañado en las últimas décadas con respecto a ciertas sustancias tóxicas no nos ha hecho aprender lo suficiente. La inversión de la carga de la prueba por la que parecen abogar los autores es, quizá, poco realista, en un contexto donde hay miles de sustancias en el mercado y sin testar. Se necesita más inversión en investigación y regulaciones menos dubitativas y más fundamentadas en pruebas de alertas tempranas.

Tal vez el artículo deja a un lado otros factores que también podrían influir en el desarrollo neurocomporamental, como la creciente exposición a contaminación electromagnética, por ejemplo.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Grandjean, P. & Landrigan, P. J. (2014). Neurobehavioural eff ects of developmental toxicity. Lancet Neurology, 13, 330-338

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(#239). CIUDADES Y VECINDARIOS LIBRES DE GLIFOSATO; APLICACIÓN A SANTA ANA

[MONOTEMA] (Actualizado 07/09/2019) En este post voy a reproducir el trabajo que voluntariamente he realizado para intentar ayudar en la discusión sobre el uso del glifosato como herbicida en parques y jardines públicos. Está enfocado en el Polígono de Santa Ana (Cartagena), pero invito a todos los que así lo estimen oportuno a que lo empleen para hacérselo llegar a Asociaciones de Vecinos y Ayuntamientos de cualquier municipio. El documento, que he hecho llegar a la Junta Directiva de la Entidad que gestiona el barrio, también puede descargarse en pdf aquí: DESCARGAR DOCUMENTO (este pdf no se actualiza, por lo que es conveniente leer siempre la versión actualizada en este post).

Una amplia discusión sobre este artículo la realicé en este programa de Doble Cara, publicado el 27 de junio de 2017:

doblecara1. Introducción

Este es un breve informe sobre la discusión acerca de minimizar el empleo de herbicidas basados en glifosato en Santa Ana. Este documento está dirigido a la Junta Directiva de la Entidad de Conservación, y también a todos los vecinos del barrio, y pretende justificar la necesidad de un cambio de estrategia en el tratamiento de malas hierbas en los jardines y parques, avanzando hacia un enfoque basado en la limitación del uso de biocidas.

La brevedad de este informe es requisito imprescindible para su lectura y diseminación, y por eso está diseñado de este modo. Para una mayor profundidad, de puede contactar con el autor.

2. La ciencia, el dinero y la política

Los que nos dedicamos a la ciencia sabemos perfectamente que en la mayoría de los temas tratados existen debates y, de forma concurrente, evidencias que se van acumulando. Sobre ellas se deben tomar las decisiones, admitiendo que esas conclusiones derivadas de la evidencia pueden evolucionar y cambiar con el tiempo. Sin embargo, ese proceso de investigación y acumulación se ve perturbado cuando las decisiones que han de realizarse implican consecuencias económicas para diversos agentes que intervienen. Dado que las decisiones sobre regulación son políticas, el contexto de análisis de cualquier tema científico debe envolver cuestiones económicas y, por supuesto, también políticas.

Esto no quiere decir, y lo subrayo, que en este tema el color político condicione el análisis científico. No. Rotundamente no. Lo que quiero enfatizar es que una cosa son las evidencias científicas, otra cosa son los intereses económicos, y otra cosa son las regulaciones políticas. Pero los tres elementos están relacionados, interactúan, tal y como perfectamente explica Bové (2015), cuando destripa el papel de los lobbies económicos en las regulaciones de la Unión Europea, precisamente en el caso de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). O en las presiones que reciben algunos investigadores y en la forma de actuar de los editores de algunas revistas científicas, como explican Séralini et al. (2014), justamente al hilo de la retractación de su artículo sobre el riesgo del glifosato en la revista Food and Chemical Toxicology, por las presiones de Monsanto (que comercializa la marca más empleada: Roundup), y los conflictos de interés. Esa retractación fue criticada desde muchos ámbitos (ej. Resnik, 2015), incluso desde Retraction Watch (Retraction Watch, 2014), pero da una idea de las implicaciones económicas de ciertos resultados de investigación contrarios a los intereses de la industria.

De este modo, es indispensable a la hora de hablar del glifosato contextualizar los intereses económicos y políticos que entran en juego, al margen de valorar las evidencias científicas.

3. El caso de Argentina, paradigmático

La molécula del glifosato fue patentada por Monsanto a comienzos de los años 70 como principio activo del herbicida Roundup, que salió al mercado en 1974. La patente caducó en el año 2000, y ahora es comercializado por diversas empresas, aunque Monsanto sigue siendo la líder. La génesis del glifosato se basa en estas dos patentes, de 1964 y 1969:

1964
1969

Pero el glifosato no es sólo un producto para quitar las malas hierbas antes de la cosecha, o para usarlo en jardines y parques, también es clave en la producción de productos transgénicos, como la soja, que está modificada genéticamente para resistir este herbicida.

Como indica Báez (2016), en 1996 Monsanto introdujo en Argentina la soja resistente a Roundup, y lo hizo a modo de “experimentación”, sin patentar la semilla para incrementar su diseminación y vendiendo el Roundup a un precio sensiblemente menor. Así, la soja transgénica pasó a ser el primer cultivo del país (90% de superficie cultivada). El cambio en el modelo de producción agraria argentina y sus consecuencias se muestra perfectamente en Melón (2014).

Las fumigaciones aéreas con glifosato y la gran exposición de determinados núcleos de población al herbicida comenzaron a generar una gran preocupación social. A este respecto, el médico de la Universidad Nacional de Rosario, el Dr. Damián Verzeñassi, lleva varios años realizando, junto a estudiantes de último año de la carrera de medicina, campamentos sanitarios en diversas localidades de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Como señala Benítez (2016), estas investigaciones encontraron un crecimiento del cáncer entre 4.5 y 7.5 veces superior en el primer quinquenio del periodo analizado. Además, también se detectó un aumento del hipotiroidismo y de malformaciones.

Verzeñassi participó en octubre de 2016 en el Tribunal Internacional Monsanto, una iniciativa de la sociedad civil internacional para examinar la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio, que se presume que cometió la multinacional norteamericana Monsanto en numerosos países (Andrés, 2016). Pero a la vuelta de La Haya, el médico se encontró con que la Facultad de Medicina había clausurado con cadenas su oficina, incautando los registros de sus investigaciones. También, como señala, Benítez (2016), denunciaron amenazas verbales por parte de las autoridades de la Facultad. Recordemos que la Universidad Nacional de Rosario es una universidad pública. Aunque finalmente, y tras el apoyo de múltiples colectivos, Verzeñassi consiguió que retiraran las cadenas, la intimidación sufrida es un reflejo de cómo los intereses económicos pueden llegar a interferir en la vida de los investigadores, empleando métodos de coacción como los descritos. Actualmente, Verzeñassi continúa trabajando, con muchas dificultades eso sí, con el fin de recopilar más datos que puedan ser publicados en una revista científica.

Verzeñassi no es el único científico latinoaericano vilipendiado por reportar resultados contrarios a los intereses del poder económico. Andrés Carrasco, ex presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET) de Argentina, y que falleció en 2014, fue uno de los pioneros en denunciar los efectos tóxicos de las fumigaciones en su país. Pese a publicar su trabajo en una revista científica  (Paganelli et al., 2010), como bien indica Gatti (2014), fue duramente atacado:

 A medida que se fue involucrando en denuncias cada vez más intensas, cada vez más precisas, del modelo agropecuario, y a participar en asambleas ciudadanas, coloquios científicos alternativos, manifestaciones, iniciativas de vecinos fumigados, comenzaron a hacerle la vida imposible. Las primeras en lanzar la ofensiva, recuerda Aranda, fueron las empresas  agroquímicas. “Abogados de Casafe (la asociación que reúne a las empresas fabricantes de agrotóxicos) llegaron hasta su laboratorio y lo patotearon”, lo amenazaron por teléfono, por correo. En 2010, productores arroceros lo agredieron cuando hablaba en una escuela de la provincia de Chaco, ubicada en una zona frecuente y abundantemente fumigada.  Medios de comunicación, como los diarios Clarín y La Nación, cuyos suplementos rurales están financiados por las corporaciones del sector, intentaron desprestigiarlo. Y  lo mismo hizo el ministro de Ciencia de la época, Lino Barañao, que procuró desacreditarlo y que el Conicet lo sancionara. La maniobra de Barañao no careció de torpeza. Entre la literatura que manejó para defenestrar a Carrasco figuraban documentos de la propia Monsanto y de científicos pagados por la empresa. Un par de años después, en 2011, Wikileaks reveló documentos de la embajada de Estados Unidos que deban cuenta del espionaje realizado a Monsanto y dejaban en claro los lazos entre la representación diplomática y Monsanto.

Precisamente en Chaco, el pueblo Avia Terai se ha hecho tristemente famoso por los estragos producidos por los pesticidas (al menos eso es lo que sospecha buena parte de la población). Como indica Barruti (2018), en 2013 un censo realizado por la misma comunidad identificó 101 menores discapacitados sobre un total de poco más de 5000 habitantes.

Los niños nacen con enfermedades feroces (manchas, hidrocefalias, tumores, espina bífida…), y sus imágenes han dado la vuelta al mundo, como el de la niña Aixa (ver foto inferior izquierda), cuya enfermedad tiene una incidencia de 1 entre 500000 nacimientos en Argentina, pero de 3 entre 400 en su pueblo fumigado por el glifosato y otros pesticidas.

