(#308). LOS REPUBLICANOS ADVIERTEN A LA OMS QUE LE QUITARÁN FONDOS SI NO RECTIFICAN SOBRE EL GLIFOSATO

[MONOTEMA] El Partido Republicado de los Estados Unidos acaba de dar una advertencia (algunos dirían que es más bien una amenaza) a la OMS: la financiación corre peligro.

Y es que el partido encabezado por Trump sigue “tirando de manual” neoliberal; respalda a Monsanto y no le gusta para nada que en la OMS se hayan “atrevido” a calificar al glifosato como probable cancerígeno (tipo 2A).

Así, un representate tejano del partido, Lamar Smith, decía que la OMS había emitido un jucio sobre el glifosato sin suficiente base ni respaldado por datos fiables.

Supongo que Smith no se estaría refiriendo a las múltiples evidencias que ligan al glifosato con numerosos efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, ni sobre el “intachable” comportamiento de Monsanto. No claro que no. Sin embargo, se despacha preguntándose si la IARC (órgano vinculado a la OMS) debería seguir recibiendo financiación gubernamental.

El partido demócrata publica un informe que compromete a Monsanto

En este documento recién publicado, el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología especifica una realidad que hemos contado de mil maneras diferentes en este blog.

El informe sale como respuesta al mencionado Lamar Smith, y  pone en el punto de mira a Monsanto. Así, refleja las tácticas de la industria química para atacar la ciencia que se relaciona con sus productos.

Entre esos documentos que el informe recoge, están emails internos de trabajadores de Monsanto admitiendo que el producto no es seguro, y que no podían descartar que fuera cancerígeno.

Otro punto interesante del informe es la identificación de varios científicos ligados a Monsanto, y que se han encargado de criticar los estudios que muestran efectos adversos del glifosato. Entre ellos está Bruce Chassy, profesor emérito de la Universidad de Illinois. Y por supuesto, A. Wallace Hayes, uno de los editores de la revista Food and Chemical Toxicology.

Monsanto se preparó para lo que ellos sospechaban que iba a ser la decisión de la OMS (como así ocurrío), y empezó con las clásicas maniobras de relaciones públicas (contar con profesionales afines a la industria, campaña en redes sociales, buscar el apoyo de organizaciones que defienden los intereses de la industria, etc.).

Y, fiel a su estilo, empleó la escritura fantasma para redactar un artículo con la “firma” (entre otros) de Helmut Greim. Estaba claro que Monsanto quería contrarrestar las críticas escribiendo un artículo hecho por ellos pero en el que pareciera que otros científicos independientes habían participado.

Monsanto también extendió sus brazos para contratar a personas vinculadas a medios masivos para añadir más ruido. Lo hizo con Henry Miller, médico de la Universidad de Stanford, quien escribió en Forbes un artículo “dirigido” por Eric Sachs, el jefe científico de la multinacional. Miller fue despedido de Forbes cuando se enteraron del chanchullo.

Finalmente el informe hace alusión al empleo de organizaciones teóricamente independientes y sin ánimo de lucro, pero que no son más que títeres de la industria, aunque cuenten con nombres rimbombantes y “poco sospechosos” como “Campaign for Accuracy in Public Health Research”, que es dirigida por la American Chemistry Industry. La industria del tabaco ha estado usando una estrategia similar durante mucho años.

En definitiva, nada que no supiéramos ya en este blog, pero resulta edificante conocer que en otros lugares y otras personas valoran también críticamente toda la información disponible y llegan a conclusiones similares.

La financiación de la OMS

La OMS es uno de los numerosos órganos de la ONU, y como tal recibe dos tipos de financiación. En primer lugar hay una contribución obligatoria de todos los estados miembros (193), que considera diversas variables ligadas a la riqueza y población de los países. Esa parte fija le sirve a la ONU para cubir los costes administrativos y unos pocos programas.

Sin embargo, los países pueden también contribuir voluntariamente. Muchas progamas de la ONU,como UNICEF, UNHCR (refugiados) o WFP (alimentos), se financian enteramente con este tipo de aportaciones.

En 2016 Estados Unidos contribuyó con 10 mil millones de dólares a las Naciones Unidas, de los cuales 6 mil fueron voluntarios. De ese monto, 400 millones fueron a la OMS, cuyo programa se financia con una combinación de fondos obligatorios y fondos voluntarios.

De este modo, la advertencia del republicano Smith iría en la línea de cortar recortar los fondos voluntarios. El presupuesto de la OMS en 2016 dependía en casi un 20% de las aportaciones de Estados Unidos.

Trump ha quierdo desde el principio meter la tijera a esos fondos voluntarios, por lo que no es extraño que los republicanos mantengan esa postura. En cualquier caso, es otro capítulo más de esta especie de mala película del Oeste que estamos viviendo en el que los papeles de forajidos están muy bien interpretados.

Conclusión

La ciencia sin contexto no es nada. Y ese contexto, inexorablemente, tiene que ser siempre explicado para tratar de aproximarnos a la realidad de cualquier cuestión científica. La historia del glifosato ya la sabemos, porque es la misma historia que la del Agente Naranja, la del disulfuro de carbono, o la de otros pesticidas.

Luego la manipulación de la opinión pública (y también la actuación de otros “ingenuos” científicos y periodistas que se ponen del lado de la industria porque es muy “guay” ir en contra de todo lo que suene a conspiración) complican cualquier tipo de regulación. Pero aquí las conspiraciones no tienen nada de ensoñación. Aquí son algunas multinaciones, políticos, científicos, etc. que se ponen en mano de algo bastante material: el dinero.

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(#287). MEDIAS VERDADES Y OCULTACIÓN; ACEPTACIÓN DEL ENGAÑO DE CORPORACIONES

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En esta investigación publicada en el International Journal of Strategic Communication, la autora hace un interesante planteamiento sobre la percepción de los engaños que cometen las empresas.

Pero la autora se centra en “medias verdades”, es decir, en engaños que están a medio entre la dicotomía de lo verdadero y lo falso. Entre ellas esconden la ocultación por secretismo, la ambigüedad, la exageración y la distorsión de la realidad que contiene sus mensajes. Un ejemplo claro sería el greenwashing, es decir, la distorsión de información acerca del compromiso ambiental de la compañía.

En un contexto en el que se prima estar continuamente comunicando para estar siempre en la línea de fuego mediática, la posibilidad de que se apele a este tipo de engaño es mayor.

La cuestión es que el público puede crearse una falsa creencia sobre lo que se está comunicando, y eso, al fin y al cabo, se llama engaño, e incluye formas de comunicación de marketing, como la publicidad, y todas sus vertientes de exageración, ocultación, encubrimiento.

Sin embargo, la autora indica que cierto tipo de engaños pueden verse legitimados por el público. Esto ocurre cuando existe una razón “protectora” detrás, o al menos, es a lo que se suele apelar. Por ejemplo, ocultar información para proteger la privacidad o para no crear “alarma social” o incrementar la percepción de riesgo, suelen ser razones (algunos dirían que excusas) para no contar toda la verdad, pero que al mismo tiempo sirven para que no se les castigue por ello.

El objetivo de esta investigación es analizar los factores que influyen en la aceptación de una mentira realizada por una empresa, y cómo esos engaños impactan en la defensa de esa corporación por parte del público.

Metodología

La autora plantea inicialmente un modelo conceptual sencillo, en el que la aceptación por parte del público depende de los motivos, funcionalidad, severdad y percepción del engaño. Es decir, las razones e importancia del engaño, unidos a si realmente ese engaño se percibe como tl, determinan el nivel de aceptación del comportamiento de la empresa.

b287_2Para realizar el estudio empírico la autora eleboró un cuestionario con 11 estímulos consistentes en descripciones cortas de casos en las que una coporación usaba medias verdades y ocultación. Cada participante recibía un único estímulo, y se les pedía que evaluaran su aceptación del comportamiento de la empresa y determinar si la empresa engañaba o no.

La autora contrató a una empresa especializada en trabajo de campo para realizar el estudio y la muestra final fue de 1417 participantes.

Resultados e implicaciones

La autora modificó ligeramente el planteamiento causal inicial para testar contra los datos empíricos el modelo que se muestra a continuación:

b287_3Como puede verse, el modelo se ajusta vía chi-cuadrado (p=0.11), por lo que los coeficientes pueden interpretarse con mayor seguridad. La aceptación se mide en sentido negativo (en una escala de 1 a 5, siendo 1 absolutamente aceptable y 5 absolutamente inaceptable), es decir, los coeficientes positvos de las variables exógenas indican que a medida que estas aumentan lo hace la no aceptación del engaño. De ahí que el coeficiente que relaciona la aceptación con el apoyo a la empresa tenga un coeficiente negativo.

Los participantes toleraban el engaño corporativo cuando percibían que producía realmente poco daño y que era realizado por motivos que connotaban algo de altruismo.

La autora concluye que estas acciones de engaño basadas en “medias verdades” y en la ocultación de información son vistas negativamente por el público y pone en juego la reputación de las corporaciones.

Limitaciones/Comentarios

El artículo explica el hecho de que en algunas situaciones de engaño donde existen motivos que son vistos como “socialmente justificados” el público puede comprender en cierto modo ese engaño. Cuando una multinacional no indica la composición completa de un pesticida por secreto comercial o cuando una farmaceútica una insitución sanitaria no detalla los efectos secundarios posibles de una vacuna para no incrementar innecesariamente (según ellos, claro), el riesgo percibido, estaríamos hablando de posibles casos en los que ese engaño es aceptado.

Sin embargo, el artículo tiene un tufillo demasiado políticamente correcto en el sentido de que obvia profundizar en dos aspectos fundamentales: (1) el engaño y la manipulación forma parte del día a día estratégico de muchas corporaciones; (2) aunque exista indignación por el engaño, la evidencia muestra que en repetidos casos las ventas no se ven afectadas.

Para el primer caso comentado nos remitimos al monotema sobre psicópatas e impunidad, y para el segundo podemos deternernos en casos muy recientes como el del fraude de emisiones de Volkswagen, o más directamente, el apoyo electoral a ciertos partidos políticos ante escandalosos y reiterados casos de corrupción.

El cómo el público reacciona ante el engaño corporativo e institucional es un tema realmente apasionante y de interés científico, y aunque este artículo realiza aportaciones interesantes, al final habla de percepciones e intenciones de comportamiento, que pueden o no ligarse a un comportamiento efectivo. Y ahí está la clave.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Thummes, K. (2017). In the Twilight Zone Between Veracity and Lying: A Survey on the Perceived Legitimacy of Corporate Deception in Reaction to Ethical Dilemmas, International Journal of Strategic Communication, doi:10.1080/1553118X.2017.1385463 

Indicadores de calidad de la revista*

 

Impact Factor (2016)

Cuartil

Categoría

Thomson-Reuters (JCR)

Scimago (SJR)

0.77

Q1

COMMUNICATIONS

* Es simplemente un indicador aproximado para valorar la calidad de la publicación

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(#280). SLAVE TO FASHION: HISTORIAS DE ESCLAVITUD MODERNA

[MONOTEMA] Slave to fashion nos muestra de una forma muy gráfica y directa la situación de esclavitud (ahora tonificada con el apelativo de “moderna”) que viven millones de trabajadores de la industria textil en todo el mundo.

Después de tanto que he escrito en este blog sobre la problemática laboral (y también medioambiental) de la industria de la confección, no podía dejar pasar la oportunidad de referirme a este libro, como una prueba más de una realidad que, aunque da fogonazos de luz, sigue siendo tristemente oscura.

La autora, Safia Minney, es probablemente la emprendedora social más reconocida en este sector, y tras sus más de 25 años de experiencia, viajes, proyectos y gestión de su propia marca, People Tree, una auténtica pionera.

Esas vivencias en primera persona son, sin duda, lo que dota de valor añadido a esta obra, y lo que incrementa su interés por conocer historias de sufrimiento pero también de esperanza. Un cóctel de sentimientos encontrados se dan cita en el libro, aunque cualquiera que lo lea con una mirada honesta sentirá indignación al conocer vivencias tan duras.

En este post voy a comentar algunos de los aspectos más destacados del libro, con el fin (como siempre) de ayudar a su comprensión e incentivar su lectura.

 

La autora

Safia Minney trabajó en sus inicios como publicista, y de sus viajes por Asia y de sus inquietudes sociales nació a comienzos de los años 90 People Tree, una marca textil de comercio justo que se ha convertido en auténtica referencia en el sector.

Nacida en Gran Bretaña en 1964, y con dos hijos, Minney viaja constantemente por medio  mundo dando voz a las personas que sufren este sistema de producción-consumo depredador, y volcándose con las alternativas que surgen para intentar darle la vuelta.

 

Esclavitud moderna

Es una práctica ilegal, sí, pero la realidad es que, bajo diferentes formas, la esclavitud se da en la cadena de suministro textil. Minney culpa a las organizaciones mafiosas y a la disfunción del sistema capitalista de este tipo de prácticas; es el beneficio de unos pocos a costa del sufrimiento de millones.

Trabajo infantil, trabajo forzado, trabajo excesivo y el tráfico de personas se interrelacionan para crear esa esclavitud. En realidad se podría resumir con el concepto de incapacidad de elección; esas personas no pueden elegir otra alternativa que la del trabajo en esas condiciones precarias e inhumanas. Por eso es esclavitud, porque no pueden negarse.

