(#251). EL MAGNATE DE REEBOK VENDE SU MANSIÓN Y TODOS NOS HACEMOS PREGUNTAS

[DESPIERTA] Paul Fireman, quien fuera el empresario que llevó a Reebok a competir cara a cara con Nike en los 80 vende su mansión. Y lo hace por $90 millones. Una de las casas más lujosas de Estados Unidos.

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Un multimillonario que quiere vende su multimillonaria casa; aparentemente intrascendente, pero no podemos dejar pasar este hecho para hacernos algunas preguntas.

Fireman amasó su fortuna gracias a una gran visión de los negocios. La historia de Reebok cambió para siempre cuando en 1979 Fireman tuvo la determinación de comprar la licencia para vender la marca en exclusiva en Estados Unidos a cambio de $3.5 millones en royalties. El estreno de la película Carros de Fuego (1981), la irrupción de las Freestyle, la revolución del aeróbic y del papel de la mujer como deportista…todo ello aupó a Reebok a cotas inimaginables tan sólo 10 años antes, hasta llegar a mirar a los ojos a la todopoderosa Nike. En 2006 Fireman vendió la compañía a Adidas, por $3.8 billones, mientras se llevaba en esa operación unos $700 millones (Forbes, 2006).  Otras fuentes señalan que Fireman se embolsó $800 millones (Ballinger, 2017).

Sin embargo, y aunque a un nivel menos mediático que Nike, Reebok también tiene su historial de explotación laboral y abuso, principalmente en factorías asiáticas y centroamericanas.

Jeff Ballinger quien trabajaba para el Asian-American Free Labor Institute (AFL-CIO) en una pequeña oficina en Jakarta, Indonesia, y uno de los activistas más comprometidos en Estados Unidos, lo vuelve a recordar: Entre 1988 y 1991 Reebok pagaba $0.86 al día a los empleados de fábricas en Indonesia.

Al año siguiente, 1992, Reebok firmaba un contrato con el prácticamente imberbe Shaquille O’Neal de unos $5 millones al año.

La tormenta mediática ocasionada por los sweatshops de Nike en los 90 también salpicaron a Reebok. Así, y por ejemplo, en 1999 publicó un informe criticando sus propias factorías en Indonesia (BBC, 1999).

En 2002 apareció un informe de China Labor Watch (CLB, 2002), sobre datos recogidos por activistas de la organización entre junio de 2001 y enero de 2002 en 6 fábricas de la marca en China. Las conclusiones son tristemente comunes en estas situaciones: (1) Horas extra trabajadas que vulneran la ley del país; (2) Salarios por debajo del mínimo local; (3) Carencia de seguro médico, desempleo o jubilación; (4) Sin libertad de asociación ni posibilidad de formar sindicatos independientes; (5) Condiciones de trabajo constantemente con altas temperaturas y humos tóxicos; (6) Incumplimiento del propio código de conducta estipulado por la marca. En algunas de esas fábricas los trabajadores cobraban menos de $0.25 por hora.

Centroamérica también ha sufrido los abusos de Reebok. En 2010, el Institute for Global Labour and Human Rights (IGLHR, 2010), reportó que los propios investigadores de Reebok (ya entonces dentro de Adidas), encontraron serias deficiencias en las condiciones de los trabajadores de su fábrica de Chi Fung, en El Salvador. Situaciones prácticamente idénticas las encontradas en China varios años antes.

Como indicaba en mi artículo sobre la historia más oscura de Nike,  en 2002 la sindicalista indonesia Dita Sari rechazó el premio Reebok de Derechos Humanos, de $50000 (Ballinger, 2006). El motivo es que a Sari le parecía un ejercicio de hipocresía que una multinacional como Reebok con un historial de explotación laboral en el sudeste asiático pretendiera lavar su imagen con este tipo de parafernalias. Reebok  llevaba concediendo este premio desde 1988.

Por eso, y ante la fastuosa mansión que Paul Fireman quiere vender, es de recibo que nos hagamos unas cuantas preguntas,  no sobre la valía, determinación y capacidad de visión y liderazgo de este hombre, sino sobre cómo es posible que consintamos esas dramáticas asimetrías y vulneraciones de la dignidad humana en un extremo de la cadena, cuando en el otro lado de la misma se vive en la más completa de las opulencias.

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(#242). APPLE NO ES NINGÚN MODELO A SEGUIR

[DESPIERTA] Un reciente informe de China Labor Watch (CLW) ha puesto de nuevo sobre la mesa dramática explotación que sufren los trabajadores que se emplean en los primeros eslabones de la cadena de producción de Apple.

Antes de explicar los puntos más importantes de ese informe conviene echar un vistazo a los beneficios netos del gigante estadounidense. Estamos hablando de beneficios después de impuestos que en 2016 sobrepasan los 45 mil millones de dólares. Lo repetimos: 45 mil millones de dólares.

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Pero como en 2015 esos beneficios fueron superiores a 53 mil millones parece ser que esa caída no se puede permitir. Y este es el motivo principal de que se haya precarizado (aún más) las condiciones laborales de sus fábricas en China (Foxconn, Pegatron, Compel y Green Point). Entre las violaciones en los derechos de los trabajadores están:

(1). En esas 4 factorías las horas semanales de trabajo sobrepasaban las 60 y las horas extra mensuales las 90.

(2). El salario base de los trabajadores de Pegatron decreció en 2016, pese a los ingentes beneficios de Apple.

(3). Los trabajadores fueron obligados a firmar un acuerdo para hacer horas extra de manera voluntaria, sin pagar los seguros sociales.

(4). Empleados de Pegatron y Green Point no recibieron pago por las horas extra realizadas.

Como bien dice el informe de China Labor Watch, Apple se vanagloria de decir que “cuida cada trabajador en su cadena de suministro”.

Los abusos laborales son una realidad en estos proveedores de Apple. En la tristemente conocida factoría de Foxconn (donde hay varios suicidios cada año), el informe indica que la mayoría de los empleados han acumulado 122 horas extra por mes, excediendo el límite legal de 36 horas que marca la legislación china. Y lo hacen no de manera voluntaria, sino por presiones de sus jefes; si se niegan a realizar horas extra de forma puntual ya no se les permitirá hacer más horas extra ese mes, y como el salario base es tan bajo, los empleados acceden a hacerlo para poder mantener a sus familias. Es un claro ejemplo de trabajo forzado.

En 2015, el 71% de los trabajadores de Pegatron habían sobrepasado las 60 horas semanales, lo que está fuera de los supuestos requerimientos de Apple, que limita a esas 60 horas de trabajo a la semana con un día de descanso y como mucho 2 horas extra a la semana (10 como máximo los fines de semana y festivos).

El informe también cuenta que cuando se producen las auditorías los trabajadores tienen unos “días especiales” por los cuales se les permiten más descansos y condiciones más humanas, pero cuando finaliza ese periodo de auditoría las condiciones vuelven a ser las de siempre.

Mientras tanto, Apple lleva décadas animándonos a pensar diferente.
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Pues esperemos que muchos adoradores de la marca realmente empiecen a pensar de manera diferente con respecto a ella, como si tuvieran un hijo, un hermano o un padre trabajando en Foxconn, Pegatron, Compel o Green Point.

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(#240). CLAVES PARA ENTENDER LA INICIATIVA EMBLEMÁTICA DE LA UNIÓN EN EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN

[MONOTEMA] El próximo 27 de abril de 2017 se vota en el Parlamento Europeo el Informe sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección (2016/2140(INI)).

El informe pretende establecer una normativa vinculante para que por fin haya un marco regulador que defienda los intereses de los trabajadores de la industria textil, yendo más allá de las múltiples iniciativas voluntarias y de Responsabilidad Social Corporativa.

Precisamente es la española Lola Sánchez Caldentey, que es Eurodiputada por PODEMOS, la que ha encabezado la iniciativa.  La propuesta que lidera Sánchez Caldentey tiene como objetivos, entre otros, crear normas de obligado cumplimiento para las empresas textiles, con el fin de incrementar la transparencia en la cadena de suministro, modificar el etiquetado de productos para informar al consumidor de quién produce la ropa y en qué condiciones laborales, premiar con incentivos arancelarios la producción sostenible, y evitar que se vulneren los Derechos Humanos, con especial énfasis en el caso de las mujeres.

El sector de la confección da trabajo a más de 60 millones de personas en todo el mundo pero, a pesar de las múltiples iniciativas que en los últimos años se han emprendido para mejorar las condiciones laborales, ninguna de ellas se enmarca en un cuadro normativo común, y se basan principalmente en códigos de conducta voluntarios y acciones de Responsabilidad Social Corporativa, que se han mostrado incapaces de proteger los derechos básicos de los trabajadores: acceso a un salario digno, eliminación del trabajo forzoso e infantil, eliminación de la violencia física y verbal, eliminación de la discriminación de la mujer, garantías de un entorno de trabajo saludable, y libertad de asociación.

Cuando se cumplen cuatro años de la tragedia de Bangladesh, el derrumbe del edificio Rana Plaza que mató a más de 1200 trabajadores textiles, los avances acometidos en el sector son claramente insuficientes para garantizar los Derechos Humanos de millones de empleados en todo el mundo. Por ello, esta propuesta de regulación que se vota el día 27 es tan importante.

Sin embargo, el informe es extenso y hace referencia a múltiples acuerdos, tratados y normativas que hacen muy difícil su seguimiento y comprensión. El objetivo de este post es tratar de explicar, brevemente, algunas de las claves para su mejor entendimiento.

Los entresijos de este informe son también explicados en el programa Doble Cara del El Vórtice Radio.

Programas de Doble Cara

Breve vídeo ilustrativo

La manera más sencilla de hacernos una primera idea de la relevancia de este informe y de la necesidad de su aprobación es el siguiente vídeo de Sánchez Caldentey:

Conceptos previos que hay que explicar

Pero para comprender en su totalidad la necesidad de esta iniciativa hay que conocer los siguientes factores que han sido nombrados en el Informe, pero que no son definidos ni explicados. Creo que es preceptivo, al menos, exponerlos brevemente:

– Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: El 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/HRC/RES/26/9, “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”. Para cumplir con lo previsto en la resolución se conformó un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) cuya primera sesión se celebró del 6 al 10 de julio de 2015, bajo la presidencia de Ecuador y con la participación de representantes de Estados, organizaciones internacionales e intergubernamentales, sociedad civil, academia y sector privado entre otros actores pertinentes, quienes mantuvieron un primer acercamiento a los diferentes tópicos que podrían integrar un futuro instrumento vinculante (Espinosa, 2015). “El tema bajo discusión tiene una historia que se remonta a más de cuarenta años en el pasado. En este período varias iniciativas buscaron fijar reglas de observancia universal para las empresas transnacionales, obteniendo a lo sumo medidas de aplicación voluntaria cuyos efectos, como lo demuestran casos reales, han sido de limitado o nulo alcance, especialmente cuando se busca que las víctimas de violaciones de derechos humanos incurridas por empresas transnacionales y otras empresas de negocios puedan reclamar justicia y reparaciones. Desde esta perspectiva, la creación del OEIGWG y el proceso para contar a futuro con un instrumento vinculante han sido calificados por varios Estados y por otros actores como una oportunidad histórica para llenar un vacío en la normativa internacional de los derechos humanos. En esta tarea se debe reconocer el papel jugado por la sociedad civil y por los defensores de los derechos humanos, que han aportado significativamente en el posicionamiento del tema y en su discusión sustantiva. Hay que mencionar al mismo tiempo que restan varios desafíos, entre ellos, contar con el involucramiento constructivo de varios países que hasta el momento han optado por no intervenir en el proceso“.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:Es  un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables” (Un.org, 2015).

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer:Instaurado por la resolución 50/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996 y administrado por ONU Mujeres en nombre del sistema de las Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario de la ONU trabaja con organizaciones no gubernamentales, gobiernos y equipos de las Naciones Unidas en los países para: (1) Prevenir la violencia contra mujeres y niñas mediante el empoderamiento de grupos especialmente expuestos al riesgo de violencia; (2) Ampliar el acceso de las mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia a servicios que incluyan la asistencia jurídica, el asesoramiento psicosocial y la atención sanitaria e incrementar la capacidad de quienes prestan los servicios para que respondan eficazmente a las necesidades de las mujeres y niñas que sufren violencia; (3) Reforzar la implementación de leyes, políticas y planes de acción sobre la violencia contra mujeres y niñas mediante la recopilación y el análisis de datos, el fomento de las capacidades de quienes prestan los servicios y el fortalecimiento de las instituciones para que sean más eficaces, transparentes y rindan cuentas al hacer frente a la violencia contra las mujeres”  (Unwomen.org, 2017). Las subvenciones del Fondo Fiduciario de la ONU se conceden anualmente a través de un proceso abierto y competitivo.

Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo: Las grandes empresas que sean entidades de interés público que, en sus fechas de cierre del balance, superen el criterio de un número medio de empleados superior a 500 durante el ejercicio, incluirán en el informe de gestión un estado no financiero que contenga información, en la medida en que resulte necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa, y el impacto de su actividad, relativa, como mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno” (Eur-lex.europa.eu, 2017).

Pacto de Sostenibilidad con Bangladesh: Establecido entre la Unión Europea y el Gobierno de Bangladesh con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el fin de mejorar los derechos laborales y la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras en el sector de la confección de ese país.

Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2016: Sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países.  En ella se “pide a las empresas, europeas y no europeas, que apliquen la diligencia debida en materia de derechos humanos e incorporen sus conclusiones en las políticas y los procedimientos internos, y que se asignen y apliquen en consecuencia recursos y responsabilidades; subraya que esto requiere la asignación de recursos suficientes; destaca que la transparencia y la divulgación de las medidas adoptadas para evitar la violación de los derechos humanos en terceros países son fundamentales para ejercer una supervisión democrática adecuada y que los consumidores puedan hacer elecciones factuales“. “Reconoce la gran importancia de la responsabilidad social de las empresas y celebra la cada vez mayor utilización de instrumentos basados en esta responsabilidad, así como el compromiso voluntario de las empresas; hace especial hincapié, no obstante, en que respetar los derechos humanos es una obligación moral y una obligación jurídica de las empresas y de sus direcciones y en que debería integrarse en una perspectiva económica a largo plazo, dondequiera que operen e independientemente de su tamaño o sector industrial“. (Europarl.europa.eu, 2016).

Programa de la OIT sobre la mejora de las condiciones laborales en Bangladesh:El informe advierte que a menos de que se introduzcan una serie de políticas sociales y laborales, Bangladesh no tendrá la capacidad de mantener su impulso económico y mejorar los niveles de vida de una manera perdurable. El sector de la confección es central para la economía, por lo tanto son necesarias medidas de largo alcance” (Ilo.org, 2013).

Acuerdo de Colaboración entre Inditex y IndustriALL Global Union: Acuerdo suscrito en 2007 y renovado en 2014 y 2016 sobre una gestión responsable de la cadena de suministro.

Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+) de la Unión Europea: El informe nombre sólo el SPG+, pero éste es uno de los 3 regímenes preferenciales que tiene la Unión Europea. Según Comercio.gob.es (2017), el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE es “un instrumento comercial clave de la política comunitaria de ayuda al desarrollo. El SPG es un régimen comercial autónomo a través del cual la UE proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos originarios en países y territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios. La finalidad del SPG es reducir la pobreza en los países en vías de desarrollo mediante la generación de ingresos adicionales a través de sus exportaciones, garantizar los derechos humanos y laborales fundamentales y promover el desarrollo sostenible y la gobernanza. Desde el 1 de enero de 2014 es de aplicación el Reglamento SPG 978/2012 que fue publicado en el DOUE el 31 de octubre de 2012, que ha supuesto la salida efectiva del sistema de un número importante de países y territorios, bien por motivo de los nuevos criterios de renta, o por ser beneficiarios de otros esquemas preferenciales con la UE. La nueva regulación, por tanto, se centra en los países más necesitados. El actual SPG mantiene los tres regímenes preferenciales con los que la UE concede beneficios comerciales, en forma de aranceles reducidos o nulos sobre las importaciones de mercancías, que reflejan las diferentes necesidades comerciales, de desarrollo y financieras de los países en vías de desarrollo a)    El régimen SPG general, concede a sus beneficiarios una exención arancelaria para los productos no sensibles y una reducción de 3.5 puntos del arancel para los sensibles (siendo la reducción del 20% para textil y confección). (b)    El régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+) concede exención arancelaria para todos los productos cubiertos por este régimen a aquellos países considerados como vulnerables, que además ratifiquen y apliquen efectivamente 27 Convenciones internacionales sobre derechos humanos, laborales, medio ambiente y buen gobierno. (c)    El régimen especial a favor de los países menos desarrollados conocido como iniciativa EBA (“Everything but Arms”) concede exención total de aranceles a todos los productos originarios de los Países Menos Adelantados (PMAs), con excepción de las armas“.

Directiva 2014/24/UE del Paralemento Europeo y del Consejo: Sobre contratación pública y que estipula que “la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» («Estrategia Europa 2020»), como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempoun uso más eficiente de los fondos públicos”. (Eur-lex.europa.eu, 2014)

Vision Zero Fund: Es una iniciativa del G-7 comenzada en 2015 que pretende impulsar los derechos de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales y de protección del entorno en la cadena de suministro global. La idea es minimizar los accidentes y las muerte en el lugar de trabajo, mejorando los sistemas de inspección y supervisión en los países productores.

Alianza alemana en favor de unos productos textiles sostenibles: Es una uniciativa multi-stakeholder, financiada con fondos púbicos alemanes, que pretende trabajar en pos de tener una cadena de suministro respetuosa con el medioambiente y los derechos de los trabajadores. Los participantes declaran su voluntar de implicarse activamente en el proyecto, y definir unos estándares que deben cumpli.r

Acuerdo neerlandés para un sector textil y de la confección sostenible: Realizado en 2016 entre corporaciones, sindicados, organizaciones civiles y el Gobierno holandés, para comprometerse a mejorar la cadena de suministro de la industria textil. Entre los objetivos está la ambición de que en 2020 las empresas que firmen el acuerdo garanticen un salario digno a los trabajadores de los primeros eslabones de la cadena. En julio de 2016, 75 marcas habían suscrito el acuerdo.

Principios para la Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas: “El PRI trabaja con su red internacional de signatarios para poner en práctica los seis Principios de Inversión Responsable. Tiene como objetivo entender el impacto que las cuestiones ambientales, sociales y gubernamentales tienen en las inversiones y asesorar a los signatarios para integrar estos asuntos a sus decisiones sobre inversiones y propiedad” (Unpri.org, 2017). Los seis principios los comenta Moncada (2015):Principio 1: Las entidades adheridas a los principios aceptan incorporar las cuestiones ASG  (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en los procesos de análisis y de adopción de decisiones en materia de inversiones. Principio 2: Las entidades se comprometen a actuar como propietarios activos incorporando las cuestiones ASG en sus políticas de inversión (por ejemplo, siendo activos en  las juntas de las empresas en las que inviertan). Principio 3: Los inversores exigirán a las entidades en las que inviertan que publiquen la información apropiada sobre las cuestiones ASG. Principio 4: Los inversores se comprometen a promover la aceptación y aplicación de los Principios de ISR entre la comunidad inversora. Principio 5: Las entidades se comprometen a colaborar entre sí para mejorar la eficacia de la aplicación de los Principios. Principio 6: Las entidades se obligan a informar sobre los progresos que obtengan en la aplicación de los Principios”.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas: “Los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción gozan de consenso universal, y se derivan de:  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Pacto Mundial de la ONU pide a las empresas adoptar, apoyar y promulgar, dentro de su esfera de influencia, un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anti-corrupción” (Pactomundial.org, 2015). Esos principios son: (1) “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia; (2) “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”; (3) “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”; (4) “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción”; (5) “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil; (6) “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación”; (7) “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente”, (8) “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental”; (9) “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente”; (10) “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”.

