(#375). LOS LOBBIES Y LA REGULACIÓN SOBRE EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIA EN ESTADOS UNIDOS

[MONOTEMA] En 2015, el veretano periodista Norm Alster realizó una investigación mientras cursaba un posgrado en el Edmon J. Safra Center for Ethics, de la Universidad de Harvard.

El trabajo consistía en analizar cómo la industria de las telecomunicaciones se había apoderado de la voluntad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la agencia reguladora estadounidense. La investigación es de libre acceso, y puede descargarse aquí.

Alster proporcionaba datos muy interesantes sobre los conflictos de intereses permanentes en los altos cargos de la FCC (puertas giratorias), así como acerca de las presiones de la industria para conseguir dinero público en forma de subsidios en programas nacionales de expansión de internet a centros educativos y bibliotecas.

En este post, vamos a comentar brevemente algunos de los puntos más destacados de este trabajo.

Agencia capturada

La FCC está “capturada” por la industria de las comunicaciones, principalmente por dos grupos de presión: The National Cable and Telecommunications Association (NCTA) y la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) – a esta última pertenecen grandes gigantes del sector como Verizon, AT&T y T-Mobile USA.

Alster indica que el sector gastó casi $800 millones en actividades de lobby en 2013-2014. Sin embargo, podemos intentar completar esos datos con algunas cifras más actuales. Visitando OpenSecrets.org, podemos comprobar que la NCTA gastó en el ciclo 2017-18, $1.9 millones en contribuciones políticas (candidatos, PACs, partidos) y $19.41 millones en actividades de lobby. Además, 84 de los 104 lobbistas habían tenido anteriormente un empleo en el gobierno.

La CTIA, por su parte, en el mismo periodo a gastado casi $300000 en aportaciones políticas, y $16.46 millones en actividades de lobby. Como en el caso anterior, la mayoría de sus lobbistas habían sido cargos públicos (46 de 57).

Es importante señalar que, aparte de estas organizaciones “sin ánimo de lucro”, sus asociados contribuyen también individualmente. Por ejemplo, Verizon, gastó casi $2.2 millones en contribuciones políticas, mientras que en lobby la inversión fue de $18.95 millones. De nuevo,  gran parte de su plantel había sido antes cargo gubernamental (127 de 150).

Así podríamos seguir un buen rato más, pero creo que es suficiente para ilustrar cómo actúan las empresas de telecomunicaciones para defender sus intereses. Por un lado, contribuyen individualemente con donaciones con interés político y actividades de lobby y, por otro, lo hacen indirectamente a través de las diferentes asociaciones que engloban los intereses del sector. Como hemos dicho muchas veces en este blog, aunque las empresas compiten entre ellas, no dudan en unirse siempre en esas organizaciones para presionar al gobierno.

Quizá alguien piense que las organizaciones ambientalistas/ecologistas también pueden hacer lo mismo (y de hecho lo hacen), pero es un ejercicio interesante comprobar la diferencia en cuanto al dinero que manejan unas y otras. Por ejemplo, y para el mismo periodo de tiempo anterior, Greenpeace invirtió $682 en contribuciones políticas, y $0 en actividades de lobby. Y si nos vamos a una de las que más invierte, Environmental Defense Fund, gastó poco más de $69000 en contribuciones políticas y $1.84 millones en actividades de lobby.  Veinte de sus 31 lobbistas habían tenido cargos públicos.

Pero cuidado, hay que hilar fino y no dejarse engañar, porque algunas de las organizaciones ambientalistas más “poderosas”, como la mencionada Enviromental Defense Fund, tiene vínculos claros con la industria, por lo que no está tan clara su independencia. Por tanto, aunque veamos alguna organización ambientalista realizar donaciones y actividades de lobby, deberíamos primero ahondar en las particularidades de cada una. No obstante, y pese a ello, la cantidad invertida por estas organizaciones es totalmente irrisoria en comparación con las grandes compañías privadas. Es imposible que puedan defender sus intereses en igualdad de condiciones.