Barruti (2018), explica que, pese a las evidencias encontradas por médicos y otros investigadores, poco o nada se ha hecho a nivel oficial para revertir la situación:

En provincias como la del Chaco, los médicos registraron pueblos donde los nacimientos con malformaciones habían aumentado dramáticamente (en 2010 un informe de salud y contaminación encargado por el Ministerio de Salud de esa provincia revelaría que el aumento había sido de 400 por ciento). También se encontraron cada vez con más casos de abortos espontáneos, cáncer (el mismo informe establecía 30 por ciento de afectados en algunos pueblos, cuando la media nacional es de 18), alergias y enfermedades raras que se manifestaban bajo la forma de escamas o manchas en la piel. Hubo científicos en el Chaco que pidieron colaboración al gobierno para profundizar sus estudios, como el bioquímico Horacio Lucero, que desde mediados de los noventa no dejaba de sorprenderse con lo que estaba viendo en su laboratorio, donde analizaba la sangre de esas madres, padres y bebés. Pero las alarmas fueron desoídas, o enterradas en comisiones de investigación que se desarticularon al poco tiempo de inaguradas.

En consecuencia, el problema del glifosato va mucho más allá de evaluar su toxicidad y de emplearlo para las malas hierbas. El glifosato forma parte de un entramado económico-empresarial, un elemento vital en el mundo de los transgénicos, que a su vez es parte de un estrategia global de dirección de las economías y producciones agrícolas. Cualquiera que ose a cuestionarlo, estará en el punto de mira. De hecho, como indica Barruti (2018), incluso en Avia Terai hay defensores de los pesticidas, no sólo los productores de soja, sino trabajadores que sienten que si se ataca a los pesticidas podrían perder su puesto de trabajo, lo que crea un clima muy tenso entre los propios habitantes de ese pueblo fustigado por la enfermedad.

El glifosato se usa en combinación con otros pesticidas, como el 2,4 D, el endosulfán y el metamidofos, pesticidas altamente controvertidos y prohibidosen en varios países  (Heguy, 2013). Un informe del Ministerio de Salud de mayo de 2012 indicaba que en las poblaciones expuestas a los agroquímicos hay un 30% más de casos de cáncer que en las que no lo están, y también un mayor número de malformaciones.

Los docentes de las escuelas rurales se ven impotentes ante este problema. Pese a que intentan asociarse y denunciar, han visto en los últimos años como tanto ellos como los alumnos sufren las consecencias de las fumigaciones. Una muestra de ello es el testimonio de Ana Zabaloy, que falleció el 8 de junio de 2019 de cáncer (Tiempoar.com.ar, 2019):

Somos testigos obligados del costo humano del actual sistema productivo. Vimos a nuestros alumnos sufrir los efectos de las fumigaciones en la salud, así como si la Constitución Nacional y los derechos del niño ni la mismísima ley de educación nacional no fueron aplicables a los niños de las zonas rurales ni a sus familias, todos rociados con venenos por aire y tierra

En este vídeo de la Red Federal de Docentes por la Vida, Zabaloy explica cómo son envenenados prácticamente a diario, y las presiones a las que se ha visto sometida desde las propias instituciones públicas para que no hablara del tema.

En Argentina sigue habiendo lugares donde se sospecha que puede ser la causa de un incremento en los casos de cáncer. Como describre Rodríguez (2017), tal es el caso de Gualeguaychú, un municipio de la Provincia de Entre Ríos, donde la incidencia de cáncer (nuevos casos por año) entre 2001 y 2012 creción un 70%. Según el Dr. Hétor Arozena la ciudad registra el doble de incidencia en comparación con el resto de las zonas en cuatro tumores: linfomas, estómago, vejiga y riñón, planteando la hipótesis de que pueda ser debido a la contaminación con agroquímicos (especialmente del agua). El relato de Rodríguez (2017) sobre niños que mueren por cáncer y la desesperanza de la población que lo sufre recuerdan mucho a la historia de las fumigaciones con Agente Naranja en los bosques de Oregón en la década de 1970 (Martínez, 2017). Tristemente. Sin embargo, nuevos datos referidos a 2001-2011 sobre incidencia de cáncer en la ciudad en comparación con la región de Entre Ríos y el resto del país arrojan más dudas. Si bien es cierto que hay una incidencia creciente de cáncer, y que se observa una tasa notablemente superior en Gualeguaychú para el cáncer colorrectal con respecto al resto del país (29,1% frente a 19,1%) las diferencias globales no son claras, si bien son levemente superior en los tumores en páncreas, riñón, linfoma no Hodgkin y estómago (Gualeguaychu.gov.ar, 2017). Una revisión detallada del estudio a nivel estadístico sería deseable.

Una perspectiva similar es mostrada por Lutzky (2017), quien comenta las palabras del Dr. Medardo Ávila Vázquez, médico y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, acerca del incremento de casos de cáncer, malformaciones, problemas cardíacos y neurológicos,y casos de síndrome de Down entre los niños que viven en las inmediaciones de los cultivos de soja, debido al uso de agroquímicos (principalmente glifosato). Sin embargo, y aunque Ávila Vázquez publicó una investigación donde encontró una asociación entre la exposición a glifosato y el cáncer (Vázquez et al., 2017), lo hizo en el International Journal of Clinical Medicine, una revista no indexada en los más exigentes criterios de impacto (JCR y SJR). De este modo, y pese a la situación de denuncia que se está viviendo en Argentina desde hace más de 15 años, todavía no existe un estudio epidemiológico al respecto publicado en una revista científica de alto impacto.

Los campos se siguen fumigando con avionetas, y es habitual que los  niños y docentes de escuelas cercanas sufran episodios de intoxicación, sobre todo cuando se fumiga en condiciones de viento inapropiadas (Unoentrerios.com, 2017). No siempre se cumple la normativa de avisar con 48 horas de antelación o de hacerlo en condiciones climatológicas propicias, pero aunque se cumpliera, el riesgo sigue presente.

Sin embargo, diferentes comunidades y organizaciones siguen movilizándose. En la ciudad de Santa Fe, se ha prohibido la utilización y venta de glifosato en todas sus variantes (Friedlander, 2018), a través de una ordenanza municipal. Esto se ha conseguido gracias a la lucha de vecinos agrupados en la ONG “Paren de fumigarnos”. Por tanto, la presión vecinal ha logrado modificar las leyes municipales para dejar de emplear este producto tóxico y usar alternativas menos contaminantes.

4. ¿Es cancerígeno?

Lo es para la International Agency for Research on Cancer – IARC – (agencia dependiente de la Organización Mundial de la Salud) y no lo es para la European Food Safety Authority (EFSA). En 2015, la IARC (2015) determinó que los herbicidas basados en glifosato eran cancerígenos de tipo 2A (probable cancerígeno en humanos). Esto significa lo siguiente: (1) Evidencia limitada en humanos provenientes de estudios epidemiológicos de caso-control, incluyendo investigaciones de alta calidad reportando vínculos con el linfoma de no-Hodgkin; (2) Evidencia suficiente en animales provenientes de estudios analizados por la Environmental Protection Agengy (EPA) estadounidense (diferentes tipos de tumores en ratones y ratas); (3) Evidencia suficiente y consistente de que el glifosato es genotóxico y puede inducir estrés oxidativo en humanos.

Sin embargo, en 2016, la EFSA concluyó que el glifosato es improbable que cause cáncer en humanos. No obstante, los estudios en los que se basa la EFSA son sólo sobre el glifosato, pero no sobre el glifosato+adyuvantes, que sí fueron considerados por la IARC, lo que según Vandenberg et al. (2017) es una cuestión capital para entender esa divergencia de criterio.

Las diferencia entre ambas posturas la explica también Tarazona et al. (2017), donde claramente se admite que los estudios realizados por la propia industria química (aquellos que tienen intereses económicos) han pesado mucho más en el análisis de la EFSA (no cancerígeno) que en los de la IARC (probablemente cancerígeno).

Cuatro años más tarde de que la EFSA dictaminara la no peligrosidad del glifosato, como explica Rejón (2019), el Tribunal General de la Unión Europea ha obligado a esta agencia a que haga públicos los estudios realizados por la industria, que les sirvieron para tomar esa decisión, y que se mantenían ocultos al público porque, según la EFSA, facilitar esos estudios “supondría un perjuicio serio para los intereses comerciales y financieros de las empresas”.

El glifosato tampoco es cancerígeno para la Environmental Protection Agency (EPA), que es la agencia que regula en Estados Unidos. Sin embargo, en pleno proceso judicial a Monsanto (demanda interpuesta por varios enfermos de cáncer), han salido a la luz varios documentos que muestran que los intereses económicos de Monsanto han intentado corromper las decisiones políticas de la Agencia, los “Monsanto papers”. En uno de ellos, Marion Copley, antigua trabajadora de la EPA y que estaba sufriendo un cáncer de mama terminal, increpa a uno de los directivos de la EPA, Jesse Rowland, acusándole de connivencia con Monsanto y de no atender a la amplia evidencia que sugiere la peligrosidad del glifosato. La carta no tiene desperdicio, y está fechada en marzo de 2013, antes de que la OMS calificara a esta sustancia como probable cancerígeno. Las acusaciones de Copley, que moriría pocos meses después de enviar esta carta, son demoledoras. Ruega a Rowland que deje de mirar por sus propios intereses, y de regular en favor de la industria, y de confabular con otros colegas que han publicado investigaciones afines a los intereses de Monsanto, y que han condicionado los informes de la Cancer Assessment Review Committee (CARC) sobre los que la EPA basa sus decisiones. No sólo eso, sino que también en otros emails se descubre que uno de los ejecutivos de Monsanto, William Heydens, propuso que la compañía escribiera un artículo científico usando la conocida “escritura fantasma” por la cual se paga a autores para que firmen  un estudio que está dirigido totalmente por los intereses de la compañía, con el fin de contrarrestar el informe de la OMS (Charles, 2017). Además, y como cuenta Pouget (2017), en 1999 Monsanto pidió al investigador de la Universidad de Swansea en Gales, James Parry, un estudio para probar que su producto era seguro, pero Parry encontró que el glifosato podía ocasionar disrupciones en el ADN y causar anomalías cromosómicas, por lo que sugería más estudios. Como esos resultados iban en contra de las expectativas de Monsanto, el informe fue enterrado y se dio por concluida su investigación.