En lo últimos 30 años 1 millón de mujeres y niños han sido movidos por las mafias en Bangladesh. Son a menudo objeto de engaño; se les dice a las familias que van a recibir dinero a cambio de ese trabajo para dejarlos ir, pero luego muchos de ellos no vuelven a dar señales de vida. También ocurre en India y en otros países de la zona, y los inmigrantes son especialmente vulnerables.

Contamos hace algunos meses la historia de las niñas Sumangali en India, que son obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas para ganar su “dote” y así conseguir casarse. Algunas pierden la salud antes de poder hacerlo.

En otras ocasiones se les fuerza a trabajar para pagar préstamos, por lo que el empleado queda en una situación de trabajo forzado, que además suele cubrir de sobra la deuda contraída.

¿Niños trabajando? Claro, aunque cada país tenga una edad mínima para trabajar (14 años en Bangladesh un máximo de 5 horas al día). La triste realidad es que muchos comienzan antes (hay testimonios en el libro) y que trabajan bastante más de esas 5 horas.

Minney pone mucho énfasis en la importancia de la puesta en marcha del Modern Slavery Act del Reino Unido (octubre de 2015), inspirado en el California Transparency in Supply Chains Act (2012). Pero no dejan de ser actos de “buena fe” de compañías grandes (con facturaciones por encima de los $45 millones en Reino Unido), que simplemente tienen que hacer una declaración sobre cómo están gestionando la cadena de suministro (una especie de declaración sobre balance social). Pero como bien se indica en el libro, esas empresas pueden decir que no pueden garantizar que no hay esclavitud y seguir cumpliendo con el Act. Esta es uno de los motivos por los que resulta pertinente que la iniciativa vinculante por la regulación del sector textil en la Unión Europea se haga efectiva.

Los trabajadores de los países más pobres necesitan más oportunidades de empoderarse en lugar de caridad, al menos eso es lo que destaca Minney en su énfasis en el “Trait, not aid”. Pero la cruda realidad es que la mayoría de las multinaciones que emplea este sistema de deslocalización no lo hace para el desarrollo local, sino para aprovecharse de las condiciones de explotación y del pobre entorno legal y alta corrupción. Las corporaciones tienen más poder que los gobiernos, asevera Minney, y tiene razón.

Es cierto que las iniciativas de comercio justo con una forma de cambiar esta situación. La autora hace referencia a la Fair Trade Foundation y a las marcas que operan bajo el sello de comercio justo.

Múltiples casos de explotación

En una de las partes más duras del libro, Minney pone nombres y caras a espeluznantes testimonios sobre esclavitud en el sector. Cuanta casos en India y China, trabajando 12 horas al día en épocas de mucha demanda, con sólo un día libre al mes, y de 7.30 de la mañana a 3.00 de la madrugada.

En Bangladesh muchos empleados trabajan entre 60 y 77 horas a la semana con 1 o 2 días libres por mes. “No queremos esta vida”, dice un joven de 24 años que trabaja 77 horas a la semana en ese país.

En Camboya el empleado medio textil trabaja 72 horas a la semana, pero hay muchos ilegales a los que se les paga sólo $100 al mes, por debajo del salario mínimo legal, ya de por sí precario (unos $170). Aunque sean ilegales trabajan como subcontratas de talleres legales.

Niños que comienzan a los 12 años en un taller o en una hilandería, y mujeres (muchas de ellas casi unas niñas todavía) que son acosadas sexualmente por unos supervisores o jefes que las amenazan con despedirlas o hacerles pasar un infierno (todavía mayor) si no acceden a sus peticiones.

Minney propone que, obviamente, hay que pagar más a los empleados, pero también planificar mejor la producción. Este es un tema importante porque ello daría mucha más estabilidad a los trabajadores, y probablemente reduciría los picos de trabajo (horas extra inhumanas).

¿Un futuro en positivo?

Minney quiere dar un mensaje también de esperanza, nombrando iniciativas como las de Sre Santhosh Garments en India, que produce para Continental Clothing Co (Reino Unido). Pretenden doblar el salario mínimo legal, con el fin de acercarse a un salario digno, y lo hacen a través de un sistema de reparto de los ingresos obtenidos por cobrar un precio premium como coste al comprador (la marca distribuidora, en este caso). Así, ese precio premium sirve para financiar un sobresueldo a los trabajadores. Pero la realidad (al menos la que admite Minney en el libro) es que aún no han conseguido su objetivo, aunque esperan hacerlo en los próximos años.

La autora comenta varios proyectos e iniciativas para que el consumidor esté más informado sobre lo que hay detrás de lo que compra, pero aún así, falta mucho camino por recorrer. Por ejemplo, comenta el proyecto Knowlabel, sobre información en el etiquetado para que se puede leer con un smart phone, pero aún está en fase de desarrollo.

Precisamente los teléfonos móviles están sirviendo como herramienta para facilitar la denuncia de los trabajadores, y poder hacer un seguimiento y monitorización de esos casos.

Extrañamente, Minney no hacer referencia al caso de Alta Gracia, en la República Dominicana, y su apuesta por pagar un salario digno tres veces superior al salario mínimo. Comentaremos este caso con mucho detenimiento en unas pocas semanas, en un futuro post.

Ciertamente hay muchas personas y muchos proyectos empujando para mejorar la situación laboral y medioambiental en la industria textil. En el libro, otro los aciertos de Minney es darles voz, y así poder conocer, aunque sea brevemente, sus visiones y misiones. No obstante, y pese a ello, el consumidor medio sigue perdido entre información dispersa y a veces contradictoria. Por ejemplo, Minney comenta la labor del Ethical Trade Initiative, pero lo que no dice en el libro es que cuando  un consumidor entra en su web y busca las empresas adheridas se encuentra con algunas como H&M, Inditex o Primark, ejemplos claros de condiciones laborales precarias.

Esa confusión creada (deliberadamente por las grandes marcas) desconcierta al consumidor medio y le hace más vulnerable a la manipulación o al escepticismo. De ahí la importancia de una de las propuestas de la iniciativa aprobada por el Parlamento Europeo el pasado mes de abril, como ya hemos comentado, por la elaboración de normas de etiquetado sobre productos moda realizada en condiciones dignas y justas.

Conclusión

Safia Minney nos muestra de nuevo una amarga realidad que viven millones de personas esclavas en pleno siglo XXI. Quizá de manera demasiado políticamente correcta, lo llama “disfunción del sistema capitalista”. En realidad es un horror del que son responsables multinacionales, gobiernos, mafiosos, y también los consumidores. Es cierto que nosotros (consumidores), en mucha menor medida, pero la única forma de desmarcarnos de estos auténticos psicópatas de la explotación es intentar en nuestro día a día apoyar a las iniciativas que vayan justo en sentido contrario a ellos. Es el poder que tantas veces hemos comentado que tenemos para cambiar las cosas.

Sin embargo, no cabe duda de que hemos de ir más allá. No sólo con nuestro consumo, sino exigir a los máximos responsables de esta situación (multinacionales y políticos afines a ellas) que paren este sufrimiento. Probablemente te llamen (despectivamente) radical por ello, pero quien te llame así es cómplice de los que explotan a mujeres y a niños para hacer sus camisas; no es muy diferente a ellos.

Y no nos olvidemos de las celebridades, los famosos que están tan vinculados a esta industria con sus contratos de apadrinamiento. Desde Stars for Workers llevamos un año intentando que se impliquen, más allá de esporádicas acciones para la galería. Y cuánta falta hace que planten cara de una vez a las multinacionales que les pagan por publicitar una ropa teñida de sufrimiento.

Ojalá hubiera muchos más casos como el de Safia Minney, cuyo ejemplo de emprendimiento debería estudiarse en las universidades. La economía y la sociedad necesita de este tipo de mujeres, que son capaces de mejorar la vida de miles de personas.

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(#277). IGUALDAD, NIKE Y LEBRON JAMES

[DESPIERTA] Comenzó la temporada de la NBA con esta noticia; LeBron James “tuneando” sus Nike con la palabra “Equality”, es decir: igualdad.

b277_2 James realizó esta acción en protesta contra la política de Trump y la brutalidad policial. Aunque esta acción es ciertamente loable, no deja de ser un artificio más en el juego desesperanzador entre las multinacionales como Nike y sus embajadores de marca. Mucho hemos escrito sobre ello y sobre la doble cara de la empresa de Oregón, donde también comentamos el cinismo de esa campaña de “Equality” promovida por Nike en los últimos meses (ver Martínez, 2017).

b277_3A Nike le sigue yendo fenomenal a nivel financiero. Sus resultados del año fiscal de 2017 continuán en línea ascendente,con un beneficio neto de 4240 millones de dólares.

Nike2017Mientras tanto, los trabajadores de sus proveedores (y también los de otras marcas) siguen desmayándose masivamente en Camboya, por trabajar en condiciones extremas, y por un salario que es la mitad de lo que les permitiría vivir dignamente (McVeigh, 2017).

Y decimos que la acción de LeBron pertenece a este ignominioso juego de marketing porque no es espontánea, al menos no como en esas ocasiones en que los jugadores pintan a mano mensajes reivindicativos o de homenaje en sus zapatillas, como explicaba en mi libro: “Publicidad, baloncesto y zapatillas” (Martínez, 2014). Las zapatillas de James fueron tuneadas en connivencia con la marca, que ve con muy buenos ojos que se refuerce el mensaje de su campaña sobre la igualdad. De este modo, se cierra un círculo perfecto: Nike sigue explotando a los trabajadores de numerosas fábricas; Nike continúa obteniendo miles de millones de dólares en beneficios netos; Nike puede seguir pagando millonadas a sus embajadores (LeBron firmó con Nike en 2016 un contrato a largo plazo de casi 1000 millones de dólares); sus embajadores siguen haciendo acciones que mejoran la imagen de Nike; sus embajadores no dicen absolutamente nada sobre la explotación laboral en las fábricas.

Probablemente LeBron James tenga muy buenas intenciones con su acción, e intente de verdad poner su grano de arena para hacer un mundo mejor, más justo, y donde la palabra “igualdad” tenga un sentido real. Pero es insuficiente, porque sigue dentro del mismo juego cínico del marketing de Nike, y no es capaz de alzar la voz y hacer algo de verdad por los cientos de miles de personas que están sufriendo para que él y otros muchos lleven su ropa (y cobren ingentes sumas de dinero por ello). En Stars for Workers llevamos ya un año reclamando esto, pero nuestra capacidad de persuasión parece que no es tan grande como las de las marcas que les pagan.

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(#271). UNA AMARGA NIEBLA Y LOS POISON PAPERS

[MONOTEMA] En julio de 2017 han visto la luz más de 20000 documentos que muestran irregularidades en el proceso de registro de pesticidas en Estados Unidos, la colusión entre la industria y las entidades reguladoras, y las mentiras y la parcialidad de información proveída a los ciudadanos. Son los llamados “Poison Papers“, un proyecto de Bioscience Resource Project y el Center for Media and Democracy,  y que principalmente han sido recopilados por el trabajo de toda una vida de Carol Van Strum.

La figura de Van Strum, activista y mujer polifacética, es clave en esta historia, después de más de 40 años de lucha persiguiendo la verdad y la justicia. Van Strum publicó “A bitter fog. Herbicides and human rights” en 1983, contando las experiencias vividas por cientos de inocentes que vieron su salud y sus vidas truncadas por la fumigación con herbicidas en bosques de Estados Unidos. Una segunda edición del libro se publicó en 2014, y es la que voy a comentar en este post, como contextualización de lo que los Poison Papers muestran.

b271_2
CarolVanStrum

Al igual que realicé con el libro “Fake Silk”, voy a hacer un recorrido cronológico por los contenidos del libro, que aunque no corresponden con su estructura original, quizá ayuden mejor a entender la secuencia de los hechos. Todo lo especificado proviene de Van Strum (2014), por lo que no considero necesario su continua citación. El material complementario añadido por mí está debidamente referenciado. Una amplia explicación y discusión sobre este post se encuentra en el siguiente programa de Doble Cara:

Programas de Doble CaraConceptos previos

Considero útil identificar algunos de los nombres que comentaremos frecuetemente en el post, para hacer más fácil su comprensión.

Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D): herbicida clorado.

Acido 2, 4, 5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T): herbicida clorado.

Picloram: herbicida clorado.

Dioxinas: Contaminantes orgánicos persistentes producidos fundamentalmente por la combustión de productos clorados.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD): Dioxina que se puede formar a partir de la combustión del 2,4,5-T, o como impureza en su proceso de fabricación de herbicidas clorados (tanto del 2,4,5-T como del 2,4-D). Es altamente tóxica.

Glifosato: Herbicida organofosforado que actúa como inhibidor de la síntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas

Dow Chemical Company (Dow): Empresa química principal productora de los herbicidas 2,4-D y 2,4,5-T, cuya combinación formaba el Agente Naranja.

Monsanto: Coporación agroquímica, principal productor del herbicida glifosato. Fue una de las empresas que produjo el Agente Naranja.

EPA: Environmental Protection Agency, es la agencia que se encarga de estipular las normas de protección ambiental en Estados Unidos, y la que decide qué pesticidas pueden ser empleados (da el visto bueno a su registro). Fue fundada en 1970.