Al margen de la CTIA y la NCTA, tenemos otra organización más en este juego de siglas, la WIA (the Wireless Infraestructure Association), que es la que se encarga de defender la infraestructura de las decenas dem miles de antenas que recorren el país. Y Alster, con la siguiente figura, ilustra muy bien el baile de altos cargos entre la FCC y esos grupos de presión.

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Llegados a este punto, supongo que muchos lectores comenzarán a explicarse la razón por la cual la FCC sigue anclada en sus recomendaciones de 1996 sobre los niveles legales de exposición a radiofrecuencia en humanos. Por cierto, que Alster en su trabajo se refiere a la ley de Telecomunicación de 1996 como “la más presionada de la historia”, según palabras del senador Larry Pressler. Una legislación que permite a las empresas colocar antenas donde ellas quieran siempre que cumplan con las especificaciones sobre emisiones de la FCC, es decir, deja a los gobiernos estatales o locales sin opción alguna a decidir sobre la ubicación, aunque a la ciudadanía le preocupe, y aunque la evidencia científica sobre los riesgos sea ingente. Más o menos como ocurre en España con la  Ley de telecomunicaciones del ex ministro Soria.

Ni zonas blancas, ni zonas sensibles, ni especial cuidado en entornos como guarderías, jardines, hospitales…nada. Antenas por doquier a criterio de la industria siempre y cuando cumplan con los trasnochados y absurdos niveles (dada la evidencia científica) de la FCC.

Pero es que Alster señala que incluso esos niveles de la FCC son sobrepasados en un porcentaje relevante de las instlaciones: entre un 10 y un 20% señala tras una entrevista a Marvin Wessel, un ingeniero con varias década de experiencia en el sector. Es cierto que Alster no provee ninguna prueba más que la declaración de Wessel (y una investigación de EMF Policy Institute), pero tras el “escándalo Phonegate”, no es nada descabellado pensar que, al igual que los móviles no cumplen con los límites legales, tampoco lo hagan algunas antenas, considerando además, como indica Alster, la carencia de recursos para su adecuado control.

Si el lobby no lo consigue, lo harán los juzgados

Es el modus operandi de la industria. Cuando el control sobre la FCC y otras agencias gubernamentales no basta, entonces se recurre a los juzgados.

Así ocurrió cuando la ciudad de San Francisco quiso ejecutar una ordenanza que requería que los teléfonos móviles llevaran información bien a la vista sobre sus emisiones. Fue en 2010, y la demanda de la industria hizo que se retirara esa propuesta.

El alcalde de la ciudad, Gavin Newsom, dijo que la ordenanza no pretendía ser un ataque a la industria, sino una forma de informar mejor al ciudadano, y que le sorprendía que, en lugar de colaborar, a la CTIA no le importara gastarse grandes sumas de dinero en un proceso judicial. Pero así es la industria.

En 2015, el ayuntamiento de Berkeley propuso una ordenanza similar. Se pretendía que, de manera inequívocamente visible (no enmascarada en letra pequeña de manuales que casi nadie lee), los fabricantes de teléfonos móviles especificaran que si el usuario emplea el dispositivo en los pantalones, sujetador o bolsillo cuando está conectado a una red inalámbrica se podrían superar los niveles recomendados por la FCC, siendo mayor el riesgo potencial en niños. El caso está todavía en los tribunales, ya que la CTIA ha seguido exactamente la misma estrategia. Aquí se puede encontrar información actualizada sobre la evolución de los acontecimientos.

Los timos del despliegue en la educación

Alster comenta también diversas investigaciones acerca de la necesidad de regular mejor los niveles de exposición, algo de lo que en esta web hemos dado profusa información. Por eso nos vamos a centrar ahora sólo en uno de los puntos fundamentales de su trabajo, lo que ha ocurrido con el despliegue tecnológico para la educación financiado por la FCC, es decir, por los ciudadanos estadounidenses.