Principios Rectores de las Naciones Unidas: Una iniciativa puesta en marcha por las Naciones Unidas y que refleja la responsabilidad de los Estados pero también de las corporaciones en la defensa y el respeto de los Derechos Humanos: “Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que  deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer  frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en  las que tengan alguna participación”. En cualquier contexto, las empresas deben: (a) Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen;(b)Buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente a exigencias contrapuestas; (c) Considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar violaciones graves de los derechos humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley dondequiera que operen· (Lamoncloa.gob.es, 2011).

Comercio para todos: Es una nueva estrategia de la Unión Europea sobre comercio e inversión, que está basada en estos 3 principios clave: “(1)  Eficacia: asegurarse de que el comercio realmente cumpla su promesa de generar nuevas oportunidades económicas. Eso significa abordar las cuestiones que afectan a la economía actual, incluidos los servicios y el comercio digital. Significa también proporcionar a las pymes, los consumidores y los trabajadores europeos los medios y la información necesarios para que puedan aprovechar plenamente la apertura de los mercados y adaptarse a ella. Eso supone, por ejemplo, que se incluyan en los futuros acuerdos comerciales disposiciones eficaces en relación con las pymes.; (2) Transparencia: abrir las negociaciones a un mayor control público mediante la publicación de sus textos clave, como se ha hecho con las negociaciones de la ATCI. Desde hoy figuran en el sitio web de la Comisión algunos textos nuevos (concretamente los acuerdos de asociación económica con África Oriental y Occidental); (3) Valores: salvaguardar el modelo social y de reglamentación europeo dentro de la Unión. Utilizar con ese fin los acuerdos comerciales y los programas preferenciales como palancas para promover, en todo el mundo, valores europeos como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el comercio justo y ético y la lucha contra la corrupción. Eso significa incluir las normas anticorrupción en los acuerdos comerciales de la UE y velar por que nuestros socios comerciales establezcan disposiciones sobre las normas laborales fundamentales, como son el derecho de los trabajadores a organizarse y la supresión del trabajo infantil. Supone asimismo redoblar los esfuerzos para garantizar la gestión responsable de las cadenas de suministro” (Europa.eu, 2015).

Tarjeta verde: Iniciativa de la “diputada francesa Danielle Auroi lanzada en 2016 por la que un Estado miembro de la Unión Europea pide a la Comisión Europea que elabore una legislación. El Parlamento francés utilizó la “tarjeta verde” para pedir a la Comisión que legisle de forma que las empresas con activos en cualquier Estado miembro puedan ser denunciadas en dicho país en caso de que estén involucradas en crímenes en terceros países. Ocho países europeos, entre los que no está España, se han adherido a la iniciativa” (Lola-sanchez.com, 2016).

Acuerdo de Bangladesh: Acuerdo de seguridad contra incendios y en los edificios de Bangladesh “es un acuerdo exhaustivo general e independiente destinado a hacer de todas las fábricas de confección de ropa en Bangladesh lugares de trabajo seguros. El acuerdo fue diseñado por los sindicatos bangladesíes e internacionales junto con otros grupos laborales, haciéndose que sea único al contar con el apoyo de todos los actores clave en materia de derechos laborales y haber sido firmado por más de 150 marcas y minoristas internacionales, que están de acuerdo en un compromiso de 5 años para invertir en fábricas más seguras” (Unibangladeshaccord.org, 2017).

Índice de Higg: Desarrollado por la Coalición de Ropa Sostenible “una asociación comercial formada por marcas, minoristas, fabricantes, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y expertos académico y se centra en la medición de los resultados deseados ambientales en las siguientes categorías: uso del agua y la calidad; energía y gas de efecto invernadero; residuos; productos químicos y toxicidad (Intradecoapparel.com 2012).

 – Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinaciones y la política social (Declaración EMN): “Es el único instrumento de la OIT que brinda orientación dirigida directamente a las empresas sobre política social y prácticas inclusivas, responsables y sostenibles en el lugar de trabajo. Es el único instrumento global en esta materia elaborado y adoptado por gobiernos, empleadores y trabajadores de alrededor del mundo. La Declaración sobre las EMN se adoptó allí casi 40 años (modificada en dos ocasiones en 2000 y 2006) y revisado en 2017. Los principios de la Declaración EMN están dirigidos a empresas multinacionales, gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores y cubren las áreas de empleo, formación, condiciones de trabajo y vida y relaciones industriales, así como la política general. Todos sus principios están basados en las normas internacionales del trabajo (Convenios y Recomendaciones de la OIT). La Declaración EMN facilita la divulgación y el entendimiento de la Agenda de Trabajo Decente en el sector privado” (Ilo.ch, 2017).

Prinicipios sobre los Derechos del Niño y las Empresas: Realizados por Pacto Mundial, UNICEF y Save the Children, son “una petición al mundo empresarial para que aumente sus esfuerzos en el respeto y apoyo de los derechos de los niños y niñas en el ámbito laboral, en los mercados y en la comunidad. Cubriendo un amplio abanico de temas clave – desde las peores formas de trabajo infantil a prácticas de marketing o publicidad, o al papel de las empresas a la hora de proporcionar ayuda a los niños y niñas afectados por emergencias- los Principios piden a las empresas de todo el mundo que defiendan los derechos de la infancia en sus políticas empresariales y que tomen medidas para avanzar en el ámbito de estos derechos. Los Principios contienen un amplio abanico de medidas, dirigidas a las empresas, para prevenir y gestionar impactos adversos relacionados con sus actividades y relaciones, y maximizar impactos positivos en las vidas de los niños y niñas. Los Principios pretenden servir de referencia para actividades empresariales relacionadas con la infancia, y para promover la colaboración entre las múltiples partes interesadas. Son aplicables a cualquier actividad empresarial, independientemente de su tamaño, sector, localización, propiedad o estructura·. (Unicef.es, 2012).

Programa COSME: “COSME es el programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y las PYME que ayuda a los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas a empezar a operar, acceder a financiación e internacionalizarse, además de apoyar a las autoridades a mejorar el entorno empresarial y facilitar el crecimiento económico de la Unión Europea. Supone una continuidad del Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación (EIP) desarrollado en 2007-2013 tanto en su objetivo como en sus actuaciones, salvo las dirigidas a la innovación, que se recogen en el también nuevo programa HORIZON 2020. COSME cuenta con un presupuesto de 2,3 billones de euros, a ejecutar desde 2014 hasta 2020 y complementará a los estados miembros de la Unión Europea en sus políticas dirigidas a las PYME, contribuyendo a reforzar la competitividad y sostenibilidad de las empresas de la Unión y a fomentar la cultura empresarial (Ipyme.org, 2017).

Directrices de la OCDE sobre diligencia debida en el sector de la confección y del calzado: “Las nuevas normas internacionales de la OCDE cuentan con el respaldo de marcas, sindicatos y la industria, e implican participación auténtica de los trabajadores/as en la identificación de riesgos y violaciones de los derechos humanos, promoviendo a la vez negociaciones directas con los sindicatos. Las directrices permiten que los trabajadores/as y los sindicatos participen activamente en la elaboración e implementación de evaluaciones de empresas proveedoras en los lugares de trabajo; permiten desarrollar planes de acción correctiva, monitoreo de impactos, y la formulación de mecanismos de queja a nivel de las operaciones. Un aspecto importante es que estas directrices promueven prácticas de adquisición responsables: a falta de políticas de esta índole, la fuerza de trabajo puede verse obligada a trabajar horas extras excesivas y forzadas, y percibir salarios muy bajos. La iniciativa ACT de IndustriALL es un memorando de entendimiento, firmado por marcas mundiales de ropa, que señala que la negociación colectiva a nivel sectorial y prácticas de compra responsables son imprescindibles para lograr salarios dignos” (Industrial-union.org, 2017). 

La propuesta de regulación

Tras conocer en qué consisten todos estos acuerdos, resoluciones y propuestas que acabo de comentar, es el momento de explicar brevemente la iniciativa emblemática sobre regulación del sector textil. Es evidente que se está trabajando en una línea muy interesante a nivel internacional, pero también acabamos de comprobar que la mayoría de esos proyectos son, recomendaciones, declaración de intenciones, medidas voluntarias, principios de actuación, etc.,  que son más laxos que las medidas normativas. De este modo, el Informe propone de manera primordial:

1. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre obligaciones de diligencia debida vinculantes para las cadenas de suministro del sector de la confección. Es decir, lo que realmente pretende el informe es proponer que haya una ley basada en esas directrices.

2. Pide a la Comisión que promueva activamente el uso de materias primas gestionadas de forma ecológica y sostenible.

3. Pide a la Comisión que sitúe la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y los derechos del niño en el centro de su propuesta legislativa.

4. Pide a la Comisión que apoye a las microempresas y pymes locales proporcionando incentivos a los agentes del sector privado que inviertan en sostenibilidad y equidad de sus cadenas de suministro, desde el agricultor al consumidor final.

5. Pide que se facilite al consumidor información fiable y clara sobre la sostenibilidad en el sector de la confección.

6. Recomienda la creación de una base de datos pública en línea que contenga la información pertinente relativa a todos los agentes de la cadena de suministro, y la obligatoriedad de señalar la ubicación de los centros de producción

7. Propone la elaboración de normas de etiquetado en la Unión Europea sobre moda justa.

8. Pide que se adopten iniciativas nacionales y europeas para animar a los consumidores a adquirir productos fabricados localmente.

9. Pide que la Unión trabaje junto a las partes interesadas en la fijación de salarios dignos.

10. Pide que la Comisión apoye a los países productores en el marco de la política de desarrollo, facilitándoles asistencia técnica.

11. Subraya la importancia de reforzar los sistemas de auditoría, enfatizando en la necesidad de la independencia de las mismas.

12. Pide a la Comisión que siga incluyendo las normas fundamentales de la OIT, las inspecciones de salud y seguridad y la libertad de asociación en las conversaciones sobre la continuación de la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas.

13. Reitera su enérgico llamamiento en favor de la introducción de cláusulas vinculantes relativas a los derechos humanos en todos los acuerdos internacionales entre la Unión y terceros países.

14. Pide a la Comisión que haya preferencias arancelarias para los productos textiles que demuestren claramente que se produzcan de manera sostenible, promoviendo la fabricación de productos de comercios justo.

15. Pide que se reconsidere la creación de zonas francas en los países productores, porque es un elemento que favorece las violaciones de derechos laborales.

16. Recomienda la inclusión de disposiciones en materia social en los procesos de adjudicación pública, sirviendo como modelo para que la contratación de proveedores de productos textiles fomenten el reciclado y una cadena de suministro justa y sostenible.

Estos 16 puntos resumen el Informe, y son además apoyados por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión y por la Comisión de Comercio Internacional.

Barreras a la propuesta

A riesgo de ser extremadamente simplista, y a la espera de poder ir analizando más pausadamente el recorrido de la misma, en mi opinión hay varios puntos que deben discutirse:

1. Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales: Las  Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales  (en adelante, las Directrices ) son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales. Enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables. La vocación de las  Directrices  es garantizar que las actividades de esas empresas se desarrollen en armonía con las políticas públicas, fortalecer la base de confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad, contribuir a mejorar el clima para la inversión extranjera y potenciar la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible. Las  Directrices forman parte de la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales,  cuyos restantes elementos se refieren al tratamiento nacional, a las obligaciones contradictorias impuestas a las empresas y a los incentivos y desincentivos a la inversión internacional” (OCDE.org, 2017)

Estas Directrices alientan la desregulación y la pérdida de poder de los Estados para proteger su propia economía. Leyendo algunos de sus puntos, se entiende que entran en contradicción con varios de los objetivos del Informe. He aquí una muestra de contenidos de las Directrices a tener en cuenta:

  • Los gobiernos que han suscrito las Directrices no deben utilizarlas con fines proteccionistas ni de un modo que ponga en duda la ventaja comparativa de cualquier país en el que inviertan las empresas multinacionales.
  • Los gobiernos tienen derecho a establecer las condiciones con arreglo a las cuales las empresas multinacionales ejercen su actividad en sus respectivas jurisdicciones, con sujeción al derecho internacional. Las entidades de una empresa multinacional situadas en diversos países están sujetas a las legislaciones aplicables en dichos países. Cuando las empresas multinacionales estén sometidas a obligaciones contradictorias impuestas por países que hayan suscrito las Directrices, los gobiernos en cuestión colaborarán entre sí, de buena fe, con vistas a solventar los problemas que puedan derivarse de esta situación.
  • Los gobiernos que han suscrito las Directrices las han establecido aceptando el compromiso de asumir sus responsabilidades de tratar a las empresas de manera equitativa y de conformidad con el derecho internacional y con sus obligaciones contractuales.
  • Se fomenta el uso de mecanismos internacionales adecuados de solución de diferencias, incluido el arbitraje, como medio para facilitar la resolución de los problemas legales que surjan entre las empresas y los gobiernos de los países de acogida.

Recordemos qué es la OCDE: “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue creada en 1961. Hoy en día, la OCDE es un foro de 34 países industrializados que desarrolla y promueve políticas económicas y sociales. Su misión es “construir economías sólidas en sus países miembros, mejorar la eficiencia, los sistemas de mercado nacionales, ampliar el libre comercio y contribuir al desarrollo tanto en países industrializados como en desarrollo”. En pocas palabras, la OCDE actúa en nombre de y en colaboración con sus gobiernos miembros para promover políticas y comercio de libre mercado”.

2. Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD: Según Unctad.org (2016), “El 85 por ciento de las nuevas medidas de política de inversión adoptadas en 2015 fueron orientadas hacia la liberalización y promoción, mientras que el 15 por ciento restante eran medidas de restricción o regulaciones, las cuales reflejan principalmente preocupaciones sobre propiedad extranjera en sectores estratégicos o consideraciones de seguridad nacional. Según el informe, subtitulado Nacionalidad del inversor: retos de política, los requisitos de entrada para la inversión extranjera fueron aliviados o eliminados en una amplia gama de industrias como la aviación, servicios financieros, minería y bienes raíces. Algunos países aplicaron políticas de privatización, mejoraron procedimientos de concesión de licencias de negocios o diseñaron otras formas de incentivos a la inversión. Otra característica destacable fue la adopción o revisión de leyes de inversión, principalmente en algunos países africanos. Donde se han introducido restricciones o regulaciones por razones de seguridad y otras relacionadas, el informe sugiere encontrar un equilibrio con los intereses de los inversores en tener procedimientos claros y transparentes.  Mientras tanto, con la incorporación de 31 nuevos acuerdos internacionales de inversión (AII), el universo AII creció a 3.304 acuerdos a finales de 2015, dice el informe Negociaciones de tratados incluyeron iniciativas mega-regionales importantes, como la concluida Alianza Trans-Pacífica  (TPP) y, la Alianza Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) todavía en negociación. Nuevos casos de solución de controversias inversionista-estado ascendieron a 70 en el año 2015 –un nuevo récord anual.  A partir del 01 de enero de 2016, el número total de controversias inversionista-estado públicamente conocidas llegaron a casi 700, con más de 100 países involucrados, de acuerdo al informe. La reforma del régimen AII para ponerlo en consonancia con el actual imperativo del desarrollo sostenible, está ganando impulso a nivel nacional, bilateral, regional y multilateral, en la medida que se adoptan los nuevos modelos de tratado y se firman tratados de nueva generación. El informe destaca que la reforma del régimen AII requerirá que los países intensifiquen la colaboración y la coordinación. El Foro Mundial de las Inversiones de la UNCTAD, que se celebrará en Nairobi, Kenia, del 17 al 21 de julio de 2016, ofrece una oportunidad para discutir cómo llevar la reforma a la siguiente fase.  El informe también subraya que facilitar la inversión es crucial para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y exige más facilitación proactiva de inversión a nivel nacional e internacional para llenar una brecha sistémica en el régimen de políticas vigente. El Menú de Acción Global de la UNCTAD para la facilitación y promoción de la inversión proporciona orientación específica y más de 40 líneas de acción sobre cómo hacer la facilitación de inversión una parte integral del marco general de políticas de inversión, con el objetivo de maximizar los beneficios de la inversión”.

Yo sigo viendo con mucho escepticismo cómo se puede combinar la sostenibilidad y la defensa de los derechos de los trabajadores en un marco donde se fomenta claramente la libre circulación de capitales y la maximización de los beneficios de la inversión, alentando los acuerdos como el TTIP y admitiendo el creciente número de controversias inversor-estado que se dirimen en tribunales de arbitrajes privados.

3. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo:Pese a que esta Directiva se toma como referencia en el Informe para que se fomente la contratación pública de empresas sostenibles y se favorezca a la producción local, no debemos olvidar que este propia Directiva estipula lo siguiente:

“La adjudicación de contratos públicos por las autoridades de los Estados miembros o en su nombre ha de respetar los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los principios que se derivan de estos, tales como los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia. Ahora bien, para los contratos públicos por encima de determinado valor, deben elaborarse disposiciones que coordinen los procedimientos de contratación nacionales a fin de asegurar que estos principios tengan un efecto práctico y que la contratación pública se abra a la competencia”.

A mi entender, puede existir una contradicción implícita entre la voluntad de favorecer a las empresa sostenibles y a los operadores locales, y los principios de no discriminación e igualdad de trato. 

4. Participación de las corporaciones: Pese a que en el Informe se celebran los acuerdos multistakeholders, en especial los suscritos por varias marcas como Inditex, H&M y la agrupación sindical IndustriALL Union, la realidad es que sigue habiendo problemas. Inditex firmó el acuerdo en 2007, y H&M en 2015. Un repaso por nuestra web www.starsforworkers.com es suficiente para encontrar noticias desalentadoras sobre la situación de trababajadores en Myanmar, Bangladesh o Turquía que producen para estas marcas. Y estamos hablando de 2016 y 2017, es decir, años después de la firma de los acuerdos.

Esto no quiere decir que no se esté trabajando en una línea interesante, sino que todavía no es suficiente. Es cierto que hay que ser pacientes porque la complejidad de la cadena de suministro es tan grande que se requiere mucho esfuerzo y tiempo para coordinar mejoras. Pero también es verdad que la sociedad ha sido extremadamente paciente ya con estas corporaciones, después de décadas de indolencia en relación a la violación de los Derechos Humanos

El caso de Nike, que también se suma a iniciativas como Fair Labor Association y otras, y que comento ampliamente en este artículo, también nos debe servir de ejemplo para al menos considerar que, al margen de todas las colaboraciones corporaciones-sindicatos-gobiernos, debe haber entidades independientes que supervisen.

A mi parecer, si la Unión Europea consigue realizar finalmente un marco legal sobre el sector textil, los recursos dedicados a incrementar la inspección y las auditorías independientes debe ser una prioridad.

Conclusión

Es una excelente noticia que el Informe sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección tenga el apoyo de la gran mayoría de miembros de diferentes Comisiones y se vaya a votar en el Parlamento Europeo el día 27 de abril.

Hay que agradecer sincera y encarecidamente el trabajo de los políticos que están luchando porque esta iniciativa prospere y se pueda convertir en un reglamento que permita por fin pasar de la voluntariedad y las buenas intenciones al cumplimiento de las leyes.

En este artículo he tratado de hacer más accesible y comprensible el documento, con el fin de conocer mejor los antecedentes y las posibles barreras para su aplicación.

Creo que todos los puntos que defiende el Informe son adecuados y pertinentes, y puede ser la herramienta que unifique las múltiples iniciativas y acuerdos que en los últimos años se han implementado en el sector. La Unión Europea debe ser pionera en ello.

Sin embargo, hay que ser prudentes y prestar mucha atención a la forma en la que esta propuesta se integraría en un sistema económico que, por definición, fomenta prácticas totalmente opuestas.  Se están mandando mensajes contradictorios entre las diferentes Directivas, Principios, Acuerdos y Marcos de Políticas de Inversión. Supongo que es tarea de los políticos resolver de la mejor manera posible esas paradojas. ¿Pueden convivir la sostenibilidad y los Derechos Humanos con el actual sistema? Veremos.

Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2017, abril 25). Claves para entender la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b240

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(#238). LA ESPECULACIÓN FUE LA CAUSA PRINCIPAL DE LA CRISIS ALIMENTARIA DE 2007-2008

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En 2007 y principios de 2008 los precios del grano, incluyendo el maíz, el trigo y el arroz subieron un 100%, para luego caer a los niveles anteriores a finales de 2008. Un evento similar ocurrió en otoño de 2010. Esos puntuales pero dramáticos incrementos el precio impactaron poblaciones vulnerables en todo el mundo, lo que ha originado que se investigaran las causas de esa crisis.

El objetivo de esta investigación es identificar las causas principales de esta subida de precios a través del planteamiento de un modelo estadístico que describa esa dinámica de los precios. Para ello los autores se centran en dos variables fundamentales: el papel de los especuladores en los mercados financieros y la demanda del combustible etanol basado en maíz.

Metodología

Los autores emplean un modelo dinámico para explicar la variación de precios: P(t+1) – P(t), en función de diversas variables que consideran el papel de los especuladores, de la demanda de etanol, y de otros mercados que puedan atraer la inversión. Ese modelo se ajustó adecuadamente a los datos empíricos.

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Resultados e implicaciones

La conversión progresiva y sostenida de maíz en etanol no explica por sí sola las dos burbujas vividas en el precio del maíz. Tampoco otras variables identificadas en otros estudios (sequías, variaciones en la demanda del consumidor final, costes de energía) fueron las responsables.

Los autores muestran un gran ajuste entre la acción de la especulación y el incremento de precios de la comida, que se aleja del modelo de equilibrio. La ruptura de la burbuja inmobiliaria hizo mover los capitales hacia la especulación en commodities, o materias primas básicas, como los cereales.

El incremento de los precios del maíz, el trigo y de la comida en general, fruto de las especulaciones está asociado a la crisis alimentaria de 2008 y la “primavera árabe” de 2011. En ese contexto de crisis financiera hubiera sido esperable un descenso de precios de materias primas como el trigo o el maíz debido al descenso de demanda por la bajada de la actividad económica. Sin embargo, los precios se incrementaron dramáticamente debido a la demanda artificial de inversión.

b238_22Esos altos precios son acompañados con un incremento de los inventarios de productos, pero siempre con un retraso temporal. Aunque los precios volvieron a llegar al equilibro en 2009, el almacenamiento de grano siguió creciendo. Sin embargo, y pese a ello, se produjo una nueva burbuja a finales de 2010, con un nuevo incremento dramático de precios, algo inconsistente con un modelo de ajuste de oferta y demanda, y que los autores explican por ese papel de la especulación.

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Entre septiembre de 2007 y septiembre de 2010 se incrementó en 140 millones de toneladas métricas el inventario de grano no vendido, que es la cantidad aproximada que consumen 440 millones de personas en un año.  La razón fundamental de que este grano no fuera comprado y comido es el artificial incremento de precio producido por la especulación. Los autores enfatizan en la importancia de la regulación para evitar este tipo de burbujas, y las implicaciones que ello tiene sobre la vida de las personas y países más vulnerables.

Limitaciones/Comentarios

Este artículo presenta el que probablemente es uno de los análisis más completos hasta la fecha de las causas de la especulación en el mercado de materias primas en alimentación. Los autores claramente se posicionan por evitar este tipo de situaciones a través de una mayor regulación.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Lagi, M. et al. (2015). Accurate market price formation model with both supply-demand and trend-following for global food prices providing policy recommendations. PNAS doi: 10.1073/pnas.1413108112

Indicadores de calidad de la revista*

 

Impact Factor (2015)

Cuartil

Categoría

Thomson-Reuters (JCR)

9.423

Q1

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES

Scimago (SJR)

6.88

Q1

MULTIDISCIPLINARY

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(#217). EL PODER DE LAS ONGS PARA INFLUIR EN LAS EXPORTACIONES DE PAÍSES QUE INCUMPLEN LOS DDHH

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] La estrategia de “naming and shaming por parte de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) consiste en señalar y avergonzar públicamente a los Estados porque incumplen los Derechos Humanos (DDHH), que conducen en ocasiones a amenazas de boicots internacionales, lo que presiona a esos países mejorar esa situación. La amenaza de boicots de los consumidores es otra de las consecuencias del “naming and shaming”, lo que puede afectar a las exportaciones de los países señalados.

Las sanciones comerciales es una vía por las que unos países pueden presionar a otros que incumplen los DDHH, y además puede actuar como una señal de alerta para otros que están en una situación similar, lo que puede redundar indirectamente en que mejoren su situación.

El objetivo de esta investigación es analizar cómo esta estrategia influye en las exportaciones de los países acusados.

Metodología

La variable dependiente se refiere a las exportaciones de un país a otro país medidas en dólares constantes de 2005. El periodo de análisis es de 1990 a 2008. Los autores modelan la variación de esta variable a través de diferentes covariables: el PIB de los países en cuestión y la distancia entre el país vendedor y comprador (que es un proxy de la actividad comercial entre los países).

Además se emplearon las covariables que responden a las hipótesis de los autores: (1) la situación de los DDHH en el país exportador; (2) los esfuerzos de las ONGs para promover el abuso de esos países exportadores (si lo hubiere); (3) la situación de los DDHH en el país importador.

Para la primera y tercera covariable de empleó el índice de integridad física de Cingranelli y Richards (CIRI), que captura prácticas de tortura, represión política, asesinatos extrajudiciales y desapariciones.

En relación a la segunda covariable, se utilizó una mejora de la base de datos de Murdie y Davis a través de un análisis de las actuaciones de 1166 organizaciones humanitarias identificadas en Reuters.

Resultados e implicaciones

Los resultados muestran una asociación negativa entre el abuso de los DDHH por parte del exportador y el volumen exportado cuando el “naming and shaming” se incrementa. De este modo, las actividades de las ONGs tienen una repercusión en la economía de los países señalados.

Las ONGs y en general los actores de la sociedad civil tienen el poder de presionar la economía de esos países irrespetuosos con los DDHH a través del señalamiento público y las acciones de activismo.

Limitaciones/Comentarios

El artículo tienen como principal limitación en que sólo se centra en el incumplimiento de ciertos tipos de Derechos, pero deja a un lado aspectos tan importantes como el trabajo infantil o la explotación laboral, entre otros.

Además, la capacidad explicativa de los modelos estadísticos analizados fue muy baja, con varianzas explicadas menores del 10%, lo que indica que aunque los modelos estuvieran bien especificados y se encuentren asociaciones significativas, el tamaño de efecto es muy pequeño.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Peterson, T. M. et al. (2016). Human Rights, NGO Shaming and the Exports of Abusive States. British Journal of Polictica Science, doi: 10.1017/S0007123416000065

Indicadores de calidad de la revista*

 

Impact Factor (2015)

Cuartil

Categoría

Thomson-Reuters (JCR)

3.120

Q1

POLITICAL SCIENCE

Scimago (SJR)

2.51

Q1

SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE

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(#214). MUJERES EN FÁBRICAS TEXTILES EN BANGLADESH; 7 DÍAS A LA SEMANA POR 69$ AL MES

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] Bangladesh es el tercer exportador de textil del mundo, por detrás de China e India. Este pequeño país ha pasado de tener 384 fábricas en 1985 a 4296 en 2015, alcanzando su techo en 2013: 5876 factorías.

Las condiciones de trabajo en Bangladesh son tristemente conocidas tras las diversas tragedias ocurridas, en especial de del edificio Rana Plaza, en 2013, donde murieron más de 1100 trabajadores.

Sin embargo, pese a los avances conseguidos, la situación sigue siendo extremadamente preocupante. Es cierto que en este país ha disminuido la pobreza, y la mujer está cada vez más integrada en el mercado laboral, se conceden micro-créditos y hay muchas factorías acogidas al programa de mejora e inspección creado en el Bangladesh Accord, tras la tragedia del Rana Plaza. El salario ha subido desde 1994 de manera significativa, pero sigue estando en menos de 69 dólares al mes para los empleados menos cualificados, muy lejos de lo que permitiría a los trabajadores vivir dignamente.

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El objetivo de esta investigación es conocer las condiciones laborales de las mujeres en este sector y compararlas con las que los propietarios de las fábricas reportan.

Metodología

Se recogieron datos de 222 mujeres de diferentes fábricas textiles, y de 29 propietarios, los cuales fueron entrevistados entre junio y agosto de 2015.

Resultados e implicaciones

Un 33.78% de las mujeres trabaja más de 10 horas al día, y un 48.20% lo hacen más de 11 y 12 horas. El 96.4% no tiene ningún día libre a la semana. E 91.44% de ellas no tiene otra fuente alternativa de ingresos y el 89.19% no tiene conciencia sobre sus derechos laborales. El 80.63% reconoce que no hay ningún sistema de seguridad contra incendios en su trabajo.

Los propietarios admiten que se trabajan muchas horas; un 20.69% más de 8 horas, un 65.52% más de 10 horas y un 13.70% más 12 horas, pero sin embargo, parece que están de acuerdo con los salarios, ya que el 100% reporta estar satisfecho con la productividad en relación a los salarios pagados. El 89.66% de los propietarios no cumple con los acuerdos laborales firmados en 2013.

Estos resultados indican que las mujeres en Bangladesh siguen siendo explotadas, sin descanso semanal, con una excesiva jornada laboral y un salario muy lejano al que les permitiría vivir dignamente. Se tiene poca conciencia de los derechos laborales y los propietarios no los aplican.

Limitaciones/Comentarios

Los autores no especifican el procedimiento de muestreo, lo que hace complejo hablar sobre la representatividad de los resultados obtenidos. Es un artículo con limitaciones importantes pero que sirve al menos para explorar a nivel cuantitativo la situación de explotación que viven las mujeres en las fábricas textiles.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Ali, M. M. & Medhekar, A. (2016).  A poor country clothing the rich countries: Case of garment trade in Bangladesh. Economy of Region, doi: 10.17059/2016–4–19

Indicadores de calidad de la revista*

 

Impact Factor (2015)

Cuartil

Categoría

Thomson-Reuters (JCR)

No incluida

No incluida

No incluida

Scimago (SJR)

0.33

Q2

ECONOMICS, ECONOMETRICS AND FINANCE (MISCELLANEOUS)

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(#174). PROPUESTAS PARA UN RÉGIMEN ALTERNATIVO DE COMERCIO

[MONOTEMA] Andreas Bieler es un profesor de economía política de la Universidad de Nottingham, que es una de las más destacadas voces críticas con el capitalismo neoliberal, y las consecuencias que este tiene en las relaciones Norte-Sur, y sus efectos en la precariedad laboral y la explotación. En un artículo publicado en 2015 para uno de los documentos que edita la Fundación Rosa Luxemburg, Bieler propone varias alternativas al actual régimen de comercio internacional.

En este post, vamos a ir comentando esta contribución de Bieler, detallando los puntos más destacados que reflejan la necesidad de un cambio en el sistema imperante para mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores en los países en desarrollo.

La división Norte-Sur

Los tratados de libre comercio no son vistos de la misma manera en todos los países. Desde un punto de vista de la fuerza laboral, en los países del Norte (entendiendo Norte como los más desarrollados), este tipo de acuerdos son tomados en general de manera positiva porque permiten el desarrollo de más oportunidades de comercio, y por ende de desarrollo de las empresas de los países ricos.

Sin embargo, sindicatos y trabajadores del Sur (países en desarrollo) lo ven como una amenaza a sus propias estructuras industriales, que desemboca en un proceso de desindustrialización y pérdida de oportunidades laborales, al no poder competir con la productividad más alta del Norte.

Bieler intenta unificar ambos intereses en este artículo, a través de proponer varias alternativas para la creación de un sistema de comercio justo, entendido este no como un sistema que asegure pagar un precio sostenible garantizando los derechos laborales, sino un régimen alternativo  que gobierne el intercambio de bienes a nivel global, que permita el desarrollo de los países en base a una justicia social y a una soberanía alimentaria.

Breve reseña de los tratados de libre comercio

Después de la II Guerra Mundial, se incentivó la liberalización del comercio en el marco del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), con el fin de reducir los aranceles en el comercio mundial.

Según Bieler, los acuerdos del GATT fueron un paso adelante del liberalismo, pero permitían todavía a los estados cierta autonomía para proteger sus sectores clave, garantizando el bienestar social, por ejemplo a través del establecimiento de cuotas de exportación.

Ese periodo que duró hasta comienzos de los años 70 supuso una expansión general de la economía mundial, y es visto de forma muy positiva por los movimientos laborales del Norte.

Sin embargo, para los países en desarrollo ese mismo periodo es percibido de manera diferente. Los acuerdos del GATT no incluían los productos agrícolas, por lo que los países del Sur cuya economía se basaba principalmente en este sector no podían acceder al beneficio de exportar con una menor carga de aranceles. Además, como algunos sectores estratégicos clave en el Norte eran protegidos, tampoco permitían a los países del Sur entrar en esos mercados.

Como en el Norte se incrementaron las subvenciones a diferentes productos de alimentación, se incentivaron las exportaciones para evitar excedentes, lo que indirectamente llevó a tener un efecto negativo en el sector primario de los países en desarrollo, infravalorando su propia producción, y llevando a esos países a un proceso de incremento de la mano de obra industrial, ya que muchos campesinos dejaron el campo por los bajos salarios y la depreciación de sus producciones. Esos países quedaron en un estado de dependencia en el sector alimentario.

Debido a la crisis económica en los 70, los países del Norte empezaron a integrar a los del Sur en sus economías a través de procesos de deslocalización de la producción, buscando abaratar costes laborales. Así, los beneficios generados se repartían muy asimétricamente entre los países de destino de esos productos y aquellos que los producían.

Y la productividad no es excusa, porque ante niveles iguales de productividad laboral, los salarios no son comparables entre los estados ricos y los pobres. No es que esos trabajadores del Sur produzcan con menos valor que los del Norte, sino es que están oprimidos y explotados.

Esa asimetría de beneficios es ilustrada por Bieler con este ejemplo: Foxconn, proveedor de Apple obtuvo en 2010 2400 dólares de beneficio por empleado. Apple, 263000. La diferencia es 100 veces mayor para el gigante americano, en lo que se ha denominado como la “renta imperialista”.

Los acuerdos de la Ronda de Uruguay que se celebró entre 1986 y 1994 cambiaron otra vez el dibujo del comercio internacional, ya que nacía el Organización Mundial del Comercio (OMC), como entidad que facilitaba los acuerdos transnacionales, y también se expandía la actuación de la liberalización al ámbito de la propiedad intelectual, la inversión y los servicios.

Especialmente relevante fue el acuerdo TRIPS sobre la propiedad intelectual por el cual las compañías en los sectores tecnológicos reforzaban su posición de monopolio y les protegía contra la piratería. A pesar de las ventajas obvias para proteger las innovaciones, estas eran mucho más sólidas en los países avanzados, ya que en las naciones del Sur más que una ventaja suponía una barrera para incorporar tecnología para su propio desarrollo.

En cualquier caso, esta filosofía neoliberal, tal y como comenta Bieler, puede ser en esencia lógica para el desarrollo global si cada país concentrara su producción en las áreas donde es mejor, y hay un comercio de complementariedad. Pero la realidad no es esa, ni mucho menos; el crecimiento económico desde los años 80 ha sido menor que en las décadas donde el proteccionismo era mayor, y el número de personas sin empleo y con trabajos precarios ha aumentado. Y esto ha sido más acuciante para muchos países del tercer mundo.

Los recientes propuestas de acuerdos multilaterales CETA y TTIP, que están siendo muy cuestionados y donde existe una cada vez mayor resistencia social, es una muestra de que esa gran liberalización conlleva unos efectos perversos en la sociedad, con pérdidas de derechos en pos de incrementar el beneficio de las grandes multinacionales, que se encuentran con menos barreras para realizar sus actividades. Es más una forma de asegurar las inversiones, de proteger el capital contra los intereses de los trabajadores, el entorno y los consumidores.

La libertad, de este modo, es un concepto en sí mismo tergiversado por el sistema, ya que favorece aquellos países con más poder. No hay libertad para los países en desarrollo, ya que están atados a la dependencia del capital, la inversión y las directrices de los ricos. El Estado debe jugar un papel fundamental en el desarrollo de los países, tal y como ha sucedido en China, Corea del Sur o Taiwan según comenta Bieler, para luego después abrirse a los acuerdos de libre comercio. Pero ese libre comercio desde el subdesarrollo, tiene consecuencias negativas para los países del Sur, que pierden en realidad su soberanía.

Propuestas para un cambio 

Bieler explica varias alternativas para incrementar la soberanía de los estados y cambiar el dibujo del comercio internacional. Comentamos las más relevantes:

Acuerdos de liberalización pero con medidas proteccionnistas

Los acuerdos multilaterales deben ser flexibles para que los países implementen sus propias medidas proteccionistas para favorecer su desarrollo y el bienestar social. De especial relevancia es el sector de la alimentación, donde los países tiene que obtener su completa soberanía para poder producir su comida, controlar los recursos productivos y los medios de producción, para que toda la población esté correctamente abastecida, y que además sean independientes de los intereses de las grandes multinacionales.

Los países tienen que tener derecho a decidir independientemente sobre sus materias primas

Esto es esencial en los países con grandes recursos naturales (minería, por ejemplo), cuya riqueza debe repercutir en el pueblo. Pero en muchas ocasiones esos países no son democracias, o tienen un sistema oligárquico que es el que negocia las exportaciones y se queda con los beneficios generados. La sociedad no participa de esos beneficios potenciales de la liberalización.

Democratización de la política comercial

Todos los sectores de la sociedad deben participar en las decisiones comerciales, para que se establezcan aquellos sectores que tienen que ser protegidos para fomentar el desarrollo interno.

Los acuerdos comerciales debe respectar 7 convenciones de la Organización Mundial del Trabajo

Bieler insiste en que el derecho de asociación, el de negociación colectiva, la abolición del trabajo forzado, la prevención de la discriminación en el empleo y la eliminación del trabajo infantil deben ser condiciones necesarias para que los acuerdos pueden implementarse. De otra manera, no deberían ejecutarse.

Recordemos que no todos los países ratifican esas convenciones de la Organización Mundial del Trabajo, por lo que no tienen ni siquiera un mecanismo de supervisión que monitorice que se respetan los derechos humanos en el ámbito laboral.

Eliminación de los paraísos fiscales

El capital trasnacional está pervertido en una red de elusión de impuestos a través de paraísos fiscales, lo que de nuevo genera ventajas a los propietarios del capital frente los trabajadores. Los paraísos fiscales impiden la recaudación de impuestos que favorecerían a una mayoría social, y además incluso permiten que parte de los impuestos que se generan en zonas francas de países en desarrollo se pierdan por el uso de intermediarios de la misma red de empresas que tienen sus sedes en países con muy bajas cargas impositivas.

Los servicios esenciales de suministro de energía y agua deben quedar fuera de los acuerdos comerciales

La privatización de la energía es un hecho en la mayoría de los países, y el agua lleva un camino similar. Esos servicios básicos deben estar fuera de toda negociación y los estados tienen que tener la soberanía suficiente para administrarlos en pos de un servicio adecuado a sus ciudadanos, que garantice el bienestar de todos ellos. Y más teniendo en cuenta los numerosos casos de corrupción y malas prácticas empresariales, formación de oligopolios, colusión implícita, etc. que se han dado en el sector energético en todo el mundo.

Los mismo debe ocurrir con la educación, sanidad y otros servicios sociales fundamentales.