La Guerra del Vietnam y los herbicidas

En 1962 se empezaron a emplear los herbicidas en la Guerra de Vietnam por parte del ejército de los Estados Unidos. Utilizaron una gran variedad de químicos “Arco Iris” en el que destacaban por encima del resto:

(1) Agente Blanco: Compuesto de 2,4-D y picloram.

(2) Agente Azul: Compuesto basado en arsénico para destruir plantaciones de arroz.

(3) Agente Naranja: Mezcla al 50% de 2,4-D y 2,4,5-T.

Los problemas de los efectos tóxicos en trabajadores que producían esos herbicidas o los manipulaban datan de la década de 1940. En 1971 se dejó (oficialmente) de emplear el Agente Naranja en Vietnam, ya que existían estudios que mostraban sus efectos adversos en dosis no letales. De hecho, en 1965 se hicieron experimentos en Estados Unidos que indicaban que el 2,4-D y 2,4,5-T causaban defectos al nacer en pequeñas dosis. Dow,  el principal productor de este herbicida, presionó para que no saliera a la luz este estudio.

No obstante, extra oficialmente siguieron las fumigaciones por parte del ejército americano. Así lo contaba Paul Merrell, soldado que combatió varios años en Vietnam, y que una de sus tareas era la de realizar intervenciones psicológicas en la población vietnamita para fumigar con el herbicida tóxico:

“El Viet Cong dice que nuestras fumigaciones enferman a su gente, matando a los niños, pero es mentira. Ellos son los que están envenenando el agua, y la gente cree sus mentiras. A ellos no les gusta el espray porque descubre a los soldados ocultos”.

Eso es lo que se decía desde los helicópteros a la población para convencerle de que el veneno no era tal. A la vuelta de la guerra se convirtió en un activista y se sumó a la causa de los colectivos de personas que luchaban para no ser fumigados en Estados Unidos, como posteriormente veremos.

Cuando Paul Merrel iba al hospital de veteranos (estaba recurrentemente enfermo), y decía que el Agente Naranja era el motivo de su enfermedad, entonces lo derivaban a psiquiatría. Así era el tratamiento a los ex combatientes de Vietnam en esos años, si atribuían sus enfermedades al Agente Naranja los enviaban al psiquiátrico. Mientras, él se daba cuenta de la cantidad de hijos de ex combatientes con malformaciones al nacer. No fue hasta 1981 cuando se aprobó que los veteranos afectados por los herbicidas tuvieran acceso prioritario a hospitales y derecho a ser tratados.

Se estima que el ejército norteamericano diseminó más de 42 millones de litros de Agente Naranja, del total de 72 millones del resto de herbicidas Arco Iris (Stern, 1999). Los efectos sobre los veteranos, según la última actualización de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (2016) que son reconocidos como evidencia suficiente son: sarcoma de tejidos blandos, linfoma no-Hodgkin, leucemia linfocítica crónica, linfoma Hodgkin y Cloracné; y como evidencia limitada: cáncer de laringe, cáncer de pulmón, bronquios o tráquea, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, myeloma múltiple, Parkinson, diabetes Tipo 2, hipotiroidismo e infarto, entre otras.

Los vietnamitas todavía lo están pagando. Entre los múltiples efectos que causó la fumigación masiva destaca, quizá por encima del resto, los defectos de nacimiento (Ngo et al, 2006). Terribles imágenes tomadas en estos últimos años muestran que las nuevas generaciones siguen viéndose afectadas (Farberov, 2013; The Independent, 2017).

Sin embargo, para Monsanto, tal y como escriben en su blog “Hablando Claro”  (Monsantoblog, 2015): “Los militares de EE.UU. lo utilizaron entre los años 1961 y 1971 para salvar las vidas de los soldados“. Y añaden: “No se sabe el número exacto de las vidas de soldados que se salvaron, pero lo cierto es que fueron muchas”. Y además, espetan: “Sabemos que algunos gobiernos ofrecen ciertos beneficios médicos a los veteranos y sus familias a pesar de que no ha habido evidencias determinantes sobre problemas de salud que hayan sido causados por el Agente Naranja“.

Por tanto, para Monsanto el Agente Naranja fue un herbicida que trataba de salvar vidas, y además fue eficiente porque salvó muchas. No sólo eso, sino que para la multinacional no hay evidencias determinantes de que cause problemas de salud. Para finalizar, evaden cualquier responsabilidad: “En marzo de 2009, hubo una demanda sobre el Agente Naranja, en este caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó que las empresas no eran responsables de las consecuencias del uso militar del agente naranja en Vietnam, porque los fabricantes simplemente habían sido contratados por el gobierno y seguido sus instrucciones. Nosotros mantenemos esta posición y creemos que las consecuencias adversas que presuntamente han surgido de la guerra de Vietnam, incluyendo el uso del Agente Naranja, las deben resolver los gobiernos que estuvieron involucrados”.

Según el portal especializado Statista, Monsanto ha sumado más de 12500 millones de dólares en beneficio neto entre 2011 y 2016.

monsantobeneficioneto Mientras tanto los vietnamitas siguen se percibir ningún tipo de compensación por parte de las corporaciones que fabricaron los venenos, y cantidades insuficientes por parte del Gobierno de Estados Unidos: sólo 20 millones de dólares a las víctimas, según Nguyen & Hughes (2017), aunque es cierto que los americanos han invertido más cantidad en ayudar a descontaminar.

Y en cuanto a los veteranos de guerra americanos, su lucha les permitió obtener un fondo de compensación de 180 millones de dólares en 1984 (Blumenthal, 1984), proveniente de las compañías que fabricaron los herbicidas: Dow; Monsanto Company, St. Louis; the Diamond Shamrock Corporation, Dallas; Uniroyal Inc., Middlebury, Conn.; the T. H. Agriculture and Nutrition Company, Kansas City, Mo.; Hercules Inc., Wilmington, Del., y Thompson Chemical Company, Newark.

Si actualizamos esos 180 millones a dólares de 2016 serían unos 421 millones, que como hemos visto apenas llega a ser una tercera parte de los beneficios de Monsanto en ese mismo año. Dow, por su parte, cerró el ejercicio económico de 2016 con más de 4400 millones de dólares de beneficio neto, por lo que esa cantidad ni siquiera supondría el 10% de los beneficios de ese año.

dowbeneficionetoBlumenthal (1984), también se hizo eco de una de las comunicaciones oficiales de Dow al respecto de ese litigio que acabó con la creación del fondo de compensación: “Continuamos creyendo que el Agente Naranja no era una causa plausible de las enfermedades que han sufrido algunos veteranos y sus familias”.

Los primeros avisos en Arizona

Seguimos en plena Guerra de Vietnam, pero ahora nos trasladamos a Arizona, en una zona de bosques muy peculiares en el Tonto National Forest.

tontonationalforest2En 1965 el United States Forest Service (Servicio Forestal de EEUU) empezó un programa de herbicidas que duró hasta 1969, empleando el 2,4-D y el 2,4,5-T como parte de un producto llamado Kuron, es decir, los componentes del Agente Naranja.

Excepto 3 o 4 grandes ranchos ningún residente de la zona fue notificado de las fumigaciones. A los pocos meses comenzaron a aparecer animales con malformaciones, al margen de problemas puntuales inmediatamente después de cada fumigación: diarreas, sangrados nasales, etc. El Servicio Forestal decía siempre lo mismo: “No es dañino. Habrán sido los insectos, el fuego u otros animales“.

Van Strum cuenta el caso de una familia que tuvo que ir al hospital después de una fumigación; su hijo pequeño enfermó gravemente durante 4 años. Entonces, una llamada anónima que se identificó simplemente como un empleado gubernamental salvó la vida del niño, ya que le dijo a los padres que le contaran a su médico que esos herbicidas producían anemia, entre otros efectos.

Una mujer fumigada en 1969, Billiee Shoecraft, puso una demanda de 4.5 millones de dólares contra el Sevicio Forestal y 4 productores de herbicidas. En 1971 publicó el libro “Sue the bastards!” donde contaba su terrible experiencia, no sólo por sufrir las fumigaciones, sino por el desinterés mostrado por las autoridades. Finalmente, en 1981, Dow y el Servicio Forestal indemnizaron por una cantidad no desvelada a 5 familias afectadas (New York Times, 1981). Sin embargo, Billee no pudo ser testigo de ello, ya que había muerto de cáncer en 1977. Según Van Strum, Dow nunca admitió públicamente su responsabilidad.

Muy cerca de Tonto, en la Reserva Apache de San Carlos, se vivieron situaciones similares. El Servicio Forestal también fumigó esa zona durante la década de los 60. Algunos nativos americanos dicen que fue un crimen perpetrado por sus propios gobernantes (Duara, 2017).

Los bosques de Oregón

Nos trasladamos ahora al noroeste de Estados Unidos, a Oregón, el foco donde se gestó la parte central de esta historia. Desde 1969 el bosque de Siuslaw fue fumigado por helicópteros y, de nuevo, con mezcla de 2,4-D y 2,4,5-T.

siuslaw forest2Van Strum cuenta la historia de la familia Wilkinson, cuyo hijo de 13 años falleció en 1979 a causa de un linfoma no-Hodgkin. Sus vecinos también sufrieron las consecuencias del venenos, sobre todo en los animales: deformaciones, abortos. Algunos propietarios de plantaciones orgánicas se vieron prácticamente arruinados.

Carol Van Strum se había mudado  en 1974 junto a su marido y sus cuatro hijos a Five Rivers, un poco más al norte de donde quedaban los Wilkinson y sus vecinos. Un día de 1975 sus hijos estaban pescando en el río en el momento en que dos hombres lanzaron los herbicidas. Esa misma noche estaban enfermos: diarreas con sangre, vómitos, sangrados nasales, entre otras consecuencias. Durante las siguientes semanas varios animales de granja murieron. Más tarde llegaron los helicópteros, y la pesadilla se repitió otra vez: abortos, muertes y enfermedades de animales, etc.

El marido de Carol fue a preguntar qué producto fumigado había hecho a sus hijos enfermar. Esos dos trabajadores le dijeron que era 2,4,5-T y que era inocuo para los humanos, que si sus hijos habían enfermado a la vez debía ser una coincidencia, una gripe que les había afectado a todos.

Sin embargo, los Van Strum podían ver los peces muertos en el río. Los habían envenenado pero nadie parecía querer admitirlo. De hecho, llamaron a varias autoridades y todas las decían lo mismo: “El 2,4,5-T es seguro, es imposible que mate animales o que haga enfermar a niños”. De nuevo, era todo una coincidencia.

Los helicópteros seguían esparciendo 2,4,5-T y 2,4-D, y los vecinos de esas tierras enfermaban cada vez que uno de esos aparatos aparecía en el cielo de los bosques de Oregón. Carol Van Strum y su hija incluso llegaron a tener sangrados vaginales, y las crías de sus animales desarrollaban deformidades. El Servicio Forestal les decía que eran seguros, que estaban registrados en la EPA. Precisamente a la Agencia de Protección Ambiental escribieron los Van Strum, pero no les contestaron.

Entonces, el marido de Carol, harto de tantas negativas y ocultación de la verdad, decidió buscar información por sí mismo. Se fue a la Universidad de Oregón y en la biblioteca pudo comprobar que lo que le habían dicho sobre la seguridad de esos herbicidas era mentira. Comenzaron a contactar con científicos que también les advertían sobre los riesgos de esos pesticidas. Sin embargo, seguía sin haber respuesta oficial de los organismos gubernamentales, aunque sí que la obtuvieron de Dow: “Son seguros”.

Debbie Marano, una de las vecinas de los Van Strum se había mudado allí en 1972. En 1975 abortó a las 14 semanas de embarazo. Después tuvo 3 abortos más entre 1976 y 1977. Alumbró a un niño en 1978 pero sufrió dos abortos más después (uno de ellos un feto deformado).

Aún más al norte de los Van Strum, la granja de los Longyear sufríría también los efectos de los herbicidas. El 6 de marzo de 1974 fueron fumigados con un producto que mezclaba 2,4-D y 2,4,5-T. En esta ocasión no fue el Servicio Forestal, sino los Starker Brothers, los propietarios de un terreno colindante. Los Longyear enfermaron pocas semanas después, y tuvieron que abandonar la granja. Sospechaban que se había contaminado el agua.  Sin embargo, la Oregon State Univeristy no encontró residuos de herbicidas en el agua. En 1975 enviaron más muestras a otro laboratorio en California y esta vez sí que detectaron 20.9 ppm de 2,4-D y 4.03 ppm de 2,4,5-T. Las autoridades, les habían dicho que se enfermedad y las fumigaciones no tenían nada que ver. Los Starker Brothers, por cierto, para el Wordforestry son un ejemplo de prácticas sostenibles en los bosques y de compromiso con la comunidad (Worldforestry.org, 2012).