El “E-Rate” es uno de los programas del Universal Service Fund, un sistema de subisdios y pagos promovido para hacer que la tecnología llegue a las escuelas y bibliotecas. Alster comenta que, en 2015, se habían gastado ya $40 mil millones sólo en ese programa.

El funcionamiento es simple, los fondos públicos del Universal Service Fund se emplean para ayudar a las instituciones educativas a adquirir material informático y conectividad (incluyendo sistemas Wi-Fi y tablets para alumnos). De este modo, a esas instituciones les sale mucho más barato esa compra con respecto a si tuvieran que hacerlo sin el subsidio, pero las compañías siguen haciendo negocio. Esos descuentos pueden estar entre el 20 y el 90%. Es decir, un trasvase de dinero público a manos privadas.

Sin embargo, hay más. Los casos de fraude se han multiplicado en los últimos años, donde compradores y vendedores han realizado prácticas corruptas para obtener beneficio propio. Así, Alster comenta casos de soborno por parte empresas (IBM, HP, AT&T) para que las compras se hicieran a ellas. La responsabilidad es doble, que conste, de las empresas pero también de aquellas personas/instituciones que han aceptado ser parte del juego corrupto (documentación falsa, licitaciones irregulares). Y no son casos aislados, según Alster.

Como comenta el autor, la industria (por supuesto) quiere que se destinen aún más fondos al programa, y si por ella fuera, cada alumno estadounidense tendría un iPad para su uso en el colegio (y fuera de él, claro). Sin embargo, el “experimento” realizado en Los Ángeles en 2014 ha dado resultados que no invitan al optimismo. Así, en pocos días, más de 300 estudiantes habían crackeado su dispositivo para “estudiar” las redes sociales y los vídeo juegos.

Alster se plantea si realmente lo primordial es dar a cada alumno un iPad en lugar de invertir en la mejora de la educación pública a nivel de profesorado e infraestructuras. Yo hago la misma relfexión, ya que aquí en España da la sensación de que a algunos educadores y padres les importa más que sus hijos tengan una tablet desde bien pequeñitos que la calidad del profesorado o la delicada situación de las instalaciones de muchos colegios. Dada la cantidad de horas de pantalla que viven niños y adolescentes en este contexto de hipertecnológico, que ese segmento de población pase también las 5 horas de clase en la escuela pegados a una tablet es, cuando menos, objeto de debate.

Conclusión

El autor nos muestra de manera convincente que la FCC no es una organización independiente que vela por los intereses generales de los ciudadanos. Esto no es nuevo, ya que conocemos sobradamente lo que sucede con otras agencias, como la EPA, o incluso ya fuera de Estados Unidos, la ICNIRP. 

De hecho, esta última agencia publicó el pasado 4 de septiembre de 2018 una nota en la que argumentaba que la evidencia mostrada por los dos estudios experimentales más ambiciosos realizados en los últimos años (NTP y Ramazzini) no es convincente para plantearse un cambio en las guías de exposición, pese a que muchos investigadores de este campo se han posicionado a favor de una evidencia clara en la relación con el cáncer.

Comportarse de forma menos arrogante y más prudente, dadas las circunstancias comentadas (evidencias de investigación y conflictos de intereses en la regulación), sería lo lógico desde el punto de vista científico y político. Seguir disfrutando de la tecnología pero informando de los riesgos y legislando de forma más sensible. Pero el dinero…

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(#355). SCOTT PRUITT DEJA LA EPA DEBIDO A SUS ESCÁNDALOS

[DESPIERTA]  Por fin dimitió Scott Pruitt, el Administrador de la EPA que había demandado a ésta en varias ocasiones cuando era fiscal en Oklahoma. El hombre que estaba al lado de los contaminadores, de los lobbistas. No obstante, y como suele suceder en estos casos, para el Presidente Trump, Pruitt ha hecho un gran trabajo en estos meses que ha estado a cargo de la agencia ambiental norteamericana. Qué iba a decir Trump, al fin y al cabo fue él quien lo puso a dedo, compartiendo, además, ideario ambiental.