Conclusión

Bieler nos explica su visión sobre lo que han supuesto los acuerdos de liberalización del comercio para los países del Sur, y propone varias alternativas para revertir esa situación.

Nos recuerda que el estado del bienestar ha sido consecuencia de las luchas de los trabajadores y no del propio sistema liberal. Ha sido fruto de un capitalismo donde se ha avanzado socialmente, al menos hasta los años 80. A partir de esa década con el nuevo empujón neoliberal y la globalización de los mercados mundiales, esa ansiada libertad sólo ha beneficiado a unos pocos propietarios del capital, que han  urdido una red para proteger sus propios intereses. El trabajador, por contra, no ha sufrido la misma suerte. Es una transmutación hacia un capitalismo de rapiña que se está retorciendo hasta fagocitarse a sí mismo, pero antes está dejando la desolación social por medio mundo.

El autor reflexiona finalmente acerca de las posibilidades de cambiar el sistema desde dentro del sistema, algo imposible de hacer a nivel de una nación, pero tal vez posible si se unen varios países en acuerdos mulitilaterales como el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), una alternativa al pensamiento único circulante, y que se basa más en la complementariedad del comercio entre países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bollivia o Ecuador, con el fin primordial del desarrollo social de todas esas naciones.

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(#173). TRABAJADORES DE MIZUNO CLAMAN POR EL PAGO TRAS UN DESPIDO INJUSTO

[DESPIERTA] En 2012, 346 trabajadores de una fábrica en Indonesia fueron despedidos por defender sus derechos laborales. La fábrica era un proveedor de la marca japonesa Mizuno, uno de los gigantes del sector de ropa deportiva.

Pasados 4 años los trabajadores siguen reclamando una indemnización por ese despido injusto. Algunos de ellos han perdido sus casas.

Ahora, varias organizaciones internacionales están intentando hacer fuerza para que la enseña japonesa pague la cantidad debida a esos trabajadores, algo que, por cierto, Adidas, otra de las marcas que se abastecía de esa fábrica, ha rehusado.

Mizuno tuvo 18.67 millones de dólares de beneficio neto en 2015:

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(#172). PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN LA INDUSTRIA TEXTIL

[MONOTEMA] (Actualizado: 15/08/2019). La industria textil es una de las más importantes del mundo, con verdaderos gigantes empresariales que llevan su producción a países con mano de obra muy barata y protección laboral insuficiente con el fin de bajar costes e incrementar el margen. En los últimos 20 años este tema ha suscitado muchas críticas pero, aunque se han acometido mejoras, la situación sigue siendo alarmante y, en algunos casos, insostenible.

En este artículo voy a tratar dar respuesta a varias preguntas que muchos de nosotros nos hacemos con respecto a esta problemática, sin demagogias y con los datos en la mano, para que sirva también como documento base para el entendimiento de mi último proyecto: Stars for Workers.

Podéis encontrar, además, una discusión sobre el estado de la industria en el programa de radio “Doble Cara”, del 23/11/2016, dirigido por Antonio J. Mayor, en el que he tenido la oportunidad de explicar muchas de las preguntas que planteo a continuación.

doblecara

1. ¿Dónde se produce la ropa que habitualmente compramos?

Mayoritariamente en Asia y Centroamérica.

Los principales focos de producción son China, Indonesia, Camboya, India, Bangladesh y Sri Lanka, aunque en Centroamética existen 263000 mujeres trabajando en maquilas (zonas francas) en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. También se produce en Marruecos, Myanmar, Turquía, Pakistán, Rumanía, México, Brasil, Argentina, Colombia, Sudáfrica, Paraguay, Túnez… y en los últimos años emergen Panamá, Chile, Egipto, Etiopía, Mali o Samoa, en definitiva, países con manos de obra muy barata, con derechos limitados de sus trabajadores, y en muchos casos con facilidades de inversión para las empresas de capital extranjero a través de la creación de zonas francas.

En 2014 entre 60 y 75 millones de personas eran empleados en este sector (donde también se incluye el calzado), siendo alrededor del 75% mujeres. Según la Organización Internacional del Trabajo, se estiman unos 60 millones de trabajadores textiles en todo el mundo, de los que aproximadamente un 80% son mujeres. Un 60% de esa fuerza de trabajo se sitúa en Asia, donde los salarios mínimos están a menudo por debajo de la línea oficial de pobreza.

He aquí ejemplos de cifras de producción y empleo en algunos de esos países:

  • En Nicaragua son unas 73000 personas, la mayoría mujeres, las que trabajan en el sector.

La industria gasta alrededor de $500 mil millones al año en actividades de marketing, y se producen más de 150 mil millones de artículos anualmente.

Una muestra del ingente negocio que generan estas compañías es la siguiente: el producto interior bruto de Camboya (uno de los países “preferidos” por su bajo coste) fue de $22.2 billones en 2017, mientras que las ventas de Zara en 2017 fueron de $29 millones, las de Nike en 2018 fueron de 35 billones, y las de Christian Dior en 2018 fueron de $49 millones.

2. ¿Cuál es la problemática laboral en este sector?

Es múltiple, y está vinculada a la explotación laboral.

La problemática de este sector comienza desde la recolección de algodón. En países como Tajikistán, Uzbekistán o Turkmenistán, la situación es lamentable. El gobierno obliga anualmente a miles de personas (entre ellas maestros o enfermeras) a la recolección de algodón.

Las organizaciones que están luchando por evitar este tipo de trabajo forzado culpan también al Banco Mundial de complicidad, ya que concede préstamos para la estimulación del sector agrícola, pero no los cancela pese a las evidencias del incumplimiento de los Derechos Humanos. En 2016 había niños de 13 y 14 años recogiendo algodón en Uzbequistán obligados por su gobierno, aunque en 2017 se están dando pasos para reducir trabajo forzado aún son insuficientes.

En 2018 la situación había mejorado levemente en Uzbekistán, pero de manera insuficiente. El gobierno, desde sus diferentes administraciones regionales obliga a funcionarios y a trabajadores de empresas privadas a recoger algodón, mientras que les hace firmar a esos trabajadores que están yendo voluntariamente. El estado impone cuotas de producción a las diferentes regiones que, para cumplirlas, fuerzan a los trabajadores. Más de 2.5 millones de uzbecos trabajan temporalmente en la recogido de algodón cada temporada.

En Burkina Faso gran parte de la población depende de la venta de algodón para apenas subsistir, pero los precios están cayendo tanto que les resulta imposible a algunas familias continuar con ello, y ganar menos de 1$ al día.

Después ese algodón llega a las fábricas de hilado y a las de confección de prendas, donde se dan situaciones de jornadas laborales interminables, salarios que no permiten vivir con dignidad, carencias de libertad de asociación, enfermedades laborales, fábricas con deficiencias en seguridad, talleres clandestinos, etc. Un triste ejemplo es lo que ocurrió en lafábrica Ali Enterprises en Pakistán el 11 de septiembre de 2012, las puertas estaban cerradas con llave para evitar robos, y faltaban salidas de emergencia. Pero comentemos todo esto con un poco más de detalle.

En 2010, en Argentina, el la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires calculó que solo en la ciudad de Buenos Aires había 5 mil talleres informales. Muchos de esos talleres dan trabajo a inmigrantes bolivianos, y trabajan en condiciones forzosas en esas fábricas clandestinas. Como indican Montero & Ferradás (2016): “Se les ofrece un trabajo en Buenos Aires por un salario conveniente, incluyendo casa y comida. Su transporte es pagado por el tallerista y una vez que llegan a Buenos Aires son llevados a los talleres. A veces los talleristas también retienen sus pasaportes y les dicen a los trabajadores que no salgan del taller porque la policía los puede deportar”.

En 2018, la situación en ese país sigue lejos de solucionarse. En diciembre, por ejemplo, murió una niña de 11 años en un incendio en la casa donde vivía con sus familiares, que a la vez era un taller textil ilegal.

En Centroamérica hay reportados casos de jornadas de 24 horas ininterrumpidas, sueldos míseros y falta de higienes en las fábricas. En maquilas de Honduras, las trabajadoras, ante la presión por cumplir las metas de producción, utilizan estrategias de “ahorro de tiempo” que en ocasiones violan los mínimos niveles de dignidad en el trabajo:

Estrategias de ahorro de tiempo de las trabajadoras/es en Honduras 

  • Un 79% no se levanta de su puesto de trabajo.
  • Un 71% llega antes de la hora de inicio del turno para adelantar el trabajo.
  • Un 58% no se comunica con ningún compañero o compañera.
  • Un 46% reduce el tiempo dedicado al almuerzo.
  • Un 40% no toma agua para no ir al baño y así poder cumplir la meta.

En El Salvador son habituales los abusos, la no existencia de prestaciones sociales, y se les exige más producción con horas extra mal pagadas.

En Honduras, el 46%de los trabajadores textiles sufre depresión y el 62% tiene dolencias musculares por los movimientos repetitivos y unas inadecuadas condiciones ergonómicas en el trabajo.

Otro aspecto importante es el del trabajo a destajo y el del incumplimiento de las jornadas laborales legales. Por ejemplo, en el informe “China 2016, una nueva aproximación sindical”  indica que las jornadas laborales en estas fábricas son de 11 horas diarias de lunes a sábado, otras ocho los domingos, dos días de descanso al mes y quince días de vacaciones como mucho al año, lo que suma una horquilla de entre 85 y 145 horas extra al mes, muy por encima del tope legal de 36 horas que marca la legislación china.

En India, es común el hacinamiento de trabajadoras en habitaciones sin amueblar donde conviven 10-12 chicas sin camas, situación que perdura varios meses durante los programas de formación

En algunas ciudades de Centroamérica las comunidades pobres  marginadas que son  precisamente los que aportan trabajo a las maquilas se ven asediadas por bandas criminales (maras) quienes los extorsionan.

En 2012 un joven modelo noruega, Anniken Jorgensen, pasó un mes trabajando en fábricas textiles en Camboya junto con dos compañeras más. Aunque sufrió amenazas finalmente pudo relatar su historia en televisión. Aunque el tono de show es quizá criticable, la experiencia de estas chicas es válida para mostrar el tremendo contraste entre los países occidentales y aquellos donde se produce la ropa que consumimos. El valor en sí mismo de ese contraste está al mismo nivel que la triste historia que cuentan.

Hay numerosos casos de empleados que no registran a sus trabajadores con la seguridad social o que no mantienen actualizadas las contribuciones de empleadores y trabajadores al sistema de seguridad social. Algunos empleadores hacen las deducciones del pago de las trabajadoras, pero no las pasan al instituto de seguridad social. De este modo, se niega a los empleados y sus niños el acceso a los servicios de cobertura de salud y beneficios de licencia por maternidad, que son legalmente obligatorios. Estos problemas se agravan cuando se cierran las fábricas y algunos empleados no reciben indemnización y no tienen acceso a beneficios de seguridad social. Con frecuencia se usan clínicas privadas de fábrica como forma de desalentar a los trabajadores de acceder a las clínicas de seguridad social y/o obligar a no informar sobre enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Esta situación es particularmente grave para mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz.

Muchas trabajadoras en Centroamérica, pese a las enfermedades generadas por su trabajo para la industria textil, no pueden ser atendidas en la Seguridad Social, la red hospitalaria y de clínicas de salud a la que todas las personas trabajadoras en el sector formal de la economía tienen derecho. Tampoco cobrar jubilación, porque no se cotiza para la pensión.

La creación de zonas francas también puede ocasionar efectos indeseados en familias que son desplazadas de sus casas para la construcción de esas zonas especiales, siendo reacomodados en lugares sensiblemente peores, tal y como se denuncia en Myanmar.

En Camboya se producen desmayos masivos en las fábricas. En 2015 más de 1800 trabajadores se desmayaron en su lugar de trabajo, debido a la mala alimentación de estos, peor hidratación, carencia de ventilación, alta presión por conseguir objetivos, interminables jornadas de trabajo, etc. En 2017 esa cifra fue de 1603 en 22 fábricas, de las cuales 1599 fueron mujeres.

Existe también otros problemas ligados a los riesgos laborales por contacto con sustancias tóxicas. Por ejemplo, la exposición a tolueno, acceso a agua potable de calidad poco satisfactoria en las fábricas,  y el deterioro del sistema inmune por estar expuesto a al polvo de algodón, fibras, humos metálicos y diferentes productos químicos. Enfermedades óseas, abortos, dermatitis, dolores de espalda, manchas oculares, malnutrición, hepatitis y diferentes problemas respiratorios son comunes en las mujeres que trabajan en este sector.

La contaminación es una externalidad negativa también destacable. La industria textil es responsable del 10% de las emisiones mundiales de carbono, y es una de las principales contaminadoras del agua por los vertidos de los productos químicos empleados en el proceso productivo. Para producir una camiseta de algodón se pueden emplear hasta 2700 litros de agua.

Básicamente se podría decir que se está produciendo como se hacía en países desarrollados hace más de 100 años, donde a veces ocurrían episodios como el que sucedió en Nueva York en 1911, donde murieron 146 trabajadores textiles (principalmente inmigrantes), y que produjo cambios importantes en la legislación en materia de seguridad y sindicalismo.

El futuro tampoco se presenta alentador. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, alrededor de 137 millones de trabajadores asiáticos podrían perder su empleo en los próximos 20 años debido a la mecanización total del proceso de producción de ropa y calzado. La marca alemana Adidas está siendo la pionera en esta iniciativa, y ya ha creado la primera fábrica de calzado totalmente manejada por robots: SPEEDFACTORY, situada en el país germano, y tiene pensado abrir otras en Estados Unidos. Los costes laborales ya no serán un problema y las marcas podrán tener la producción más cerca de casa, reduciendo a su vez los costes de transporte.

Y los países “ricos” están empezando a sufrir también este modo de producción, donde ya hay reportados múltiples casos de talleres que fabrican en condiciones totalmente irregulares, tanto en España como Estados Unidos. También ocurre en el Reino Unido, con talleres que fabrican para marcas como River Island, New Look, Boohoo y Missguided: “No podemos competir con China y Bangladesh” decía uno de los propietarios de estas fábricas para justificar pagar menos de la mitad del salario mínimo de sus trabajadores (3 libras en lugar de 7,20 por hora). En Leicester, ocurre algo parecido, y en 2018 se está pagando un tope de 5 libras en lugar del mínino de 7,83 por hora. Los talleres se amontonan en edificios ajados, donde los propietarios pasan las inspecciones debido a que contratan por menos horas a los trabajadores para justificar el mínimo legal, pero luego trabajan el doble o más, lo que hace que en la mayoría de los casos no se llegue ni a esas 5 libras la hora.

En Mancherster, existen evidencias de que se reproduce lo que ocurre en Leicester (Home Workers Worldwide, 2019); con trabajadores cobrando alrededor de 4 libras por hora, la mayoría de ellos inmigrantes asiáticos y españoles.

Como comenta Raghuram (2017), en Los Ángeles (California) son habituales los abusos laborales en factorías que producen ropa con el valor añadido para las marcas de la cercanía al mercado de destino, pero a cambio de pagar unos salarios ilegales a los trabajadores (entre $4 y $7 la hora), por debajo del salario mínimo en el Estado ($10.50 la hora), y con jornadas de 11 horas seis días a la semana. Otras características de este tipo de fábricas son tristemente familiares: fábricas plagadas de ratas y cucarachas, puertas de emergencia bloqueadas, baños insalubres, y amenazas a los trabajadores de perder su empleo si protestan.

Además, en ocasiones los fabricantes deciden trasladar sus pedidos a países con todavía peores condiciones laborales (más baratos para las marcas). Aunque parezca difícil creerlo, un sueldo medio 67 o 68 $ al mes en Bangladesh (uno de los países más pobres del mundo), puede parecer caro a las marcas y desplazar su producción a países como Etiopía.

3. ¿Estos países han mejorado gracias al crecimiento de la industria textil?

Es una pregunta muy compleja.

El crecimiento no es la respuesta para superar la desigualdad. Pero en ocasiones desde los gobiernos se alientan este tipo de prácticas y se crean programas específicos para emplear a personas desocupadas, a través de agencias que pre entrenan trabajadores sin ningún tipo de formación previa,  como ocurre por ejemplo en varias ciudades de India.  Los ven como una forma de seguir creciendo,  y no desaprovechar la mano de obra de millones de mujeres que viven como amas de casa o que están en poblaciones rurales sin un trabajo definido. Para muchas de esas mujeres, trabajar en la ciudad y en una factoría proveedora de empresas occidentales es como un sueño de prosperidad. Aunque muchas de ellas despiertan de ese sueño una vez conocida la realidad del trabajo ofrecido por el capitalismo menos piadoso.

Dado que muchos gobiernos promocionan las zonas francas, en ocasiones ayudan a los trabajadores con diferentes inversiones sociales, como la construcción de viviendas para trabajadores de esas maquilas, por ejemplo en Honduras. Ciertamente, la apertura de esas fábricas es vista con esperanza por muchos ciudadanos que viven en condiciones muy duras, como una forma de obtener trabajo. Los Estados consiguen  divisas y generar empleo. Por ejemplo, el gobierno de Honduras ve como un éxito el empleo de 140.000 trabajadores en este sector.

En Bangladesh es innegable el crecimiento económico, hay menos desempleo y un mayor número de personas escolarizadas. El empleo de las mujeres en la industria textil es identificado como uno de los factores que ha contribuido a ese crecimiento. Pero la realidad del trabajo de las mujeres en Bangladesh sigue siendo muy heterogénea y preocupante. En cualquier caso hay algunos otros datos que se interpretan como positivos, como el incremento de la edad para casarse o para tener el primer hijo, cuya probabilidad es mayor para las adolescentes que no trabajan en la industria textil. Mejora de indicadores sociales y económicos, sí, pero insuficiente.

Sin embargo, 5 años después de la tragedia del Rana Plaza, la situación dista mucho de ser la deseada. Múltiples fábricas siguen incumpliendo las leyes, continúa el trabajo infantil, la explotación laboral y la contaminación masiva y descontrolada del entorno, provocando que todavía hoy podamos ver una realidad Dickensiana, tal y como muestra este reportaje del New York Times (fotos de Daniel  Rodríguez):

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En Camboya diversas organizaciones la colaboración entre el gobierno, la Organización Internacional del Trabajo y los propietarios de las fábricas se enmarca dentro de un programa llamado “Better Factories Cambodia”. Según ellos, los 15 años de trabajo de este programa están dando sus frutos, pero esa visión tan optimista contrasta con los datos sobre la precariedad salarial del trabajador medio de la industria textil en ese país, y la negativa de varias multinacionales de colaborar para que se incremente mínimamente.

El establecimiento de zonas francas también puede resultar positivo desde el punto de vista de la creación de empleo (aunque precario) y de la dinamización de otros sectores locales, así como de la transferencia de know-how de los empleados formados para el trabajo de esas grandes empresas, y que luego pueden acabar trabajando para otros negocios locales, beneficiándose así estos de sus habilidades y destrezas adquiridas.

La pobreza se ha reducido en las últimas dos décadas, pero como bien indica el reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, para luchar contra ella no basta sólo con aumentar la cantidad de personas empleadas, sin también la calidad de esos trabajos y sus derechos laborales.

Por ejemplo, India es el segundo país más desigual del mundo aunque está entre los 10 primeros más ricos, pero el 1% de la población controla el 53% de la riqueza. En el año 2000 “sólo” controlaban el 36.8%.

En cualquier caso, diferentes indicadores muestran una muy leve mejora global de los grandes productores textiles, una menor pobreza y una menor desigualdad, pero con muchos matices, porque hay gran hetereogeneidad entre países. Así, sería muy discutible afirmar que Indonesia, India, Honduras, Bangladesh Guatemala o Sri Lanka tienen una mejor situación. Otra cuestión es si esa variación de los indicadores hay que atribuirla a la industria textil o es debido a otros múltiples factores económicos y sociales.