La indignación de los afectados se incrementa

Debe ser tremendamente frustrante ver cómo tu familia y tus animales enferman cada vez que un helicóptero fumiga y que autoridades e investigadores nieguen lo que estás sufriendo en primera persona. Esos eran los sentimientos de los Van Strum, cuando Michael Newton, profesor de la Oregon State Univeristy, rechazaba sistemáticamente cualquier daño de los herbicidas para la salud humana y la vida salvaje. En 1975 este investigador argumentaba que la mayoría de los bosques de Vietnam habían sido destruidos por el fuego y que no había signos de envenenamiento por el 2,4,5-T o por dioxinas en los vietnamitas. Sus postulados aparecían publicados en periódicos de Oregón.

Ante esta posición de Newton, los Van Strum escribieron una carta fechada el 8 de enero de 1976 donde respondían al profesor, indicándoles que ellos habían sufrido indeciblemente durante esos meses, e invitando a Newton a que trasladara su residencia a su bosque, a ver si después de unos cuantos meses recibiendo el herbicida seguía pensando lo mismo.

Casi 40 años después, en 2013, el ya veterano investigador seguía defendiendo esas mismas ideas en este impagable vídeo (izquierda). A la derecha, una muestra de que en la actualidad todavía están sucediendo casos similares en Oregón a los de la década de los 70

Comienza la movilización

La carta de los Van Strum supuso el empujón necesario para movilizar a toda la comunidad de esa zona de bosques, y que en una primera gran reunión contaran sus experiencias vividas meses atrás en relación a enfermedades, deformaciones, abortos, etc. Buscaron un abogado, y formaron el colectivo CATS (Citizens Against Toxic Sprays).

En 1976 comenzó un juicio contra el Departamento de Agricultura y la Industrial Forestry Association. CATS presentó el testimonio del Dr. Patrick O’Keefe, de la Universidad de Harvard, que había desarrollado una técnica para encontrar TCDD en niveles de una parte por trillón (ppt), más certero por tanto que el límite de detección de 1 parte por billón (ppb). O’Keefe y su equipo habían encontrado niveles de 18 a 814 ppt de TCDD en peces para consumo humano en Vietnam (en la actualidad la EPA admite efectos reproductivos con sólo 1 ppt).

Ese hallazgo era importante porque el Servicio Forestal había afirmado que el TCDD no se acumulaba en la cadena alimenticia. La EPA había ya encontrado TCDD en muestras biológicas de animales tomadas en esos bosques en 1973 de hasta 485 ppt, pero lo ocultaron. El juez falló para que no se fumigara más con 2,4,5-T, pero sí con 2,4-D. No obstante esa prohibición estaba condicionada a que el Servicio Forestal presentara una declaración de impacto ambiental (donde se estipularan los posibles efectos de las fumigaciones). De este modo, a partir de abril de 1978 continuaron las fumigaciones con 2,4,5-T. Así, los vecinos solo ganaron unos meses, nada más, tras haberse gastado el dinero que no tenían en pagar al abogado para el juicio.

La desgracia más horrible se ceba con los Van Strum

Durante el tiempo que transcurrió el juicio (1976-1977), los Van Strum fueron seguidos cada vez que iban por carretera. Carol comenta que les habían advertido que habían intervenido sus teléfonos para grabar las conversaciones, y que además habían encontrado a un equipo de la corporación química Dow incluyendo funcionarios del Servicio Forestal, con cámaras grabando en su propiedad (Carol Van Strum, comunicación personal, 24 septiembre 2017).

Todos estos hechos quizá pudieran pasar por poco relevantes o circunstanciales, si no fuera porque en la noche de fin de año de 1977, su casa de incendió y murieron sus cuatro hijos. Los bomberos que atendieron el fuego dijeron que la casa había ardido muy rápido, lo que podía ser un indicio de un incendio intencionado. Sin embargo, las causas del fuego nunca fueron aclaradas, y para los Van Strum siempre quedará la duda de que fuera alguno de sus oponentes el culpable de su desgracia (Lerner, 2017).

Ese horrible suceso, y el inimaginable dolor de los padres, no impidió que siguieran luchando por la principal causa que les había llevado a ello, la defensa de la salud de sus hijos, aunque ellos ya no estuvieran.

Van Strum no comenta en ningún momento este suceso en su libro, quizá por el propio respeto a su dolor y a la memoria de sus hijos.

Se prohibe el 2,4.5-T, pero sólo a medias

La Guerra del Vietman había terminado para Estados Unidos en 1975, y el Agente Naranja se había eliminado de las acciones bélicas en 1971.  Dos años antes, en 1969, un panel de expertos investigadores dirigidos por el Dr. Samuel S. Epstein, y con la misión establecida por el gobierno de analizar los efectos teratogénicos y mutagénicos de los pesticidas, había concluído por unanimidad que el 2,4,5-T y sus derivados inducían defectos al nacer (teratogénicos) en animales, por lo que “deberían ser inmediatamente restringidos para prevenir el riesgo de exposición en humanos”.

Si embargo, hasta 1979 se estuvo fumigando con 2,4,5-T los bosques de Oregón, tanto por el Servicio Forestal como por los propietarios de las empresas madereras.  La perspectiva histórica de los hechos nos muestra lo inexplicable e injusto de esa situación.

La EPA lo prohibió, es cierto, pero sólo para las fumigaciones aéreas de los bosques, no para los cultivos de arroz y los pastizales. Como no podía ser de otro modo, la industria protestó. Dow persuadió a ciertos políticos, como Andy Zedwick, Comisionado del Condado de Lincoln, con los siguientes argumentos: Los problemas de salud atribuidos a los herbicidas en esa zona de Oregón fueron causados realmente por fumar marihuana.

Dow no se quedó sólo ahí, sino que demandó ante la corte judicial que se rectificara esa prohibición. La EPA había basado su decisión en un estudio sobre abortos espontáneos en la zona (su ratio era superior que en las poblaciones de control). Aunque como decían ciertos grupos ambientales el estudio de la EPA proveía un dibujo demasiado simple de los efectos de los pesticidas, la conclusión era clara. Lo que es inexplicable para Van Strum, es que todavía no se prohibiera del todo, y se siguiere permitiendo su uso en pastizales y cultivos de arroz.

Como indica Van Strum, 4 meses después de que la EPA prohibiera parcialmente el 2,4,5-T, en una conferencia patrocinada por la American Farm Bureau Federation se concluía que: “No existen efectos biológicos ligados al uso rutinario del 2,4,5-T en los últimos 30 años”, a lo que Dow añadía 6 meses más tarde: “El 2,4,5-T es extremadamente seguro”.

El escándalo del IBT

En 1972 el congreso de EEUU dispuso que la eficacia de los pesticidas debía ser testada, y también los efectos adversos en la salud, antes de que pudieran ser vendidos en el país, de forma similar a como se hacía con los medicamentos. Los productores eran los responsables de ese test y, en cierta forma, las entidades reguladoras se “debían fiar”. Después, son los investigadores los que tienen que pasar varios años para demostrar los efectos adversos, si es que sospechan de que efectivamente los hay, lo que es más complejo y puede llevar mucho tiempo.

El problema de este proceso es que no es transparente, porque el público a menudo no tiene acceso a esos estudios completos de la industria, que en ciertas ocasiones incluso provee a la EPA sólo las conclusiones. En los Estados Unidos, la EPA  regula los plaguicidas a nivel nacional bajo la autoridad de la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA).

Pero ya en aquella época había antecedentes de fraude, como sucedió con el medicamento talidomida. La FDA, que es la análoga a la EPA pero para regular medicamentos, requirió más información a la compañía que lo distribuía en Estados Unidos – Richardson Merrell Drug Company- , y la empresa envió un estudio fraudulento publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en 1961, escrito por el director médico de la empresa en connivencia con el obstetra Dr. Ray Nulsen, “cocinado” tras unas conversaciones jugando al golf, tal y como relatan Cronin & Raphael (2014). Tanto esa empresa como el Dr. Nulsen fueron demandados por 4100000 dólares en 1964 por dos madres que habían tenido hijos con deformidades (New York Times, 1964). Tanto la distrubuidora americana como la alemana matriz (Grünenthal) negaron persistentemente la asociación con los problemas reproductivos pese a la evidencia observacional.

Ya en los primeros años de la década de 1960 Richardson Merrell había enviado información fraudulenta a la FDA sobre el medicamento Mer-29, un fármaco para el colesterol que causaba vómitos y caída de cabello, entre otros efectos. Fue vendido durante 22 meses hasta que, por casualidad, un inspector médico de la FDA habló con un empleado de la empresa.

Pero refutar la seguridad de los pesticidas es mucho más complejo que para un medicamento. En 1976 la FDA descubrió el fraude de los laboratorios Industrial Biotest Laboratories (IBT), una subsidiaria de Nalco Chemical. IBT había cometido irregularidades sobre 25000 test de productos, como cosméticos, aditivos y pesticidas. Todas esos productos habían sido registrados por la EPA y la FDA como legales para su uso. La auditoría de la FDA encontró fraude deliberado en 4300 tets de 123 pesticidas y 160 aplicaciones de tolerancia (cantidad permitida en alimentos).  La EPA entonces pidió a 235 compañías químicas re examinar los tests de 483 pesticidas, incluyendo los herbicidas 2,4,5-T y 2,4-D, pero no se eliminaron del registro de la EPA. Como indica Van Strum: “La ley articulada para proteger a la gente se convirtió en la ley que protegía los venenos”.

La EPA requirió que las compañías remitieran nuevos estudios sobre esos pesticidas pero no los eliminaron del mercado mientras tanto. Muchos de esos estudios no fueron remitidos en años, y además los fabricantes no tenían por qué enviar los estudios completos (por lo que era muy complejo verificar la validez). En algunos casos, la EPA sólo copiaba y pegaba los resúmenes de los estudios de los fabricantes en su propio registro de productos. Carol Van Strum recomienda encarecidamente la lectura de Poison Spring (Vallianatos, 2014), para saber más acerca de estas prácticas.

Hay que recordar también que los fabricantes guardan como secreto comercial los ingredientes “inertes” de los pesticidas, como sucede en el caso del glifosato, aunque eso no quiere decir que no sean tóxicos. Por tanto, la poca transparencia del proceso de registro y el  fraude generalizado del IBT mostraban un dibujo muy oscuro de la realidad de los posibles efectos sobre la salud de los pesticidas.

En noviembre de 1980, el periodista Peter Von Stackelberg, concluyó que casi 250 de los primeros 600 estudios revisados en Estados Unidos y Canadá sobre los reportes del IBT eran inválidos. Otras revisiones mostraron resultados incluso peores.

El glifosato de Monstanto – Roundup -, fue registrado sólo con los datos provenientes del IBT, cuando uno de los 4 procesados en el juicio por el fraude de este laboratorio habría trabajado para Monsanto desde octubre de 1972.

La respuesta de la industria sobre el escándalo del IBT no pudo ser más previsible. Lo que había sucedido con el IBT era un “caso aislado”. Como vimos en el post sobre control de masas (Martínez, 2016), la alusión al concepto de casos aislados y a no causar alarma social es una de las estrategias fundamentales del poder corrupto para manipular.

La probibición total del 2,4,5-T

Nos situamos en el verano de 1979, con la probibición parcial del uso del 2,4,5-T y en pleno escándalo del fraude del IBT. Las fumigaciones aéreas continuaban, con productos herbicidas como el 2,4-D y el plicoram. En la zona donde vivían los Van Strum volvió a haber varios abortos (3 de 5 mujeres embarazadas). Esto provocó que realizaran más estudios.

Entre julio y diciembre de 1979 en Ashford (Washington) al noreste de los bosques de Siuslaw, dentro de un área que había sido fumigada con 2,4-D sólo nacieron 2 de 12 niños vivos de mujeres embarazadas, y uno de ellos murió en el alumbramiento. El Dr. Ilio Gauditz, consultor de una gran compañía maderera (Weyerhaeuser), decía sobre las fumigaciones aéreas y los abortos lo siguiente: “Los bebés son reemplazables. Que las mujeres no se embaracen en los meses en los que se fumiga”.

Uno de los padres de los niños que nació sin cerebro dijo: “Todos aquellos que dicen que los herbicidas son tan seguros los pondría en una sala de partos que que vieran a su propio hijo naciendo de esa manera, sin cerebro. Ellos sólo quieren números, nuestro hijo es sólo una estadística”.

Mientras tanto el lobby de la industria seguía maquinando acciones para proteger sus beneficios. Crearon la organización “Doctor for Facts”, con algunos médicos que listaron incluso sin su consentimiento, y empezaron a enviar cartas a políticos y medios de comunicación del condado de Lincoln (donde se sitúan los bosques de Siuslaw) afirmando que sus herbicidas eran seguros según la evidencia científica.

Melyce Connelly, de 22 años, una madre soltera que vivía en Siuslaw, y que cultivaba productos para vender a restaurantes, tuvo la desgracia de seguir sufriendo las fumigaciones. Como he dicho, ya no era el 2,4,5.T, sino el 2,4-D, que se diseminó pocos días después de que el responsable de distrito del Servicio Forestal le dijera que no iban a fumigar en las cercanías de los suministros de agua. Uno de sus vecinos había perdido 2 bebés en sendos abortos, y tenía otro con múltiples defectos. Ahora le iba a tocar el turno a Melyce.

Después de esa fumigación todos sus pollos y patos murieron. Su hijo de 6 meses desarrolló una diarrea sangrante persistente. En el valle, durante el mes siguiente, todas las mujeres embarazadas de menos de 3 meses abortaron, y varios niños enfermaron con meningitis.