Pruitt dimite principalmente por sus extravagancias, sus poco disimulados vínculos con la industria, y porque muchos de sus compañeros se han quejado de sus actividades y su abuso de poder.

Nihal Kirshan, el periodista que escribe para Open Secrets, detalla una lista (no exhaustiva) de las andanzas de Pruitt como Administrador de la EPA. Hay para todos los gustos: usar la sirenas de su coche para ir más rápido a un restaurante, vivir en una casa de un lobbista y pagar un alquiler menor al de mercado, gastarse 90 mil dólares de los contribuyentes en un mes en vuelos en jets privados y militares, utilizar a sus ayudantes para tareas personales como buscar perfumes o adquirir colchones, mantener una agenda de eventos secreta, destinar mucho más dinero del adecuado para su seguridad personal, etc.

Su sucesor es Andrew Wheeler, un antiguo lobbista de la industria del carbón. Esta gente es la que tiene el poder de la regulación ambiental en Estados Unidos. No sé si cabe decir mucho más.

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(#272). CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: LA EPA CONTRA SU PROPIA MISIÓN

[MONOTEMA] Al menos eso parece por las noticias que están sucediendo en los últimos meses en Estados Unidos. La última de ellas es la que recoge Lerner (2017): Michael Dourson ha sido propuesto para dirigir la Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, uno de los puestos más relevantes dentro de la EPA. Dourson ha sido consultor de la industria en al menos 30 de los productos que tendrá que regular.

Su consultora, Toxicolgy Excellence for Risk Assessment (TERA) ha sido recurrentemente financiada por compañías como Dow Chemical, CropLife America, the American Petroleum Institute, Koch Industries, y otros.

Como indica Lerner (2017), Dourson estará en posición de tomar decisiones sobre el clorpirifós, un insecticida que variosestudios han mostrado tóxico en bajas dosis para los niños. La EPA propuso prohibir el insecticida Clorpirifós en 2016, pero Dow (su productor) publicó un informe argumentando que se podría garantizar la seguridad en humanos en un factor 5000 veces menos restrictivo que el que la EPA recomendaba para niños entre 1 y 2 años.

Después de revertir esa propuesta de prohibición, el Administrador de la EPA, Scott Pruitt, retrasó la evaluación del clorpirifós y de otros pesticidas.

Lerner (2017) señala además que Dourson sería responsable de la implementación del Toxic Substances Control Act para estipular los niveles de seguridad algunos de los más peligrosos químicos en uso, entre ellos el Tricloretileno, 1-Bromopropano y 1,4-Dioxano, los cuales su consultora encontró más seguros que lo que lo hicieron científicos independientes.

Scott Faber, vicepresidente del Environmental Working Group dijo al respecto: “Es como poner a Phillip Morris a cargo de la American Lung Association”.

En este post vamos a profundizar un poco más en esta noticia, reflexionando sobre los conflictos de interés y la lamentable pérdida de independencia en favor del poder corporativo.

El clorpirifós y la eterna lucha de las multinacionales por proteger su negocio

Según Lerner (2017), el clorpirifós se ha ligado al autismo y déficit de desarrollo, aunque la investigación que nombra la periodista no dice específicamente que el clorpirifós se asocie con el autismo (existe evidencia débil de asociación, pero con un patrón poco claro de respuesta a la dosis), sino con los organofosfatos en general (Shelton et al., 2014), tipología a la que pertenece ese insecticida. Por tanto, es recomendable leer detenidamente el estudio de Shelton et al. (2014) para establecer conclusiones.

En 1992, Dow tuvo que sacar a la luz unos 220 informes de incidentes adversos sobre pesticidas que no se reportaron a la EPA. Esa información salió en un juicio por un accidente ocurrido en 1990 donde un exterminador casero echó clorpirifós cerca de la ventana donde un bebé estaba durmiendo la siesta; el niño quedó parcialmente paralizado. La familia demandó a Dow pero el afectado murió en la adolescencia y, aunque Dow tuvo que pagar una multa de $10 millones a la familia, nunca reconoció que hubiera hecho algo malo.

