(#432). BIG CHICKEN; EL PELIGRO DE LOS ANTIBIÓTICOS

[MONOTEMA] En Big Chicken, Maryn Mckenna cuenta con detalle la historia de cómo los antibióticos se introdujeron en la alimentación a finales de los años 40 del siglo pasado, primero en Estados Unidos, y luego en el resto del mundo, y han sido (y son) una de las principales causas de la que es probablemente la mayor amenaza para salud pública en la actualidad: la resistencia microbiana a estos medicamentos.

La autora comienza al libro hablando de un brote de Salmonella fuera de lo común en 2013 en el oeste de Estados Unidos, una bacteria cuyo origen estaba en un matadero de pollos y que además era resistente a una gran variedad de antibióticos: ampicilina, cloranfenicol, gentamicina, kanamicina, estreptomicina, sulfamidas y tetraciclina

La resistencia a los antibióticos es responsable de al menos 700000 muertes al año en todo el mundo, 25000 en Europa. En 2050 se predice que mueran 10 millones de personas al año. Las bacterias han evolucionado rápido, desarrollando defensas contra los antibióticos. La penicilina llegó en los años 40 y la resistencia en los 50, la tetraciclina en 1948 y la resistencia apenas 10 años más tarde, la eritromicina fue descubierta en 1952 y su resistencia llegó en 1955.  Es decir, la resistencia fue desarrollada desde el comienzo, pero ahora parece que lo hacen incluso más rápido.

No sólo el mal empleo de los antibióticos en humanos puede ser la causa de ello, sino su uso en animales, especialmente en países como Estados Unidos, donde hasta 2013 no había ninguna regulación, y se permitía dárselo a los pollos para hacerlos más grandes y musculosos en menor tiempo, además de protegerlos contra las enfermedades. Hoy un pollo de matadero pesa el doble que hace 70 años y llega a ese peso en la mitad de tiempo.

Los antibióticos comenzaron a añadirse a la comida animal a finales de los años 40, en el contexto del boom científico de la época, en el que parecía que todo lo que tenía un componente nuevo tecnológico era un signo del progreso que no se podía cuestionar. Pero muy pronto se alzaron voces en contra: primero algunos científicos aislados quienes fueron objeto de burla por dar la voz de alarma, luego pequeños comités, después importantes sociedades médicas, y finalmente los gobiernos. En Estados Unidos ese proceso duró más de 60 años.

Al comienzo, la penicilina se vendía sin regulación, no fue hasta 1951 cuando sólo se haría por prescripción médica. En aquella época se llegaron a vender pasta de dientes, lápices de labios, chicles…que llevaban este antibiótico.

En 1945, pocos meses antes de recibir el Nobel, Fleming decía lo siguiente:

La mayor posibilidad de mal en la auto medicación es usar dosis demasiado pequeñas, tal que, en lugar de acabar con la infección, los microbios son educados para resistir a la penicilina.

Entonces seguía advirtiendo que ese organismo adaptado podía pasar a otros individuos y expandirse:

En tal caso, la persona irresponsable que ha jugado con el tratamiento de penicilina es moralmente responsable de la muerte del hombre que finalmente sucumbe a la infección con el organismo resistente a la penicilina.

Pese a esas advertencias se seguía alimentando con antibióticos a millones de pollos en Estados Unidos, para promover su crecimiento. Se hicieron experimentos poco éticos con niños prematuros en Kenia, Guatemala, e incluso en Estados Unidos, y no mostraron efectos secundarios; es más, los promotores de crecimiento funcionaron, lo que fue un empujón más para su uso en animales.

En 1953 la FDA aprobó también el uso de antibióticos para proteger a los animales de enfermedades, es decir como uso preventivo. Si la dosis para hacerles crecer como promotores era de unos 10 g/kg, la dosis como preventores de enfermedades era de unos 200 g/kg. En 1955 la FDA aprobó el uso de antibióticos también como conservantes de la comida.

El empleo en todo tipo de animales se generalizó. En 1956, un estudio mostró que el 11% de las muestras de leche de los supermercados tenía penicilina, en cantidades que podrían servir incluso como medicina en humanos. Pese a que había un norma que estipulaba que los primeros litros de leche de las vacas se tiraran, la realidad es que no era así en muchos casos. Las máquinas para ordeñar habían hecho que se diera antibióticos a las vacas para evitar infecciones que no se producían cuando se les sacaba la leche de forma manual.

No sólo las infecciones por Salmonella se han incrementado en Estados Unidos, sino que esta bacteria es cada vez más resistente a los antibióticos. Las personas que pasan por esta enfermedad son luego más vulnerables a otras patologías, tienen más probabilidad de sufrir otros problemas de salud.  Las bacterias resistentes que se encuentran en las heces de los animales de granja se expanden sin control, por las aguas subterráneas, por las carreteras a través del transporte de esos animales, etc.

En 1999 la Unión Europea prohibió parcialmente varios promotores del crecimiento, y en 2006 prohibió todo uso antibiótico como promotor. Pero un estudio mostró que el total de antibióticos vendidos en Holanda no había cambiado en ese periodo, es decir, los productores habían renombrado los antibióticos que fabricaban, combiando las etiquetas de promotores de crecimiento a preventivos. Pero luego también se prohibió como uso preventivo, y en la actualidad sólo se pueden emplear por prescripción veterinaria. Esa prescripción se registra en una base de datos nacional, y no se pueden prescribir antibióticos que se emplean en humanos. En Estados Unidos, todavía hoy, se permite el uso preventivo con algunas limitaciones, aunque en países emergentes, como China, es está todavía muy lejos de las regulaciones que existen en Europa.

En conclusión, un libro muy esclarecedor sobre cómo se ha convertido un alimento en un producto industrial regido por las leyes del mercadeo, en lugar de por la lógica de la biología y de la salud. Una obra en la que también se pueden encontrar lecciones sobre alertas tempranas que no fueron escuchadas, y sobre acciones que se han tomado quizá demasiado tarde, desoyendo a científicos que sufrieron la mofa y el descrédito por ir en contra de la rueda aplastante del “más rápido y más barato”.

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(#429). LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN VENTA

[MONOTEMA] En este nuevo episodio de Doble Cara he tenido la oportunidad de exponer la problemática de la progresiva mercantilización de la educación en las universidades públicas.

Partiendo de las causas de esta tendencia, cuyos orígenes en Estados Unidos tienen un punto de inflexión a comienzos de los años 90, he realizado un paralelismo con el caso español, que tristemente está copiando ese modelo que prima la participación de corporaciones privadas.