Menor pobreza extrema, es cierto, porque la pobreza persiste, ya que el porcentaje de la población que vive con menos de 5 dólares al día continua siendo muy alto en la mayoría de esos países. En las siguientes figuras (realizadas en la base de datos de Knoema) se muestran varios indicadores de desigualdad y pobreza. El coeficiente de Gini es un indicador de reparto de la riqueza donde valores más cercanos a 1 (o a 100 dependiendo de la escala) significan mayor desigualdad.

Sri Lanka

Sri Lanka

Camboya

Camboya

Bangladesh

Bangladesh

China

China

India

India

Indonesia

Indonesia

Honduras

Honduras

Guatemala

Guatemala

El Salvador

El Salvador

4. ¿Por qué los trabajadores demandan cobrar más que el salario mínimo?

Porque es un derecho universal.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 25.1 así lo indica; todo el mundo tiene el derecho a un estándar de vida adecuado que permita el bienestar suyo y de su familia, incluyendo la comida, la ropa, la asistencia médica, el domicilio, servicios sociales, etc. Aunque los trabajadores cobren el salario mínimo, esos ingresos son tan bajos que no les permiten llevar una vida digna. Por tanto, el salario mínimo no es equivalente al “salario digno” (living wage en inglés) en la mayoría de las circunstancias.

Aunque existen varias defininciones de lo que es un salario digno, a menudo los investigadores emplean la propuesta por Clean Clothes Campaign: “ganancias obtenidas en una semana estándar de trabajo (no más de 48 horas) que permiten al trabajador comprar comida para él y su familia, pagar la renta, los servicios de salud, y cubrir las necesidades básicas de vestimenta, transporte y educación, además de ahorrar una pequeña cantidad para hacer frente a imprevistos”.

Las fábricas compiten entre ellas por ofrecer el precio más bajo a las marcas, por lo que tienen incentivos a reducir sus costes pagando a los trabajadores lo mínimo que permite la ley de cada país. Esta práctica está haciendo un trasvase masivo de inversión a, por ejemplo, Etiopía, por parte de capital asiático. En ese país se pueden pagar salarios de tan sólo $25, que junto con unos incentivos por objetivos suponen un ahorro ostensibles en costes con respecto a países tan “baratos” como Bangladesh, donde el mínimo está en $69 al mes.

Según el Equipo de Investigaciones Laborales de El Salvador y la Red de Solidaridad de la Maquila, la falta de un salario digno en las maquilas es un problema que enfrenta toda Centroamérica. Haciendo la comparación en dólares estadounidenses, una trabajadora suele obtener $331 mensuales en Guatemala, $272 en Honduras, $211 en El Salvador y $157 en Nicaragua. Además, las empleadas de las maquilas suelen ser mujeresy en su mayoría son el único ingreso en sus hogares.

Solo el salario mínimo de maquila en El Salvador es suficiente para cubrir los costos de una Canasta Básica de Alimentos de acuerdo a datos oficiales, aunque la línea de diferencia es muy pequeña. El salario mínimo es de $210,90 mientras la Canasta Básica de Alimentos cuesta $205,13 (febrero 2016). En Guatemala el salario mínimo  es de $331,26 y el coste de la canasta básica de alimentos es de $479,96, con datos de febrero de 2016. Ante esta situación, los trabajadores tienen que hacer muchas horas extra para incrementar sus ingresos. Estas canastas de alimentos son lo más próximo a un salario digno, aunque no se tiene en cuenta el coste del cuidado de los hijos y el ahorro. Por ejemplo, según investigaciones del Equipo de Investigaciones Laborales (EIL-SV), mientras que la Canasta de Mercado en El Salvador cuesta $589,73 (datos de diciembre de 2015) una mejor aproximación a un salario digno sería de $692,70.

En cuanto a los países asiáticos, aquí podemos ver diferentes medidas de tendencia central de la distribución de salarios de trabajadores textiles:

– Bangladesh: Media de 83 dólares al mes, con casos de 68 dólares al mes.

– China: Entre 165 euros y 209 al mes sin contar horas extra

– Birmania: Media de 99 dólares al mes.

– India: 108 dólares mensuales

– Indonesia: 228 dólares mensuales

– Camboya: Mediana de 166 dólares al mes

Los salarios dependen del tipo de cualificación, pero los de nivel más bajo, como ocurre en Bangladesh, apenas llegan a los 69$ al mes:

b214_2Como contraste indicamos que en Estados Unidos un trabajador de la industria manufacturera gana alrededor de $34 por hora. En 1996, los trabajadores de Nike en Indonesia ganaban menos de $0.30 por hora, cuando el salario mínimo en Estados Unidos era de $4.75 por hora, es decir casi 16 veces más, o lo que es lo mismo un 1483% más.

La ONG Labour Behind the Label, estima que el salario mínimo en muchos de esos países es sólo un pequeño porcentaje del salario que les permitiría vivir dignamente:

  • Bangladesh: 18%
  • Sri Lanka: 20%
  • Camboya: 34%
  • China: 53%
  • India: 62%
  • Indonesia: 63%

Ciertamente es difícil recoger estadísticas homogéneas; hay mucha disparidad. Por ejemplo, Asia Floor Wage Alliance, que es una unión internacional de sindicatos indica que el salario digno para esos trabajadores sería de unos $283 al mes, que es por lo tanto mucho mayor que lo que los sindicatos locales están demandando y lo que el incremento que las grandes marcas deniegan. Dado que el salario mínimo en Camboya es de 140  dólares, entonces el porcentaje subiría del 34% reportado por Labour Behind the Label, hasta el 49% reportado por Asia Floor Wage Alliance.

Los sindicatos de Bangladesh reclamaron a comienzos de 2018 tres veces más del salario mínimo, lo que se traduciría en cobrar algo más de $190 al mes. En cualquier caso, y pese a la disparidad de las cifras que ofrecen diversas fuentes, es evidente que se está muy lejos de unos salarios dignos.

En Europa, tal y como Clean Clothes Campaing muestra, también se dan condiciones extremadamente precarias en cuanto al salario digno. En Hungría, Serbia y Ucrania el salario que cobran dista bastante de lo que sería un salario digno, y los trabajadores textiles sufren esa situación. Marcas como Benetton, Esprit, GEOX, Triumph y Vera Moda, son algunos de los compradores de esas fábricas.

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Enseñas como H&M han prometido asegurarse de que se paga un salario mínimo a los trabajadores en sus fábricas de Bangladesh y Camboya. La marca sueca dijo en 2013 que en 2018 alcanzarían ese objetivo. Pero lo cierto es que a pocos días de que se cumpla el plazo nada se conoce sobre la evolución de ese compromiso, por lo que algunos sospechan que no es más que otra estrategia publicitaria más. De hecho, en mayo de 2019, sólo 20 de los casi 600 accionistas presentes en una asamblea votaron a favor de destinar un fondo de los beneficios a este propósito.

En 2019, un informe realizado por investigadores del Sheffield Political Economy Research Institute (SPERI), de la Universidad de Sheffield, puso de manifiesto los incumplimientos de los copromisos de numerosas compañías textiles sobre el pago de salarios dignos.

El objetivo de este informe era analizar los compromisos adquiridos por 20 grandes compañías textiles y evaluar su cumplimiento. Para ello, se empleó una encuesta diseminada por Clean Clothes Campaign, completada con diferentes fuentes adicionales de información (fuentes secundarias y encuestas a otras empresas del sector). Las compañías que respondieron a la encuesta fueron: Adidas, C&A, Decathlon, G-Star RAW, Gucci, H&M, Inditex, Nike, Primark, Puma, PVH, Tchibo, Under Armour, Fast Retailing/Uniqlo. Las que no respondieron fueron: Amazon, Fruit of the Loom, GAP, Hugo Boss, Levi Strauss, Zalando.

Los resultados mostraron que, a pesar de que algunas corporaciones se han comprometido a pagar salarios dignos, esos compromisos no se han trasladado en acciones con efectos significativos o resultados satisfactorios. Aunque hay algunos signos de progreso, lo cierto es que las compañías emplean la alusión al objetivo de pagar salarios dignos como una labor más de relaciones públicas que no se traduce en una mejora tangible para los trabajadores.

En las fábricas de juguetes se encuentran situaciones similares. Por ejemplo, como indica este informe de China Labor Watch,  la estimación del salario digno en China en la provincia de Guangdong está entre los $991 y los $1078 al mes. Esto indicaría que para una casa con 4 personas, dos personas adultas deberían ganar entre $495 y $539 mensualmente como mínimo. Sin embargo, el salario base es de sólo $301.87 en la fábrica “Jetta”, $258.74 en la fábrica “Herald”,  $287.49 en la fábrica “Wah Tung”, y $247.24 en la fábrica “Lovable”. De esta manera, se ven obligados a hacer interminables horas extra para compementar esos salarios para tratar de acercarse a un salario digno.

Lo cierto es que ninguna de las grandes marcas lo hace, pese a que realmente podrían hacerlo siendo rentables (como demostré para el caso de Nike). El ejemplo de Alta Gracia, ese “experimento” que lleva años realizándose en la República Dominicana, debería tomarse como referencia.

5. ¿Les sale a las marcas rentable fabricar a miles de kilómetros de distancia?

Sí, claramente.

Un ejemplo es el comentado por Tony Norfield en relación a una camiseta que H&M vende por 4.95 euros . Así sería el desglose de costes desde que la fábrica de Bangladesh compra el algodón para hacerla:

  • 0.40 euros: coste de 400 gramos de algodón para la fábrica de Bangladesh
  • 1.35 euros: el precio por el que H&M le compra a esa fábrica
  • 1.41 euros: 0.06 euros de costes de envío hacia Alemania
  • 3.40 euros: 2 euros más que se le añaden por todos los costes asociados de H&M (salarios, administración, marketing…)
  • 4.16 euros: se añaden 0.60 euros de beneficio neto más unos céntimos más para otros costes
  • 4.95 euros: se añade el 19% de impuesto de valor añadido

De este modo el margen por cada camiseta de menos de 5 euros es de 0.60 céntimos para H&M, es decir un 15% de su precio de coste (3.40 euros). El margen sobre el precio de venta antes de impuestos es del 31.3%. La fábrica de Bangladesh asume los costes de producción y hace que lo que le llegue al trabajador en forma de salario sea prácticamente marginal (0.10 o 0.15 euros).

Pero hay casos en los que ese margen puede ser mayor, incluso del 60%, como muestra la siguiente figura, basada en la investigación realizada por el O’Rourke Group Partners:

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Una explicación mucho más extensa sobre el margen de beneficio en la industria textil y su forma de reportarlo está publicada en uno de mis papers.

Y por supuesto se puede llegar a márgenes superiores al 70%, lo que explicarían que se llegaran a los descuentos de esa cifra que se pueden ver en muchos establecimientos, como estas camisetas Disney, fabricadas en Honduras y vendidas en España, cuyo precio real sin descuento confiere a la marca un margen extraordinario:

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El precio de venta final de algunos de los productos que confeccionan, sin embargo, puede representar 300 veces que lo que gana la trabajadora por su elaboración. Es el caso por ejemplo de las camisetas de la NFL (Liga Nacional de Futbol Americano), vendidas a 25 dólares, mientras que la empleada que las fabrica sólo percibe 8 centavos por cada una.

Situaciones similares también se encuentran en la industria del juguete:

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En las siguientes figuras se pueden ver varios indicadores financieros relativos al beneficio de compañías que tienen un gran número de proveedores en esos países.

(1) Operaiting income (beneficio operativo): Es el beneficio antes de impuestos

(2) Net income (beneficio neto): Es el beneficio después de impuestos

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Por tanto, parece evidente que les va muy bien.

6. ¿Quién defiende a los trabajadores?

Los sindicatos y las ONGs, principalmente.

Los sindicatos son el sustento fundamental para los trabajadores a la hora de defender sus derechos.  El problema viene cuando esa supuesta libertad sindical se ve dificultada por los propios gobiernos que tienen intereses en las fábricas, como en el caso de Bangladesh.

A veces también ocurre que aunque haya libertad sindical, los dueños de las fábricas amenazan a los trabajadores con represalias si crean o si se afilian a un sindicato, como ha ocurrido en varios proveedores de H&M en Camboya.

Un ejemplo muy claro de este tipo de amenazas se describe en Sewing Hope, donde se narra la historia de la creación de Alta Gracia, la fábrica que paga salarios dignos en la República Dominicana. Antes de su nacimiento, algunos trabajadores empleados en fábricas textiles sufrían las amenazas y presiones por parte de los dueños, con todo tipo de técnicas variopintas, como la de donar dinero a las iglesias para que los curas sermonearan los peligros de sindicarse. Y también presiones por parte de otros empleados que veían esa sindicación como un paso para cerrar la empresa en el futuoro.

Pero hay luchas que al final dan un resultado positivo. En Villa Alta Gracia costó algunos años, pero desde 2010 hay un proyecto ilusionante. En Túnez, también tenemos otro ejemplo a destacar, y en 2015 las trabajadores de una fábrica en quiebra a las que se les adeudaba salario, tomaron las riendas de la empresa para manejarla de forma que pudieran trabajar más dignamente y recuperar el dinero que les pertenecía. El sindicato formado en 2013 fue un paso esencial para ello.

Las asociaciones como “Mujeres transformando” en El Salvador llevan años denunciando las condiciones laborales: “Las maquileras soportan jornadas extenuantes, maltrato y riesgo de enfermedades. Las maquilas son como campos de concentración” . Esta campaña ha posibilitado encuentros entre bordadoras y el acercamiento de las mismas a las instancias tuteladoras de derechos.  La acción de estas asociaciones  ha permitido que estas trabajdoras hayan planteado reformas al Código de Trabajo que posibiliten tutelar de mejor manera sus derechos. Han entregado al Ministerio de Trabajo una propuesta de Protocolo de Inspecciones para el Trabajo a Domicilio, como una herramienta necesaria para que el Ministerio pueda realizar inspecciones en los puestos de trabajo de las bordadoras. Ahora intentan que se aprueben las reformas y también ratifiquen el Convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo a domicilio

En Indonesia el trabajo de las ONGs como Oxfam también han ayudado a que los trabajadores mejoren sus condiciones laborales, y que las marcas como Nike o Adidas acometan acciones para que se trabaje de manera más digna.

7. ¿Ha mejorado la situación en los últimos años?

Sí, pero no es suficiente.

Por ejemplo, algunas organizaciones como Clean Clothes Campaign han criticado acuerdos de comercio justo, sellado bajo la etiqueta Fairtrade International,  concretamente de 3 marcas alemanas: 3Freunde, Shirts for Life and Melawear. La crítica consiste en que se ha firmado el acuerdo sin que todavía se haya llegado a pagar un salario digno a sus trabajadores. Aunque los estándares de la certificación indican que las marcas tienen un máximo de 6 años para hacer que se paguen salarios dignos, si esa responsabilidad recae en los proveedores y no en la marca, es posible que no se lleguen a alcanzar, y mientras tanto las marcas aprovechan esa certificación como herramienta de marketing para alzar sus precios y mejorar los beneficios.

Tras el desastre del Rana Plaza en Bangladesh, ocurrido el 24 de abril de 2013, y en el que murieron 1134 trabajadores y 1500 resultaron heridos, se firmó un acuerdo para mejorar la seguridad. El acuerdo fue firmado el 15 de mayo de 2013, y tiene duración de 5 años, donde participan unas 200 marcas y agrupaciones sindicales de Bangladesh. Las marcas tienen que destinar fondos para la inspección periódica de las fábricas y crear comités de seguridad en esas factorías. Sin embargo, cuando ya se ha superado el ecuador del plazo  para ejecutar el acuerdo, todavía hay muchas fábricas inseguras. Un ejemplo son los proveedores de H&M, que en mayo de 2016 todavía tenían deficiencias de seguridad contra incendios en un número elevado (más de una treintena de fábricas).  Pero, la  tragedia de la fábrica Tampoco Foil en Bangladesh, se produjo por la explosión de una caldera, un elemento que está fuera de los acuerdos de seguridad firmados por sindicados y marcas en relación a 1600 fábricas textiles. Es decir, se está empezando a mejorar sobre cómo mejorar la seguridad cuando hay un fuego pero todavía hay muchas lagunas sobre cómo prevenir que este se produzca.

En general están mejorando, pero la forma de hacerlo es muy heterogénea. Hay casos en los que hay una voluntad explícita por mejorar en la cadena de suministro. Por ejemplo, la marca suiza Switcher implementó durante varios meses un mecanismo para hacer llegar a los trabajadores de sus proveedores un dinero extra por cada unidad vendida. Sin embargo, se toparon con dificultades puestas por los propios dueños de las fábricas, que llevaron a tener que rescindir contratos con varias de ellas.

Otras marcas participan voluntariamente en iniciativas como las de Fair Wear Foundation, para trabajar conjuntamente con las fábricas en mejorar las condiciones laborales.

Muchas de las grandes compañíaes están implicadas en varios acuerdos de colaboración, iniciativas para mejorar los salarios de los trabajadores, como ACT, Fair Labor Association Fair Compensation Programme, German-Dutch Sustainable Textiles Cooperation Agreement, Fair Wage Approach, Ethical Trading Initiative, IndustriALL Global Framework Agreement, ILO Better Work. Sin embargo, cada iniciativa toma una visión diferente en relación al camino a seguir para mejorar los salarios y, lo que es más importante, existe poca evidencia de que estos programas contribuyan realmente a una mejora de esos sueldos. Si las grandes corporaciones no cambian sus prácticas de compra se hace difícil que los proveedores modifiquen su forma de pagar a los trabajadores.

Aunque en varios códigos de conducta que las corporaciones exigen a sus proveedores se nombra la aspiración a conseguir salarios dignos, se queda en eso, un aspiración, porque no se concreta en medidas específicas para conseguirlo. Por lo tanto, se permite que se viole el código sin romper el contrato.

Sin embargo, los casos de explotación laboral siguen siendo habituales. Por ejemplo, la fábrica Hanna Knitwear, que produce para varias empresas, entre ellas El Corte Inglés (Espirt, Sfera y Dustin), tiene un historial de abusos continuados a sus trabajadores (jornadas de 13 horas, 7 días a la semana, trabajo hasta la medianoche, denegación de bajas por enfermedad o maternidad…).

En Camboya, en 2014 5 personas murieron cuando la policía disparó contra una muchedumbre de cientos de trabajadores de la industria textil insatisfechos con la última subida salarial. En 2015, la policía usó cañones de agua para dispersar a una multitud de casi 30000 trabajadores que protestaban en una de las zonas francas del país.

En las maquilas de Nicaragua la situación ha mejorado en los últimos años en cuanto a higiene y seguridad, pero aun falta mucho por hacer, sobre todo en cuanto al tema de las enfermedades causadas por el trabajo o vejaciones y maltratos. Todavía sigue habiendo despidos por quedarse embarazadas.

Puede que algunas fábricas hayan mejorado en su seguridad, como ocurre en Bangladesh, pero los trabajadores siguen siendo tratados como máquinas, no como humanos, provocando la muerte y el desamparo de personas que están esclavizadas.

Una perspectiva histórica de la problemática endémica en esta industria puede consultarse en este registro de la cronología nefasta de Nike en el periodo 1988-2000. Como puede deducirse de ese listado de agravios y malas prácticas, la marca de Oregón se ha aprovechado del trabajo esclavo y sufrimiento de miles de personas (sobre todo en Corea e Indonesia) para construir su imperio de líder absoluto del mercado de ropa y calzado deportivo.

En 2017, la situación puede que haya mejorado un poco, pero todavía nos encontramos con condiciones de esclavitud en su fábrica de Hansae en Vietnam, que ha levantado las protestas de colectivos de estudiantes universitarios norteamericanos para que no se renueven los contratos de patrocinio.