Dow amenazó con demandar a la EPA en 2000 ante la posibilidad de que la agencia reguladora lo prohibiera en la agricultura. Finalmente la EPA no lo prohibió, pero sí que en 2016 se planteó la posibilidad de hacerlo, a lo que la industria respondió con posiciones como la de esta carta enviada por Janet E. Collins, vicepresidenta ejecutiva de CropLife America (Collins, 2016), una entidad sin ánimo de lucro que representa a los productores agroquímicos. En esa carta pedían a la EPA que no basara su decisión en (según ellos) “estudios epidemiológicos que no cumplen con estándar de calidad bien definidos, y que no están integrados dentro de una evaluación de riesgos para la salud, de una manera bien definida y transparente”.

b272_2Este proceder de Dow nos recuerda mucho el que contamos sobre los herbicidas 2,4-D y 2,4.5-T (Martínez, 2017); es decir, la presión a toda costa y en contra de evidencias que muestran estudios independientes, y también en contra de evidencias circunstanciales, para mantener su producto en el mercado. Entre 2005 y 2016 Dow ha obtenido unas ganancias netas de prácticamente 40 mil millones de dólares.

El TERA como solución a los problemas de la EPA

Así es como nació este organismo en 1995, cuando Michael Dourson, tras 15 años, dejó la EPA para fundar esta entidad sin ánimo de lucro, que pretendía cubrir las deficiencias de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. En 2014, y según Adams (2014), la EPA sólo ha evaluado la seguridad de 558 de los 84000 productos que estaban en el mercado.

Es un problema de recursos, y es ahí donde Dourson vio la oportunidad de formar TERA como una organización que, según su propia definición, es independiente y tiene como objetivo proteger la salud pública, reuniendo a científicos del gobierno, la academia y la industria. Sin embargo, más del 50% de los paneles de revisión por pares que TERA ha formado desde 1995 fueron para estudios financiados por grupos industriales.

Adams (2014) comenta el ejemplo de la acrilamida, un posible cancerígeno que se encuentra en las patatas fritas. El estudio de la acrilamida realizado en 2011, cuyo objetivo era evaluar el riesgo de cáncer oral, fue financiado por Burger King y otras empresas del sector. Cuatro de sus ocho autores fueron científicos del TERA, con Dourson a la cabeza. TERA también seleccionó el panel que revisó el estudio, cuyos resultados sugieren relajar el nivel de protección de la EPA por un factor de 10.

Dourson argumenta que TERA es neutral; Los científicos que suelen trabajar para la industria a menudo se emparejan con un número igual de investigadores gubernamentales y académicos. Sin embargo, para otros expertos como Denison (2017), el TERA es un instrumento de las corporaciones para lavar la imagen de un tóxico que está bajo sospecha.

El concepto de neutralidad

Pero claro, el concepto de neutralidad es un poco particular para Dourson. Lo que nos dice la historia (ver por ejemplo, Martínez, 2017), es que la industria defiende sus intereses por encima de los de los ciudadanos, aunque para ello tenga que ocultar la verdad y contar sólo la parte del relato que le beneficia.

Bajo esta premisa si se quiere formar un panel “neutral”, los científicos de la industria tendrían que verse contrarrestados por científicos que defendieran el polo opuesto, es decir, los intereses de los ciudadanos por encima de los de la industria aunque para ello tengan que ocultar la verdad y contar sólo la parte del relato que le beneficia.

Rápidamente el lector puede darse cuenta de dónde está el problema aquí, y es que esa “otra parte” la forman en TERA investigadores gubernamenales y de universidades americanas. Estos investigadores es de esperar que tengan una visión neutral, pero neutral de verdad, lo que significa que defenderían la verdad en base a la evidencia disponible y la aplicación de medidas de precaución cuando fuera necesario. Por tanto, si en un lado tenemos un “sesgo pro industria”, al otro lado no hay un “sesgo pro ciudadanía”, sino unos científicos que se presupone independientes y que tratan de hacer su trabajo de manera adecuada.