De la mano de Antonio J. Mayor, hemos hablado de la deuda millonaria de los estudiantes norteamericanos, por un sistema en el que los precios de la educación universitaria se han incrementado en más del 1000% en los últimos 40 años, y donde las corporaciones y millonarios mecenas financian unos servicios que deberían ser cubiertos por el Estado. Obviamente, mostramos ejemplos de cómo esa financiación no es gratis, y esos agentes privados intentan interferir en la autonomía de las universidades, convirtiendo estas en un mero instrumento de relaciones públicas más. De especial interés es el caso de Nike en la Universidad de Oregón, del cual hemos mostrado ejemplos concretos de cómo ha ejercido su poder e influencia.

En España, la situación se va pareciendo cada vez más al modelo norteamericano: reducción de la financiación pública, incremento de las tasas, empleo precario, aumento de la participación de corporaciones privadas. Así, las universidades públicas compiten por la obtención de donaciones privadas, que en muchas ocasiones se edulcoran con el concepto de mecenazgo (como las cátedras), pero que no son más que patrocinios encubiertos, por los cuales la universidad pública se convierte en una plataforma de comunicación de marketing para las corporaciones privadas, a la vez que adquiere un estatus de “producto de lujo” para la mayoría de los bolsillos de los ciudadanos.

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(#386). PRINCESAS DISNEY A CAMBIO DE ESCLAVITUD

[DESPIERTA] Un nuevo informe de China Labor Watch nos vuelve a recordar en estas fechas navideñas la responsabilidad que tenemos como compradores y lo que debemos exigirle a las marcas.

The Guardian se hace eco del estudio que retrata las condiciones laborales de cuatro fábricas chinas que hacen juguetes para Disney y Lego, entre otras marcas.

Como se muestra en este gráfico, los trabajadores reciben alrededor de un céntimo de euro por cada muñeca que se vende a casi 40 (relizando el cambio de libras a euros).

b386_2Esto indica que cada trabajador recibe como salario el 0.03% del precio de venta final, cuando el fabricante recibe el 16.4% y el distribuidor el 25.9%.

Aunque más bien deberíamos hablar en femenino, ya que como ocurre en el sector textil, la mayoría son mujeres que sufren la explotación de estas gigantes multinacionales amparadas en subcontratas de fábricas con mano de obra barata.

Los trabajadores están haciendo más horas extra de las que legalmente están estipuladas. Durante los meses de mayor exigencia realizan entre 80 y 175 horas extra al mes, a pesar que la ley china marca un límite de 36.

Además, este informe revela otras violaciones de sus derechos:

– No realizan la obligada formación de 24 antes de incorporarse a su puesto en aras de aprender convivir con sustancias tóxicas y protegerse de ellas,  y manejar maquinaria peligrosa.

– No se provee a los trabajadores de suficiente equipamiento para protección contra tóxicos en la fábrica.

– No se les realiza un examen físico previo, por lo que luego es difícil dilucidar que si enferman la empresa tiene responabilidad, es decir, no se puede demostrar si una enfermedad tiene origen ocupacional.

– Los trabajadores no reciben una copia de sus contratos y no se les explican los entresijos de los mismos.

– Viven en unas condiciones indignas, en casas dormitorio en la propia fábrica donde se acumulan hasta 8 personas en una misma habitación, a veces sin agua caliente, la cual tienen que traer a las habitaciones con grandes cubos.

– Carencia de sindicatos independientes.

– Falta de canales de reclamación efectivos. Cuando los trabajadores se enfrentan a problemas en el trabajo eligen renunciar o aceptar esas dificultades sin opción a queja.

Estos son los beneficios netos que han conseguido Disney (izquierda) y Lego (derecha) en los últimos años:

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Como se puede apreciar, Disney tuvo unos beneficios en 2018 de $12600 millones, mientras que para Lego en 2017 fueron €1048.35 millones. Estos beneficios multimillonarios no se corresponden con un cuidado de los salarios para los trabajadores de la cadena de producción.

Como afirma el informe, la estimación del salario digno en China en la provincia de Guangdong está entre los $991 y los $1078 al mes. Esto indicaría que para una casa con 4 miembros, dos personas adultas deberían ganar entre $495 y $539 mensualmente como mínimo. Sin embargo, el salario base es de sólo $301.87 en la fábrica “Jetta”, $258.74 en la fábrica “Herald”,  $287.49 en la fábrica “Wah Tung”, y $247.24 en la fábrica “Lovable”. De esta manera, se ven obligados a hacer interminables horas extra para complementar esos salarios para tratar de acercarse a un salario digno.

Las marcas presionan cada año más a los suministradores para que se consigan más unidades manteniendo el mismo coste de adquisición, y eso hace que la presión repercuta sobre las condiciones laborales de los trabajadores.

Empresas como Disney o Mattel son, paradójicamente, miembros del Ethical Toy Program (ETP), que pretende trabajar para asegurar una mejor calidad de vida de los trabajadores de la cadena de suministro, mejorando sus condiciones laborales. Como indica The Guardian, miembtros del ETP dicen que tomarán nota de este informe y que trabajarán con las fábricas para revertir la situación. Veremos qué ocurre.

Mientras tanto, este informe muestra de nuevo la irresponsabilidad de estas grandes multinacionales, que de un modo u otro son copartícipes de un sistema terrible de explotación que no son capaces de solucionar, pese a los miles de millones de beneficios que acumulan en los últimos años.

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(#344). TOXIC COMMUNITIES; PROFUNDIZANDO EN LAS CAUSAS DEL RACISMO MEDIO AMBIENTAL

[MONOTEMA]  Con unos pocos años de diferencia con respecto a Sacrifice Zones, Toxic Communities vuelve a incidir sobre la desigualdad en la exposición a tóxicos, clamando por una justicia medio ambiental, porque también las minorías étnicas y los más pobres tienen que sufrir una amenaza adicional; la polución.

Toxic Communities (2014) es un libro excelentemente documentado que, a diferencia, de Sacrifice Zones (2010), no se centra tanto en relatar el drama humano de las comunidades expuestas a industrias extremadamente contaminantes, sino que intenta indagar en las causas que subyacen a este fenómeno.

No tiene, por tanto, la crudeza de esas historias con nombres y apellidos; sin embargo, y a cambio, provee de una completísima revisión de la literatura académica sobre las diferentes teorías que se han proupuesto para explicar la relación entre la desigualdad social y la exposición a tóxicos, mostrando contradicciones en la investigación, discusiones entre diferentes posturas y una precisión excelente en los detalles.