Como hemos comentado, en 2013 H&M prometió que pagaría salarios dignos a sus 850000 trabajadores de sus principales proveedores (no de todos, sino de los más relevantes). Cinco años después, una investigación de Clean Clothes Campaign muestra que la situación real en algunas de sus fábricas dista mucho de ser la prometida.  Es más, sigue siendo extremadamente crítica para muchos de esos trabajadores. La investigación, realizada con muchas dificultades (muchos trabajadores tenían miedo a hablar) tras entrevistar a 62 empleados de fábricas de Bulgaria, Turquía, Camboya e India, deja unos resultados que, tristemente, reafirman la realidad de este sector.

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Una investigación de Thomson Reuters Foundation, publicada en junio de 2019, denunció la situación de decenas de mujeres en Tamil Nadu (India) que son medicadas irregularmente para minimizar las molestias en los días en los que tienen el periodo. Esas píldora no están supervisadas por médicos, no son informadas sobre los efectos secundarios, y de hecho varias de ellas los sufren (incluyendo abortos). Tras entrevistar a unas 100 mujeres, el estudio indica la violación de las leyes laborales; las trabajadoras no pueden ser medicadas por personal no médico. Pastillas sin marca, sin fecha de caducidad, sin información sobre su composición. Esas mujeres cuentan que en las fábricas siguen operando en condiciones higiénicas indignas, donde los lavabos en ocasiones están embozados deliberadamente para evitar que las mujeres pierdan tiempo yendo al baño. Tamil Naldu cuenta con unas 40 mil fábricas que emplean a más de 300 mil mujeres.

En definitiva, después de una situación extremadamente crítica, con cientos de muertes ocurridas, el sector ha reaccionado y ha implementado acciones de mejora. Pero a día de hoy se está muy lejos de conseguir un nivel de dignidad adecuado.

8. ¿Es más cara la ropa producida en mejores condiciones?

Sí, pero con muchos matices.

Como indica Fair Wear Foundation, el salario de los trabajadores a menudo pesa sólo entre un 2% y un 4% del precio final del producto. Por ejemplo, sobre una camiseta de precio de venta al público (PVP) 40 euros el trabajador percibiría entre 0.8 y 1.6 euros. Subir un 50% el salario del trabajador incrementaría el precio de esa camiseta entre 0.4 y 0.8 euros. Ese 50% podría llegar ya a ser suficiente para obtener un salario digno. Por tanto, si la camiseta se vendiera a 40.4 o 40.8 euros el trabajador mejoraría ostensiblemente sus condiciones de vida.

Y ese mínimo incremento de precio tampoco tendría porqué repercutir en el consumidor, ya que las marcas podrían ajustar un poco más el margen, y los distribuidores también. A modo ilustrativo, si sobre esos 40 euros un distribuidor obtenía un 10% de margen  sobre el precio de venta (4 euros), sus beneficios ahora serían de 3.6 o 3.2 euros por unidad, es decir, su margen sería ahora de un 9% o de un  8%.

Pero si ese incremento se repartiera en la reducción de márgenes de toda la cadena de suministro (agentes, fabricantes, distribuidores, consumidores) la repercusión para todas las partes sería prácticamente inapreciable.

Invito a los lectores a hacer ese mismo ejercicio con  una camiseta de PVP 4 euros (los precios bajos son una característica de muchos de estos productos), para ver lo que supondría en términos de incremento de precio el que los trabajadores cobraran un salario digno.

9. ¿Por qué se produce en estas circunstancias?

Básicamente por el modo de vida occidental, que demanda precios cada vez más bajos y rotaciones altas de productos. Consumimos 4 veces más ropa que en los años 80, en muchas ocasiones a unos precios irrisorios incluso de las marcas más renombradas. Pero los productos a precios más caros a menudo son producidos en las mismas deficientes condiciones laborales.

Mientras de manera general los precios de los productos de consumo han subido, no lo han hecho así lo de la industria textil. En este gráfico puede verse para el caso de Estados Unidos la diferencia en esa evolución.

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Este es un reflejo claro de que el consumidor puede comprar más ropa que antes en relación a su presupuesto o, visto de otro modo, que puede gastar lo mismo en ropa y ello suponerle un menor gasto global. Es decir, se está alentando el consumo masivo de productos a bajo precio por la ventaja relativa en precio que suponen con otros ítemes de la cesta de la compra.

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Otro aspecto a resaltar es el interés de los “países ricos” en este modo de producción, en el sentido de que los bajos salarios en los países donde están localizadas las fábricas hacen que en los países de destino se generen trabajos de tipo ejecutivo en torno a actividades de marketing o gestión, y además los impuestos sobre la venta (valor añadido) se quedan en esos países de destino. Por tanto, en los países de origen la recaudación por impuestos para los Estados es relativamente menor, y por tanto hay una menor externalidad positiva de la actividad comercial sobre el conjunto de la población.

Esto es quizá más acuciante en aquellos países con establecimiento de Zonas Francas para la producción de textil, donde multinacionales extranjeras tienen facilidades fiscales. A este hecho, hay que añadir que muchos propietarios de las fábricas en países como Bangladesh, Camboya o Myanmar están localizados en Hong Kong, donde de nuevo el tratamiento fiscal es más ventajoso.

Es interesante reflexionar acerca de cómo las marcas prefieren complicadas cadenas de suministro, con muy farragosos procesos de compra con el único fin de ahorrarse el coste de la mano de obra. Por  ejemplo, cuando sucedió la tragedia de noviembre de 2012 en la que murieron 112 personas en una fábrica en Dhaka (Bangladesh), el proceso de compra de Wal-Mart, el gigante de la distribución estadounidense, era el siguiente: Wal-Mart subcontrata a una empresa de Nueva York, Success Apparel, para cursar el perdido. Success Apparel hace lo propio con una empresa de Bangladesh, llamada Simco Bangladesh Ltd, que manda a su vez la orde a Tuba Group, que la envía a Tzreen Fasions, que operaba en la planta incendiada. El control de esa cadena de suministro se hace complejo, pero lo realmente llamativo es que aun teniendo en cuenta todo ese proceso de intermediación, a las marcas les sale rentable producir así.

Existen, además, otros factores sociológicos que explican el consumo masivo de este tipo de fast-fashion, como el de la creciente frivolización de la imagen personal en redes sociales. Como indica una encuesta sobre 2000 consumidores británicos realizada por Barclaycard en 2018,  9 de cada 100 personas compra ropa para mostrarla en redes sociales como el “outfit” del día y luego devolverla.

Esta dinámica grotesca de producción-consumo puede llevar a situaciones en las que un gigante del sector tenga millones de toneladas de ropa sin vender. H&M, en 2018, tenía un inventario de 4300 millones de dólares. En 2017, a la marca sueca se le acusó de haber quemado 60 toneladas de ropa nueva, sin vender, desde 2013, aunque H&M lo negó. Burberry, por su parte, destruyó entre 2013 y 2017 productos por un valor de 65 millones de dólares.

10. ¿Por qué las mujeres son especialmente vulnerables?

Alrededor de 55 millones de mujeres trabajan en las fábricas textiles, principalmente en el sudeste asiático. A menudo son víctimas de abusos verbales y están muy poco representadas en los puestos intermedios. Muchas de ellas son obligadas a hacer horas extra sin remunerar, lo que alarga la jornada laboral, con el perjuicio que ello tiene para su núcleo familiar. En ocasiones no disfrutan de permiso de maternidad, y a veces no tienen contrato de trabajo.

Algunas tienen que dejar de trabajar sobre los 40-45 años porque no puede aguantar la exigencia física y psicológica de tantos años de trabajo duro para cumplir unos objetivos de producción.

Las mujeres constituyen más del 50%, y en algunos casos el 90%, del empleo en este modelo de producción. En las maquilas de El Salvador, por ejemplo, 9 de cada 10 trabajadoras de producción son mujeres. Muchas son madres, el 80% según varios estudios y lideran hogares monoparentales. Otra característica es que muchas de ellas provienen de zonas rurales, con muy poca formación y poca conciencia de cuáles son sus derechos.

En El Salvador hay entre 70000 y 80000 personas trabajando en las maquilas un un 80% son mujeres. En ese país hay jornadas de 12 y hasta incluso 16 horas.  En las maquilas de Nicaragua, 7 de cada 10 trabajadores son mujeres, siendo la única opción laboral. O eso o nada. El sueldo mínimo es de 4400 córdobas, pero con incentivos  y horas extra algunos cobran 8000 pesos. La jornada dura de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con 45 minutos de descanso a medio día. Otras mujeres trabajan desde casa, en colaboración con otros miembros de la familia, sobre todo en tareas de costura y bordados. Las mujeres hacen el equivalente a 2 o 3 trabajos por el mismo salarios, y cuando enferman aunque sea un sólo día les quitan sus incentivos por metas de producción y su bono complementario. Las extensas jornadas laborales minan su salud, pero cuando enferman por culpa del trabajo se ve como enfermedad común y no como riesgo laboral, lo que hace que pierdan parte de los derechos a los que tendrían acceso.

En el informe de la Asociación Paz con Dignidad presentado en enero de 2017 se puede leer lo siguiente: “Las voces de las trabajadoras de las maquilas evidencian que, después de 40 años, la industria del textil y vestuario en la región centroamericana, recrea una dinámica de violación a los derechos humanos en el trabajo, a saber: discriminación de género, temporalidad en el empleo, no pago del salario mínimo y los beneficios, ausencia de condiciones de higiene y seguridad, violencia laboral y de género, violación a libertad sindical, entre otros. Estas situaciones han sido documentadas en diferentes investigaciones de las organizaciones de la región”. Un resumen de una realidad triste.

Monserrat  Arévalo, portavoz de Mujeres Transformando, definía así en 2015 las condiciones de  trabajo de las mujeres en las maquilas: “Son muy duras. Cada día una mujer tiene una meta. La empresa le dice: tienes que sacar 1.500 camisetas, esos significa que cada hora me vas a tener que estar dando 60 camisetas, casi una por minuto.Para conseguir esos números las mujeres no toman agua para no levantarse al baño, están esclavizadas a la máquina, tienen que soportar malos tratos y una presión constante. Muchas veces no almuerzan y alargan sus jornadas laborales para alcanzar esa meta.  Los baños están cerrados con llave, hay cámaras de vigilancia… es como un campo de concentración. Esto se traduce en 6 dolares con 25 centavos al día, un salario de 202 dólares mensuales, en un país caro como El Salvador, y eso no les alcanza para vivir. No tienen equipos de protección personal, no se les da mascarillas, El Salvador es un país tropical, hace mucho calor, mucha humedad. Soportan temperaturas de hasta 38 grados sin ventilación, respiran la pelusa de la tela y van perdiendo capacidad respiratoria, van enfermando. Y al final para la maquila dejan de ser productivas a los 35 años, porque han dado tanto de sí desde muy jovencitas y el cuerpo ya no resiste ese ritmo febril, y si ya no va a poder dar esa cantidad de camisetas que necesito, ya no servís para la maquila. Deja personas enfermas que jamás van a poder salir con ese salario de la  pobreza. Te estoy hablando de mujeres, madres solteras en su mayoría de 3 o 4 hijos, que con este trabajo no tienen la capacidad de proyectarse y planificar su futuro. Generalmente las jóvenes hijas de las maquileras luego a su vez se insertan en la maquila, y no tienen más que la capacidad de ir administrando la pobreza con ese salario que tienen”.

El maltrato sexual es otro lamentable indicador de vulnerabilidad; trabajadoras en Indonesia cuentan que sufren abusos sexuales por parte de los propietarios de las fábricas, continuas amenazas si no tienen sexo con ellos. Igualmente ocurre en algunas fábricas en India. Pero la amenaza del abuso sexual es constante en diversos países, lo que lleva a la necesidad de que haya programas dirigidos exclusivamente a paliar este problema.

Silvia Federici, escritora, profesora y activista, define así el trabajo de las mujeres en las maquilas americanas: “En América Latina, la expropiación de la tierra es la raíz de la maquila, ya que las mujeres jóvenes no pueden sustentarse con una actividad del campo que dejó de existir, y ante la falta de oportunidades se ven obligadas a trabajar en la maquila. Son trabajadoras cuyos padres perdieron la tierra o se han endeudado con la política de Monsanto para comprar las semillas. El despojo de la tierra, el endeudamiento de los campesinos, que ha provocado tantos suicidios, ha sido la base y el fundamento sobre el cual se ha construido la maquila, que ha sido el reemplazo de las grandes concentraciones industriales. La maquila es una institución militar, no solamente económica, y en ella se puede poner cualquier condición de trabajo: no se permite la organización ni la sindicalización, no existen horarios ni protección de los derechos. La maquila es un ataque contra la salud de las mujeres y un ataque contra los derechos humanos en general”.

El trabajo en casa puede dar ciertas ventajas a nivel de flexibilidad pero en muchas ocasiones es engañoso porque esas trabajadoras cobran menos y tienen menos derechos, a pesar que la Organización Internacional del Trabajo indica que las condiciones de trabajo estándar deben ser aplicadas a aquellas personas que trabajan desde sus hogares.

11. ¿Hay trabajo infantil?

Sí.

En algunos países se permite trabajar a niños de 14 años. Por ejemplo, en Bangladesh es legal contratar a niños de 14 a 18 años siempre que no trabajen más de 5 horas al día. Pese a ser legal en esas condiciones, desde la mirada occidental habría que preguntarse si un niño de 14 años que pase 20 horas trabajando a la semana es admisible. Algo similar ocurre en Myanmar, donde trabajan niños a partir de 14 años por $0.16 la hora, para marcas como H&M, Lonsdale, Muji, New Look o Pierre Cardin.

Igualmente en India la edad mínima es de 14 años, pero en determinados trabajos de empresas familiares se permite el empleo infantil. Y es terrible cuando suceden casos como el de N. Kalaysarasi, una chica de 14 años, que murió porque retornó a la fábrica pese a estar enferma para no perder el bonus. La niña tenía neumonía, pero no quería perder el bonus de $41.52, una “gran cantidad” comparada con los $3.54 que ganaba al día.

En cualquier caso, siguen surgiendo casos de trabajo infantil, algunos de ellos extremadamente lamentables, como el referido al fallecimiento de un niño de 9 años en una fábrica de Bangladesh en julio de 2016, después de ser torturado hasta la muerte con un compresor. La forma de ejecutarlo fue terrorífica. La policía descubrió en esa fábrica a 27 niño trabajando, muchos de ellos menores de 14 años. Un año antes, un niño de 13 años había muerto en circunstancias similares en otra fábrica del país.  Unicef estima que alrededor de 4.9 millones de niños entre 5 y 14 años trabajan en numerosas industrias en Bangladesh, superando las estimaciones realizadas en 2003 que rondaban los 3.2 millones.

En el informe realizado por  Overseas Development Institute a finales de 2016 se indica que el 15% de los niños entre 6 y 14 años de los barrios más pobres de Bangladesh trabaja una media de 64 horas semanales, principalmente en la industria textil

Según Unicef, el trabajo infantil es particularmente relevante en la industria textil porque diversas tareas de la cadena de producción requieren mano de obra poco cualificada. En la recolección de algodón a menudo se prefiere a niños que tienen dedos más pequeños y no dañan el cultivo.  Otra característica es la obediencia de los niños a los empleadores, lo que les hace fácilmente manejables.

En Camboya, hay niños entre 14 y 18 años trabajando 12 horas al día en fábricas subcontratadas por H&M.

En Uzbequistan e India se han encontrado niños trabajando en la recolección de algodón y en las hilanderías. Es una forma además de trabajo forzado. En India se conocen a estas niñas como “niñas Sumangali”, una historia terrible de abusos y explotación a niñas a cambio de algo de dinero. Marcas como Walmart, H&M, Gap, Abercrombie o Mothercare han contado con esas fábricas entre sus proveedores en 2013. Tajiskistan, Uzbekistan y Turkmenistán son también focos importantes de trabajo infantil y forzado, implementándose campañas en la actualidad para presionar a los gobiernos de esos países para que actúe al respecto.

En el caso de India, en un informe publicado en 2014, empresas como El Corte Inglés, Inditex, Carrefour y Cortefiel se han ligado a ese trabajo esclavo.

El último informe del Bureau of International Labor Affairs sobre la situación en 2015 se muestra que algunos países donde la industria textil es importante han hecho avances significativos con respecto a 2014 (Argentina, Brasil, Camboya, Guatemala, Paraguay), y otros moderado (Bangladesh, El Salvador, Honduras, India, Indonesia, Nicaragua, Pakistán, Sri Lanza, Tailandia, Turquía). Aun así, queda mucho margen de mejora.

En octubre de 2016, la BBC publicó un reportaje sobre cómo varios proveedores de marcas como Zara o Mango empleaban a niños refugiados sirios en sus fábricas de Turquía. Niños entre 11 y 15 años trabajando 12 horas diarias en condiciones de explotación. No tienen otra opción, según sus padres, si quieren sobrevivir. Las marcas son conscientes de ello, y aunque argumentan que trabajan duramente para evitar esta situación, la evidencia muestra que es a todas luces insuficiente. La situación sigue siendo dramática para los refugiados sirios en Turquía.

En 2019 se estimó que alrededor de 650000 refugiados trabajaban en fábricas textiles del país turco (Business & Human Rights Resource Center, 2019), la mayoría de ellos sin documentación y particularmente vulnerables al abuso y explotación. Esta es una de las causas del crecimiento de la industria en ese país (ya es el tercer proveedor de la Unión Europea). Los proveedores se quejan de la gran presión sobre los precios y los plazos de entrega que ponen las grandes marcas, lo que les empuja a precarizar el empleo, bajar salarios, no pagar horas extra, subcontratar a su vez a talleres que escapan de las auditorías, etc.

En 1833 el parlamento británico dictaminó que los niños no podían trabajar más de 8 horas al día en las fábricas textiles. Era el universo de Dickens, y se tomó como un gran avance ya que hasta entonces la situación era más dramática todavía. Casi 200 años después, esas condiciones se reproducen en muchos lugares del mundo.

12. ¿Hay libertad sindical?

No la hay, al menos en su totalidad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23.4 indica que es un derecho para cualquier trabajador el poder organizarse con otros para proteger sus intereses. El problema es que hay propietarios de fábricas que intimidan a sus trabajadores si estos defienden sus derechos, y los amenazan con el despido si se organizan.

Aunque haya libertad de asociación, a veces es difícil llevarla a la práctica.  Por ejemplo, la prevalencia de los contratos de protección patronales en México, que son contratos colectivos simulados que son negociados entre empleadores y sindicatos ligados al empleador, protegen a este del surgimiento de sindicatos representativos y democráticos, y de negociaciones colectivas que busquen mejorar las condiciones laborales.

No todos los países ratifican los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ejemplo, en 2014 México no había ratificado el C087 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. En 2015 China e India tampoco lo habían hecho. A este respecto, tanto China como India no han ratificado otras convenciones importantes en defensa de los trabajadores.  La ratificación no significa cumplimiento, pero al menos supone un mecanismo de supervisión, por el que estados y sindicatos pueden comunicar su evaluación. En países como Pakistán, India, Bangladesh o China, tampoco hay protocolos para la protección de los derechos de los trabajadores basados en varios tratados internacionales sobre derechos humanos. En teoría son los Estados los que deben garantizar que se cumplen estos derechos, pero en la práctica fallan en hacerlo en muchas ocasiones. Es más, hay países como India en los que se prohíbe el derecho a huelga en las organizaciones que son propiedad del Estado. En China, todavía varios trabajadores de proveedores de marcas como Calvin Klein o Ralph Lauren han sido encarcelados por demandar mejoras laborales e incitar a la huelga.