La EPA estadounidense tiene de nuevo  su credibilidad en entredicho. En febrero de 2017, Scott Pruitt se convertía en su máximo responsable, una persona que había trabajado como fiscal general de Oklahoma y que había demandado anteriormente en 14 ocasiones a la EPA bajo la presidencia de Obama, precisamente para defender los intereses de la industria frente a las políticas de cambio climático. Ahora, según describen Bieseckner & Causey (2017), se han conocido varios emails que prueban que efectivamente este abogado se coordinaba en privado con esas empresas contaminantes para torpedear las decisiones de la administración Obama. Pero el Senado de Estados Unidos ha puesto al frente de la EPA a una persona cercana a los hermanos Koch, y cuyos esfuerzos por proteger la industria más contaminante son evidentes.

Por tanto, y volviendo al glifosato, es evidente que las diferencias entre la catalogación del glifosato como cancerígeno o no provienen de la forma en la que se ha evaluado, de las presiones económicas, y de las decisiones políticas relativas a las formaciones de los comités de evaluación y del gobiernos de esas organizaciones.

La divergencia entre las decisiones de las comentadas agencias ha llevado a decenas de científicos a posicionarse al respecto. Por ejemplo, en 2016, 94 científicos firmaron una artículo publicado en el Journal of Epidemiology & Community Health (Portier et al, 2016), donde se criticaba la decisión de la EFSA; La EFSA se equivocaba al confiar en un informe que tenía muchas carencias, no consideraba toda la evidencia disponible en las publicaciones de revisión por pares, aunque sí se basaba en informes privados de la industria. De este modo, y según esos 94 científicos, la EFSA debería reconsiderar su postura, valorar la clasificación de la IARC y tomar las acciones pertinentes para limitar el uso de este herbicida.

Pero la Unión Europea parece que nunca ha tomado en serio la posibilidad de prohibir el glifosato. Según Testbiotech (2017), la Comisión Europea ha anunciado que está planeando extender la autorización del glifosato durante 10 años más. Para ello se basa en la evaluación de otra organización, la European Chemicals Agency (ECHA), realizada en marzo de 2017. Como indica Testbiotech (2017) la Comisión Europea aprobó la importación de 14 nuevas plantas genéticamente modificadas y resistentes a los herbicidas (por lo que tendrán residuos de glifosato y de otros pesticidas), cuando la evaluación sobre el glifosato estaba todavía en progreso. La mayoría de las importaciones que se hace en la Unión Europea de este tipo de organismos modificados genéticamente es para la alimentación animal. En consecuencia, la prohibición del glifosato conllevaría un reajuste y reformulación de la importación de algunas plantas modificadas genéticamente, como la soja, ampliamente empleada en Europa e importada de países como Argentina o Estados Unidos.

La decisión de la EFSA y de la ECHA ha motivado que Christopher J. Portier, quien fuera Director (entre otros) del US National Center for Environmental Health, de la US Agency for Toxic Substances and Diseases Registry, y de US National Toxicology Program, enviara una carta al Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, fechada el 28 de mayo de 2017 (Portier, 2017). En ella, Porter, que ahora se conocen nuevos datos sobre estudios que han analizado el efecto del glifosato en animales, y que un nuevo análisis de esos datos muestra endpoints en experimentos donde se incrementa el riesgo de tumores en exposición crónica en roedores. Esos estudios no fueron tenidos en cuenta por ninguna de esas Agencias. Porter, en conjunción con otros científicos, ya  había escrito el 27 de noviembre de 2015 una misiva similar dirigida al Comisario Andriukatis (Portier et al., 2015) en relación a la revisión realizada por la EFSA y la BfR (German Federal Institute for Risk Assessment). Como comenta Portier en su carta a Junker, el 15 de marzo de 2016 miembros del Parlamento Europeo pidieron tener acceso a todos los datos sobre los estudios realizados con animales que eran tratados hasta entonces como información confidencial (estudios realizados por la propia industria).

Pero las cartas de científicos pidiendo precaución con el glifosato vienen de lejos. Ya en 2011, el biólogo Don Huber, profesor emérito de la Universidad de Purdue, y uno de los mayores expertos en su campo, envió una misiva al Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, quien ocupó el cargo desde 2009 hasta 2017. En la carta, que puede consultarse en Farmandranchfreedom.com (2011), Huber advierte de la aparición de un nuevo micro organismo que tiene el potencial de causar infertilidad y abortos en animales de granja, y de hacer enfermar a las plantas, y que podría estar relacionado con el abuso del empleo del glifosato.

Otra muestra de la no uniformidad de posturas es lo que ha sucedido en el Estado de California en Estados Unidos, donde se obliga a Monsanto a etiquetar a los productos con glifosato como cancerígenos, aunque no se prohíbe su uso (Donley, 2017), tras  la evaluación de la Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), y pese a una demanda interpuesta meses atrás por Monsanto para evitar que ello ocurriera.

La disparidad de criterios sobre el riesgo de los pesticidas no sólo se circunscribe al glifosato, sino también a otros tóxicos como el clorpirifós. En Estados Unidos existe una discusión similar, donde el estado de California anunció en mayo de 2019 que iba a prohibir este producto, ligado a problemas neurológicos en niños, pese a que se mantiene “legal” en el resto del país (Dennis & Eilperin, 2019). En California admiten que los efectos del pesticida están contrastados a niveles más bajos de lo que antes se creía, y se van a dedicar $5.7 millones para apoyar a una transición a alternativas más sostenibles. No sólo California, sino que Hawaii, New York, Oregon, Connecticut y New Jersey han prohibido o están en proceso de hacerlo el clorpirifós. DowDuPont, continúa defendiendo que el pesticida es seguro con su empleo actual. Y como comentamos en su momento (Martínez, 2017), el gigante agroquímico ha presionado en repetidas ocasiones a la EPA para que no prohíba el pesticida.

En consecuencia, hemos de admitir el debate en la comunidad científica, pero también que un nutrido grupo de investigadores y que las agencias IARC (OMS) y OEHHA se han posicionado claramente en favor de considerarlo como cancerígeno, mientras que otras agencias como la EPA y la EFSA que lo han desestimado como cancerígeno han sido abiertamente criticadas, o por su metodología (EFSA) o por su parcialidad (EPA).

De hecho el director de la IARC, Christopher Wild, se lamentaba de los ataques orquestados por Monsanto a su Agencia, y su estrategia de difamación, tras la catalogación de este producto como probable cancerígeno (Foucart & Horel, 2017). Como reflexionaba el Eurodiputado José Bové, es incomprensible que Europa siga los dictámenes de la IARC sobre 500 productos pero no sobre el glifosato.

El desprecio de Monsanto a todo aquel que contradiga sus postulados es total. El 8 de septiembre de 2017 contestaba con esta carta al Comité de Agricultura del Parlamento Europeo, tras haber sido invitado a discutir en una sesión a celebrar el 11 de octubre de 2017 sobre el reciente escándalo de los “Monsanto papers”. Según Monsanto, oponerse al gllifosato es oponerse a la agricultura, el Parlamento está politizando este tema y dejándose influenciar por grupos de ONGs y activistas. Una copia de la carta original se muestra a continuación. El cinismo de Monsanto es palpable, ya que después de todas las irregularidades encontradas en los “Monsanto papers” y considerando las evidencias de la literatura, Monsanto se niega a participar en ese acto en el Parlamento Europeo.

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Otra muestra de su modus operandi es el descubrimiento de que el gigante agroquímico había espiado a unos 200 políticos, periodistas y científicos franceses en 2016 para conocer su postura en relación al glifosato y los transgénicos (Elpais.com, 2019). Monsanto quería saber hasta qué punto eran influenciables, y para ello recopiló datos personales (aficiones, direcciones postales, teléfonos personales):

 

Los archivos para Monsanto incluían también una tabla con 74 personas consideradas “objetivos prioritarios” y que se dividían en cuatro grupos: los “aliados”, los “aliados potenciales para reclutar”, las personalidades “para educar” y aquellos “para observar”. En las listas apareció la exministra socialista de Medio Ambiente, Ségolène Royal, que ha mostrado su condena por considerarlo “totalmente ilegal” y que, además, “dice mucho sobre los métodos de los lobbistas”.

Como indica de Lorenzo (2015), entre las prácticas de Monsanto están el reclutamiento de lobistas, empresarios e investigadores con el fin vender la bondad de los transgénicos en España.  Para ello, emplea como plataforma la Fundación Antama, con el fin de designar lobistas que negocien en el Parlamento Europeo con los diputados. Según indica de Lorenzo (2015), el directo Jorge de Saja es un representante en Bruselas de una docena de patronales alimentarias españolas que se benefician con los transgénicos:

 

Jorge de Saja se relaciona con otro lobista clave para Monsanto en Bruselas, Jonathan Ramsay, encargado de las relaciones con los eurodiputados. De Saja es director de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC) – que la Fundación Antama incluye entre sus ‘amigos institucionales’-, cargo que comparte con su pertenencia al  Consejo de la Federación Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC). También fue vocal de la Agencia de Seguridad Alimentaria (AECOSAN), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que vela por la salud de los consumidores.

Levin (2019), cuenta que Monsanto desarrolló protocolos para vigilar y desacreditar a periodistas y activistas criticos con la empresa, entre ellas a Carey Gillam, reportera de Reuters, y autora del libro “Whitewash: The story of a weed killer, cancer, and the corruption of science”. El “centro de respuesta” de la multinacional, elaboró diversas vías para defender sus intereses:

 

Monsanto planeó una serie de “acciones” para atacar el libro de Gillam, incluso antes de que fuera publicado. Llegaron a escribir argumentarios para terceros con los que criticar el libro y dirigir a “agricultores y profesionales” a la hora de publicar críticas negativas sobre el libro en sus redes sociales.