En consecuencia, la neutralidad que defiende Dourson es bastante discutible, porque parte de un supuesto equilibrio que no existe. La visión de la industria debe ser escuchada, sí, pero su influencia contamina el proceso de toma de decisiones.

Una muestra de ese trabajo del TERA se puede ver en la siguiente figura, sobre 10 productos químicos en los que ha recomendado niveles más laxos que los hasta ahora establecidos (Denison, 2017). Parece, por tanto, que los resultados siempre van en el mismo sentido.EDF-Dourson-10-Chems-9.22.17Las redes de publicación científica

Publicar en revistas de impacto no siempre es sinónimo de calidad. A veces entran en juego otra serie de factores que influyen en que un artículo sea finalmente publicado. Es un mundo extremadamente complejo para analizarlo en este post, pero hoy simplemente podemos apuntar el ejemplo de la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology.

Según Denison (2017), 37 de 66 artículos realizados por Michael Dourson tras dejar la EPA en 1995 y ponerse al frente de TERA han sido publicados en Regulatory Toxicology and Pharmacology, una revista con un perfil claramente pro industria (con patrocinadores de la industria química y del tabaco). Dourson es, además, uno de los editores de la revista.

Los investigadores somos miembros a menudo de más de un comité editorial de revistas científicas. Es parte de nuestro trabajo. Y publicar en una revista donde eres editor o editor asociado es hasta cierto punto frecuente…pero dentro de unos límites, claro. Cuando uno publica más de la mitad de su producción científica de los últimos 20 años en la misma revista se corre el riesgo de que se piense que puede haber algún supuesto trato de favor, o al menos, que la “facilidad” para publicar en esa revista es mayor. Adams (2014), hace un razonamiento parecido.

Hacia la destrucción de la EPA

La EPA nació en 1970 con la desafiante misión de tratar de regular la inmensamente creciente puesta en el mercado de productos químicos. Sus baches han sido numerosos, y los hemos comentado en otros artículos (ej. Martínez 2017). Pero la deriva que está llevando este año 2017 es ciertamente preocupante. Como contábamos en Martínez (2017):

En febrero de 2017, Scott Pruitt se convertía en su máximo responsable, una persona que había trabajado como fiscal general de Oklahoma y que había demandado anteriormente en 14 ocasiones a la EPA bajo la presidencia de Obama, precisamente para defender los intereses de la industria frente a las políticas de cambio climático. Ahora, según describen Bieseckner & Causey (2017), se han conocido varios emails que prueban que efectivamente este abogado se coordinaba en privado con esas empresas contaminantes para torpedear las decisiones de la administración Obama. Pero el Senado de Estados Unidos ha puesto al frente de la EPA a una persona cercana a los hermanos Koch, y cuyos esfuerzos por proteger la industria más contaminante son evidentes.

Donald Trump ha bajado un 31% el presupuesto de la EPA, de 8200 millones de dólares a 5655 millones en el año fiscal  de 2018, desde el 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018), su  nivel más bajo en 40 años si ajustamos por la inflación (Trush & Davenport, 2017). Por tanto, no sólo la EPA se pone en manos de perfiles pro industria, sino que los recursos para realizar su trabajo son claramente insuficientes.

Los demócratas han criticado el nombramiento de Michael Dourson. Los republicanos, sin embargo,  contra argumentan que es una forma de luchar contra la “demasiada politización” de la EPA bajo la presidencia de Obama (Toloken, 2017). Extraña visión esta de los republicanos, ya que para ellos poner a Scott Pruitt como Administrador y a Michael Dourson como prácticamente el segundo en el escalafón no es “politizar” la EPA. Conociendo los antecedentes de Pruitt y Dourson en relación a su perfil pro industria, y tras el tremendo recorte en los presupuestos, parece que la EPA puede quedar herida de muerte.