La autora

Dorceta E. Taylor (en la foto) es una socióloga que se doctoró en Yale, y que imparte clases en la Universidad de Michigan. Ha trabajado durante toda su vida en la investigación sobre justicia medio ambiental, y eso se nota en cada página de este obra.

Taylor, en algo que es poco habitual en este tipo de libros, referencia puntualmente en el texto los trabajos que cita (sin emplear las clásicas notas al final), lo que personalmente me parece más indicado para esta clase de obras. Así, este libro simula un artículo en una revista académica, pero de 300 páginas de extensión.

Ejemplos de casos para comenzar

Taylor comienza el libro describiendo el caso de Triana (Alabama), un pequeño pueblo que tuvo la desgracia de encontrarse en las cercanías de una fábrica de DDT (Olin Corporation), situada a apenas 6 millas.

La autora recuerda que a comienzos de la década de los 50, tanto los investigadores como los fabricantes sabían que este pesticida era muy tóxico para los humanos y el medio ambiente. Fue prohibido en 1970 en Estados Unidos, justo 6 meses después de que esa fábrica cerrara. Pero Olin Corporation había contaminado ya todo el entorno, incluyendo el río donde pescaban los habitantes de la zona, convirtiendo a esos peces en comida enormemente tóxica.

Se estimó que Olin Corporation había vertido unas 417 tonelas de DDT al agua y sedimentos de la zona. Pero los habitantes de Triana (de mayoría negra) no fueron avisados sobre el peligro que corrían hasta la década de los 70. Así, en 1979, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos hizo un estudio a 518 residentes. El nivel medio de DDT en sangre era de 159.4 ng/ml, cuando el americano medio entre 12 y 74 años tenía 15 ng/ml.

Taylor continúa describiendo otros casos en su primera parte del libro, como el del Condado de Warren, en Carolina del Norte, donde los residentes (de nuevo de mayoría negra) protestaron en 1982 contra la construcción de una planta de residuos de PCB.

Cuando se decidió llevar la planta allí, el Governador dijo que era un “bien público” y la población sería protegida “de la mejor manera posible”. Pero los ciudadanos estaban preocupados porque sabían de los efectos nocivos de la exposición a PCBs; además, los activistas argumentaron que habían elegido ese lugar por racismo (aludiando a esa reiterada idea de la desigualdad en exposición a tóxicos).

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La movilización fue un referente para esta lucha en la comunidad afroamericana (Foto de Timeline.com)

La autora también comenta el caso del barrio de Diamond (Louisiana), habitado únicamente por afroamericanos, y que lindaba con una refinería de Shell. Así, 250 residentes del barrio demandaron a la empresa; sus casas se habían devaluado y además su salud estaba en riesgo. El caso fue a juicio en 1997 y Shell trajo a expertos en toxicología para testificar que la planta no suponía riesgo para la salud. Uno de los abogados de la compañía dijo: “Todos vivimos en una sociedad que tiene que tolerar ciertos inconvenientes”. Seguramente el abogado no tenía ningún familiar viviendo al lado de la refinería.

El juicio lo ganó Shell, pero finalmente en 2012 la compañía acordó con los vecinos comprar todas las casas del barrio y se los vecinos se realojaron en otros lugares.

Por tanto, en este primera parte del libro, Taylor describe brevemente varios casos que nos incitan a pensar que ciertamente existe ese sesgo en la elección de los lugares para la ubicación de las industrias más contaminantes. Además, como indica la autora, muchos estados y ciudades ofrecen incentivos fiscales para que se creen este tipo de industrias, que a su vez proveen de empleos e impuestos a esas comunidades y a las arcas públicas. Es, de este modo, atractivo políticamente, aunque luego ocurra que los efectos sobre la naturaleza y la salud de las personas acaben por levantar a comunidades enteras y resolver esas contiendas en los tribunales.

Diferentes teorías

La segunda parte del libro es mucho más extensa, y discute con gran detalle las diferentes teorías que se han propuesto para explicar este fenómeno. Taylor, como buena investigadora, muestra todas las evidencias encontradas, tanto las que que son consistentes con la hipótesis del racismo, como las que defienden que en realidad el fenómeno es mucho más compejo y obedece a múltiples causas relacionadas con la dinámica del mercado. Además, comenta diversas aproximaciones metodológicas, mostrando debilidades de varias de ellas, que probablemente hagan que los resultados sean sesgados.

En este aspecto, este libro es mucho más preciso que el de Steve Lerner. Por ejemplo, muestra diferentes investigaciones que seriamente cuestionan la aseveración de que las multas a las empresas en vecindarios ricos y eminentemente blancos sea mayor que las que se ponen en los vecinderios más pobres y negros, tal y como Lerner sostenía.

Uno de los aspectos más destacados de esta parte es, a mi juicio, la dedicada al colonialismo interno, en especial cuando habla de los indios navajos y las minas de uranio. Este capítulo es auténticamente descorazonador, y cualquiera debería plantearse tras su lectura cómo es posible que haya personas que defiendan las centrales nucleares. No sólo se trata del peligro de accidentes y de almacenamiento de residuos, sino de todo el proceso de extracción de la materia prima, cómo literalmente se “sacrifica” a miles de personas (en este caso de mayoría nativa) que trabajan en condiciones precarias y que sufren enfermedades terribles. El relato es desgarrador, y desde luego en cualquier análisis de coste-beneficio deberían imputarse estos costes humanos (incalculables para mí), y los ocasionados por la contaminación de esas áreas donde se extraen (y lo que significa para las comunidades cercanas). Si luego añadimos los costes que, en ocasiones, los gobiernos tienen que incurrir para tratar de limpiar esas zonas y, a veces, en indemnizaciones. ¿De verdad es tan “rentable” la energía nuclear habiendo otras alternativas?

Las discusiones sobre todos los modelos propuestos llevarán al lector al final del libro, y creo que les dejará un buen sabor de boca por la honestidad con la que Taylor recorre cientos de referencias bibliográficas que se han aproximado a este temática.

Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2018, junio 18). Toxic communities; profundizando en las causas del racismo medio ambiental. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b344

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(#341). NIKE Y ADIDAS SIGUEN ACUMULANDO BENEFICIOS A COSTA DE SUS EMPLEADOS

[DESPIERTA] A pocos días del inicio del Mundial de fútbol, Clean Clothes Campaing ha sacado a la luz un interesante informe en el que muestra que Nike y Adidas han incrementado su inversión en patrocinio deportivo (y también sus beneficios) a costa de seguir explotando a los trabajadores de sus fábricas, principalmente en Indonesia, Camboya y Vietam.