Según Guillam (2019), casi 50 páginas de comunicaciones internas trataban de planificar el desprestigio de su reputación:

 

Uno de los planes de Monsanto consistía en pagar por anuncios online para que si alguien ponía mi nombre en el buscador, apareciera al principio de los resultados un blog sobre mí escrito por la empresa. En las comunicaciones internas también se habla de la necesidad de generar temas de debate sobre mí que puedan ser usados “por terceros”. Además, Monsanto produjo un vídeo para amplificar la propaganda diseñada por la compañía en torno a mi persona y mi trabajo.

La historia sobre la consideración de cancerígeno del glifosato se remonta, como muy bien indica DFC (2017), a comienzos de los años 80, cuando en 1984 la EPA encuentra indicios de incremento de riesgo de cáncer en un estudio en ratones presentado por Monsanto. DFC (2017), describe con detalle el proceso por el cual Monsanto trató de cambiar esta situación a través de la contratación de un “experto independiente”, el doctor Marvin Kushner, que había trabajado para Monsanto previamente (de ahí las comillas). Kushner encontró un error en el estudio original por el cual desaparecía la significación estadística, algo que la EPA desestimó posteriormente. Sin embargo, Monsanto siguió presionando, con más comités y más expertos, tal y como cuenta DFC (2017), hasta que consiguió que lo aceptasen como producto no cancerígeno.

Como indica de Lorenzo (2019), el Tribunal de Justicia Europeo ha dado luz verde a la publicación de más de 600 documentos que revelan la complicidad de funcionarios de la UE con los fabricantes de pesticidas:

 

 Se le acusa directamente al secretario general de la Comisión Europea de orquestar un proceso de evaluación de impacto defectuosa (documentos 42 , 559 ). Sus extraños resultados restaron importancia a los impactos en la salud. Este funcionario justificaba en 2016 que mientras más pesticidas permanecieran en uso, menor sería el impacto sobre la salud y el medio ambiente (documento 560); y que cuantos menos pesticidas de alteración endocrina se identifiquen, tanto mejor (documento 273).

En abril de 2018 había interpuestas 2400 demandas contra Monsanto en Estados Unidos, realizadas por enfermos de cáncer, todos ellos rociadores de glifosato en parques y jardines, en su propia residencia, o en huertos y otros cultivos (Strayer, 2018). Los afectados argumentan que siguieron las indicaciones de seguridad, pero que no fueron advertidos de que ese producto podría producir cáncer, cuando la evidencia publicada así parece mostrarlo. En  2019 el número de demandas asciende a 13400 (Laborde, 2019).

En agosto de 2018, Monsanto fue condenada por un jurado de California (EEUU) a indemnizar con $289 millones a un jardinero enfermo de cáncer que empleó el producto varios años en el distrito escolar de San Francisco. Según el jurado, Monsanto no advirtió correctamente del riesgo de usar el producto (Eldiario.es, 2018). Los emails descubiertos que probaban que Monsanto conocía los efectos nocivos para la salud del glifosato, y el tipo de cáncer desarrollado (linfoma no-Hodgkin, que precisamente se asocia a la exposición alta a este producto), han contribuido notablemente a la decisión final. El caso de este jardinero, Dewayne Jonhson, es el primero de los cientos de contenciosos jurídicos que la multinacional agroquímica, ahora propiedad de Bayer, tiene que afrontar en Estados Unidos.

El pago de esos $289 se redujo después a 78 millones (Sánchez, 2019).  En marzo de 2019, un jurado de San Francisco ha considerado que el glifosato empleado por Edwin Hardeman para fumigar su jardín entre 1980 y 2012 es una causa sustancial del cáncer que padece (linfoma no-Hodgkin).  Como indica Eldiario.es (2019), Bayer sigue negando que el glifosato sea cancerígeno: “la ciencia confirma que los herbicidas a base de glifosato no causan cáncer”. 

Dos meses más tarde, en mayo de 2019, un matrimonio norteamericano enfermo de cáncer (linfoma no Hodgkin y cáncer cerebral) ha ganado también una demanda millonaria contra Monsanto (Laborde, 2019). La pareja estuvo empleando Roundup durante 35 años, sin que la empresa advirtiera del riesgo que corrían al utilizarlo. Ahora la multinacional deberá pagar 2055 millones de dólares de indemnización (que presumiblemente se reducirán tras las apelaciones posteriores).

5. La toxicidad del glifosato

En un recientes estudio, Myers et al. (2016), firman un documento de consenso sobre el glifosato. Los autores referencian estudios donde se han mostrado efectos tóxicos del glifosato, tanto en roedores como en humanos. En roedores hay evidencias sobre efectos en el hígado y riñones, aunque esos estudios normalmente no tienen en cuenta otros potenciales daños derivados de la disrupción del sistema endocrino. A dosis consideradas seguras para humanos, varios estudios muestran que puede inducir daño hepático y renal. Malformaciones en neonatos se han encontrado también en poblaciones de cerdos y de humanos (efectos severos en zonas de Argentina y Paraguay). Asimismo, la acción antibiótica del glifosato puede alterar la micriobiota intestinal en vertebrados.

En Estados Unidos se considera segura una dosis de 1.75 mg/kg/día,  mientras que en la Unión Europea es de 0.3 mg/kg/día. Este último umbral está vigente desde 2002. Los autores cuestionan estos niveles porque están fijados basados en estudios de los propios fabricantes, y no están típicamente a la vista para ser revisados por científicos independientes. Según Myers et al. (2016) otras investigaciones independientes han mostrado que esos niveles tomados por la Unión Europea son al menos 3 veces más altos que lo que la evidencia científica indica como límite.

La dosis letal que mata al 50% de los individuos (LD50)  es de 4320 mg/kg en ratas (Kongtip et al., 2017), por lo que es altamente improbable una intoxicación fatal en humanos, y los efectos a corto plazo se relacionan con irritación dermal, oral o nasal, náuseas, dolores de cabeza o asma.

No sólo se ve afectada la salud de las personas, también el entorno se ve perjudicado, y afecta a otras especies como insectos, microorganismos del suelo, peces y otros invertebrados acuáticos.  El glifosato persiste en el agua y el suelo más de lo inicialmente creído, incluso por más de un año. Y se traslada a la cadena alimenticia a través de su ingesta por los animales y de la contaminación del agua de bebida. Además la lista completa de ingredientes de muchas marcas comerciales de glifosato no muestra sustancias inertes que son perjudiciales para el entorno.

Aunque el glifosato actúa como inhibidor de la síntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas, su toxicidad para animales y humanos es evidente, incluso en dosis más bajas de las permitidas. En su estudio, Mesnage et al. (2017), expusieron durante 2 años a 10 ratas de laboratorio a dosis de glifosato en agua de bebida de 0.05 microgramos/litro, que están por debajo de lo marcado por la Unión Europea (0.1 microgramos/litro) y de Estados Unidos (700 microgramos/litro), lo que supuso una ingesta diaria de 4 ng/kg/día, es decir, muy por debajo de los 0.3 mg/kg/día permitidos en la Unión Europea como dosis aceptable y de los 1.75 mg/kg/día en Estados Unidos. El grupo de control los componían otras 10 ratas. Las ratas del grupo experimental, es decir, las que ingerían dosis bajas de glifosato, tenían mayores signos de patología en el hígado. A partir del primer año, las ratas expuestas acumulaban mayores niveles de triglicéridos. En cuanto al proteoma (las proteínas expresadas en células particulares) de células del hígado, el análisis  mostró alteraciones para las ratas expuestas. Los análisis del metaboloma mostraron resultados en la misma línea de daño hepático, de características similares a lo que se conoce como enfermedad del hígado graso no alcohólico, con una progresión a esteatohepatitis no alcohólica, es decir, inflamación del hígado. Según los autores, este tipo de enfermedad de hígado graso está creciendo en los últimos años de manera alarmante, con una prevalencia actual en Estados Unidos entre el 20 y el 30% de la población. El hígado graso está asociado con la obesidad, diabetes y síndrome metabólico.

Los efectos sobre la microbiota intestinal (e indirectamente sobre el funcionamiento del sistema nervioso central) se han confirmado en experimentos con ratones, aunque en dosis bastante por encima de las permitidas en humanos (Aitbali et al. 2018).

Es cierto que, aunque es habitual que se encuentren residuos de glifosato en los alimentos, sus niveles de residuos suelen estar por debajo de lo que los umbrales de referencia indican. Por ejemplo, en el último estudio realizado en Canadá, un 29.7% de las 3188 muestras de comida contenían glifosato pero sólo un 1.3% lo hacía en niveles mayores de los legalmente permitidos (Canadian Food Inspection Agency, 2017).  Aunque desde la propia Agencia Canadiense eso se vea como un triunfo, esto indica que 41 muestras de alimentos tenían más glifosato del debido, lo que otros pueden interpretar como un número alto. En julio de 2017, la Organic Consumers Associations de Estados Unidos anunció que se había encontrado glifosato en 10 de 11 muestras del helado Ben & Jerry’s (Monaco, 2017), debido a que sus ingredientes provenían de organismos genéticamente modificados donde se emplea este herbicida. Aunque la cantidad econtrada estaba por debajo de lo que marca la legislación, no deja de ser destacable que un alimento etiquetado como “natural” por la marca, haya restos de este producto.

Incluso en ocasiones donde en los medios se muestran estudios donde alimentos tienen niveles calificados como “altos” de glifosato, lo cierto es que en ocasiones están muy por debajo de los permitidos. Por ejemplo, Greenmedinfo.com (2019), reportó el análisis de la hamburgesa “Impossible burger” que indicaba 0.0113 mg/kg (11.3 ppb), inferior a los 0.3 mg/kg/día permitidos en la Unión Europea como dosis aceptable y a los 1.75 mg/kg/día en Estados Unidos.