En Egipto, por ejemplo, el Artículo 55 de la Constitución garantiza la libertad de asociación. Sin embargo, en la práctica hay muchas restricciones. La formación de partidos políticos está regulado por el gobierno y todas las formas de oposición política están minuciosamente vigiladas. Los sindicatos están excluidos de participar en actividades políticas.  Sólo hay una Federación Central de Sindicatos reconocida por el Gobierno, es ilegal en Egipto organizar un sindicato independiente, algo que los trabajadores textiles han demandado desde hace varios años (un caso similar ocurre en China). Trabajadores hicieron huelga en 2007 por este tema y varios fueron encarcelados.

Una opción de los trabajadores es protestar, organizarse, ir a la huelga, pero en algunos países eso es una actividad de alto riesgo. Entre 2009 y 2014 han muerto 31 sindicalistas en Honduras y 62 en Guatemala desde 2008.

En Bangladesh hay trabajadores que sufren amenazas si se sindican. Les incrementan los objetivos de producción de manera inhumana cuando los dueños de las fábricas conocen la lista de empleados que se interesan por unirse para defender sus derechos.

13. ¿Se dan facilidades a las empresas para producir de esa manera?

Sí.

En 1974 se firmó el Acuerdo Multifibras para regular el comercio de productos textiles. Canadá, Estados Unidos y Europa podrían establecer cuotas sobre la cantidad de artículos producidos en otros países que podían importarse. En 1995, esas cuotas fueron progresivamente eliminadas tras entrar en vigencia el Acuerdo sobre los textiles y el vestido de la OMC. A partir del 1 de enero de 2005 el comercio se liberalizó por completo. La presión del FMI y del Banco Mundial hace que muchas economías en desarrollo creen Zonas Francas, tanto para recibir inversión extranjera como para promover la exportación de empresas con capital nacional.

27 millones de personas en todo el mundo trabajan en las denominadas “zonas francas o zonas económicas especiales”, conocidas coloquialmente en América Latina y el Caribe como maquilas. Se estima que a día de hoy existen unas 2000 zonas económicas especiales en todo el mundo, de ellas unas 500 están en latinoamérica. Estas zonas francas se han extendido por numerosos países latinoamericanos como una forma de atraer la inversión extranjera a cambio de mano de obra barata, poca regulación laboral y tratamiento fiscal favorable. La industria textil se ha convertido en uno de los mayores usuarios de estas zonas. Las zonas francas suministran productos a grande empresas de la moda.

Las empresas suelen elegir zonas francas porque éstas les permiten producir con estructuras de muy bajo coste y sin demasiada fiscalización por parte de los gobiernos anfitriones. Cuentan con un paquete muy atractivo que incluye, por ejemplo,  un tipo nominal de impuesto de sociedades menor que en el resto del país, y subvenciones para el empleo de recursos humanos locales. Dadas estas ventajas es muy común la presión del sector empresarial por promover este tipo de negocios en países pobres como los centroamericanos.

En Paraguay, por ejemplo, las maquilas sólo tributan un 1% sobre el Valor Agregado del Territorio Nacional, lo que quiere decir que sólo pagan un 1% de las compras que realizan. De este modo, no hay tributos sobre las ganancias, sólo ese porcentaje minúsculo sobre las compras. Esas empresas están exentas de pagar el IVA y los aranceles de importación.

En Nicaragua muchas empresas se beneficiaron de las tasas preferenciales arancelarias que durante 10 años permitieron exportar hacia Estados Unidos con beneficios fiscales. Cuando se pierden esos privilegios, las empresas realizan despidos.

En El Salvador se han establecido unas 250 empresas, instaladas en 17 zonas francas, en las cuales se estima que trabajan más de 81000 personas, en su mayoría mujeres. A esa cifra se suma un buen número de trabajadoras que lo hace desde sus casas. Es habitual que las empresas amenacen con irse del país cuando los trabajadores mejoran sus derechos, como ha ocurrido recientemente en el El Salvador; 2 maquilas pretendían abandonar el país por el incremento del salario mínimo. Finalmente, no han cumplido su amenaza y se quedan.

Las maquilas de El Salvador continúan teniendo un trato fiscal favorable pese a las múltiples evidencias sobre explotación laboral. Según el reportaje realizado por la revista Gatoencerrado, un 20% de ellas siguen recibiendo los beneficios asociados a las zonas francas pese haber sido sancionadas entre 2016 y 2017 por vulnerar los derechos de los trabajadores. Los incentivos fiscales en El Salvador, equivalen al 5% del PIB, es decir, tal como indica esta investigación, el país deja de percibir $1200 millones al año, un porcentaje que equivale al doble de lo que el país gasta en salud. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) sólo cuenta con 110 inspectores para todo el país, una cifra insuficiente para atender correctamente todas las demanda de inspecciones.

También en Egipto existen esas zonas económicas especiales, además de otorgar ventajas fiscales a las empresas, les dan mayor poder para despedir a los trabajadores.

En Etiopía las nuevas fábricas están exentas de pagar impuestos sobre los beneficios los primeros 5 años, y tamopoco pagan impuestos sobre las compras.

Los beneficios de las zonas económicas especiales tienen varios contrapuntos; los ingresos no percibidos por los incentivos fiscales, exenciones de derechos y la inversión en infraestructura son una gran carga para el erario público. Por ejemplo, de acuerdo con el auditor general Contraloría de la India, las zonas económicas especiales en la India habían dado 16,6 mil millones de dólares en reducciones de impuestos entre 2006 y 2013. Eso es solamente alrededor de 6 mil millones menos que su programa de subsidios de alimentos iniciado en 2013, que alimenta dos tercios de sus 1200 millones de personas.

Por otro lado no sólo los países fabricantes dan facilidades, sino que en los países importadores (donde residen las marcas) también se facilita ese modus operandi, por ejemplo, no estableciendo una ley de transparencia por la cual las grandes empresas hagan pública toda la cadena de suministro. Ese oscurantismo perjudica las labores de seguimiento y control, aunque hay guías y recomendaciones, estas no son de obligado cumplimiento, es decir, son opcionales.

14. ¿La presión mediática influye en las decisiones de las empresas?

Sí.

Por presión mediática entendemos los llamamientos y demandas de diferentes organizaciones, activistas, sindicatos, medios de comunicación, etc. para que se mejoren las condiciones de trabajo y se haga justicia. He aquí unos ejemplos:

Kik pagará indemnizaciones de 5.15 millones de dólares por la tragedia de 2012 en Pakistán, que se cobró la vida de 255 personas y hubo decenas de heridos. La firma del acuerdo ha llegado 4 años después.

– C&A, Li & Fung, Kik, El Corte Inglés, Walmart han pagado 2.5 millones de dólares en compensación por la tragedia de la fábrica Tzreen Fashionsm, que el 24 de noviembre de 2012 se incendió y produjo 113 muertos y numerosos heridos.

– C&A se ha comprometido a pagar una indemnización a los 5 trabajadores despedidos de un proveedor en Camboya,  y a cesar las acciones judiciales emprendidas por sus protestas sindicales. Esta carta dirigida a uno de los directivos de la marca ha sido fundamental para producir ese efecto.

Monserrat  Arévalo, portavoz de Mujeres Transformando lo definía así: “A veces se logran cosas más rápido, por la vía de la presión a las marcas que si nos vamos a un juzgado por laboral, que te puede llevar años y al final no te garantiza que se vaya a pronunciar a favor de la trabajadora, así que es muy importante la concienciación en el norte”.

15. ¿Qué responsabilidad tienen las marcas?

Hay varios tipos de responsabilidad. La primera es la derivada de buscar el proveedor más barato a toda costa. No es siempre el caso, ciertamente, pero para los contratos a corto plazo las marcas buscan un proveedor que les haga el trabajo al menor coste posible. El incentivo a bajar los precios reduciendo los costes laborales y de seguridad en los proveedores es evidente.

No sólo hay que adoptar códigos de conducta, que recordemos son voluntarios para las empresas, sino que hay que implementarlos de manera efectiva. Este es uno de los problemas que organizaciones como Labour Behind the Label denuncia, es decir, que se cumplan los compromisos que las marcas adquieren.

Bien es cierto que en algunos países, como Reino Unido, ya se está comenzando a estipular que las empresas grandes (aquellas con una facturación anual de 36 millones de libras) firmen un documento que acredita que son transparentes en su cadena de suministro y las acciones que están realizando para erradicar la “esclavitud moderna”. Sin embargo, pese a que es una ley, la forma de implementarla está sujeta a varias acciones voluntarias por parte de las empresas, por lo que no todas reportan la misma información sobre su cadena de suministro o sobre las acciones que están haciendo de supervisión.

En 2011, se descubrieron en Brasil dos talleres en Sao Paulo en los que inmigrantes ilegales fabricaban ropa para Zara en condiciones de pseudo esclavitud. Según el Ministerio de Trabajo de ese país, al menos otros 33 talleres subcontratados por la empresa española estarían en condiciones similares. Inditex culpó a la empresa AHA, uno de sus proveedores de Brasil de haber subcontratado esos talleres, pero la realidad es que es responsabilidad de Zara (y de las demás marcas) el controlar toda la cadena de producción para que no se produzcan estas lamentables situaciones.

Hace unos meses revisaba el excelente libro “Contra la lex mercatoria”. En él se reflexiona acerca de la responsabilidad social corporativa, y comentaba a este respecto:

Los autores hacen una crítica sólida a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), esa especie de tabla de salvación que las empresas esgrimen para justificar sus actividades, y que pretende convencer de que están comprometidas con el medio ambiente, las personas, y todos los colectivos afectados por ella.

El gran problema de la RSC es que es voluntaria, es decir, no es una obligación para las empresas, sino una forma de auto regular sus actividades al preocuparse por el bienestar de la comunidad. De este modo, las multinacionales tienen todos sus derechos regulados por la lex mercatoria, pero sus obligaciones (más allá de las normas de cada país) no son “obligatorias”.

Al final se convierte en una herramienta de marketing más, una forma de persuadir al consumidor para camuflar sus verdaderas intenciones. La tragedia del Rana Plaza en Bangladesh es comentada en el libro como el paradigma del fracaso de la RSC, pero se podría hablar también de otros comportamientos muy alejados de lo que debería ser el espíritu de una RSC real (empresas vinculadas en paraísos fiscales, delitos medio ambientales, obsolescencia programada, aliento de conflictos armados para obtener condiciones ventajosas en la explotaación de recursos naturales, etc.)

Sin embargo, desde hace varias décadas se está intentando que esa voluntariedad sea realmente una regulación, aunque el repaso histórico que hacen los autores nos muestra un dibujo desesperanzador del papel de la ONU en este asunto, descartando una normativa internacional para pasar a ideas como el Global Compact, que volvía a ser de carácter no obligatorio  (soft law).

El Global Compact fue lanzado en 1999 con el objetivo de constituirse como un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de los negocios y mercados. Era una especia de alianza entre la ONU y las multinacionales, donde también participaron en su creación varias ONGs importantes. Pero no dejaba de ser un código de conducta voluntario, no ejercía funciones de vigilancia, no imponía criterios y no evaluaba la conducta ni las acciones de las empresas. En definitiva, no había ningún marco jurídico, sólo una declaración de intenciones, sin ningún mecanismos de control para su seguimiento.

Los autores enfatizan que son los estados y los organismos internacionales los que deben garantizar los derechos humanos, y que las multinacionales deben respetarlos. Pero si no hay control normativo internacional, y los Estados se ven en cierto modo coaccionados por los acuerdos bilaterales y multilaterales (cuando no son cómplices de la propia vulneración de esos derechos), la situación de desprotección es manifiesta. Ante eso, de nuevo, la lex mercatoria es implacable.

Por tanto, ¿no es una contradicción manifiesta ligar ese tipo de propuestas voluntarios de la RSC a conceptos como la rentabilidad o productividad? Por mucho que se quiera justificar que las empresas percibidas como socialmente responsables (gracias al marketing de la RSC) pueden cobrar un sobreprecio para sus productos que les haga “compensar” el coste de ser “responsables”, la realidad es que la maximización del beneficio sigue siendo el objetivo fundamental, y ante eso, lo demás queda en un segundo plano. ¿Donde queda la RSC cuando una empresa con beneficios despide a cientos de trabajadores, una compañía se deslocaliza pagando un salario indigno a sus trabajadores, o varias grandes corporaciones pactan precios y tienen a sus directivos cobrando sueldos multimillonarios mientras deshaucian o cortan la electricidad? Evidentemente las empresas tienen que ser rentables, pero renunciando a parte de sus beneficios podrían igualmente serlo; sin embargo, para ello se necesitan normas de obligado cumplimiento, y eso es lo que todavía sigue sin producirse.

Bien es cierto que algunas de estas empresas de fastfashion (Zara, H&M) tratan también de lavar su imagen a través de la producción de colecciones de moda “sostenible”. Siempre es de agradecer ese tipo de iniciativas, ya que en teoría conllevan un proceso de producción socialmente responsables desde el punto de vista ambiental y también laboral, pero su importancia con respecto al volumen total producido es mínimo. Además, es una contradicción manifiesta que una empresa por un lado emplee el concepto de sostenibilidad mientras que por otro lado sigue mostrando grandes carencias en temas laborales.

El contraste entre lo que las empresas dice en su propaganda social corporativa y lo que realmente ocurre en la cadena de suministro es a veces enorme. Un ejemplo reciente es el caso de la marca japonesa Uniqlo, una de las más importantes de la industria textil deportiva, y lo que está sucediendo en algunas de sus fábricas en China o en Camboya. Pese a que es una marca con la producción menos dispersa que otras (y por tanto más fácilmente controlable), la investigación de una ONG que enlazo a continuación muestra personas trabajando muchas más horas de las convenidas a la semana, que no cobran las horas extra como tales, en condiciones insalubres en las fábricas, y cuyo nivel de explotación no les permite apenas plantearse otra alternativa. Las denuncias de las ONG hacen que la marca actúe y trate de mejorar, pero todavía es insuficiente. Es la distopía de Uniclo, en contraste con la utopía de su mensaje publicitario.

Nike, por su parte, no ha firmado el código de conducta de la Universidad de Georgetown para vender productos licenciados. En diciembre de 2016, varias decenas de estudiantes se han encerrado en la Universidad y han sitiado el despacho del presidente para exigir que no se renueve el contrato con la marca de Oregón. El motivo fundamental es un reciente informe aparecido sobre las condiciones de uno de sus proveedores en Vietnam. Está claro que las marcas pueden hacer mucho más de lo que actualmente hacen.

De hecho las fábricas que han firmado los acuerdos de seguridad de Bangladesh se quejan de que las marcas que les hacen los pedidos no les ayudan con la financiación para acometer las mejoras de seguridad requeridas por ese acuerdo. La mayoría de marcas sólo participan en costear las inspecciones periódicas, y son las fábricas las que tienen que pedir préstamos para poder hacer frente a esos pagos, lo que redunda en que las fábricas más pequeñas tengan especial dificultad en seguir el programa de mejoras.

En Argentina es notorio el caso de la marca Cheeky, propiedad de Juiana Awada, la esposa del presidente Macri. La marca confecciona productos en talleres clandestinos donde los trabajadores (la mayoría inmigrantes bolivianos) trabajan en condiciones infrahumanas en jornadas de 15 horas diarias. En este vídeo se muestra un ejemplo de esos talleres y se recuerda la responsabilidad que las marcas tienen sobre el trabajo a domicilio.

17. ¿Las fábricas son seguras?

En muchas ocasiones no, aunque estén inspeccionadas y auditadas.

Un ejemplo es la fábrica ALI Enterprises que pocas semanas antes del accidente en el que murieron más de 250 trabajadores en Pakistán, en septiembre de 2012, había sido auditada por Social Accountability International.

En otras ocasiones, las fábricas siguen funcionando pese a que no pasan la auditoría de seguridad, como la factoría Tazreen de Dhaka, que había sido inspeccionada por el Departamento de Defensa Civil y el Servicio de Fuegos de Bangladesh, no habiéndose renovado la certificación de seguridad contra incendios. La fábrica siguió en marcha y murieron 117 personas.

Aunque la gran mayoría de compañías importantes emplea una combinación de auditorías internas y externas, son insuficientes debido a la evidencia sobre la manipulación de las auditorías externas (conflictos de interés y “entrenamiento” de los trabajadores para dar las respuestas “adecuadas”). Además, como no hay aspectos concretos que evaluar sobre el compromiso de alcanzar el salario digno, se hace complicada la evaluación.

La falta de transparencia de las corporaciones en relación a los salarios que se paga en la cadena de suministro sigue siendo una característica del sector. Aunque algunas de ellas publiquen una lista de proveedores, son incapaces de dar datos sobre los salarios pagados.

18. ¿Están las marcas pagando indemnizaciones por los accidentes ocurridos?

Sí, pero a veces con mucho retraso.

Por ejemplo, el 11 de septiembre de 2012 más de 250 trabajadores murieron en un incendio en Pakistán en una fábrica que era proveedor de la empresa alemana Kik.  Han tenido que pasar 4 años para que se firmara un acuerdo de 5.15 millones de dólares para las víctimas y familiares. Previamente Kik había pagado 1 millón de dólares gracias a un acuerdo con una organización laboral pakistaní, pero eran a todas luces insuficientes, dada la magnitud de la tragedia.

19. ¿Hay que boicotear a esas marcas?

Es complejo posicionarse a este respecto.

Muchos defienden que el boicot lo único que hace es perjudicar al eslabón más débil de la cadena: el trabajador. Desde ese punto de vista habría que exigir que las marcas se comporten de otra manera sin necesidad de dejar de comprar esos productos.

Sin embargo, mi postura acerca de esto no es tan clara. La presión de los consumidores y de los medios ante amenazas de boicot puede ser abrir posibilidades de mejora. Al fin y al cabo, la historia nos dice que muchas de estas empresas sólo han reaccionado cuando ha habido situaciones extremas, como los accidentes y los fallecimientos de trabajadores.

Hay otras opciones de compra, marcas que no producen en esos países o que lo hacen bajo la etiqueta de comercio justo o de filosofía ecológica. Probablemente haya muchas que estén haciendo bien las cosas en relación a los derechos de los trabajadores y habrá que darles un voto de confianza hasta que no salgan informaciones contrarias al respecto.

Hace unas semanas solicité una entrevista a una empresa que no tiene su producción deslocalizada, con el fin de que me explicaran de primera mano cómo fabricaban y la situación de los trabajadores que producen en nuestro propio país. Pero no obtuve ninguna respuesta.  Necesitamos que aquellas empresas que lo estén haciendo bien sean lo suficientemente transparentes para que todos confiemos en ellas. Actualmente estoy en contacto con otras que sí están colaborando en dar más información, y que comentaré más adelante. Pero es grato conocer experiencias de personas que se han dado cuenta de que otra forma de producir y de relacionarse con los trabajadores es posible.

No obstante, ciertos indicadores de calidad o de transparencia se pueden quedar más que en eso, en papel. En octubre de 2016 morían 3 trabajadores en una fábrica en Pakistán, proveedora de Levi ‘s, a pesar de que la marca tenía la más alta puntuación en el Fashion Transparency Index. Sin duda, queda mucho trabajo por hacer.

El sello de comercio justo, Fair Trade, puede ser una garantía, pero en ocasiones existen dudas sobre si realmente el proceso ha sido todo lo limpio que debería. Por ejemplo, una propia auditoría de la marca Patagonia en 2011 (una de las que se caracteriza por su enfoque al comercio justo y la sostenibilidad), mostró que en su cadena de suministro había varias deficiencias ligadas a la subcontratación de trabajo precario por parte de algunos proveedores, a través de brokers de trabajo; intermediarios que se encargan de contratar trabajadores) cobrando una comisión desorbitada por ello a los propios trabajadores y ofreciendo unas condiciones de explotación. Al menos es loable el intento de algunas de las empresas del sector por mejorar en este sentido.