Nike y Adidas patrocinan a 22 de las 34 selecciones del Mundial, con contratos estratosféricos, como los 65 millones de euros al año que la marca germana paga a la selección de ese país. A nivel individual, destacan los 25 millones de dólares que Cristiano Ronaldo recibe anualmente de Nike.

Todos estos números no tendrían por qué ser objeto de crítica, si no fuera que ambas marcas siguen desatendiendo los compromisos más básicos con los trabajadores de las fábricas en el sudeste asiático. Tras is dejando progresivamente China por el aumento de los costes laborales, las principales fábricas se encuentran a hora en Indonesia, Camboya y Vietnam donde, según Clean Clothes Campaign, las violaciones de los derechos laborales son una constante, y los salarios están entre el 45% y el 65% por debajo de lo que se considera digno.

Como se puede ver en los gráficos siguientes, los ingresos y los márgenes de venta de Nike y Adidas no han parado de crecer desde el año 2005.

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No sólo los ingresos y los márgenes, también los beneficios se han disparado (en el caso de Nike) o llevan una tendencia al alza (en el caso de Adidas).

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La inversión en actividades de marketing crece, es decir, existe una dinámica creciente de inversión y beneficios que en los últimos años.

Untitled-4Nike y Adidas generan suficientes beneficios para pagar un salario digno a los trabajadores, pero no lo hacen, no está dentro de sus prioridades. Según el informe, si ambas marcas hubieran mantenido sus niveles de dividendos en el nivel de 2012 (que ya eran altos), ese dinero  se podría haber empleado en pagar un salario digno a los empleados de las fábricas. Clean Clothes estima en unos 500 millones de euros el coste añadido para Nike de pagar salarios dignos, mientras que para adidas es de poco más de 200 millones. Sus beneficios en 2017 han sido de casi 4000 y 1200 millones de euros, respectivamente. Recordemos que hace unos meses, realizamos aquí en este blog un análisis similar (aunque con diferente metodología), y concluimos también que Nike seguiría siendo ampliamente rentable si doblara o triplicara los salarios.

De igual manera, si hubieran mantenido sus gastos de marketing al nivel de 2012, ese dinero ahorrado podría haber cubierto también los salarios dignos. Adidas pagó en 2017 11 millones de euros más a Messi con respecto  a lo que pagó a Zidane 15 años antes, una suma que podría haber permitido pagar un salario digno a 44170 trabajadores en Indonesia, y a 52600 en Vietnam.

En definitiva, un informe que es conveniente leer antes de que alguno “sufra” por sus jugadores y equipos favoritos en el Mundial, y que va muy en la línea de lo que llevamos 2 años demandando en Stars for Workers.

Por cierto, is os compráis una camiseta de la selección, se estima que únicamente el 1% de ese precio va a salarios para los trabajadores, meintras que el 14.5% va al beneficio de Adidas, y el 4.5% al de la Federación.

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(#308). LOS REPUBLICANOS ADVIERTEN A LA OMS QUE LE QUITARÁN FONDOS SI NO RECTIFICAN SOBRE EL GLIFOSATO

[MONOTEMA] El Partido Republicado de los Estados Unidos acaba de dar una advertencia (algunos dirían que es más bien una amenaza) a la OMS: la financiación corre peligro.

Y es que el partido encabezado por Trump sigue “tirando de manual” neoliberal; respalda a Monsanto y no le gusta para nada que en la OMS se hayan “atrevido” a calificar al glifosato como probable cancerígeno (tipo 2A).

Así, un representate tejano del partido, Lamar Smith, decía que la OMS había emitido un jucio sobre el glifosato sin suficiente base ni respaldado por datos fiables.

Supongo que Smith no se estaría refiriendo a las múltiples evidencias que ligan al glifosato con numerosos efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, ni sobre el “intachable” comportamiento de Monsanto. No claro que no. Sin embargo, se despacha preguntándose si la IARC (órgano vinculado a la OMS) debería seguir recibiendo financiación gubernamental.

El partido demócrata publica un informe que compromete a Monsanto

En este documento recién publicado, el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología especifica una realidad que hemos contado de mil maneras diferentes en este blog.

El informe sale como respuesta al mencionado Lamar Smith, y  pone en el punto de mira a Monsanto. Así, refleja las tácticas de la industria química para atacar la ciencia que se relaciona con sus productos.

Entre esos documentos que el informe recoge, están emails internos de trabajadores de Monsanto admitiendo que el producto no es seguro, y que no podían descartar que fuera cancerígeno.

Otro punto interesante del informe es la identificación de varios científicos ligados a Monsanto, y que se han encargado de criticar los estudios que muestran efectos adversos del glifosato. Entre ellos está Bruce Chassy, profesor emérito de la Universidad de Illinois. Y por supuesto, A. Wallace Hayes, uno de los editores de la revista Food and Chemical Toxicology.

Monsanto se preparó para lo que ellos sospechaban que iba a ser la decisión de la OMS (como así ocurrío), y empezó con las clásicas maniobras de relaciones públicas (contar con profesionales afines a la industria, campaña en redes sociales, buscar el apoyo de organizaciones que defienden los intereses de la industria, etc.).

Y, fiel a su estilo, empleó la escritura fantasma para redactar un artículo con la “firma” (entre otros) de Helmut Greim. Estaba claro que Monsanto quería contrarrestar las críticas escribiendo un artículo hecho por ellos pero en el que pareciera que otros científicos independientes habían participado.

Monsanto también extendió sus brazos para contratar a personas vinculadas a medios masivos para añadir más ruido. Lo hizo con Henry Miller, médico de la Universidad de Stanford, quien escribió en Forbes un artículo “dirigido” por Eric Sachs, el jefe científico de la multinacional. Miller fue despedido de Forbes cuando se enteraron del chanchullo.

Finalmente el informe hace alusión al empleo de organizaciones teóricamente independientes y sin ánimo de lucro, pero que no son más que títeres de la industria, aunque cuenten con nombres rimbombantes y “poco sospechosos” como “Campaign for Accuracy in Public Health Research”, que es dirigida por la American Chemistry Industry. La industria del tabaco ha estado usando una estrategia similar durante mucho años.

En definitiva, nada que no supiéramos ya en este blog, pero resulta edificante conocer que en otros lugares y otras personas valoran también críticamente toda la información disponible y llegan a conclusiones similares.