La FDA en Estados Unidos comenzó en 2016 a testar ciertos alimentos para analizar los residuos de glifostato (Nosowitz, 2018). Aunque según una investigación realizada en 2017 sobre cuatro alimentos, no se encontraron niveles por encima de los permitidos, es cierto que ha saludo a la luz información que indica que en otros test realizados fuera de las muestras oficiales sí que lo han hecho, como en el caso del maíz. Emails de la FDA a la EPA así lo atestiguan (USRTK, 2018):

emailsglifosato

Y es que el creciente uso del glifosato está haciendo que se encuentren residuos del herbicida y de su metabolito (AMPA) en la orina en niveles decenas de veces mayores que en la década de los 90. Así, lo muestra el estudio de Mills et al. (2017), quienes compararon la excreción  de glifosato y de AMPA en participantes de California en varias secuencias temporales entre 1993 y 2016.  Los resultados muestran unos cambios significativos entre los dos periodos más distantes.orinaglifosatoEste resultado es previsible si contemplamos la evolución de la aplicación del glifosato en Estados Unidos, según Benbrook (2016):

usoglifosatoUna de las razones por las que se encuentra glifosato en los alimentos es por su uso justo antes de la recolección, lo que es ilegal en algunos países, como Francia desde el año 2000. Sin embargo, como comenta Bové (2017), para algunos agricultures que lo emplean es una ventaja porque abarata los costes. Esta es una de las causas, según el Eurodiputado francés, por las cuales los agricultores están presionando para que no se elimine.

El uso del glifosato antes de la cosecha está más detalladamento explicado en Elikaherria.eus (2016). El glifosato tiene un amplio uso para acelerar la cosecha del trigo, lo cual se suele hacer una o dos semanas antes de cosechar para acelerar el secado del grano. Este proceso de desecado es importante en las zonas húmedas. Aunque empleado principalmente para desecar trigo, también se usa con avena, lentejas, guisantes, soja no OGM, maíz, lino, centeno, trigo sarraceno, mijo, colza, remolacha azucarera y patatas. Aunque este uso concreto del glifosato es un porcentaje muy pequeño de todo el uso agrícola, es clave en la exposición en la dieta humana.

En cualquier caso, esas dosis permitidas no consideran el “efecto cóctel”, es decir, el efecto sinérgico que producen los biocidas a los que los humanos estamos expuestos, aunque cada uno por separado tenga una presencia por debajo de los límites legales. Como recientemente muestran Muturi et al. (2017), ese efecto cóctel afecta a la vida microbial en ecosistemas acuáticos. Y desde luego esto no está pasando desapercibido para las agencias reguladoras como la EFSA, que admite un gran interés en estudiar cómo esa mezcla de tóxicos a bajos niveles puede afectar a los humanos, quedando todavía mucho camino que recorrer para poder incorporar este tipo de información de mezcla de biocidas en las evaluaciones de riesgo (Panizzi, et al., 2017). No obstante, y como muestra Donley (2016), la EPA está fallando al revisar las interacciones de algunas patentes de pesticidas solicitadas en Estados Unidos, aún cuando las empresas que los patentan proveen de información sobre los efectos sinérgicos con otras sustancias. Las interacciones y efectos no aditivos de diferentes pesticidas es mostrada por Hernández et al. (2013)Gunatilake et al. (2019), plantean la hipótesis de que el incremento de enfermedades renales de etiología desconocida que se está dando en países como Sri Lanka, El Salvador, Nicaragua, México o India podrían verse causadas en parte por la exposición a glifosato (principalmente en zonas agrícolas), debido a su efecto singérgico con las exposición a otros contaminantes, como el paraquat y metales pesados. La formulación comercial del pesticida, con adyuvantes como las polyoxyethylenamines, los compuestos cuaternarios de amonio, incluso arsénico, cromo, plomo y níquel, se postula como un factor clave en esa toxicidad.

Estudios recientes, como el de Jumarie et al. (2017), muestran asimismo que el glifosato y otros herbicidas como la atrazina afectan al equilibrio redox de las abejas. En conjunción con los metales pesados, pueden inducir estrés oxidativo, lo que podría influir en el equilibro entre la defensa antioxidante y las especies reactivas al oxígeno, concluyendo en una peroxidación de los lípidos. Los autores postulan que esta puede ser una de las causas de la pérdida de hasta un 20% de colonias de abejas en las últimas décadas. Los herbicidas llegan a los ríos y se mezclan con metales pesados que pueden ocasionar riesgos relevantes para los humanos y el entorno (Machado et al., 2017).

El glifosato es tóxico y su metabolito (degradación del compuesto principal), el ácido aminometilfosfónico (AMPA), también lo es. Bento et al. (2017), revisa varias investigaciones que así lo sugieren; el glifosato se relaciona con daño en el ADN, inhibe la actividad de enzimas séricas, e incluso se relaciona con la enfermedad de Parkinson. En cuanto al AMPA, también es genotóxico y produce aberraciones cromosomáticas en linfocitos humanos.

La acción de este herbicida se basa en la inhibición de una enzima fundamental para la planta, la 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintetasa, que se emplea para la síntesis de aminoácidos aromáticos. Como esta enzima no está presente en los vertebrados, se ha creído durante mucho tiempo que este producto no afecta a los animales o a los humanos. Sin embargo, como bien indican Vandenberg et al. (2017), la evidencia sugiere que esta afirmación es falsa. Según los autores, hay pocos estudios epidemiológicos que examinen el impacto del glifosato sobre las enfermedades humanas. Se han documentado enfermedades crónicas de riñón que han matado a miles de trabajadores en granjas de Sri Lanka y caña de azúcar en Centro América, que estaban expuestos a herbicidas, incluyendo el glifosato. Otros estudios sugieren una asociación de la exposición al glifosato con el cáncer, concretamente el linfoma no-Hodgkin. Estudios recientes, asimismo, muestran que en animales de laboratorio el glifosato puede afectar el desarrollo reproductivo de ratas y peces (malformaciones).  En otros estudios se muestran daños en las funciones del hígado, riñones y corazón, planteando que el mecanismo de acción pudiera estar relacionado con la alteración del flujo de iones en esos tejidos. Además, la exposición a este herbicida también se ha relacionado con daños oculares, y con la inducción de estrés oxidativo y genotoxicidad, tanto en estudio in vitro como in vivo. Las personas que viven en entornos agrícolas tienen mayor exposición, especialmente las mujeres embarazadas, cuyos niveles del herbicida en sangre son mayores que las que no tienen relación con la agricultura (Kongtip et al., 2017).

Es más, esa enzima sí que está presente en humanos, específicamente en bacterias que pueblan la microbiota intestinal (flora intestinal), aunque no hay todavía evidencias sobre cómo ello puede afectar al sistema inmune. Esta divergencia entre lo que dice Monsanto sobre su herbicida Roundup (que sólo afecta a plantas) y la presencia de esa ezima en la flora intestinal humana es la base de la demanda interpuesta en Columbia (Estados Unidos) por parte de las ONGs Beyond Pesticides y Organic Consumers Association, fechada en marzo 2017 (The Richman Law Group, 2017). Esta demanda se basa, en lenguaje coloquial, en la supuesta publicidad engañosa que Monsanto hace de su herbicida por ocultar (a conciencia) que la enzima está presente en la flora intestinal de humanos y animales.

Las formulaciones comerciales de los herbicidas son una mezcla de glifosato y de otras sustancias llamadas ingredientes inertes, que son añadidas para alterar las propiedades físico químicas del herbicida y potenciar su acción. Por ejemplo, se añaden ingredientes para mejorar la adhesión a la superficie de las plantas, o para facilitar la penetración en las paredes celulares. Esos químicos, también conocidos como adyuvantes, no son especificados por los fabricantes, es decir, la composición de los herbicidas basados en glifosato no es completamente conocida, se ocultan esos compuestos químicos. Tal y como describe el estudio de Defarge et al. (2016), todas las formulaciones comerciales del glifosato y sus coadyuvantes fueron citotóxicos a concentraciones menores de las que se emplean en su uso agrícola, e incluso por debajo del umbral de toxicidad actuaron como disruptores endocrinos (entre un 20 y un 67% de una concentración sin efecto observado). Estos resultados concuerdan con las investigaciones de Mesnage et al. (2013) y Mesnage et al. (2014). Los autores enfatizan que la regulación de estos pesticidas no debería basarse sólo en el ingrediente activo, sino también en los coadyuvantes. De este modo, la dosis diaria aceptable debería recalcularse y con la situación real de aplicación del glifosato, es decir, con la acción de los coadyuvantes, y no sólo con el ingrediente activo. Investigaciones recientes como la de Chlopecka et al. (2017) siguen esa misma línea argumental; los coadyuvantes del glifosato pueden tener alta toxicidad.

La toxicidad del glifosato afecta también a otras especies vegetales, que se ven expuestas indirectamente, como por ejemplo a través de la contaminación de suelos y aguas de agricultura; pueden ser tóxicos para la germinación de semillas, como muestran Gomes et al. (2016), además de para las algas (Yanjie, et al., 2017).  Como indican Florencia et al. (2017), el glifosato en los campos de cultivo no sólo mata especies nativas sino que genera la aparición de especies resistentes al herbicida, lo que a su vez hace que se tengan que incrementar las dosis de glifosato, y el problema se va realimentando y haciendo cada vez mayor.

Y también afecta a especies animales por la contaminación de aguas, provocando daños hepáticos en peces (Dos Santos et al., 2017),  malformaciones en embriones  (Sulukan et al. , 2017), alteraciones en los espermatozoides (Sánchez et al., 2017), o cambios en el comportamiento de alimentación (Giaquinto, et al. 2017). En experimentos en ratas se ha encontrado que altera el eje hormonal hipotálamo-hipófisis-tiroides en exposiciones perinatales (De Souza, et al., 2017).  A altas concentraciones produce daños en leucocitos humanos y metilación del ADN (Kwiatkowska, et al., 2017).