Entonces el Departamento de Salud del Condado de Lincoln comenzó otro nuevo estudio (¿Cuántos estudios van ya?). Melyce cogió a su hijo y varios animales muertos que había congelado y se los llevó directamente a la oficina del político Andy Zedwick, aquel que dijo que los herbicidas eran seguros y que todo provenía de fumar marihuana. Melyce entró en su despacho y le enseño el pañal ensangrentado de su hijo y los animales muertos: “¿Esto es por fumar marihuana?”. Al día siguiente Zedwick pidió disculpas públicamente.

La EPA prometió a Melyce que los resultados de los análisis de sus animales estarían en 90 días, pero esperó 4 años sin éxito. Mientras tanto, la EPA y Dow se reunían en secreto para gestionar la mejor forma de no cancelar definitivamente el 2,4,5-T, y devolverlo al mercado. Además, la EPA ocultó esos análisis que sí que desveló el Dr. Gross de la Universidad de Nebraska: la dioxina TCDD fue encontrada en el agua de bebida, en los animales y en el tejido de un niño que había nacido sin cerebro. Ante esta situación, la EPA argumentó que los análisis se habían mezclado o que esas muestras eran de una planta de Dow (a la que precisamente tenía prohibido el paso).

Sin embargo, en 1984, poco después de que se publicara la primera edición del libro de Carol Van Strum, se prohibió el uso de herbicidas por el Servicio Forestal en los bosques de Oregón; Los datos de la EPA eran parciales o sospechosos y los de las propias compañías también eran cuestionables.

prohibicionherbicidasEn 1984 la EPA retornó al vencidario de Melyce y tomó muestras otra vez. Después de la prohibición del 2,4,5-T los  niveles dioxinas se habían multiplicado por 4, aunque la EPA afirmó que no representaba un riesgo inmediato. El herbicida 2,4-D fumigado en la casa de Melyce estaba contaminado con dioxinas (pese a que se aseguraba que no tenía), algo que Van Strum declara que la EPA conocía desde comienzos de la década de 1970. Junto con la industria la EPA vendió la historia de que sólo el 2,4,5-T estaba contaminado pero no era así. En el juicio Kemmer vs. Monsanto, el Dr. George Rush que trabajaba para la corporación admitió que ésta sabía que el 2,4-D podría estar contaminado con TCDD.

En 1989, Melyce falleció a los 32 años, víctima de cáncer de cerebro, pulmón y mama. Van Strum recalca que tal vez ella sea un 1 caso entre 1 millón (lo que la EPA considera como aceptable para permitir un producto que incrementa el riesgo de cáncer), pero para su familia y amigos Melyce no será un nunca un número, una estadística. Para la EPA el herbicida es catalogado como riesgo despreciable (neglibible risk), pero Melyce (ni otras personas que sufrieron de manera similar) no deberían ser casos “despreciables”.

El helicóptero destruido

Considerando lo contado, podemos hacer el ejercicio mental de ponernos en la piel de esas familias que estaban sufriendo las fumigaciones en los bosques de Oregón desde 1969. Después de todo lo vivido y de la desesperante lentitud del proceso, en el que los juicios no terminaban de resolverse en prohibiciones, y en el que las instuticiones hacían estudio tras estudio que tampoco servía para evitar ser fumigados con veneno, los vecinos decidieron dar un paso más en sus movilizaciones.

Ahora ya no sólo lucharían en los juzgados; al fin y al cabo seguían pasado los años y seguían siendo fumigados desde el aire, mientras sus animales morían y sus familias sufrían todo tipo de enfermedades y desgracias. Era la primavera de 1981 y con rifles en la mano intentaban parar los camiones que llevaban bidones de pesticidas para luego ser lanzados desde el aire.

Da igual que ya no fuera el 2,4,5-T (prohibido en fumigaciones aéreas en 1979), ya no querían más venenos cayendo del cielo. Algunos activistas contaminaron bidones de herbicidas para invalidar su uso, y el 30 de mayo de 1981 destruyeron un helicóptero que estaba aparcado en tierra (sin tripulantes, claro), y que se empleaba en las fumigaciones.

Probablemente estas acciones no beneficiaron a los vecinos, ya que podían emplearse en su contra tergiversándolas y manipulándolas para hacerlo pasar por actos terroristas. Se le dió demasiada importancia, ciertamente, y lo único que reflejaban era una situación de máxima desesperación; ¿Qué habríamos hecho cada uno de nosotros en esa misma tesitura?.

La situación desde 1984

Las compañías madereras siguen fumigando sus tierras, pese a que el Servicio Forestal ya no lo hace. No se emplea el 2,4,5-T, prohibido desde 1984, pero sí el 2,4-D, el glifosato, la atrazina y otros herbicidas.

No sólo los bosques, sino que se permite el uso del 2,4-D o el glifosato en casas, parques públicos o colegios. Para la OMS, y desde 2015, el 2,4-D es posible cancerígeno (grupo 2B) y el glifosato probable (grupo 2A).

En Oregón los vecinos han seguido sufriendo los efectos de las fumigaciones aéreas de las compañías madereras (Jordan-Cascade, 2014). Aunque hay restricciones en cuanto a las zonas de buffer estas son continuamente incumplidas. Además, tal y como relataba Van Strum haciéndose eco de la experiencia de Paul Merrell sobre helicópteros en Vietnam, los propios motores de los helicópteros crean su propio viento, al estar continuamente subiendo y bajando por las colinas y valles. También  narra Jordan-Cascade (2014) que los vecinos temen denunciar estos hechos, porque la industria maderera es muy fuerte, y hay muchos intereses en juego (algunos han sido amenazados). En 2014 todavía los vecinos no conocían con antelación los días en los que se iba a fumigar. La industria maderera en Oregón ha contribuido con 4.4 millones de dólares a las campañas electorales del Estado en las últimas cuatro elecciones.

Las reflexiones de Carol Van Strum

Después de más de 40 años luchando por proteger sus derechos y los de sus vecinos, y tras haber participado en numerosos juicios, haber departido con varios abogados, y compartido enseñanzas y conocimientos con multitud de investigadores, Carol Van Strum refleja algunos pensamientos en el libro que conviene destacar.

En primer lugar afirma sin contemplaciones que la EPA permita mercantilizar una sustancia que produzca un caso de cáncer añadido por millón. Ese 1 entre 1 millón es, según Van Strum, una forma de asesinar para defender los beneficios de las compañías. Ninguna vida puede ser “despreciable”, y por tanto admitir que la pérdida de una vida puede ser permitida sin el consentimiento de la persona expuesta constituye un asesinato premeditado.

En segundo lugar, ese matiz de no voluntariedad es esencial para la autora. Cuando una persona no elige ser expuesta a un tóxico, ¿por qué las leyes no protegen esa libertad de elección? Si en medicina se pide el consentimiento informado para cualquier prueba o medicamento que conlleva un riesgo, las leyes deberían proteger los derechos de las personas que no dan su consentimiento a exponerse a un tóxico cuyos efectos adversos son admitidos por la ciencia.

Y en tercer lugar, Van Strum, reflexiona sobre el concepto de evidencia circunstancial; “Ninguna observación puede nunca ser reemplazada por experimentos controlados de laboratorio”. Y añade: “Después de que mis hijos sufrieran las consecuencias del 2,4,5-T en 1975 aprendimos que una rata en una caja en un laboratorio se respeta más que la experienica personal”.  Pese a que pueda parecer una aseveración demasiado emocional tiene un fundamento sólido, ya que el fondo de la cuestión es el mismo que trata, por ejemplo, Reiss (2017) en su crítica a los ensayos controlados aleatorizados y las inferencias causales, como explicaba en un anterior post. Van Strum critica que la ciencia ignora la evidencia circunstancial sobre los efectos de los pesticidas en poblaciones expuestas, lo que es un grave error para ella.

Los “Poison Papers”

Y llegamos al momento en que todo lo que hemos contado se refuerza ante las pruebas mostradas por los documentos desvelados en los “Poison Papers”, publicados graciasa la contribución de este equipo de investigadores y activistas: Jonathan R. Latham, Mary Bottari, Carol Van Strum, Eric Coppolino, Peter von Stackelberg y Allison K. Wilson.

Más de 20000 folios de estudios, reuniones, memorandos internos, discusiones y testimonios jurados desde 1920, y donde se incluyen, entre otros, agencias gubernamentales como la EPA, la FDA o el Servicio Forestal, y empresas como Dow, Monsanto, DuPont y Union Carbide.

Los papeles muestran como Monsanto conocía los efectos de los bifenilos policlorados (PCBs), compuestos organoclorados empleados en diversas aplicaciones elétricas (transformadores, intercambiadores de calor), y cuya producción se prohibió en Estados Unidos en 1977. Son altamente contaminantes. El Estado de Washington demandó en 2016 a la corporación agroquímica por este mismo motivo (De Luna, 2016).

Pero ya en 1969 Monsanto conocía los riesgos de los PCBs, sin embargo los ocultó (Wilson, 2017). El propio informe de la coporación consideraba la evidencia de su peligrosidad como incuestionable y que se esperaban futuros contenciosos jurídicos (Ver el documento completo). Monsantopaper1A este respecto, Monsanto se justifica ahora diciendo que no hicieron nada ilegal (Neslen, 2017), pero lo cierto es que lo sabían y lo callaron durante ocho años. Eso sí, cuando Monsanto hace publicidad entonces envía un mensaje de vida, prosperidad, esperanza, como en estos dos anuncios, separados varias décadas. Sólo te cuentan una parte de la historia, sólo la que les interesa, claro.

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En relación al escándalo del IBT comentado anteriormente, los Poison Papers revelan que la EPA organizó una reunión a celebrar el 3 de octubre de 1978 con la Agencia de Salud de Canadá y los ejecutivos de las principales compañías químicas para tratar de “resolver el problema” creado por el fraude de esos laboratorios. La EPA afirmaba que no era de interés del público, ni de la propia EPA, ni de las corporaciones tomar una decisión drástica de invalidar todos los test provenientes de IBT, porque según ellos, un número alto de estudios se habían realizado satisfactoriamente (Ver documento).

EPADe esta manera, y pese a las grandes evidencias de un fraude generalizado de los tests del IBT, la EPA prefirió no re evaluar los tests, y pedir una validación a las compañías. De nuevo a fiarse de ellas.

En el mismo documento, Fred Arnold (EPA) admitió que en algunos casos la EPA podría haber reportado que había examinado muestras de tejido para evaluar los resultados cuando no se hizo ningún examen de manera efectiva. Al igual que también parece indicar que en el pasado la EPA admitió informes de las compañías sin firmar.

Los Poison Papers también revelan las declaraciones de Elisabeth Fay, de Monsanto, admitiendo que la compañía había producido Santophen, un producto usado como pesticida y desinfectante, con impurezas de dioxina TCDD. Y además lo habría hecho a sabiendas y durante 23 años. Como esas declaraciones fueron de 1985, esto quiere decir que después de que se produjeran todos los hechos contados en los bosques americanos, la Guerra del Vietnam, y las alertas en relación a la dioxina TCDD a finales de la década de 1970, Monsanto estuvo vendiendo un producto contaminado con TCDD varios años más (Ver documento).

FayEsas declaraciones formaban parte de un juicio comenzado en 1984 contra Monsanto por un derrame químico ocurrido en un tren en Missouri en 1979, y que no se alertó a la población de su peligrosidad (contenía dioxina TCDD) (New York Times, 1987).

La EPA, por su parte, habría coludido con la industria del papel para suprimir, modificar o eliminar los resultados sobre la contaminación con dioxinas encontrada en productos como pañales de bebés, servilletas o filtros de café. La EPA sabía de ello en 1985 y colaboró con la industria para tapar que saliera esa información.

Monsanto de nuevo sabía que algunos de sus productos estaban contaminados por dioxinas (incluso se lo notificó a los compradores) y que falsificó un estudio sobre los efectos de esas dioxinas. Todo ello se destapó en el juicio Kemner vs Monsanto, y se muestra en estos documentos (extracto; documento completo).

Conclusión

La historia que nos cuentan Carol Van Strum y los documentos de los Poison Papers es demoledora. Hemos repasado tragedias personales con nombres y apellidos, producidas por una inhumana forma de concebir los negocios, y también por la incompetencia y la corrupción de personas que dirigen los organismos reguladores, políticos, sin olvidar a los investigadores.

Ninguna de las personas afectadas por las fumigaciones en los bosques de Oregón recibieron nunca compensación, ni por parte del Estado ni de las corporaciones. Algunas de ellas murieron esperando que se resolvieran los juicios. Carol Van Strum contestaba así a una mi pregunta sobre si alguna vez Dow, Monsanto u otra corporación se disculpó: “¿Supongo que es una broma?. ¡Ellos NUNCA se disculparían o admitirían que sus productos son dañinos!”

Siempre hay soluciones, alternativas para evitar que las personas sufran. Por ejemplo, como bien se estipulaba en el recorte del periódico mostrado arriba tras la decisión de suprimir los herbicidas en los bosques gestionados por el Serivicio Forestal, era cuestión de invertir más dinero y contratar más trabajadores. Otras veces se podrá emplear otro tipo de productos menos nocivos o incluso inocuos (Martínez, 2017). Siempre hay alternativas, y los recursos para ello se consiguen gestionando mejor las asimetrías entre las ganancias de las grandes corporaciones y las de los primeros eslabones de la cadena.