La financiación de la OMS

La OMS es uno de los numerosos órganos de la ONU, y como tal recibe dos tipos de financiación. En primer lugar hay una contribución obligatoria de todos los estados miembros (193), que considera diversas variables ligadas a la riqueza y población de los países. Esa parte fija le sirve a la ONU para cubir los costes administrativos y unos pocos programas.

Sin embargo, los países pueden también contribuir voluntariamente. Muchas progamas de la ONU,como UNICEF, UNHCR (refugiados) o WFP (alimentos), se financian enteramente con este tipo de aportaciones.

En 2016 Estados Unidos contribuyó con 10 mil millones de dólares a las Naciones Unidas, de los cuales 6 mil fueron voluntarios. De ese monto, 400 millones fueron a la OMS, cuyo programa se financia con una combinación de fondos obligatorios y fondos voluntarios.

De este modo, la advertencia del republicano Smith iría en la línea de cortar recortar los fondos voluntarios. El presupuesto de la OMS en 2016 dependía en casi un 20% de las aportaciones de Estados Unidos.

Trump ha quierdo desde el principio meter la tijera a esos fondos voluntarios, por lo que no es extraño que los republicanos mantengan esa postura. En cualquier caso, es otro capítulo más de esta especie de mala película del Oeste que estamos viviendo en el que los papeles de forajidos están muy bien interpretados.

Conclusión

La ciencia sin contexto no es nada. Y ese contexto, inexorablemente, tiene que ser siempre explicado para tratar de aproximarnos a la realidad de cualquier cuestión científica. La historia del glifosato ya la sabemos, porque es la misma historia que la del Agente Naranja, la del disulfuro de carbono, o la de otros pesticidas.

Luego la manipulación de la opinión pública (y también la actuación de otros “ingenuos” científicos y periodistas que se ponen del lado de la industria porque es muy “guay” ir en contra de todo lo que suene a conspiración) complican cualquier tipo de regulación. Pero aquí las conspiraciones no tienen nada de ensoñación. Aquí son algunas multinaciones, políticos, científicos, etc. que se ponen en mano de algo bastante material: el dinero.

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(#303). EL MINISTERIO DE SANIDAD DE NUEVO TIENDE LA MANO A LAS EMPRESAS PARA UNA ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE

[MONOTEMA] Hace unas horas se ha presentado con la fanfarria habitual una nueva colaboración Gobierno+Empresas para “mejorar la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020“.  Los entresijos del plan pueden verse con detalle o de manera más resumida en la web de AECOSAN, que es el órgano dependiente del Ministerio de Sanidad que gestiona este tipo de programas.

Ya analizamos en profundidad otras de las grandes colaboraciones del ente público con las empresas en el post sobre el lobby del azúcar, un extenso análisis sobre lo que realmente representaba esa injerencia de las empresas en las políticas públicas de promoción de la salud.

Pero hoy toca hablar, más brevemente y no con todo el detalle que me gustaría por la premura del momentum, de algunos puntos del acuerdo que merecen ser comentados.

El plan de colaboración

Básicamente se trata de un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los lobbies de alimentación más importantes de España para reducir el contenido de sal, azúcar y grasas de un grupo de alimentos, que según sus propios cálculos suponen un 44% de la ingesta calórica diaria de la población.

Con el horizonte del año 2020, fabricantes y distribuidores (también en el sector de la restauración) se “comprometen” (ojo a esta palabra) a ir poniendo en circulación una serie de alimentos con el objetivo más destacado de reducir en torno al 10% la mediana de azúcares añadidos. Trece grupos y 57 subcategorías de alimentos y bebidas se ven afectadas, entre ellas los refrescos azucarados, lácteos, bollería y cereales para el desayuno. También existen objetivos en cuanto a la reducción de sal y grasas saturadas, sobre todo en derivados cárnicos, platos preparados y aperitivos salados.

Los objetivos pueden verse en detalle en los enlaces mencionados al comienzo y, ciertamente, constituyen un desafío importante para su puesta en práctica (de manera progresiva, eso sí).

Sin embargo, y pese a lo bonitas y loables que a primera vista parecen estas iniciativas, hay algunos aspectos que se podrían discutir.

Estadísticas sobre obesidad

En su “justificación”, el Ministerio provee unos datos sobre obesidad que parecen endulzar  la realidad que vivimos. Corrijo, parece que indican que en los últimos años hay “algún resultado esperanzador”. Para ello emplean el estudio ALADINO, realizado por ellos mismos, y en el que se muestra “una reducción estadísticamente significativa del sobrepeso y el exceso de peso (obesidad y sobrepeso) con respecto a los datos de 2011. Además se ha visto una reducción no significativa de la obesidad“.

El documento, además, reporta que “La estabilización de la prevalencia de la obesidad en adultos, y más concretamente la inversión de la tendencia en la prevalencia del sobrepeso y obesidad infantil hacia un peso más saludable en España, son explicables por los grandes esfuerzos realizados desde hace años por todos los actores de la sociedad de forma continuada y por ello es imprescindible seguir reforzándolos para conseguir disminuir todas las cifras de prevalencia“.

Lo primero que llama la atención es el atrevimiento de inferir que se están haciendo bien las cosas (en una implícita justificación de sus propias campañas, HAVISA entre ellas), sólo con datos de una encuesta hecha por ellos mismos en un grupo tan reducido como  niños y niñas de 6 a 9 años.

Lo segundo es apreciar el cambio de escala cuando se pasa de un gráfico que a priori les beneficia (el de los niños de 6 a 9 años) a otro que muestra la tendencia global de obesidad (ver debajo). Cosas del marketing, que dirían algunos.

 

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Más allá de estas consideraciones, los datos se pueden interpretar de otra manera. Si bien es cierto que el sobrepeso se ha estabilizado desde el año 1993 hasta el 2015, la obesidad prácticamente se ha doblado. Esto quiere decir que si un 46% de la población tenía obesidad o sobrepeso en 1993, ahora lo tiene un 53.7%, es decir, más de la mitad. Y no debe ser una cifra fácil de incrementar, porque en Europa estamos en el segundo puesto tras el Reino Unido. Por tanto, parece difícil seguir creciendo en obesidad, por lo que ver como un triunfo su estabilización es, cuanto menos, discutible. Es más, según los propios datos que emplea la AECOSAN, en 2009 había un 52.7% de personas con sobrepeso u obesidad, es decir, que en el periodo 2009-2014 no ha habido ningún tipo de retroceso global.