En consecuencia, hay evidencias suficientes para plantear que la toxicidad del glifosato va más allá de la mera intoxicación aguda a corto plazo, ya que a largo plazo, e incluso a dosis más bajas de las permitidas, tiene multitud de efectos biológicos. Y no sólo es debido al ingrediente activo (glifosato) o su metabolito (AMPA), sino también a las sustancias coadyuvantes de las formulaciones comerciales.

Los resultados preliminares del Global Glyphosate Study realizado por el Instituto Ramazzini confirman esos resultados (Martínez, 2018). Los autores exposieron a ratas a glifosato y a su formulación comercial (Roundup); A dosis permitidas por la EPA se han encontrado efectos sobre el microbioma, reproductivos y mutagénicos.

6. La diferencia entre las evaluaciones de la EPA y la IARC y nuevas evidencias

Benbrook (2019), explica las causas por las cuales la EPA de Estados Unidos y la IARC llegaron a conclusiones opuestas sobre la genotoxicidad de los herbicidas basados en glifosato.

El autor se adentró en el cuerpo de estudios analizados por ambas agencias. Así, la EPA confió principalmente en estudios realizados por las compañías, no publicados en revistas científicas, de los cuales el 99% reportó resultados negativos. SIn embargo, la IARC se basó fundamentalmente en estudios publicados en la literatura científica de los cuales el 70% (83 de 118) fueron positivos.

Además, la EPA empleó datos se estudios centrados en evaluar la versión técnica del glifosato, es decir, la que no llega compuestos adyuvantes para mejorar su eficacia (que es la formulación real que se emplea en las fumigaciones), y tampoco tuvo en cuenta los estudios sobre su principal metabolito, el AMPA, que es también tóxico. Recordemos que las fórmulas de los herbicidas basados en glifosato contienen compuestos que alteran la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción y  (posiblemente) la toxicidad del glifosato.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de la diferencia en toxicidad en células humanas; los herbicidas basados en glifosato son tóxicos a concentraciones mucho menores que el glifosato técnico.

Assay/marker Glyphosate technical Formulated GBHs Differential Source
Viability of human peripheral blood mononuclear cells 1640 μg/mL 56.4 μg/mL 29 Martinez et al. [40]
LC 50 in HepG2 cells (ppm) 19,323 62 312 Mesnage et al. [33]
LC 50 in JEG3 cells (ppm) 1192 32 37 Mesnage et al. [33]
1/LC 50 JEG3 cells (ppm) [glyphosate IPA-salt; Roundup Classic] 0.000082 0.0081 99 Defarge et al. [32]
DNA damage to peripheral blood mononuclear cells 250 μM 5 μM [Roundup 360 PLUS] 50 Wozniak et al. [34]
LC 50 in human HepaRG cells 2 mg/mL 0.04–0.1 mg/mL 20–50 Rice et al. [41]

 

Otra fuente de discrepancia entre la evaluación de ambas agencias es la consideración de los usos ocupacionales del pesticida, no siendo tenidos en cuenta por la EPA.

La siguiente tabla, elaborada por el autor después de revisar todos los estudios tenidos en cuenta por esas agencias es bastante clara; hay una diferencia extraordinaria entre los resultados de los ensayos realizados por la industria (“Reg”) y los implementados por investigadores publicados en la literatura científica ( “Pub”).

Assay type and compound tested Number of assays Number of positives Percent positive
Reg. Pub. Total Reg. Pub. Total Reg. (%) Pub. (%) Total (%)
Bacterial reverse mutation
 Glyphosate technical 23 4 27 0 0 0 0 0 0
 Formulated GBHs 28 3 31 0 1 1 0 33 3
In vitro and in vivo mammalian gene mutation
 Glyphosate technical 4 2 6 0 1 1 0 50 17
 Formulated GBHs 0 1 1 0 1 1 0 100 100
In vitro chromosomal aberration
 Glyphosate technical 4 5 9 0 3 3 0 60 33
 AMPA 0 1 1 0 1 1 0 100 100
 Formulated GBHs 0 2 2 0 1 1 0 50 50
In vitro micronuclei induction in mammals
 Glyphosate technical 0 6 6 0 4 4 0 67 67
In vivo chromosomal aberration
 Glyphosate technical 5 2 7 0 2 2 0 100 29
 Formulated GBHs 0 8 8 0 6 6 0 75 75
In vivo micronuclei induction in mammals
 Glyphosate technical 14 6 20 1 2 3 7 33 15
 AMPA 0 1 1 0 1 1 0 100 100
 Formulated GBHs 15 13 28 0 7 7 0 54 25
DNA damage
 Glyphosate technical 2 27 29 0 23 23 0 85 79
 AMPA 0 3 3 0 3 3 0 100 100
 Formulated GBHs 0 38 38 0 33 33 0 87 87
All assays
 Glyphosate technical 52 52 104 1 35 36 2 67 35
 AMPA 0 5 5 0 5 5 0 100 100
 Formulated GBHs 43 65 108 0 49 49 0 75 45
 All tested compounds 95 122 217 1 89 90 1 73 41
  1. 1. Table includes assays on glyphosate technical cited in EPA’s 2016 “Glyphosate Issue Paper: Evaluation of Carcinogenic Potential,” Sect. 5: Data Evaluation of Genetic Toxicity, Table 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, and 5.7. Assays on formulated GBHs considered by EPA come from Tables F.1, F.2, F.3, F.4 and F.5 in Appendix F: “Genotoxicity Studies with Glyphosate Based Formulations” [3]
  2. 2. Also included are additional assays on glyphosate technical, AMPA, and formulated GBHs from IARC Monograph 112 on the carcinogenicity of glyphosate [4] from Tables 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, or 4.6
  3. 3. Additional file 1: Tables S1–S7 list all assays in the core tables from EPA 2016 [3] and IARC 2017 [4] based on genotoxicity assay type

Finalmente, el autor incluye una revisión de los estudios publicados desde que ambas agencias evaluaron el glifosato. Los resultados, de nuevo, son rotundos en relación a la genotoxicidad del pesticida:

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7. La persistencia del glifosato

El glifosato y su metabolito (AMPA), ambos tóxicos, tienen una persistencia muy variable. Bento et al. (2016), matizan más claramente lo que las investigaciones anteriores han encontrado en relación a la persistencia. La vida media del glifosato medida en DT50 y DT90 (tiempo requerido en días para convertir el 50% y el 90%  del herbicida en sustancias de degradación), es una forma de valorar su persistencia. Así, el DT50 está entre 1 y 197 días y el DT90 entre 40 y 280 días. Por su parte, su metabolito tóxico, el AMPA, es más persistente que el glifosato: DT50 que varía entre 23 y 958 días. La degradación de los pesticidas puede ser biótica (microbial) o abiótica (fotodegradación o degradación química), dependiendo fuertemente estos procesos del entorno concreto de aplicación, y de la composición de los suelos.

La investigación de Bento et al. (2016)  estudió la persistencia del glifosato y el AMPA en muestras de suelos estériles y no estériles, en condiciones bióticas y abióticas, en diferentes contextos de humedad, temperatura y luz. Los resultados mostraron un patrón diferente de degradación en función de las condiciones experimentales. La disipación de ambos compuestos (glifosato y AMPA) ocurrió mayoritariamente por la actividad microbiana, debido a factores bióticos. Tanto la temperatura como la humedad del suelo afectaron la persistencia del glifosato y del AMPA; no ocurrió así con las condiciones de luz/oscuridad. La vida media del glifosato DT50 varía entre 1.5 y 53.5 días mientras que el DT90 varía entre 8 y 280 días, dependiendo del tratamiento. Su metabolito, el AMPA persiste más tiempo en el suelo que el glifosato, con el DT50 a 30º que varía entre 26.4 y 44.5 días, y el DT90 entre 87.8 y 148 días. Los valores más cortos de disipación ocurren a los 30ºC y en condiciones de saturación de agua o de retención al 60%, es decir, de mayor humedad. De este modo, el glifosato y su metabolito AMPA se degradan mucho más rápido en condiciones de altas temperaturas y humedad (clima lluvioso), y más lento en condiciones de temperaturas más bajas y clima seco. Entre las implicaciones del estudio los autores advierten que las aplicaciones repetidas de este herbicida en climas secos y en estaciones más frías puede ser una amenaza potencial para el entorno y para la salud humana.

Este estudio muestra que la degradación del glifosato y su metabolito – AMPA- depende fuertemente de las condiciones de cada suelo y de la temperatura ambiente. De este modo, las recomendaciones sobre la seguridad del herbicida cuando se fumiga no deben ser iguales para todas las latitudes geográficas, ni para todas las estaciones del año, ni para todos los climas, ni para todos los suelos.

Bento et al. (2017), por su parte, recuerdan que, aunque tanto el glifosato como el AMPA son considerados no volátiles, por lo que su diseminación en la atmósfera se considera despreciable, sin embargo, su transporte a otras áreas a través del viento es bastante probable. En su estudio, los autores encuentran que el glifosato y el AMPA se fijan a material particulado, siendo de especial relevancia las fracciones más finas (PM10 y PM2.5). Según la modelización que realizan los autores, vientos de 3.5 a 4.4 m/s podrían dispersar  partículas de hasta 20 micras,  mientras que para las partículas menores de 10 micras, la velocidad crítica sería incluso menor, entre 1.2 y 1.4 m/s. A estas velocidades las partículas podrían viajar varios cientos de kilómetros antes de posarse en la superficie. Es importante destacar que durante las 4 semanas de experimento la formación de AMPA fue muy pequeña debido a la poca degradación del glifosato, debido probablemente a la carencia de humedad propia de las condiciones experimentales. Recordemos que la mayor erosión por el viento ocurre en condiciones de muy baja humedad. Por tanto, si el glifosato es empleado en periodos secos, la probabilidad de que se disperse por el aire se incrementa. Los autores concluyen con que la aplicación de glifosato en regiones susceptibles de ser erosionadas por el viento y en clima seco debería ser evitada.