Eso sí, en este escenario es previsible que organizaciones como el TERA y otras privadas, vean sus negocios crecer en el ámbito de la evaluación de riesgos. Estas organizaciones se  suelen vender como hace el TERA: “independent non-profit science por for public health protection”. Pero sabemos muy bien que eso simplemente forma parte de las herramientas de marketing. Ya comentamos en el post sobre el lobby del azúcar la cantidad de organizaciones, fundaciones, institutos, que en España la industria crea para lavar su imagen y dar la parte del mensaje que les interesa (Martínez, 2017).  Son organizaciones sin ánimo de lucro, sí, pero eso no significan que su misión sea defender una causa justa.

Conclusión

El “fichaje” de Michael Dourson por la EPA se une al de Scott Pruitt y a la bajada en un 31% del presupuesto de esta agencia gubernamental. Todo en el mismo año. Un panorama ciertamente preocupante que se añade a los históricos casos de corrupción y ocultación.

Mientras tanto, la industria sigue frotándose las manos, ya que la situación aparantemente se pone de cara para permitir regulaciones más laxas, además de obtener una mayor capacidad de influencia.

“America first”, sin duda, pero parece que unos más primero que otros. Estos movimientos de la Administración Trump desprotegen todavía más a una ciudadanía que (no sólo en Estados Unidos) no se da cuenta de que lo que este Sistema realmente significa para ellos.

Referencias

Adams, R. (2014, diciembre 19). One-stop science shop has become a favorite of industry—and Texas. Descargado desde: https://www.publicintegrity.org/2014/12/19/16546/one-stop-science-shop-has-become-favorite-industry-and-texas

Bieseckner, M. & Causaey, A. K. (2017, junio 16). Emails reiterate EPA chief’s ties to fossil fuel interests.  Descargado desde: https://www.washingtonpost.com/business/emails-reiterate-epa-chiefs-ties-to-fossil-fuel-interests/2017/06/15/4c799f10-523b-11e7-b74e-0d2785d3083d_story.html?tid=ss_tw&utm_term=.4b564871e2a6

Collins, J. E. (2016, noviembre 29). Carta al Dr. Jack Housenger. Director del Programa de Pesticidas de la EPA. Descargado desde: http://191hmt1pr08amfq62276etw2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/01/FINAL-CLA-Petition-Regulatory-Decision-Making-11-29-16.pdf

Denison, R. (2017, agosto 9). Dourson’s go-to journal for publishing his industry-funded papers is, well, also industry-funded. Descargado desde: http://blogs.edf.org/health/2017/08/09/doursons-go-to-journal-for-publishing-his-industry-funded-papers-is-well-also-industry-funded/

Denison, R. (2017, septiembre 18). Modus operandi: How EPA toxics nominee Dourson carries out his work for the chemical industry. Descargado desde: http://blogs.edf.org/health/2017/09/18/modus-operandi-how-epa-toxics-nominee-dourson-carries-out-his-work-for-the-chemical-industry/

Denison, R. (2017, septiembre 22). Proof in pudding: EPA toxics nominee Dourson has consistently recommended “safe” levels for chemicals that would weaken health protections. Descargado desde: http://blogs.edf.org/health/2017/09/22/proof-in-pudding-epa-toxics-nominee-dourson-has-consistently-recommended-safe-levels-for-chemicals-that-would-weaken-health-protections/

Lerner, S. (2017, enero 14). Poison fruit. Dow Chemical Wants Farmers to Keep Using a Pesticide Linked to Autism and ADHD. Descargado desde: https://theintercept.com/2017/01/14/dow-chemical-wants-farmers-to-keep-using-a-pesticide-linked-to-autism-and-adhd/?comments=1#comments

Lerner, S. (2017, octubre 3). Trump’s pick for EPA safety chief argued kids are lesssensitive to toxins. Descargado desde: https://theintercept.com/2017/10/03/epa-nominee-michael-dourson-toxic-chemicals/