Aunque el informe recoge claramente que la obesidad sigue siendo un problema de primera magnitud, parece edulcorar la realidad con una disposición e interpretación de los datos bastante cuestionable. No es un triunfo que la obesidad no avance más, sino que es un fracaso que no hayamos conseguido reducir las cifras.

Por cierto, y aunque con esto de las cifras siempre hay que llevar cuidado, el estudio EPIRCE, realizado con datos del periodo 2004-2008, refleja en adultos una prevalencia de obesidad del 26.1%, bastante superior a la fuente que ha recogido AECOSAN, que indica aproximadamente un 16% en ese mismo intervalo. Y la diabetes afecta al 13.8% de la población adulta.

El consumo de azúcar

El informe del Ministerio hace una exposición sencilla y acertada de las diferentes acepciones de los azúcares añadidos, que expliqué con detalle en mi post sobre preguntas y respuestas sobre azúcar y salud.

Siempre es complicado establecer cifras sobre el consumo de azúcares, pero el Ministerio ha escogido remitirse a dos de sus propios estudios, y a otro (estudio ANIBES) financiado por Coca-Cola y la Fundación Española de la Nutrición (FEN), otra institución al servicio de la industria.

La ingesta media de azúcares añadidos en los niños de 9 a 12 años es de 48,6 g/día. Esto supone que los niños de 9 a 12 años toman el 9,8% de la energía total de la dieta en forma de azúcares añadidos. En cuanto a los adolescentes de 13 a 17 años la ingesta media es de 50,8 g/día, lo que supone que de media toman el 10% de la energía total de la dieta a partir de azúcares añadidos. Los adultos de 18 a 64 años ingieren de media 33,3 g/día de azúcares añadidos y los adultos de 65 a 75 años 20,7 g/día. Esto supone que los adultos de 18 a 64 años toman el 7,1 % de la energía total de la dieta de los azúcares añadidos y los adultos de 65 a 75 años toman el 5,1%.

En Estados Unidos los azúcares añadidos suponen el 15% de las calorías diarias, bastante por encima de las cifras que el Ministerio reporta para España (basado en esos estudios mencionados, claro). Es obvio que las cifras en Estados Unidos y España no tienen por qué ser iguales, pero los niveles en Estados Unidos en el periodo 2005-2010 están al mismo nivel que en el intervalo 1988-1994 (ha habido un descenso en los últimos años, por tanto). Dado que la OMS en 2015 informó que recomendaba un máximo de un 10% da la ingesta calórica diaria debida a azúcares libres, se antoja cuando menos curioso que el Ministerio diga que los niños y adolescentes están dentro de lo que sugiere la OMS. Insisto, son unos datos que parecen chirriar bastante.

En México, por ejemplo, en 2012 un estudio reportó un consumo del 12.5% de las calorías provenientes de azúcares añadidos (bastante más que en España, por tanto), aunque es cierto que los índices de obesidad son mayores. Otro estudio en mujeres en Estados Unidos indicó que las embarazadas toman un 14.8% de azúcares añadidos frente al 15.9% de las mujeres no encintas. De nuevo cifras mucho mayores que en nuestro país. Tampoco esta investigación muestra datos que se acerquen a las cifras españolas.

En cualquier caso la OMS recomienda bajar de ese 10% al 5% para obtener beneficios adicionales. Esa cifra del 5% también es defendida por diversos investigadores.

Objetivos para 2020

La verdad es que después de leer los prolegómenos del documento del Ministerio uno espera quizá que a nivel práctico haya reducciones importantes. Sin embargo, al visionar la tabla de objetivos que aparece entre las páginas 36 y 39, el peligro de quedarse estupefacto es ciertamente grande.

Allí aparecen objetivos tales como reducción de azúcares totales en helados infantiles del 18.9% al 18%, del néctar de piña sin edulcorantes del 11.8% al 11.2%, del pastelito relleno con cobertura del 39% al 37.1%, del flan de huevo del 24.3% al 23.57%, o de las natillas de vainilla del 16 al 15.36 %. Insisto, mirad la tabla despacio porque hay muchos más ejemplos.

Claro, alguien pensará que mejor esas bajadas (por minúsculas que sean) que no hacer nada. De acuerdo, pero lo que se esconde detrás de esto es, tal y como comentaba con el Plan HAVISA, una maniobra de marketing que hace a la industria ganar imagen y crédito político para seguir influyendo en las leyes, y que se mantenga esta situación de desregulación, y que encima se sigan anunciando pastelitos y bollería en televisión de esas marcas con el “hábitos de vida saludable” de faldón, y su vinculación al Ministerio de Sanidad.

“Compromiso”

El programa plantea otros aspectos que quizá son más interesantes, como el compromiso de limitar o eliminar ciertas acciones de marketing sobre poblaciones más sensibles, como los niños.

Vamos a ver cómo evoluciona este acuerdo y si realmente ese “compromiso” fructifica o no. La experiencia que tenemos de otros sectores con los códigos de conducta y las acciones voluntarias son tristemente decepcionantes. El Ministerio dice que va a seguir muy de cerca el plan, monitorizando el cumplimiento de los objetivos. Pero se haría necesario incluir investigaciones independientes para ello. Recordemos que, tal y como ha sucedido en el Reino Unido, los resultados de la evaluación de los programas de intervención en este sector difiere bastante si la evaluación la hacen los propios interesados con respecto a si la hacen investigadores ajenos.

Conclusión

El Ministerio de Sanidad ha escogido de nuevo el camino políticamente correcto para la industria. Las grandes empresas del sector están encantadas al vincular su imagen con la de la salud en programas amparados por el Gobierno. No hay mejor marketing que ese. Y además se ofrecen de manera voluntaria a cumplir unos códigos que, de hacerse efectivos (ya veremos), tienen un impacto muy liviano en la ingesta calórica diaria. Mientras tanto seguirán publicitando y poniendo en el mercado alimentos de muy bajo nivel nutritivo.

Seguiremos de cerca este acuerdo, mientras el Ministerio y la Industria nos dicen, al anunciar un pastelito de chocolate, que subamos y bajemos escaleras como forma de luchar contra la obesidad.

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(#301). CENSURA EN EL LENGUAJE CIENTÍFICO

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En este breve comentario publicado en Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, el autor realiza una interesante reflexión sobre la deriva de la ciencia ante la injerencia de los intereses políticos.

La censura de la Administración Trump al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (prohíbe usar palabras como “feto”, “transgénero”, “diversidad”, “subsidio”, “basado en pruebas”, “basado en ciencia”, “vulnerable”), es un retroceso importante para el papel que la ciencia debe jugar en la sociedad.