Si tras lo escrito en este largo post, todavía algún lector se pone el escudo de Monsanto o Dow en la camiseta, y enarbola la bandera de un sistema totalmente liberalizado que permite esas tropelías, que piense por un momento, que quizá un día él, o algún miembro de su familia, podría ser una “evidencia circunstancial”.

Agradecimientos

Mi más sincero agradecimiento Sharon Lerner (The Intercept), y muy especialmente a  Jonathan Latham y Carol Van Strum. Carol, además, ha tenido la gentileza de matizar algunos detalles en versiones anteriores de este post.

Referencias

Blumenthal, R. (1984, mayo 8). Veterans accept $180 million pact on agent orange. Descargado desde: http://www.nytimes.com/1984/05/08/nyregion/veterans-accept-180-million-pact-on-agent-orange.html?pagewanted=all

Cronin, E. & Raphael, M. B. (2014, septiembre 6). Part I: When Mad Men Met a Sedative — How U.S. Doctors Were Duped Into Doling Out a Toxic Drug. Descargado desde: http://www.huffingtonpost.com/eileen-cronin/part-i-when-mad-men-met-a_b_5761324.html

De Luna, R. (2016, diciembre 9). Washington files suit against agricultural giant Monsanto. Descargado desde: http://kuow.org/post/washington-files-suit-against-agricultural-giant-monsanto

Duara, N. (2017, enero 19). On an Apache reservation in Arizona, a toxic legacy and a mysterious history of chemical spraying. Descargado desde: http://www.latimes.com/nation/la-na-agent-orange-arizona-2017-story.html

Farberov, S. (2013, agosto 24).Generation Orange: Heartbreaking portraits of Vietnamese children suffering from devastating effects of toxic herbicide sprayed by US Army 40 years ago. Descargado desde: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2401378/Agent-Orange-Vietnamese-children-suffering-effects-herbicide-sprayed-US-Army-40-years-ago.html

Lerner, S. (2017, julio 26). 100,000 Pages of Chemical Industry Secrets Gathered Dust in an Oregon Barn for Decades — Until Now. Descargado desde: https://theintercept.com/2017/07/26/chemical-industry-herbicide-poison-papers/

Martínez, J. A. (2016, diciembre 10). Psicópatas, políticos, corporaciones, control social e impunidad. Descargado desde: http://www.cienciasinmiedo.es/b192/

Martínez, J. A. (2017, septiembre 29). Ciudades y vecindarios libres de glifosato; Aplicación a Santa Ana. Descargado desde: http://www.cienciasinmiedo.es/b239/

Monsantoblog (2015). Leyendas urbanas sobre Monsanto III: El Agente Naranja. Descargado desde: http://www.monsantoblog.es/leyendas-urbanas-sobre-monsanto-iii-el-agente-naranja/

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2016). Veterans and Agent Orange: Update 2014. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/21845

New York Times (1964, diciembre 16). 2 Suits Over Thalidomide Seek $4.1 Million in Ohio. Descargado desde:http://www.nytimes.com/1964/12/16/2-suits-over-thalidomide-seek-4-1-million-in-ohio.html?mcubz=0

New York Times (1981, marzo 5). Herbicide case in Arizona is Settled. Descargado desde: http://www.nytimes.com/1981/03/05/us/herbicide-case-in-arizona-is-settled.html

New York Times (1987, octubre 23). Monsanto liable in ’79 dioxin spill. Descargado desde: http://www.nytimes.com/1987/10/23/us/monsanto-liable-in-79-dioxin-spill.html

Ngo, A. D. et al. (2006). Association between Agent Orange and birth defects: systematic review and meta-analysis. International Journal of Epidemiology, 35 (5), 1220-1230.

Nguyen, V. T. & Hughes, R. (2017, septiembre 15).The Forgotten Victims of Agent Orange. Descargado desde: https://www.nytimes.com/2017/09/15/opinion/agent-orange-vietnam-effects.html

Reiss, J. (2017). On the causal wars. En Chao, H. K & Reiss, J. (ed). Philosophy of science in practice: Nancy Cartwright and the nature of scientific reasoning (pp 45-66).

Stern, J. (1999). Their endless war: The legady of Agent Orange and interpretations of the Vietnam Veterans’ Compensation Movement, 1978-1984. Bachelor Thesis. University of Oregon.

The Independent (2017, abril 4). Vietnamese families still battling the aftermath of Agent Orange. Descargado desde: http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/agent-orange-vietnam-war-us-damir-sagolj-a7664491.html

Vallianatos, E. (2014) Poison Spring. The secret history of pollution and the EPA. Bloomsbury Press 

Van Strum, C. (2014). A bitter fog. Herbicides and Human Rights. Second Edition. Jericho Hill Interactive.

Wilson, A. (2017, agosto 11). Monsanto sold banned chemicals for years despite known health risks, archives reveal. Descargado desde: https://www.poisonpapers.org/2017/monsanto-sold-banned-chemicals-for-years-despite-known-health-risks-archives-reveal/

Worldforestry.org (2012). Bond Starker. Barte Starker. Descargado desde: https://www.worldforestry.org/wp-content/uploads/2016/03/STARKER-BARTE-AND-BOND.pdf

Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2017, octubre 1). Una amarga niebla y los Poison Papers. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b271

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(#270). MASSACHUSETTS ESTUDIA REGULAR EL WI-FI, LOS CONTADORES INTELIGENTES, Y MEJORAR LA PROTECCIÓN

[MONOTEMA] Varios proyectos de ley se están discutiendo durante estos meses en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, en relación a aspectos cruciales de la exposición a campos electromagnéticos no ionizantes.

Concretamente, son 7 las propuestas que se están valorando:

(1) Creación de una comisión para examinar los impactos para la salud de los campos electromagnéticos, examinando la literatura científica no financiada por la industria, y recomendar niveles de protección.

(2) Un decreto para permitir que los ciudadanos libremente elijan instalar un contador inteligente o no. Esos contadores emiten radiofrecuencia y se emplean para medir el consumo de agua, luz o gas.

(3) Un decreto para regular las advertencias que los fabricantes deben estipular en los dispositivos que emitan radiofrecuencia.

(4) Un decreto relativo al uso seguro de dispositivos inalámbricos empleados por niños, que requieren un lenguaje especial, y que está inspirado en una ordenanza similar aprobada en Berkeley.

(5) Un decreto para estipular las mejores prácticas en el uso de Wi-Fi en las escuelas, con el fin de minimizar la exposición de los niños. El Departamento de Salud del estado de Maryland, en diciembre de 2016 publicó un informe recomendando que se limitara el Wi-Fi en las escuelas y que se realizaran las conexiones por cable.

(6) Un decreto para reducir la radiación no ionizante en las escuelas.

(7) Un decreto para incrementar la concienciación médica y las coberturas de los seguros ante los daños en la salud provocados por la radiación no ionizante.

Todos estos proyectos de ley están siendo actualmente valorados por diferentes políticos, a los que se les pueden dirigir testimonios en aras de que tengan más información para la toma de decisiones.

Negar lo evidente; los niños lo pagarán

Lo que está sucediendo en Massachusetts pone de relieve una vez más que estamos en una situación de emergencia en la que se necesita urgentemente una regulación mucho más exhaustiva, y unas políticas públicas que vayan encaminadas a la concienciación y a la educación ante este problema.

Mientras una gran parte de la comunidad científica niega este problema,  mientras la mayoría de los políticos no hace nada, y mientras la casi totalidad de ciudadanos viven zombificados y enganchados a sus teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos inalámbricos, hay otros científicos, políticos y ciudadanos que se están dejando la piel para defender su salud y la de su familia.

Los proyectos de ley abiertos en Massachusetts nos están dejando testimonios como el que muestro a continuación: una doctora en medicina cuyos dos hijos, de 6 y 9 años, han tenido que abandonar la escuela debido al desarrollo de electrohipersensibilidad. Yo conozco la identidad de esta mujer, que es doctora en Florida, pero no puedo desvelarla públicamente. Podéis leer la carta el siguiente enlace: H.2030 and S.2079 MD Education Testimony (1)

Aunque está en inglés, se entiende perfectamente. Algunos zoquetes piensan irrespetuosamente que esto es cosa de “magufos” y que las personas que reportan sentirse dañadas por las ondas electromagnéticos tienen un bajo nivel cultural o problemas psicológicos. Por eso son tan importantes testimonios de este tipo, sobre todo de médicos que reconocen abiertamente el problema.

Martin L. Pall, profesor emérito de bioquímica y de ciencia médica básica en la Universidad de Washington State, también ha participado aportando su testimonio en este vídeo breve en el que argumenta los riesgos de exposición a los contadores inalámbricos. La sesión completa con otros testimonios (incluido el de una persona electrosensible) se muestra al lado.

Yo he enviado también mi propio testimonio, como investigador multidisciplinar que he revisado cientos de artículos de la literatura científica en los últimos años. Aquí dejo mi carta, que ilustra bien mi postura al respecto (he borrado cierta información personal).

En la carta me hago eco de las similitudes con la historia del disulfuro de carbono, que conté en este post, y de que no somos capaces de apredender de ello, y apelo a la urgencia de redactar leyes que vayan en consonancia con la evidencia científica para que se reduzcan drásticamente los máximos de exposición, y así tengamos la posibilidad de vivir en un entorno menos agresivo, en especial para los niños. Comento, asimismo, la tremenda irresponsabilidad de políticos y directores de centros educativos, permitiendo el uso indiscriminado de Wi-Fi en las escuelas, algo ante lo que los padres concienciados nos vemos totalmente desamparados, precisamente también por el desconocomiento y poco apoyo de una mayoría de padres que ignoran o directamente se desentienden de este tema. 

Mientras tanto, un grupo de investigadores y doctores trabaja incesantemente en concienciar y educar en relación a los riesgos de la exposición a radiofrecuencia. Aquí se pueden consultar decenas de cartas enviadas por estos profesionales apelando a la eliminación del Wi-Fi de las escuelas.

Recordemos que no sólo el cáncer es la enfermedad que se debate, sino también otro tipo de patologías, incluyendo la electrosensibilidad. Sobre este trastorno fisiológico se puede leer una breve y acertada explicación con referencias históricas aquí.

La introducción indiscriminada de tablets y iPads en las escuelas obedece a una técnica de manipulación social llamada “Caballo de Troya”, que expliqué en un post anterior. En los colegios e institutos se puede usar la conexión por cable, es más rápida y segura. Pero a Apple, Samsung y a otros, no les interesa en absoluto.

Introducción del 5G y Wi-FI para todos

Pese a que la introducción del 5G no se está debatiendo en Massachusetts, viene a colación comentarlo porque está de plena actualidad durante estas semanas, al igual que la aprobación en el Parlamento Europeo de que todo el mundo pueda estar conectado por Wi-Fi en los lugares públicos.

Esto ya no lo para nadie, al menos es la sensación que tengo tras ver cómo va evolucionando la irresponsabilidad e incompetencia de los legisladores. Ante esta situación, casi 200 científicos de todo el mundo (incluidos médicos, físicos y biólogos), han enviado una carta a la Unión Europea para pedir una moratoria de la 5G y la aplicación del Principio de Precaución.

No es la primera vez que esta parte de la comunidad científica se moviliza para pedir cordura a los reguladores y políticos. En 2015 realizaban este comunicado dirigido a la ONU, advirtiendo de los riesgos de la exposición descontrolada a este tipo de campos electromagnéticos. En estos 2 vídeos el Dr. Martin Blank realiza el llamamiento a la ONU y explica los efectos celulares y moleculares de los campos electromagnéticos:

Conclusión

Es ilusionante que en Massachusetts se estén discutiendo varios proyectos de ley para regular esta locura de exposición indiscriminada a los campos electromagnéticos, especialmente en el rango de radiofrecuencia. Veremos cómo termina, y si sienta un precedente importante para que otros lugares del mundo sigan ese mismo camino.

Pero, al mismo tiempo, esa ilusión se desvanece ante la tendencia aparentemente imparable de vivir en un mundo inalámbrico. Todo ello sin evaluar el riesgo, y sin gestionarlo. Y lo repito hasta la saciedad, no es estar en contra de la tecnología, sino a favor de una tecnología con el menor impacto posible sobre la salud. Y eso es posible, pero no les interesa a las grandes corporaciones, obviamente. Ellas te venden que tu vida es mejor estando conectado sin límites, en el coche, en tu casa, en el parque…y tú te lo crees.

Las pruebas sobre su vinculación con el cáncer a través de la ruptura del ADN siguen apareciendo, pero nadie parece escuchar. Como tampoco la sociedad ve los crecientes casos de electrohipersensibilidad que se dan en todo el mundo, y que a muchas personas les destroza la vida. No importa que ejemplos como la ex Primera Ministra de Noruega y ex Directora General de la OMS, Gro Harlem Brundtland, confiese que no tolera las ondas electromagnéticas. No importa porque todo es cosa de “magufos” y de locos.