Martínez, J. A. (2017, marzo 17). Monsanto corrompe a la EPA para defender el glifosato, según emails descubiertos. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b228

Martínez, J. A. (2017, septiembre 12). El lobby del azúcar. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b205

Martínez, J. A. (2017, septiembre 29). Ciudades y vecindarios libres de glifosato; aplicación a Santa Ana. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b239

Martínez, J. A. (2017, octubre 1). Una amarga niebla y los Poison Papers. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b271

Shelton, J. F., et al. (2014). Neurodevelopmental Disorders and Prenatal Residential Proximity  to Agricultural Pesticides: The CHARGE Study.  Environmental Health Perspectives, 122 (10), 1103-1109.

Thrush, G. & Davenport, C. (2017, marzo 15). Donald Trump Budget Slashes Funds for E.P.A. and State Department. Decargado desde: https://www.nytimes.com/2017/03/15/us/politics/budget-epa-state-department-cuts.html

Toloken, S. (2017, octubre 6). Trump’s choice to head EPA chemical safety office faces tough questioning over ties to industry. Descargado desde: http://www.plasticsnews.com/article/20171006/NEWS/171009926/trumps-choice-to-head-epa-chemical-safety-office-faces-tough

Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2017, octubre 8). Contaminación ambienta: La EPA contra su propia misión. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b272

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(#104). CORRUPCIÓN Y DESIGUALDAD ENTRE LOS MUY RICOS

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] Hay consenso en la literatura científica sobre que la corrupción incrementa la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, ¿qué ocurre entre el segmento de población de rentas más altas? Esa es la pregunta que trata de responder esta investigación.

La corrupción favorece a unos pocos, que consiguen ser extremadamente ricos, lo que podría favorecer que incluso dentro del grupo de rentas más altas haya gran desigualdad. Los autores muestran varias referencias en la literatura sobre la asociación entre el número de super ricos en un país y al grado de corrupción. Pero los autores pretenden ofrecer otro punto de vista, analizando la desigualdad de la riqueza entre ese grupo de privilegiados.

Metodología

Los autores consultan la lista de Forbes sobre desigualdad en 13 países (Australia, China, Hong Kong, India, Japón, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwan, Tailandia y Estados Unidos).

Como variables en el modelo escogen el nivel de corrupción, el crecimiento del PIB y el nivel de competitividad. Todas esas variables provienen de diferentes estadísticas de organismos especializados. Los autores, además, consideran los retrasos temporales de esas variables en su modelo econométrico.

Resultados

La corrupción no afecta significativamente al nivel de desigualdad entre los super ricos. Sólo el nivel de competitividad tiene un efecto estadístico, lo que indica que un incremento de la competencia, reducciones de oligopolios y cárteles puede contribuir a la mayor igualdad entre las rentas excepcionalmente altas.

Implicaciones

En cualquier caso, parece claro que el concepto de desigualdad no tiene las mismas implicaciones en este subgrupo de privilegiados. El que haya más desigualdad o menos en rentas extremadamente altas quizá sea poco relevante desde el punto de vista social. Sin embargo, es interesante admitir la necesidad de, en mi opinión, una mayor y mejor regulación para la reducción de prácticas de oligopolio y colusión, lo que también, seguramente, tendrá un efecto en la redistribución de la riqueza en rentas medias y bajas.

Limitaciones

Los datos provienen de fuentes secundarias que son susceptibles de ser criticadas por su componente subjetivo. La muestra de países es pequeña y muy centrada en el sudeste asiático.

 

Franses, P. H. & de Groot, B. (2015). Corruption and inequality of wealth amongst the very rich. Quality & Quantity, doi: 10.1007/s11135-015-0202-4

Indicadores de calidad de la revista*
JCR Impact Factor (2014): 0.72
SJR  Impact Factor (2014): 0.33
* Es simplemente un indicador aproximado para valorar la calidad de la publicación

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