El autor alerta sobre el peligro de permitir que se decida sobre los conceptos que deben ser usados y aquellos que no. No sólo es un ataque a la ciencia, sino también a la democracia.

Hay un claro elementro político e ideológico sobre ello. El autor pone un ejemplo al respecto, citando la investigación de Kaufman et al. (2016), publicada en The Lancet, y premiada como el mejor estudio epidemiológico de 2016 por la International Society for Environmental Epidemiology, donde la concentración de material particulado PM2.5 y otros contaminantes provocados por el tráfico se asocia con un incremento de la calcificación de las arterias coronarias. Así, los debates sobre el cambio climático no deben estar bajo la responsabilidad de los políticos, sino que pertenecen a todos los ciudadanos del planeta.

Por tanto, y como bien concluye el autor, debemos luchar con toda nuestra energía frente a los ataques a los mecanismos que nos pueden mostrar las causas de las enfermedades y la muerte. De este modo, las palabras no pertenecen a los políticos, sino a la sociedades, y como tal debemos decidir cómo emplearlas.

Comentarios

Este interesante artículo del autor invita a reflexionar sobre un tema que, en mi opinión, está viéndose lamentablemente alentado en nuestro país, y es la censura de ciertos conceptos porque un sector de la comunidad científica los considera pseudociencias.

En particular, resulta extremadamente triste la postura frente a los efectos de la radiación no ionizante (antenas, móviles, Wi-Fi, cables eléctricos, etc.) sobre la salud, con frases como esta: “La radiación que emite un móvil, una red wifi o una antena telefónica es, por lo demás y según todas las investigaciones publicadas hasta la fecha, incapaz de generar ningún efecto en nuestro cuerpo“.

Esta situación ha llevado a que, por ejemplo, la Real Academia Nacional de Medicina (RANM), rechazara las conclusiones y no permitiera firmar una declaración de científicos en su sede, sobre los efectos nocivos de los campos electromagnéticos.

Es extremadamente grave que se hayan publicado cientos de artículos mostrando ese efecto biológico pernicioso, y que se siga hablando todavía en esos términos, que ni siquiera dejan un lugar a la duda científica.

Ni la ciencia ni la sociedad deben permitir que se censure, se controle o se pervierta ningún tópico que tiene una justificación plausible, y que se aborda siguiendo el método científico.

El comportamiento de algunos de esos auto llamados científicos “escépticos” (en una perversión también del significado de esa palabra) no se diferencia mucho del de Trump. De hecho, incluso puede que sea más peligroso al impedir avances sociales en defensa de personas vulnerables, como las electrosensibles. Honestamente pienso que no todos los científicos escépticos son así, incluso hay personas de gran calidad humana y profesional, pero que probablemente adoptan esa postura porque desconocen la literatura (multidisciplinar) relevante al respecto. Pero eso está provocando mucho daño.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Vallverdú, J. (2018). Post truth, newspeak and epidemiological causality. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, doi 10.26717/BJSTR.2018.02.000674:

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(#299). CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POLUCIÓN; CONTRA DE LA CURVA DE KUZNETS

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En este artículo publicado en Economics and Business Letters, los autores realizan un análisis sobre la relación entre el crecimiento económico, el uso de energías renovables y la polución en países de la Eurozona.

Un repaso de la literatura muestra que existen resultados contradictorios con respecto a esa relación. Como comentan los autores, hay estudios que están en consonancia con la curva de Kuznets mientras que otros muestran evidencias opuestas.

Recordemos que la curva ambiental de Kuznets postula una relación de U invertida entre el crecimiento económico y la degradación ambiental, en la línea de su también conocida curva que relaciona la desigualdad social con el crecimiento económico. De este modo, bajo la hipótesis de Kuznets, el crecimiento económico conlleva un inevitable incremento de la desigualdad y de la contaminación ambiental, pero llegados a un punto crítico ese crecimiento produce la inversión de la curva, estableciéndose una relación opuesta, es decir, a mayor crecimiento menor desigualdad y menor impacto ambiental. Estos postulados de Kuznets son usados como motor de las políticas neoliberales, donde se defiende que el incremento de la desigualdad y la degradación ambiental estarían justificados en base a una futura mejora si se sigue por la senda del crecimiento sin límites.

El objetivo de esta investigación es poner a prueba de nuevo esta hipótesis en los países de la Eurozona, usando como variables ambientales cuatro diferentes contaminantes: óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metánicos, y dióxido de carbono.

Metodología

Los autores recopilaron datos sobre 19 países de la Eurozona, entre 2005 y 2013. Además de las variables ambientales comentadas, se emplearon diferentes covariables para construir el modelo estadístico: ratio de crecimiento per cápita, intensidad de la energía (consumo de energía), eficiencia energética, y cuota de energía renovable en el total del consumo.

El modelo propuesto se estimó usando técnicas de panel dinámico, empleando como instrumentos el valor de las variables ambientales en el periodo inmediatmente anterior.

Para plantear la significatividad de la curva de Kuznets se han de incluir un término cuadrático y otro término cúbico a la ecuación, y ver cómo se comportan los coeficientes estimados. En la investigación de Catalán (2014) se pueden ver gráficamente qué significado tienen esos coeficientes para la forma de la curva. La curva (C) refleja los postulados de Kuznets.b299_1Resultados e implicaciones

Los resultados indican un escenario similar al (A) de la gráfica anterior, donde existe una relación lineal entre crecimiento per cápita y las emisiones de gases contaminantes.

El resto de covariables tiene una interpretación más compleja, ya que su efecto sobre los 4 gases contaminantes depende del método de estimación empleado y del tipo de contaminante. Hay evidencia más débil de que la intensidad de la energía contribuye a la degradación ambiental, y que cuando se incrementa el peso de las renovables las emisiones disminuyen. Sin embargo, el papel de la eficiencia energética está menos claro en el modelo, a tenor de los resultados.

En consecuencia, esta investigación ha mostrado la hipótesis de Kuznets no es consecuente con los datos empíricos.

Limitaciones/Comentarios

En mi opinión, el principal problema de esta investigación reside en dar una explicación más detallada del papel que juega la variable de eficiencia energética, y su relación con la emisión de contaminantes. La eficiencia energética y la intensidad energética son términos opuestos, en el sentido de que es esperable que el incremento de una produzca la reducción de la otra. Por tanto, incluir las dos variables en el modelo hubiera merecido una mayor explicación.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Fotis, P. N.& Pekka, V. (2017). The effect of renewable energy use and economic growth on pollution in the EUROZONE. Economics and Business Letters, 6 (4), 88-99.