Falta mucha más implicación de médicos, físicos y biólogos. Investigadores que actúan con una tibieza imperdonable, porque no se posicionan públicamente al respecto por miedo a perder su posición, por miedo a verse atacados por el establishment económico; es una actitud cobarde porque sí que lo hacen con otros temas similares (pesticidas, metales pesados, polución del aire) pero no con la contaminación electromagnética. Esta es una de las grandes barreras para que algo cambie, que se ilustra perfectamente al ver los firmantes del llamamiento a la ONU de 2015, y el del llamamiento a la Unión Europea de 2017: son prácticamente los mismos.

Tal vez dentro de unas décadas haya evidencias suficientes para garantizar que no hay peligro. Entonces no habrá problemas en cambiar de postura, yo al menos reconoceré que me equivocaba. Pero a día de hoy, hay indicios y pruebas suficientes para aplicar el Principio de Precaución y regular con más determinación, proteger a las poblaciones sensibles (niños, embarazadas, etc.) y reconocer la electrosensiblidad como un trastorno real. 

Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2017, septiembre 20). Massachusetts estudia regular el Wi-Fi, los contadores inteligentes, y mejorar la protección. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b270

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(#268). COCA-COLA Y LA FELICIDAD EN MÉXICO

[DESPIERTA] Coca-Cola, el sinónimo de la felicidad, está secando los pozos en Chiapas, en México. Y lo hace por el módico precio de 150 dólares al año, no vaya a ser que se resientan los 6.530 millones de dólares que tuvo de beneficio neto en 2016.

Los pozos se secan, y las personas tienen que comprar agua embotellada, o mejor, Coca-Cola, porque tampoco se atreven a consumir agua del grifo debido a la insalubridad.

Pero Coca-Cola sigue llevando felicidad a todas partes del mundo (al menos según ellos, claro), incluido a los indígenas de México, por supuesto. Así lo quisieron plasmar con este anuncio en 2015, aunque esta vez lo tuvieron que retirar porque era demasiado insultante.

Imperdonable perderse también el vídeo contiguo (gracias José Lietor Gallego por recomendarlo), en el cual se ve al presidente de México, Enrique Peñas Nieto, decir en un acto de Coca-Cola que toma este producto todos los días, ante aplausos y vítores.

Hace unos meses, la ONU denunció la situación de falta de acceso al agua de los estratos más pobres de Chiapas, pero no importa porque en algunos sitios allí la Coca-Cola es más barata que el agua. Mientras tanto, en México hay 13 millones de diabéticos, y el 70% de la población del país tiene sobrepeso u obesidad.

Menos mal que Coca-Cola les dice a los mexicanos que se muevan; con montar en patinete y beber Coca-Cola ya está el problema solucionado. Eso es felicidad.

coca-cola-mexico-ReasonWhy.es_ IR A LA FUENTE DE ESTA NOTICIA

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(#266). LOS CONSUMIDORES PAGARÍAN UN SOBREPRECIO POR PRODUCTOS CERTIFICADOS COMO DE TRABAJO JUSTO

REVISIÓN DE ARTÍCULO] Los autores comienzan el artículo haciendo referencia a varios sucesos de explotación laboral en el sector agrícola en Grecia. Por ejemplo, en 2013, 33 trabajadores inmigrantes de Bangladesh fueron golpeados y heridos por sus supervisores en una granja de fresas porque protestaban por no recibir su salario en varios meses. Tras el escándalo público, los agricultores argumentaban que no podían pagar un salario mínimo, ni estipular un máximo de horas de trabajo, ni en definitiva dar unas condiciones dignas si querían ser competitivos en el mercado y no tener pérdidas.

El objetivo de esta investigación es analizar las preferencias de los consumidores por productos que estén certificados como que han sido hechos en condiciones de trabajo justas, a través del estudio de su intención de pagar más por ellos (WTP – willingness-to-pay-). Es importante matizar que el estudio trata sobre certificaciones de trabajo justo y no de comercio justo, ya que los segundos están principalmente enfocados sobre productos exportados por países en desarrollo.

Metodología

Los autores emplearon el método de valoración contingente (CVM) y el de evaluación inferida (IVM) para estudiar el WTP de un producto concreto, un pack de 500 g de fresas. Para esta fruta, los costes laborales pesan alrededor de un 50% del precio final del producto, por lo que es un caso atractivo para ser analizado. La diferencia entre preguntar por el método CVM por el método IVM es que en el primero al participante se le pregunta directamente por la cuestión de interés, y en el segundo se le pregunta lo que cree que haría otra persona ante la pregunta de interés.

Se realizaron 3825 entrevistas (sobre un total de 11510 personas a las que se les pidió participar en dos ciudades griegas). Previamente a que contestaran, se les explicaba en qué consistía una certificación de trabajo justo.

Dado que este tipo de estudios están sujetos a un potencialmente importante sesgo de respuesta (presentación favorable), los autores realizaron emplearon un cuidadoso diseño entre sujetos e intra sujetos para tratar de evitarlo. Para ello, realizaron 3 introducciones diferentes que compararon con un grupo de control (sin introducción de texto explicativa). Los investigadores proveían 5 opciones de respuesta para el WTP: 20, 40, 70, 100 y 120 céntimos. Paralelamente, midieron el WTP de manera diferente, tomándolo como pérdida equivalente (se les decía que se les daba un pack de medio kilo de fresas certificadas y si estarían dispuestos a pagar XX céntimos para evitar que se las cambiaran por otras no certificadas). De esta manera, se abordaban diferentes formas de obtener una información similar.

Resultados e implicaciones

Existe una diferencia importante entre los resultados del método CVM y los del IVM. Como se puede apreciar en las siguientes figuras, los consumidores son mucho más escépticos cuando piensan cómo actuarán los demás ante la intención de pagar un precio premium por productos con certificación de trabajo justo.

Drichoutis et al2El proveer o no de información sobre la certificación justa (como de forma breve han hecho los autores antes de cada entrevista) no cambia el patrón de respuesta.

Los investigadores estiman que los consumidores estarían dispuestos a pagar de media hasta 53 céntimos de euro por 500 g de producto, lo que supone un 72.6% del precio modal del equivalente de mercado de las fresas en el periodo de estudio considerado.

Limitaciones/Comentarios

Pese a que los autores incluyen preguntas sobre condición económica de los entrevistados, su perfil político y sobre el sesgo de presentación favorable, no dejan claro en el artículo cómo lo tienen en cuenta en el modelo.

Además, es extraño que no hayan considerado la opción de que el consumidor de que los participantes eligan “cero” céntimos, ya que las alternativas de respuesta comienzan en 20 céntimos de euro. Esto creo que es una limitación importante y probablemente sesgue al alza la valoración media que hacen los autores de la disposición a pagar más.

Tampoco explican la adecuación estadística de su modelo, y sólo basan los resultados en la comparación de los índices AIC y BIC entre especificaciones alternativas.

Por tanto, prudencia en la interpretación de los resultados. No obstante, y pese a estas limitaciones, el mero examen gráfico de las respuestas muestra que sí que hay una tendencia evidente a pagar un sobreprecio. Sin embargo, el artículo tampoco deja claro en qué medida ese sobreprecio podría cubrir los costes de un cambio para certificar una explotación agrícola como de trabajo justo.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Drichoutis, A. C. (2017). Consumer preferences for fair labour certificaction. European Review of Agricultural Economics, 44 (3), 455-474

Indicadores de calidad de la revista*

 

Impact Factor (2016)

Cuartil

Categoría

Thomson-Reuters (JCR)

1.600

Q2

AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY

Scimago (SJR)

1.08

Q2

ECONOMICS AND ECONOMETRICS

* Es simplemente un indicador aproximado para valorar la calidad de la publicación

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(#262). EL TRATADO INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS; LECTURA OBLIGADA

[MONOTEMA] Quizá nunca valoremos lo suficiente el trabajo de personas como Juan Hernández Zubizarreta y el del resto de compañeros que luchan para edificar una resistencia al poder hegemónico de las multinacionales y proponer alternativas que den voz y dignidad a los pueblos e individuos desprovistos de sus derechos fundamentales.

Hace apenas unas semanas (comienzos de julio, 2017) se publicaba un nuevo documento explicativo sobre el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales (Hernández, 2017), que merece la pena ser leído con detalle. Ese tratado se puede consultar de manera más concisa en Grupo de Trabajo de los Pueblos (2014), o mucho más resumido en Gastaka (2015), por lo que cualquier explicación por mi parte no estaría a la altura de esas referencias. Sin embargo, en este post quiero exponer varias reflexiones sobre esta reciente publicación, que espero animen a su lectura y comprensión.

Un principio erróneo

Cuando Aristóteles propuso que los elementos celestes orbitaban de manera circular, pasaron varias centurias en las que los científicos (incluido Copérnico) trataban de amoldar las observaciones a un principio erróneo. Por más que se esforzaban en hacerlo, no conseguían obtener explicaciones satisfactorias. Entonces llegó Johannes Kepler, quien postuló que las órbitas eran elípticas, resolviendo de manera genial el problema de base que hacía imposible modelar adecuademente el movimiento de los astros.

De forma análoga se toma como principio fundamental que el capitalismo neoliberal es la base sobre la que debe regir el sistema económico mundial. Esto es, libre circulación de capitales, servicios y bienes, mercantilización de servicios públicos, desregulaciones, reducción del gasto social, fomento de la libre competencia… Es como un “Principio Cero” para la OCDE, la Unión Europea, para las instituciones supranacionales y para la gran mayoría de los políticos del mundo. No deja de ser un postulado hegemónico, en el sentido que explica Hernández (2017), y en el que las fuerzas que lo defienden recurren a la falacia del dualismo para manipular a la sociedad (ver Martínez, 2016).

Cuando en abril de 2017 comentaba la grata noticia de la aprobación en el Parlamento Europeo de la futura elaboración de unas normas vinculantes para la industria textil (ver Martínez, 2017), destacaba como barrera a ese futuro documento las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales o el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD, claramente defensoras del libre mercado.

Honestamente, parece complejo regular en un contexto en el que el fundamento es la desregulación, pero aún así, autores como Andreas Bieler (ver Martínez, 2016), indican que es todavía posible cambiar el sistema desde dentro mediante acciones concretas, por ejemplo si varios países acuerdan vínculos comerciales basados en la complementariedad. Como indica Bieler, esto debe llevar consigo un incremento del proteccionismo, la defensa de la autonomía alimentaria, la eliminación de los paráisos fiscales y la garantía de los servicios públicos y los sectores clave (energía, agua). En este sentido el Tratado de los Pueblos acoge estas y otras propuestas pero es más ambicioso todavía, ya que propone la desarticulación de la armadura jurídica del capitalismo (lex mercatoria). Así, la propuesta es “radical”, como no podría ser de otra manera, ya que requiere un cambio de paradigma.

Hernández (2017), de este modo, propone romper con el capitalismo y plantear un nuevo sistema, un nuevo principio sobre el que desarrollar la economía. Las órbitas circulares eran erróneas, pero estuvieron 1900 años condicionando la explicación del movimiento de los astros y el avance de la astronomía. No cometamos una equivocación similar.

El maquillaje de los Derechos Humanos

A los que no somos juristas nos cuesta entender lo que Hernández (2017) y Hernández & Ramiro (2015) explican sobre la jerarquía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos – incluido el Derecho Internacional del Trabajo y el Derecho Internacional Ambiental- que es superior a las normas de comercio e inversiones, nacionales e internacionales, por su carácter imperativo y como obligaciones de toda la comunidad internacional y para toda la comunidad internacional.

Si es así, ¿por qué no se aplica? Recordemos que se está permitiendo una situación en la que las multinacionales demandan a Estados por las intervenciones que estos realizan y que pueden dañar la maximización de beneficios (independientemente de que los Estados lo hagan para beneficiar a sus ciudadanos y ecosistemas). Si los intereses de los inversionistas nunca pueden estar por encima de los intereses de las personas, los pueblos y la naturaleza, ¿por qué se está permitiendo esta situación? ¿De qué sirve la Declaración Universal de los Derechos Humanos si sistemáticamente se vulneran sus artículos sin apenas castigo?

Parece una obra de maquillaje del propio sistema, al menos a efectos prácticos. Hernández (2017) demanda un instrumento vinculante de Derecho Internacional. O más bien, simplemente, que se aplique la ley (la jerarquía del Derecho Internacional). Pero esa fragilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo (Hernández emplea la palabra “frágil” recuerrentemente), es una muestra de que no cumple su cometido.

Si las empresas usan la Responsabilidad Social Corporativa como forma de lavar su imagen (un instrumento más de marketing), el sistema parece que emplea la existencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como una máscara de garantía vigilante, que se comporta como una simple careta; el sistema ha construido su propia armadura para seguir acumulando, extrayendo y generando desigualdad.

Una lucha totalmente desigual

Una de las formas que el Tratado de los Pueblos propone para luchar contra esta hegemonía es la realización de juicios de naturaleza opinativa (el Tribunal Permanente de los Pueblos), basado en los tribunales Russell, que den visibilidad y voz a las personas y comunidades perjudicadas por los abusos de las multinacionales.

Pese a los esfuerzos de Hernández (2017) de justificar y defender la utilidad de estos tribunales, la cuestión fundamental, en mi opinión, es la relevancia que ellos tienen a efectos prácticos. Es sin duda un elemento de consuelo, dignidad y reconocimiento de las víctimas, pero ¿ello se traslada a una influencia posterior en procesos jurídicos no opinativos? Y más aún, ¿qué repercusión mediática tienen?