De este modo, y aplicándolo al caso nuestro barrio, y dadas las condiciones climáticas en las que estamos inmersos, debería evitarse su uso, sobre todo en los meses más fríos, y si se fumiga, la recomendación de no acceder a esos terrenos en 5 días es demasiado imprudente, a tenor de lo que marcan las últimas investigaciones. Es más, en función de la velocidad del viento tanto el glifosato como el AMPA se dispersan fácilmente a zonas colindantes, como colegios, viviendas o parques infantiles.

La persistencia del glifosato en los suelos europeos también se ha estudiado recientemente (Silva, et al., 2017).  El 45% delos suelos de cultivo europeos contienen residuos de glifosato y/o AMPA. Bien es cierto que el estudio se realizó sobre 317 muestras de suelos con alto uso de pesticidas. No obstante, estos resultados refuerzan la idea de que el glifosato y el AMPA no se degradan tan rápidamente como sería deseable, y que además, esa mayor persistencia incremente el riesgo de diseminación por erosión del viento y contaminación de agua.

8. Alternativas al glifosato. El caso del Ayuntamiento de Barcelona

Las evidencias que desde hace tiempo muestran los riesgos del glifosato han llevado a que en algunos países y ciudades se restrinja o limite su uso. En Francia se prohíbe su comercialización en tiendas, y varios ayuntamientos españoles (ej. Badalona, Barcelona, Huelva, Madrid, Tarragona, Valdemoro, Zaragoza) han mostrado su voluntad de minimizar su uso en parques, vías y jardines públicos. También ocurre en ciudades francesas, como Lyon o Nantes, u otras europeas como Bristol, Rotterdam o Edimburgo, o norteamericanas como Irvine (California). El país galo está siendo pionero en las restricciones al glifosato: desde el 1 de enero de 2017 no está permitido su uso en espacios públicos, según Colpisa (2017).

Como indica Vizcay (2018), el gobierno francés ha lanzado una web con el objetivo de ayudar a los agricultores a ir dejando el herbicida  antes de 2020. De este modo, los agricultores pueden registrarse en ella y compromenterse a eliminar el glifosato de su actividad. Se ofrece, asimismo, asesoría técnica para el empleo de otras alternativas. Es más, se incrementará el impuesto por contaminación fitosanitaria para ayudar a funciar el desarrollo de la agricultura ecológica (un euro más por kilo para el glifosato).

En julio de 2019, Austria ha anunciado que prohíbe el glifosato (Sánchez, 2019). Amparados en el Principio de Precaución, el Partido Socialdemócrata Austriaco ha realizado esta propuesta, apoyada por diversos grupos políticos (con votos en contra sólo del Partido Popular ÖPV). Como recuerda Sánchez (2019):

 

Legalmente, el unilateralismo nacional es controvertido porque la prohibición podría violar la legislación de la UE. La Ordenanza de Protección de Plantas de la UE autoriza el uso de glifosato hasta finales de 2022. Los estados miembros individuales pueden imponer una prohibición de sustancias activas aprobadas solo en casos excepcionales. Ahora el balón está en la Comisión Europea, que ha prometido la posibilidad de prohibiciones nacionales y podría dar lugar a un encadenamiento de decisiones en el continente.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, presentó en 2017 su medida de gobierno para aplicar la erradicación del glifosato (Ajuntament de Barcelona, 2017), que podemos comentar en sus aspectos más destacados, reproduciendo parte de la presentación realizada en una Jornadas organizadas por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP), en Madrid, en febrero de 2017.

  1. Botánicamente no existen malas hierbas, es más un tema cultural.
  2. Cuando las hierbas molestan (zonas de paso, hierbas secas, acumulación de suciedad), se pueden aplicar las siguientes técnicas: (1) Retirar las hierbas más altas (no necesariamente todas); (2) Desbrozar si todas las hierbas son muy altas; (3) Incrementar la limpieza de residuos; (4) Desbrozar o retirar hierbas secas, sobre todo en periodos de riesgo de incendios.. Mientras tanto, es importante, trabajar en la comunicación y divulgación de los beneficios de la flora espontánea.
  3. Las acciones para erradicar el glifosato son paulatinas, y conllevan una transición marcada por la constante evaluación de ese avance, haciendo pruebas piloto en varios barrios de la ciudad.
  4. En Barcelona han aumentado ligeramente las quejas sobre presencia de hierbas desde que esta medida se ha implementado un 5% en 2016 (750 sobre 150000), mientras que en 2015 fue del 3$ y en 2014 del 3.2%. No obstante, la ciudadanía ha acogido la medida muy positivamente.
  5. Se están aplicando técnicas para prevenir la aparición de hierbas espontáneas y evaluar su eficiencia. “Las técnicas de prevención incluyen, por un lado la plantación/siembra de alcorques y por otra la aportación de mulching. En referencia a la plantación de alcorques, se está trabajando para incluir en el Pliego de prescripciones técnicas de Obra Nueva en jardinería, los criterios para el diseño y mantenimiento de plantaciones en alcorques. Así en todos los proyectos en los que se vea viable, se propondrá la instalación de riego automática y plantación/siembra de los alcorques. La lista de plantas propuestas serán predominantemente plantas reserva de fauna útil”.
  6. Se han ensayado técnicas de desherbado alternativas a los herbicidas: “Durante la fase de estudio, se han probado diferentes máquinas de desherbado alternativas: máquinas de choque térmico (con agua caliente, vapor de agua, algunas incorporaban aditivos con espuma de almidón) y máquinas quemadoras (p.ej. de propano). Después de diferentes pruebas, se consideró que las más eficientes y que encajaban más con los requisitos ambientales y de prevención eran las de vapor de agua. Las que tenían aditivos se descartaron para su uso en espacio público y los quemadores también por el riesgo de incendio”. En cualquier caso, los rendimientos son menores que un herbicida químico (se necesita más tiempo para hacer el mismo trabajo).
  7. Se han modificado e incrementado las partidas de limpieza de residuos en zonas con hierbas espontáneas.
  8. Se han planteado realizar estudios clínicos con los trabajadores de Parques y Jardines que hayan estado en contacto con los productos fitosanitarios, y se recuerda que en el caso de que lo sigan estando deben de: (1) Seguir todas las medidas de prevención; (2) Lavar la ropa de los trabajadores en tintorerías, y no en casa; (3) Tener duchas diferenciadas en el centro de trabajo; (4) Hacer revisiones médicas de frecuencia trimestral con analíticas específicas.
  9. Se han diseñado propuestas de cogestión con entidades, colectivos y escuelas para la plantación y mantenimiento de alcorques y otros espacios verdes.

El análisis de este caso es de gran utilidad para la implementación de una estrategia de abandono del glifosato por parte de la Junta Directiva de la Entidad de Conservación del Polígono de Santa Ana.

9. Legislación

Como indica Ajuntament de Barcelona (2017), son especialmente relevantes la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, y el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno español, relativas a la racionalización del uso de los productos fitosanitarios  para reducir los riesgos y efectos del uso de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente y el Plan de Acción Nacional requerido para conseguirlo.

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. De este modo, se proponen una serie de medidas destinadas a conseguir una reducción de los riesgos y los efectos del uso de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, como las alternativas no químicas a los plaguicidas.

El punto (16) de esa Directiva estipula lo siguiente:

(16) El uso de plaguicidas puede ser particularmente peligroso en zonas muy sensibles, como son los espacios Natura 2000 protegidos en virtud de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE. En otros lugares, como parques y jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como en las inmediaciones de centros de asistencia sanitaria, los riesgos derivados de la exposición a los plaguicidas son grandes. En esos lugares debe minimizarse o prohibirse la utilización de plaguicidas. Cuando se utilicen plaguicidas deben preverse medidas adecuadas de gestión del riesgo, así como concederse prioridad a los plaguicidas de bajo riesgo y a las medidas de control biológico.

El Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, indica en sus puntos (35) y (36).

(35) Para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente, los productos fitosanitarios deben usarse correctamente, con arreglo a su autorización, teniendo en cuenta los principios de la gestión integrada de plagas y otorgando prioridad a las alternativas naturales de índole no química cuando así sea posible.

 (36) Además del presente Reglamento y de la Directiva 2009/128/CE, se ha adoptado una estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas. A fin de lograr la coherencia de estos instrumentos, la etiqueta del producto debe permitir al usuario saber dónde, cuándo y en qué circunstancias puede utilizarse un producto fitosanitario.

Por tanto, se está indicando claramente que los riesgos de exposición a pesticidas en parques y jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como en las inmediaciones de centros de asistencia sanitaria, son grandes,  que debe minimizarse o prohibirse el uso de esos pesticidas, que se debe informar sobre las circunstancias de uso del producto fitosanitario, y que se han de emplear alternativas naturales siempre que sea posible.

Además, el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, indica en los Artículos (46), (47) y (50):

Artículo 46. Ámbitos distintos de la producción primaria agraria profesional.

  1. El presente capitulo es de aplicación al uso de productos fitosanitarios en cualquier actividad distinta de la producción primaria agrícola profesional. Concretamente, es aplicable a los tratamientos fitosanitarios que se hayan de realizar en: a) Espacios utilizados por el público en general, comprendidos las áreas verdes y de recreo, con vegetación ornamental o para sombra, dedicadas al ocio, esparcimiento o práctica de deportes, diferenciando entre: b) Campos de deporte: Espacios destinados a la práctica de deportes por personas provistas de indumentaria y calzado apropiados, diferenciados entre abiertos y confinados, conforme a lo especificado en a). c) Espacios utilizados por grupos vulnerables: Los jardines existentes en los recintos o en las inmediaciones de colegios y guarderías infantiles, campos de juegos infantiles y centros de asistencia sanitaria, incluidas las residencias para ancianos 2. Las zonas a que se refieren las letras a) b) y c) del apartado anterior tendrán la consideración de zonas específicas y como tales, la autoridad competente velará porque se minimice o prohíba el uso de plaguicidas adoptándose medidas adecuadas de gestión del riesgo y concediendo prioridad al uso de productos fitosanitarios de bajo riesgo.