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(#291). RELACIONES PÚBLICAS Y MÁS ALLÁ

[MONOTEMA] En la universidad suelen enseñar que el marketing emplea una herramienta de comunicación llamada “relaciones públicas” para intentar conseguir la favorabilidad del público objetivo al que se dirige la marca.

En muchas ocasiones se confunde con la “publicidad” pero se suelen diferenciar ambas herramientas; en la publicidad se paga y se controla el mensaje, mientras que en las relaciones públicas se puede pagar (patrocinios) o no pagar (publicity) pero el mensaje no se controla directamente.

Sin embargo, a nivel práctico, la idea de la comunicación de marketing es siempre la misma; enviar el mensaje que le interesa a la marca (entendiendo marca como cualquier emisor con algo que “ofrecer”), aunque sea contando sólo una parte de la historia (casi siempre ocurre así, claro). De este modo, las relaciones públicas se convierten en una herramienta de manipulación o de control sobre la información. Ya vimos en el tema de las campañas de alimentación y el lobby del azúcar, a qué nos referimos cuando aludimos a contar sólo una cara del asunto.

En este post voy a comentar 3 casos muy recientes de empleo de las relaciones públicas que nos deben ayudar a entender lo difícil que es acceder a información completa, a concer los hechos tal y como son, con el mínimo sesgo.

La EPA necesita marketing

Después de las numerosas alusiones a la supuesta mala práxis y las sospechas de corrupción y connivencia con la industria que he realizado en este blog, no es de extrañar que la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos, vuelva a protagonizar otro episodio digno de comentar.

Según se describe en este artículo, acababan de contratar a una agencia de relaciones públicas para echar una mano a la imagen maltrecha de Scott Pruitt y, en general, de la propia institución.

Definers Corp había sido la agraciada, con un suculento contrato de $120000. Pero los lazos evidentes de esta corporación con el partido republicano, y las acciones realizadas opiniéndose a ambientalistas, investigadores e incluso a la propia EPA en el pasado, han puesto el asunto en boca de los medios masivos.

Tal ha sido el jaleo montado que acaban de anular ese contrato, y es que también habían saltado voces alertando de que la empresa de relaciones públicas podría monitorizar también a aquellos trabajadores de la EPA críticos con Trump o con el giro que pudiera tomar la organización tras poner al frente al controvertido Scott Pruitt.

El contrato, además, fue “a dedo” y la EPA ha tenido que recular. En cualquier caso, la EPA ya había realizado un contrato similar con otra agencia de relaciones públicas anteriormente por $207597.

¿Para qué quiere una agencia gubernamental que trabaja para proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente gastarse tanto dinero del contribuyente en actividades de “imagen”? Pues, dados los antecedentes, no sería descabellado que algunos piensen que es para modelar la opinión del ciudadano sobre ciertos temas clave relacionados con la regulación de pesticidas o el cambio climático, por ejemplo.

Los Koch atacan de nuevo

Ya tenemos de nuevo a Industrias Koch protagonizando una nueva “intervención“. En esta ocasión, van a gastar varios millones de dólares una campaña multitudinaria para tratar de “vender” el nuevo plan de impuestos de Trump. Ya sabéis, ese plan en el que se rebajan los impuestos a las grandes empresas y en el que también parece que se van a beneficiar la clase media, salvo por el matiz de que sólo se asegura esa bajada hasta 2025, mientras que para las empresas no hay límite temporal.

La red Koch ya había gastado más de $20 millones de dólares este año en impulsar el proyecto de ley. Ante tal avalancha de esta “campaña educativa”, resulta difícil imaginar las múltiples vías y estrategias que emplearán para conseguir la favorabilidad del público, que como hemos dicho es el principal objetivo de las relaciones públicas.

¿Medicamentos caros?

No podía faltar en este trío un clásico de las relaciones públicas y del marketing: la industria farmacéutica. Las grandes compañías colaboran a través de PhRMA, una especie de asociación de productores, que ponen unos $270 millones para crear un “bote” del que ir sacando cachos para “repartir” a distro y siniestro.

Y ese reparto va hacia campañas publicitarias, políticos (de ambos bandos, que nunca se sabe), abogados para que se creen leyes que perjudiquen sus beneficios y, por su puesto, asociaciones de pacientes y fundaciones de diversas patologías.

Johnson & Johnson, Pfizer, Merck… son algunas de las farmacéuticas que forman el grupo que pretende luchar contra la mala imagen que, entre otras causas, origina el elevado precio de los medicamentos. En 2016, se gastaron $425 mil millones, y la tendencia sigue al alza.

Conclusión

El dinero mueve una maquinaria de relaciones públicas que hace que la información fluya en un sentido que no siempre coincide con los intereses de la mayoría de ciudadanos, ni siquiera en muchas ocasiones con los más básicos derechos.

Así, la inversión en contar la historia que le interesa a la parte protagonista, es común tanto en una agencia del gobierno (EPA), como en el propio gobierno (a través de lobbies de la industria), como en organizaciones privadas (farmacéuticas). Por tanto, los ciudadanos convivimos ante una lluvia incesante de mensajes que tratan de crear una actitud favorable, pero sólo mostrando la cara que les interesa a los emisores.

¡Vaya novedad!, pensarán algunos. Eso ya lo sabíamos, claro que sí. Pero no está demás ejemplificarlo de vez en cuando para recordar el poder del contexto en la valoración de la información, y en cómo se puede tergiversar una realidad por el mero hecho de invertir más dinero en ello. Y claro, lamentablemente los grupos de presión que defienden el dinero, tienen más presupuesto que los grupos de presión que defienden a las personas y a la naturaleza. La lucha es desigual, muy desigual.

Nunca sabemos realmente lo que está detrás de todas las informaciones que nos llegan. Por eso, lo más prudente es intentar actuar de manera crítica, uno mismo, leyendo la literatura científica, valorando los posibles sesgos que ésta puede sufrir, y después juntando todo ello con los intereses económicos que rodean la cuestión que se esté estudiando.

Valorar la ciencia de forma aséptica sin tener el cuenta el contexto es tan erróneo como quedarse únicamente con el p-valor de un análisis estadístico sin analizar completamente la metodología del estudio. Leamos ciencia pero aprendamos también de la historia. Y luego podremos empezar a sacar conclusiones.

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