Esta última pregunta es de vital importancia para que sirvan realmente como herramienta de concienciación sobre los atropellos de las multinacionales y los muchos casos de complicidad de los estados y entidades supranacionales. Pero si sólo tiene repercusión en medios alternativos o de contra poder, y se margina en los medios masivos, su área de influencia va poco más allá de la de aquellos que precisamente ya están “convencidos” o concienciados.

Este es, a mi juicio, una de las grandes barreras para el despertar de conciencias, pese a que el Tratado de los Pueblos cuenta con el apoyo de varios cientos de movimientos sociales. El diagnóstico y propuesta más radical de Juan Hernández (Hernández, 2017) o el quizá más moderado de Andreas Bieler (ver Martínez, 2016) son prácticamente inapelables para cualquier persona honesta y empática: acertados y convincentes. Pero si esa información sigue pesando muy poco en relación a la hegemónica, la presión para el cambio es insuficiente.

Post-capitalismo

Ni comunismo, ni socialismo, ni ecologismo, ni socialdemocracia, ni anarquismo. Tanto Hernández (2017) como Hernández & Ramiro (2015) inteligentemente plantean un modelo post-capitalista. Y los matices en el lenguaje son esenciales, tal y como comentaba en las formas en las que el sistema tiene de manipular (Martínez, 2016).

Los últimos 40 años de este sistema han sido un fracaso, e incluso en esta misma web he ido mostrando algunos ejemplos de ello: (1) Vivimos más pero no con mejor salud; (2) se ha reducido la prevalencia del infrapeso, pero ha conseguido una sociedad en la que el porcentaje de personas en riesgo (infrapeso+obesidad) es mayor; (3) la especulación en los mercados financieros con alimentos básicos ha producido varias crisis alimentarias; (4) las grandes corporaciones corrompen los organismos reguladores; (5) los gigantes tecnológicos y textiles siguen explotando/esclavizando a trabajadores; (6) los grandes empresarios condicionan las políticas públicas de salud; (7) se pierden los servicios públicos y se fomenta la violencia simbólica; (8) existen maquillajes de “capitalismo + caridad” que intentan legitimar el sistema en lugar de sacrificar un pequeño porcentaje de los beneficios en respetar los derechos humanos; (9) se evaden impuestos en paraísos fiscales…Y hay mucho más, claro.

No es de extrañar que ante esta perspectiva el Tratado de los Pueblos proponga terminar con este nuevo sistema feudal, con postulados como: “prohibir los lobbys, los paraísos fiscales, convertir en obligatoria la tasa Tobin, prohibir las agencias privadas de calificación. Limitar las concentraciones y fusiones de capital, impedir que los cargos públicos se incorporen a los consejos de administración de las empresas transnacionales (las llamadas puertas giratorias), nacionalizar la banca y prohibir todos los mecanismos que potencian las inversiones especulativas“.

No hay dualismo aquí, y tampoco eufemismos. Hernández (2017) no permite que el poder apele a la falaz dicotomía capitalista-comunista. El capitalismo neoliberal debe terminar. Que empiece el post-capitalismo.

Qué podemos hacer en el día a día

Sin la intención de ser paternalista, me permito la licencia de interpretar los postulados de Hernández (2017) en base a recomendaciones prácticas para pasar a la acción. De manera siempre muy general, quizá sería conveniente repasar los siguientes elementos, la mayoría obvios para los que llevan mucho tiempo en la “resistencia”:

(1) Consumir (menos y mejor): Empleemos el consumo como acto político para castigar a las empresas que no respetan los derechos humanos y la naturaleza y premiar a aquellas que trabajan en la dirección correcta. No nos dejemos engañar por el greenwashing y miremos con agrado a personas y organizaciones comprometidas con las líneas que propone Hernández (2017), y no a las que no tienen la valentía suficiente de hacerlo (ver Martínez, 2017). Aunque algunos activistas se opongan (Martínez, 2016), a veces el boicot es una medida de presión efectiva (McDonnell & Werner, 2016)

(2) Votar: Cualquier partido político que defienda el armazón de este sistema no debe contar con nuestro voto. Partidos que, por ejemplo, apoyen el TTIP o el CETA, la existencia de zonas francas, la privatización de servicios públicos, el comercio de competitividad… no mercen el voto; son cómplices de todas las tropelías que Hernández (2017) denuncia.

(3) Luchar: Impliquémonos desde abajo, en movimientos vecinales, demandas sociales, diseminando información, señalando a los que favorecen un sistema depredador. También en universidades y otros centros educativos. Luchemos en grandes contiendas (ej: para que no privaticen la educación y la sanidad, para defender derechos de los trabajadores, para nacionalizar la banca o la energía…), y también en pequeñas (ej: para que no pongan un parking privado en un hospital público, para que no contaminen un barrio con pesticidas, para que no instalen una antena de telefonía enfrente de casa…). No se puede estar en todas las guerras, es cierto, ni siquiera en muchas, pero no hay que culparse por no poder abarcar todo; nadie es perfecto, pero el objetivo no es la perfección, sino recorrer el camino en la dirección correcta.

(4) Pensar: Intentemos acceder a información completa, fuera de los medios masivos habituales. Seamos críticos incluso con las alternativas contra hegemónicas como las que propone Hernández (2017), pero reflexionemos profundamente acerca de las consecuencias de un sistema que favorece a un 1% en detrimento del 99% restante, que en algunos casos resulta en el 0.001% en detrimento del 99.999% (Leonhardt, 2017).
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Conclusión

El Tratado Internacional de los Pueblos es un trabajo inspirador que está siendo discutido en el Consejo de las Naciones Unidas. Más allá de su efecto sobre la elaboración un futuro instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales, este documento representa una base ideológica para el estímulo del pensamiento crítico.

Uno de los retos es hacer que este diagnóstico de la situación y las alternativas propuestas lleguen a segmentos diferentes de los ya concienciados. El desafío es grande en cuanto a que cualquier propuesta educativa o formativa en este sentido es vista desde el poder hegemónico como una amenaza. Evidentemente será tachada peyorativamente de “radical” por el establishment, para emborronar los argumentos esgrimidos, frente a la “moderación” de la política de los oligarcas defendida de forma impostora como una virtud.

Pero mientras el sistema actual (tan “moderado”), “moderada y sensatamente” atenta contra la dignidad y la vida de los pueblos, contra la naturaleza, y contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, entoces el cambio de paradigma y la radicalización de las alternativas se convierten en la única vía de transformación. Si defender la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Ambiental, y repudiar un sistema basado en la codicia, la usura y la desigualdad, es ser radical, entonces seamos radicales.

Sin embargo, hay que admitir que dejar atrás el capitalismo es una tarea altamente compleja, quizá bastante más difícil de llevar a cabo que la que consiguió Kepler.

Referencias

Gastaka, E. (2015, julio 15). El tratado internacional de los pueblos como garantía de los derechos humanos. Descargado desde: http://www.revistapueblos.org/?p=19581

Grupo de trabajo del Tratado de los Pueblos (2014). Ideas y propuestas para avanzar hacia un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales. Disponible en: http://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2015/02/PeoplesTreaty-ES-dec2014-1.pdf

Hernández, J. (2017). El tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales. Un análisis desde la sociología jurídica. Disponible en: http://omal.info/IMG/pdf/tratado_sociologia_juridica.pdf

Hernández, J. & Ramiro, P. (2015). Contra la lex mercatoria. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales. Icaria Editorial.

Leonhardt, D. (2017, agosto 7). Our broken economy, in one simple chart. Descargado desde: https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/07/opinion/leonhardt-income-inequality.html?smid=tw-share

Martínez, J. A. (2016, octubre 7). Preguntas y respuestas sobre la explotación laboral en la industra textil. Descargado desde: http://www.cienciasinmiedo.es/b172/

Martínez, J. A. (2016, octubre 14). Propuestas para un régimen alternativo de comercio. Descargado desde: http://www.cienciasinmiedo.es/b174/

Martínez, J. A. (2016, diciembre 10). Psicópatas, políticos, corporaciones, control social e impunidad. Descargado desde: http://www.cienciasinmiedo.es/b192/

Martínez, J. A. (2017, febrero 23). Naming rights; ¿Se puede vender todo? Descargado desde: http://www.cienciasinmiedo.es/b223/

Martínez, J. A. (2017, abril 3). La otra historia de Nike. Descargado desde: http://www.cienciasinmiedo.es/b232/

Martínez, J. A. (2017, abril 25). Claves para entender la Iniciativa Emblemática de la Unión en el sector de la confección. Descargado desde: http://www.cienciasinmiedo.es/b240/

McDonnell, M. H. & Werner, T. (2016). Blacklisted Businesses: Social Activists’ Challenges and the Disruption of Corporate Political Activity. Administrative Science Quarterly, doi: 10.2139/ssrn.2454702

Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2017, agosto 24). El Tratado de los Pueblos; Lectura obligada. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b262

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(#251). EL MAGNATE DE REEBOK VENDE SU MANSIÓN Y TODOS NOS HACEMOS PREGUNTAS

[DESPIERTA] Paul Fireman, quien fuera el empresario que llevó a Reebok a competir cara a cara con Nike en los 80 vende su mansión. Y lo hace por $90 millones. Una de las casas más lujosas de Estados Unidos.

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Un multimillonario que quiere vende su multimillonaria casa; aparentemente intrascendente, pero no podemos dejar pasar este hecho para hacernos algunas preguntas.

Fireman amasó su fortuna gracias a una gran visión de los negocios. La historia de Reebok cambió para siempre cuando en 1979 Fireman tuvo la determinación de comprar la licencia para vender la marca en exclusiva en Estados Unidos a cambio de $3.5 millones en royalties. El estreno de la película Carros de Fuego (1981), la irrupción de las Freestyle, la revolución del aeróbic y del papel de la mujer como deportista…todo ello aupó a Reebok a cotas inimaginables tan sólo 10 años antes, hasta llegar a mirar a los ojos a la todopoderosa Nike. En 2006 Fireman vendió la compañía a Adidas, por $3.8 billones, mientras se llevaba en esa operación unos $700 millones (Forbes, 2006).  Otras fuentes señalan que Fireman se embolsó $800 millones (Ballinger, 2017).

Sin embargo, y aunque a un nivel menos mediático que Nike, Reebok también tiene su historial de explotación laboral y abuso, principalmente en factorías asiáticas y centroamericanas.

Jeff Ballinger quien trabajaba para el Asian-American Free Labor Institute (AFL-CIO) en una pequeña oficina en Jakarta, Indonesia, y uno de los activistas más comprometidos en Estados Unidos, lo vuelve a recordar: Entre 1988 y 1991 Reebok pagaba $0.86 al día a los empleados de fábricas en Indonesia.

Al año siguiente, 1992, Reebok firmaba un contrato con el prácticamente imberbe Shaquille O’Neal de unos $5 millones al año.

La tormenta mediática ocasionada por los sweatshops de Nike en los 90 también salpicaron a Reebok. Así, y por ejemplo, en 1999 publicó un informe criticando sus propias factorías en Indonesia (BBC, 1999).

En 2002 apareció un informe de China Labor Watch (CLB, 2002), sobre datos recogidos por activistas de la organización entre junio de 2001 y enero de 2002 en 6 fábricas de la marca en China. Las conclusiones son tristemente comunes en estas situaciones: (1) Horas extra trabajadas que vulneran la ley del país; (2) Salarios por debajo del mínimo local; (3) Carencia de seguro médico, desempleo o jubilación; (4) Sin libertad de asociación ni posibilidad de formar sindicatos independientes; (5) Condiciones de trabajo constantemente con altas temperaturas y humos tóxicos; (6) Incumplimiento del propio código de conducta estipulado por la marca. En algunas de esas fábricas los trabajadores cobraban menos de $0.25 por hora.

Centroamérica también ha sufrido los abusos de Reebok. En 2010, el Institute for Global Labour and Human Rights (IGLHR, 2010), reportó que los propios investigadores de Reebok (ya entonces dentro de Adidas), encontraron serias deficiencias en las condiciones de los trabajadores de su fábrica de Chi Fung, en El Salvador. Situaciones prácticamente idénticas las encontradas en China varios años antes.

Como indicaba en mi artículo sobre la historia más oscura de Nike,  en 2002 la sindicalista indonesia Dita Sari rechazó el premio Reebok de Derechos Humanos, de $50000 (Ballinger, 2006). El motivo es que a Sari le parecía un ejercicio de hipocresía que una multinacional como Reebok con un historial de explotación laboral en el sudeste asiático pretendiera lavar su imagen con este tipo de parafernalias. Reebok  llevaba concediendo este premio desde 1988.

Por eso, y ante la fastuosa mansión que Paul Fireman quiere vender, es de recibo que nos hagamos unas cuantas preguntas,  no sobre la valía, determinación y capacidad de visión y liderazgo de este hombre, sino sobre cómo es posible que consintamos esas dramáticas asimetrías y vulneraciones de la dignidad humana en un extremo de la cadena, cuando en el otro lado de la misma se vive en la más completa de las opulencias.

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