Artículo 47. Restricciones generales en ámbitos no agrarios.

  1. En todos los espacios y áreas comprendidas en los ámbitos referidos en el artículo 46 quedan prohibidos, con carácter general para todas las clases de usuarios: a) Los tratamientos mediante aeronaves. b) Los tratamientos con productos fitosanitarios preparados en forma de polvo mediante técnicas de aplicación por espolvoreo con asistencia neumática, salvo el caso de tratamientos confinados en invernaderos, almacenes u otros espacios estancos.

 Artículo 50. Condicionamientos específicos para los ámbitos no agrarios.

  1. En los espacios utilizados por el público en general, el responsable de la aplicación deberá: a) Adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca el acceso de terceros, tanto durante la ejecución de los tratamientos como durante el periodo de tiempo siguiente que se haya determinado necesario para cada caso. b) Realizar los tratamientos en horarios en que la presencia de terceros sea improbable, salvo que se trate de jardines cercados o que sea posible establecer una barrera señalizada que advierta al público de la prohibición del acceso al área comprendida dentro del perímetro señalizado. 2. En los espacios utilizados por grupos vulnerables, además de cumplir lo especificado en el apartado 1, se requiere el conocimiento previo del director del centro afectado conforme a lo expresado en el apartado 1.a), para que pueda adoptar las medidas preventivas que procedan. El director del centro, con al menos 48 horas de antelación al tratamiento, podrá proponer justificadamente una fecha u hora más apropiada.

Por tanto, las escuelas y zonas aledañas son zonas especiales, frecuentadas por grupos vulnerables, en las que se deberá minimizar o evitar el uso de pesticidas, se prohíben los productos en forma de polvo, se deben realizar los tratamientos en horarios donde la presencia de terceros sea improbable, y deberá informarse al director del centro educativo con más de 48 horas de antelación para que éste pueda con al menos dos días de margen proponer justificadamente una fecha y hora más apropiada.

Los ayuntamientos, además, están obligados a comunicar a los vecinos, con 8 días de antelación, el lugar y fecha previstos de los tratamientos y los productos fitosanitarios a utilizar

10. Conclusiones

En este breve documento se han mostrado varias ideas a considerar:

  1. El debate científico sobre el glifosato está condicionado por el factor económico y político, lo que explica en parte las discrepancias de criterio entre varias agencias reguladoras.
  2. Desde un punto de vista científico existe una amplia evidencia de publicaciones recientes y en revistas de alto impacto de la toxicidad de este herbicida, y sus efectos no deseados en humanos, animales, plantas y ecosistema.
  3. En humanos, la exposición a glifosato se asocia principalmente a linfoma no-Hodgkin, problemas hepáticos y renales, y efectos genotóxicos.
  4. Los efectos tóxicos del glifosato pueden darse a dosis por debajo de las permitidas en la Unión Europea.
  5. El glifosato es el ingrediente activo del herbicida, pero las sustancias adyuvantes del producto pueden ser mucho más tóxicas incluso que el propio glifosato.
  6. El tiempo de degradación del glifosato y de su metabolito tóxico (AMPA) es muy variable y depende de las condiciones del suelo y del clima. En climas secos y en meses fríos puede ser de varias semanas o incluso de varios meses.
  7. El glifosato y el AMPA se dispersan por la acción del viento en climas y terrenos secos añadidos a partículas de polvo, pudiendo afectar a zonas aledañas, y también a zonas alejadas varios kilómetros.
  8. En varias ciudades de España y de otros países existen proyectos municipales para la erradicación del glifosato en parques, jardines y vías públicas. El ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona confirma que se necesita un cambio cultural y una planificación estratégica, para hacer una transición hacia una situación de cero biocidas.
  9. La legislación europea y española es clara en su recomendación de evitar el uso de herbicidas en zonas sensibles, como son las frecuentadas por niños, y usar alternativas no tóxicas.
  10. Si en el futuro la evidencia científica evoluciona y se prueba la inocuidad del glifosato en las condiciones en las que se usa en la actualidad, habrá que admitirlo con toda la honestidad y sin ningún tipo de rubor. Pero, a día de hoy, no es así.

11. Recomendaciones para la gestión

En base a lo especificado, me permito realizar las siguientes recomendaciones para la gestión:

  1. Considerar este asunto como un tema independiente de las ideologías de cada vecino o de cada miembro de la Junta. La enfermedad no te pregunta si eres de un color político o de otro. El cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de las recomendaciones de la legislación europea y española tampoco debería ser cuestión de ideología. El que la regulación del glifosato tenga imbricaciones económicas y políticas es simplemente debido a un tema de conflicto de intereses. Pero a nivel de vecino, de ciudadano, de habitante de Santa Ana, lo importante tendría que ser evitar este tipo de amenazas para la salud y para el entorno, independientemente, insisto, del color político de cada uno.
  2. Plantear en la Asamblea un cambio de estrategia en la gestión de las malas hierbas de los jardines, parques y vías, presentando un plan de acción para los próximos meses/años, que sea secuencial, que se ajuste a las recomendaciones legislativas de minimización o eliminación de biocidas, y que se vote para su aprobación.
  3. Ese plan deberá ser explicado, divulgado, comunicado al vecindario, como una forma de reorientar la gestión del barrio, dentro de un cambio cultural que afecta a todas las partes implicadas. ¿Qué barrio queremos? Esa es, quizá, la pregunta esencial.
  4. Involucrar a la empresa de jardinería y a los empleados, y programar un nuevo calendario de actuaciones, con la posibilidad de realizar en un primer momento pruebas piloto en áreas concretas, y con el compromiso de evitar desde un principio el uso de herbicidas en las zonas más sensibles.
  5. Presentar un nuevo presupuesto del nuevo programa de eliminación del glifosato, que principalmente contemplaría, entre otros, la posibilidad de comprar una máquina de vapor de agua.
  6. Comunicar a los vecinos con la suficiente antelación cualquier tipo de fumigación a realizar en el proceso de transición, tal y como marca la legislación vigente.
  7. Plantear la posibilidad de diseñar programas de intervención con los centros educativos del barrio, por los cuales de planten o mantegan alcorques, por ejemplo. También existe la posibilidad de plantear iniciativas voluntarias de cogestión de espacios verdes en Santa Ana, por ejemplo, implicar a los vecinos que así lo deseen en el cuidado de determinados segmentos de parterres.

12. Efecto sobre el municipio

Afortunadamente, varios meses después de la primera versión de este artículo, la ciudad de Cartagena ha aprobado la eliminación del glifosato (y de otros herbicidas químicos) para usos no agrarios en espacios públicos (ver documento).

mocionCartagena

Sin embargo, se sigue emlpeando este producto en parques y jardines (el último caso es del 14 de marzo de 2019), por auténticos irresponsables que, no sólo obvian toda esta información presentada en este post, sino que desoyen los propios principios acordados por al ayuntamiento de la ciudad. La colaboración ciudadana se convierte entonces en fundamental para identificar a quien vean fumigar, y pedir las responsabilidades oportunas.

El 5 de julio de 2017 se aprobó una moción en la Asamblea Regional sobre el uso de herbicidas químicios. En ella no habla en concreto sobre el glifosato sino sobre todos los herbicidas químicos, y dice específicamente esto en uno de los párrafos:

Que en un ejercicio de responsabilidad en defensa de la salud de los murcianos y murcianas como de su patrimonio natural, tal y como recomienda el Real decreto 1311/2012, se limite y prohíba progresivamente en un plazo de 2 a 3 años la aplicación de herbicidas químicos para todos los usos no agrarios en los espacios de uso público, carreteras o redes de servicio en todo el territorio optando siempre por métodos sostenibles biológicos, físicos y otros no químicos siempre que permitan un control satisfactorio de las plagas

En Cartagena, en el siguiendo vídeo se muestra la sesión del pleno de 30 de noviembre de 2017 en el que se aprobó la moción (4h 25minutos – 4h 31 minutos). En esos 6 minutos se lee la moción y se aprueba por votación.

Seguiré actualizando esta entrada para ir incluyendo nuevas evidencias científicas sobre el glifosato e informaciones relacionadas acerca del comportamiento de la industria y reguladores.

Referencias

Aitbali, et al. (2018). Glyphosate based- herbicide exposure affects gut microbiota, anxiety and depression-like behaviors in mice. Neurotoxicology and Teratology, doi: 10.1016/j.ntt.2018.04.002

Ajuntament de Barcelona (2017). Espacios verdes y vía pública sin aplicación de herbicidas químicas: La experiencia de Barcelona. Jornada AEPJP, Madrid, 23 de ferbero de 2017.

Barruti, S. (2018, julio 23). Las manchas de la fumigación. Descargado desde: https://gatopardo.com/reportajes/glifosato-argentina/

Benbrook, C. M. (2016). Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally. Environmental Science Europe, 28 (1), 3.

Bento, C. P. et al. (2016). Persistence of glyphosate and aminomethylphosphonic acid in loess soil under different combinations of temperature, soil moisture and light/darkness. Science of the Total Environment, doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.07.215

Bento,  C. P. et al. (2017). Glyphosate and AMPA distribution in wind-eroded sediment derived from loess soil. Environmental Pollution, doi:1 0.1016/j.envpol.2016.11.033

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Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2019, septiembre 7). Ciudades y vecindarios libres de glifosato; aplicación a Santa Ana. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b239

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