Aunque se produzca de manera local, en ocasiones el algodón se importa de países como Uzbequistán, donde existe una situación real de esclavitud (el Estado obliga a la población a recolectar el algodón en condiciones indignas). El caso de American Apparel es ilustrativo; se publicita como una marca que produce en Estados Unidos (algo que es cierto) pero la materia prima (el algodón) proviene de Uzbequistán, por lo que aunque no haya explotación laboral en la producción de la ropa (en su confección) sí que la hay en el primer escalón de la cadena. La marca estadounidense todavía no ha firmado una petición para que no se importe algodón de ese país hasta que la situación no cambie.

No obstante, el modelo de negocio está cambiando, aunque sea muy poco a poco. Y eso es de agradecer. Los productores de ropa orgánica están creciendo en todo el mundo, y eso trae 2 beneficios fundamentales para los trabajadores textiles; (1) el pago de salarios dignos y mejora de la situación laboral; (2) la minimización de exposición a tóxicos.

20. ¿Es un problema sistémico?

Sí, lo es.

Es un problema ligado al sistema capitalista y a la filosofía neoliberal. Aunque el trabajo esclavo se eliminara y se incrementaran los derechos de los trabajadores, la forma de explotación ligada al sistema de producción capitalista se mantendría, donde el valor del salario de los trabajadores es siempre menor del valor de los bienes que producen.

Sin embargo, es obvio que la minimización de esa dicotomía es posible si los derechos de los trabajadores aumentan y la responsabilidad de los propietarios de las marcas fuera en consonancia con sus acciones. Tal vez un ejemplo de esto último es el empresario Philip Green, propietario de varias marcas textiles, entre ellas Topshop, que viste a celebridades como Beyonce. Green es un multi-billlonario que ha sido acusado de enriquecerse con la quiebra de BHS, una importante empresa inglesa que vendió por poco más de 1 euro en 2015, dejando en la calle a casi 11000 trabajadores y amenazando las pensiones de otros 20000. Se sospecha que Green desvió fondos de esa empresa a Mónaco, lugar de residencia de su esposa. Topshop produce en Sri Lanka, y los trabajadores ganan menos de 5 euros al día por trabajar más de 60 horas a la semana. Algunos trabajadores ganan 100 euros al mes en esas fábricas, trabajando casi 10 horas al día con sólo 30 minutos de descanso para comer “Todo lo que hacen es trabajar, dormir, trabajar,dormir”. Sin embargo, lo que la compañía dice en su web es que trabajan para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y para ayudar a los trabajadores a tener una experiencia completa de vida. De nuevo se ve aquí, por tanto, el desfase entre las campañas de imagen y las buenas palabras con los hechos.

El poder de las multinacionales es enorme, y es mayor que el de muchos Estados, que se ven incapaces de implementar regulaciones ante la presión financiera.

Esta problemática laboral no sólo ocurre en la industria textil. De hecho en países como China se extiende a otro tipo de sectores, como el tecnológico. Por ejemplo, es tristemente conocido la oleada de suicidios que en 2010 ocurrieron en Foxconn, un fabricante de dispositivos para marcas como Apple, HP o Sony Ericsson. Estos sucesos propiciaron que varios profesores de sociología de universidades chinas escribieran una carta abierta para rebatir el modo de producción chino y las condiciones laborales que millones de ciudadanos sufren en pos de un crecimiento económico que lleva a la riqueza a unos pocos y a la desesperación a muchos.

La desfachatez de este sistema queda reflejado en la foto que muestro a continuación (que obviamente no está manipulada). Está tomada este mes de agosto de 2016 en la Disney Store de Murcia.

precio

Seguramente es un caso extremo, pero merece la pena pararse en él. El precio normal del producto es 11.90 euros, mientras que el precio rebajado es de 1.50. Asumiendo que Disney no ganara nada con el precio rebajado (que es mucho asumir), cualquier persona que haya comprado ese producto sin rebajar le ha proporcionado a Disney un 693% de beneficio. Repito, un 693% de beneficio. Dejo a la imaginación de los lectores calcular lo que se han llevado las trabajadores que han estado bordando y cortando esos adhesivos.

El sistema se aprovecha de las divergencias entre condiciones laborales entre países para explotar trabajadores de los países más pobres. Un ejemplo es lo que está pasando en Jordania con trabajadores provenientes de Sri Lanka o Bangladesh. Las condiciones laborales son mejores que en sus países de origen y migran hacia Jordania, en muchos casos, pagando grandes cantidades de dinero a intermediarios que se enriquecen a su costa. Sin embargo, esos trabajadores siguen explotados, de hecho son vulnerables a abusos y bajos salarios, que muchos no denuncian por miedo a ser deportados. Es muy ilustrativo que con  una tasa de paro que se estima llega hasta el 28% en los jóvenes, la industria textil no pueda conseguir trabajadores entre los propios habitantes de Jordania, y tenga que recurrir a la fuerza de trabajo de los inmigrantes. Eso da una idea de las condiciones laborales que sufren.

Llegados a este punto, presento Stars for Workers como una forma de concienciar sobre este problema y de involucrar a una parte fundamental de la industria: las celebridades patrocinadas por las marcas. Es un paso más para intentar cambiar las cosas. Mientras algunos de nosotros luchamos por dirigirnos hacia un sistema post capitalista, debemos implicarnos en mejorar la vida de aquellos que son víctimas de nuestra propia forma consumir.

Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2019, agosto 15). Preguntas y respuestas sobre la explotación laboral en la industria textil. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b172

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(#144). CONTRA LA LEX MERCATORIA

[MONOTEMA]  Tras los resultados electorales en España en el que, incomprensiblemente para algunos, se perpetúan como primeras fuerzas políticas aquellas que manifiestamente han robado a la ciudadanía, la han empobrecido y la han privado de algunos de sus derechos fundamentales,  creo que es preceptivo hacer una revisión de un libro muy reciente, y de gran interés: Contra la lex mercatoria. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales.

9788498886931

El libro está escrito por Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro. El primero de ellos es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). El segundo es coordinador del OMAL, un proyecto de investigación de la asociación Paz con Dignidad (www.omal.info).

Voy a hacer una breve síntesis de los puntos fundamentales de esta obra, en aras de mostrar, una vez más, la injusticia que la dictadura de los mercados y el capitalismo de rapiña produce (representado fielmente por las empresas multinacionales), y presentar las alternativas que existen para que la situación pueda revertirse.

Capítulo 1. La arquitectura jurídica de la impunidad: la lex mercatoria contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Esa dicotomía que señalan los autores es clave para entender la situación irregular  en la que el poder de las multinacionales protegido por normas establecidas por los actores comerciales está por encima de algunos de los derechos fundamentales de los seres humanos.

La lex mercatoria es un conjunto de contratos de explotación y comercialización, tratados comerciales bilaterales y regionales, acuerdos de protección de inversiones y laudos arbitrales, que regulan el comercio internacional. Obviamente, con la complicidad de los estados e instituciones económico financieras (FMI, Banco Mundial, entre otras), lo que los autores llaman la “armadura del capitalismo”.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) se vertebra, a su vez, sobre la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esas normas provienen de diferentes acuerdos escritos entre dos o más estados, en forma de Convenios, Pactos o Protocolos (Pacto Internacional de Derechos Civides y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales…).

Los autores recalcan que el DIDH está jurídicamente siempre por encima de la lex mercatoria, pero que en la práctica no es así, ya que existen múltiples evidencias acerca de cómo la dictadura de los mercados escudada en esos acuerdos comerciales vulnera los derechos humanos en muchos países, sin que haya una compensación acorde al daño realizado o un punto de inflexión para que no vuelvan a reproducirse.

Los investigadores profundizan en la idea de que, debido a la lex mercatoria, las multinacionales pueden demandar a los Estados ante tribunales de arbitraje internacionales (privados), pero las personas afectadas por la vulneración de los derechos humanos no pueden hacer lo mismo. Son los estados los que tienen la facultad de aplicar el Derecho nacional sobre esas empresas pero en la jurisdicción que les ocupa, es decir, la nacional, cuando muchas de ellas tienen su matriz en otros diferentes países, o  intentar denunciar (las víctimas, no los estados) ante tribunales de países de origen de las multinacionales.

Este último es el caso de las víctimas ecuatorianas de las prácticas ambientales de Chevron-Texaco y su demanda ante un tribunal de Nueva York en 1993, que dio la razón a la compañía estadounidense. El asunto regresó a Ecuador, y los tribunales de ese país dictaminaron que Texaco tenía que pagar 8.646 millones de dólares como sanción. Sin embargo, la empresa no aceptó la setencia emitida en ese país y denunció a Ecuador en un tribunal de arbitraje privado (Corte Permanente de Arbitraje de La Haya), debido a que Ecuador y Estados Unidos habían firmado en 1997 un tratado bilateral de protección de inversiones. El tribunal internacional se declaró competente y anuló la sentencia emitida en Ecuador. Además Texaco demandó ante la Corte Federal de Nueva York a los representantes legales de las comunidades denunciantes, solicitando que sea el Estado de Ecuador el que pague esos miles de millones que la multinacional tendría que pagar a las víctimas.

El anterior es un magnífico ejemplo, lamentablemente, de la asimetría de poder entre las multinacionales y los ciudadanos de los estados. Dicho de otro modo, las multinacionales tienen unos derechos globales provenientes de la lex mercatoria, pero unas obligaciones únicamente de ámbito nacional, obligaciones que son heterogéneas debido a las divergencias normativas entre los países. Cuando incluso esos derechos entran en conflicto con las normas de esos países, las multinacionales se apoyan en los acuerdos mercantiles y en tribunales privados para pasar por encima de la propia soberanía de los estados, que se ven en muchos casos maniatados para defender los derechos de sus ciudadanos.

Capítulo 2. ¿”Responsabilidad social” o normas vinculanes? El “sector privado” y la evolución normativa de Naciones Unidas.

Los autores hacen una crítica sólida a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), esa especie de tabla de salvación que las empresas esgrimen para justificar sus actividades, y que pretende convencer de que están comprometidas con el medio ambiente, las personas, y todos los coletivos afectados por ella.

El gran problema de la RSC es que es voluntaria, es decir, no es una obligación para las empresas, sino una forma de auto regular sus actividades al preocuparse por el bienestar de la comunidad. De este modo, las multinacionales tienen todos sus derechos regulados por la lex mercatoria, pero sus obligaciones (más allá de las normas de cada país) no son “obligatorias”.

Al final se convierte en una herramienta de marketing más, una forma de persuadir al consumidor para camuflar sus verdaderas intenciones. La tragedia del Rana Plaza en Bangladesh es comentada en el libro como el paradigma del fracaso de la RSC, pero se podría hablar también de otros comportamientos muy alejados de lo que debería ser el espíritu de una RSC real (empresas vinculadas en paraísos fiscales, delitos medio ambientales, obsolescencia programada, aliento de conflictos armados para obtener condiciones ventajosas en la explotaación de recursos naturales, etc.)

Sin embargo, desde hace varias décadas se está intentando que esa voluntariedad sea realmente una regulación, aunque el repaso histórico que hacen los autores nos muestra un dibujo desesperanzador del papel de la ONU en este asunto, descartando una normativa internacional para pasar a ideas como el Global Compact, que volvía a ser de carácter no obligatorio  (soft law).

El Global Compact fue lanzado en 1999 con el objetivo de constituirse como un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de los negocios y mercados. Era una especia de alianza entre la ONU y las multinacionales, donde también participaron en su creación varias ONGs importantes. Pero no dejaba de ser un código de conducta voluntario, no ejercía funcioaes de vigilancia, no imponía criterios y no evaluaba la conducta ni las acciones de las empresas. En definitiva, no había ningún marco jurídico, sólo una declaración de intenciones, sin ningún mecanismos de control para su seguimiento.

Los autores enfatizan que son los estados y los organismos inernacionales los que deben garantizar los derechos humanos, y que las multinacionales deben respetarlos. Pero si no hay control normativo internacional, y los Estados se ven en cierto modo coaccionados por los acuerdos bilaterales y multilaterales (cuando no son cómplices de la propia vulneración de esos derechos), la situación de desprotección es manifiesta. Ante eso, de nuevo, la lex mercatoria es implacable.

Por tanto, ¿no es una contradicción manifiesta ligar ese tipo de propuestas voluntarios de la RSC a conceptos como la rentabilidad o productividad? Por mucho que se quiera justificar que las empresas percibidas como socialmente responsables (gracias al marketing de la RSC) pueden cobrar un sobreprecio para sus productos que les haga “compensar” el coste de ser “responsables”, la realidad es que la maximización del beneficio sigue siendo el objetivo fundamental, y ante eso, lo demás queda en un segundo plano. ¿Donde queda la RSC cuando una empresa con beneficios despide a cientos de trabajadores, una compañía se deslocaliza pagando un salario indigno a sus trabajadores, o varias grandes corporaciones pactan precios y tienen a sus directivos cobrando sueldos multimillonarios mientras deshaucian o cortan la electricidad? Evidentemente las empresas tienen que ser rentables, pero renunciando a parte de sus beneficios podrían igualmente serlo; sin embargo, para ello se necestian normas de obligado cumplimiento, y eso es lo que todavía sigue sin producirse.

Capítulo 3. Resistencias, regulaciones y alternativas: Propuestas para el control de las empresas transnacionales.

La última parte del libro es quizá el reto más difícil para los autores. Una vez denunciada y justificada la impunidad con la que continuamente las transnacionales vulneran los derechos humanos, queda proponer acciones para evitarlo.

Para ello, los investigadores proponen una transición sustentada en tres elementos: resistencia, regulación y alternativas. El primero de ellos se refiere a la denuncia y difusión de los impactos negativos del capital transnacional. El segundo se vincula al deber que tienen los estados de instaurar mecanismos de redistribución y control. Y el tercero alude a la construcción de propuestas alternativas concretas para una economía post-capitalista.

Entre las propuestas específicas que proponen los autores se encuentran:

Obligaciones extraterritoriales de los estados: Las transnacionales buscan en ocasiones establecer filiales en países con legislaciones mucho más laxas que en el país de la empresa matriz, por lo que debiera ser exigible que se cumplieran las normas de ese país de origen. No obstante, a veces el país de origen no se corresponde con la procedencia de capitales o la nacionalidad de los miembros de los consejos de administración, por lo que resulta más complejo implementar esta propuesta, lo que reivindica aún más la necesidad de unas normas internacionales para tal fin.

Internacionalización y coherencia de políticas: Internacionalización sí, pero tras un control sobre el cumplimiento de los derechos humanos. De nuevo los autores ponen el énfasis en que los estados no debieran alentar la internacionalización, a través de subvenciones por ejemplo, si no hay un estricto control de que la empresa, sus filiales e incluso sus proveedores en los países de destino respetan esos derechos.

Derechos laborales y cláusulas sociales: Es evidente que no se le puede exigir a un país en vías de desarrollo que pague un salario mínimo igual que en un país desarrollado, ya que ello sería un impedimento para su desarrollo económico, pero eso no justifica que no se deban cumplir los derechos fundamentales de los trabajadores. Además, los estados deberían tener cláusulas sociales que les permitieran, por ejemplo, impedir que una empresa haga despidos con el único objetivo que aumentar (aún más) los beneficios, o evitar que se deslocalicen centros de trabajo que son rentables, para buscar un incremento añadido de esa rentabilidad.

Actos simbólicos: Los autores comentan el caso que ocurrío en septiembre de 2015, cuando el Ayuntamiento de Madrid, le denegó a Coca-Cola la utilización de unas instalaciones deportivas para grabar un anuncio, en solidaridad con lo trabajadores de la empresa en Fuenlabrada que habían sufrido un ERE. Pese a las críticas que sufrío el Ayuntamiento por parte de muchos medios de comunicación, este tipo de actos son el primer paso para ir acometiendo controles más profundos sobre las transnacionales. Y esas críticas son también una muestra de cómo reacciona el establishment económico y mediático ante cualquier medida que trate de controlar los abusos de estas corporaciones.

Prioridad del comericio local y regional: Frente a los grandes tratados comerciales y de inversión, que buscan un crecimiento de la oferta incrementando libertades para las empresas y quitando derechos para los ciudadanos, los autores proponen un cambio de paradigma; un comercio de complementariedad con respeto a los pueblos y a la naturelaza, una primacía de los derechos humanos sobre las normas de comercio e inversiones, dejar bajo tutela pública y fuera de las normas del comercio el agua, la salud, la educación y los servicios públicos, y poner fin a los tribunales privados de arbitraje apostando por establecer instancias y órganos para el control público y ciudadano de las empresas transnacionales. En este último caso, los autores proponen crear una Corte Mundial sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente los mecanismos universales, regionales y nacionales, garantizando que las persoans y comundiades afectadas tengan acceso  a una instancia internacional independiente.

Sancionar a las instituciones internacionales: Las instituciones económico-financieras internacionales, como el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, impulsores de políticas de austeridad que han desangrado a algunas sociedades, y han impulsado acuerdos comerciales que manifiestamente han “legitimado” a las transnacionales en sus actividades, deberían responsabilizarse de esos actos y pagar por ello. Las personas físicas que encabezan esas intituciones ya pueden ser demandadas ante la Corte Penal Internacional.

Creación de un código externo vinculante: Sobre la base las normas de la ONU de 2003, y los anteriores intentos fallidos de las Naciones Unidas por establecer un marco de regulación obligatorio, los autores enfatizan la necesidad de elaborar explícitamente unas normas internacionales que no sean voluntarias, sino obligatorias. Desde 2014, la ONU ha establecido un grupo de trabajo sobre empresas transnacionales en relación a los derechos humanos que puede ser un primer paso para conseguir este objetivo, aunque algunos países importantes y los grupos de poder de las transnacionales están tratando de obstaculizar cualquier avance.

El Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales, propuesto por varias organizaciones no gubernamentales, sindicales y ambientales, así como difernetes juristas y académicos, recoge todas estas propuestas y las pone sobre la mesa de la ONU para sirvan como base para el desarrollo de esas normas internacionales vinculantes.

Conclusión

Ante la imposición del capitalismo y la filosofía neoliberal como único sistema posible, los dueños del capital han construido una armadura de leyes mercantiles que protegen sus intereses frente a los derechos fundamentales de los pueblos, con la complicidad de estados y de los partidos políticos que son más confluentes con el sistema.

Frente a ello, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que debería estar por encima de cualquier ley mercantil, se vulnera constantemente debido, entre otros factores, a la carencia de unas normas internacionales de obligado cumplimiento para las empresas transnacionales.

Esas normas son inexcusablemente necesarias para compensar el poder de esas corporaciones, y también para garantizar los derechos de los ciudadanos de estados que no han firmado  todos los acuerdos existentes en materia de derechos humanos.

Este libro muestra una crítica fundamentada a la Responsabilidad Social Corporativa como instrumento ineficiente de control de las actividades de esas empresas, y propone diferentes alternativas para la supervisión y la reglamentación de los negocios de las corporaciones transnacionales.

En el contexto del oscurantismo de las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos para implementar el TTIP, un nuevo acuerdo mercantil que favorece a los propietarios del capital y reduce todavía más los derechos de la ciudadanía, este libro cobra especial relevancia, y es una magnífica lectura para todas las personas que se preocupan por el empoderamiento de la ciudadanía y la lucha frente a la injusticia social.

¿Deberían los estados respetar acuerdos con multinacionales cuando éstas manifiestamente vulneran los derechos humanos y cuando esos acuerdos se han realizado con gobiernos abiertamente corruptos? Esta es una de las muchas cuestiones que este libro trata y que, sin necesidad de entrar en disquisiciones (tal vez innecesarias) sobre socialismo, marxismo o comunismo (conceptos que no se comentan en el texto), nos habla simplemente de la necesidad de una sociedad post-capitalista donde la base sean los Derechos Humanos, y existan un cuerpo de normas internacionales robusto de obligado cumplimiento para que las transnacionales no ejerzan impunemente su poder.

Excelente obra, por tanto, que creo firmemente que debería ser de obligada lectura para los estudiantes universitarios de administración de empresas, derecho y economía

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