(#316). IGNORAR LA TOXICIDAD DE LOS ADYUVANTES FALSEA LOS PERFILES DE SEGURIDAD DE LOS PESTICIDAS

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En este artículo publicado en Frontiers in Public Health, los autores hacen un nuevo llamamiento a la necesidad de considerar los adyuvantes de los pesticidas en las regulaciones sobre la toxicidad de los productos.

Esos adyuvantes son llamados elementos “inertes” porque simplemente no funcionan como principio activo. Pero ello no significa que no tengan efectos biológicos (que en su mayoría los tienen), tal y como los autores recalcan. Esta falacia lingüística hace que enmascaren los efectos reales en el entorno de pesticidas como el glifosato (y otros también, por supuesto). Es más, a veces el hecho de que investigadores no distingan entre el efecto de la molécula activa y el de los adyuvantes perturba los resultados de las investigaciones sobre toxicidad de un pesticida en concreto. Esto ocurre porque un pesticida puede ser producido por diferentes compañías, y no necesariamente tienen que coincidir ni el número ni la concentración de adyuvantes. De este modo, se añade ruido al cuerpo de evidencia de los estudios, porque se mezclan resultados que pueden ser causados por diferentes elementos tóxicos.

Parte de esta confusión es debida a la consideración de los elementos inertes como secreto comercial, como ocurre en Estados Unidos, donde para registrar un pesticida se debe aportar información sobre los elementos activos pero no necesariamente sobre los tóxicos adyuvantes.

Al consumir alimentos (o a través de otras formas de interacción) nos exponemos a esos pesticidas en formas de residuo. Pero, de nuevo, tenemos que contar que ese residuo está formado por toda la combinación química del producto, no sólo el elemento activo. Y como bien comentan los autores, hay estudios que muestran que la toxicidad de los adyuvantes puede ser mayor que los de la molécula principal.

Tipos de coadyuvantes

Los autores presentan una lista no exhaustiva de los elementos inertes más empleados en la formulación de pesticidas:

b316_2Los más utilizados son los surfactantes, que modifican la interacción entre las superficies de la planta y del elemento activo, facilitando su penetración, adherencia y dispersión. Y, como enfatizan los autores, no sólo lo hacen con las plantas, sino también con la piel humana cuando hay exposición.

Uno de esos surfactantes, el POEA (polioxietileno amina) ha sido prohibido por la Comisión Europea para su uso como adyuvante del glifosato. Sin embargo, y como indican los autores, eso no excluye su uso, ya que los agricultores pueden comprar el adyuvante aparte y mezclarlo con el glifosato. Y, además, no está prohibido como acompañante de pesticidas que contienen 2,4-D. De esta forma, tanto los granjeros como el público general puede estar expuesto a este tóxico incluso después de su prohibición.

Conclusión

Los autores plantean en qué grado son válidas las indicaciones de dosis diaria aceptable (ADI) y niveles de residuo máximo (MRI), dos medidas que se supone que garantizan que, tanto la dosis ingerida como los niveles de pesticidas encontrados en los productos, respectivamente, no producen efectos adversos. Si no se testa adecuadamente la toxicidad de esos (mal llamados) elementos inertes, los resultados pueden ser completamente diferentes. Quizá la inclusión de un nuevo factor de seguridad para tener en cuenta esta variable sería indicado tanto para el ADI como para el MRI, es decir, hacer más exigentes los niveles a cumplir.

Ante esta situación hay que, por un lado, deconstruir las formulaciones comerciales y testar los elementos por separado (adyuvantes y principios activos) y, por otro lado, realizar pruebas de toxicidad en animales con las formulaciones completas, no sólo con los ingredientes activos.

Y, por supuesto, una mayor transparencia sería necesaria a la hora conocer todos los componentes de un pesticida, y eliminar el eufemismo de “inerte” a compuestos tóxicos que deberían tener un trato regulatorio similar al del ingrediente activo.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Mesnage, R. & Antoniou, M. N. (2018).Ignoring Adjuvant Toxicity Falsifies the Safety Profile of Commercial Pesticides. Frontiers in Public Health, doi: 10.3389/fpubh.2017.00361

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(#305). EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LA PUBLICIDAD TELEVISIVA DE ALIMENTOS POCO SALUDABLES

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En este artículo publicado en Health Promotion International, los autores analizan el impacto que la regulación publicitaria televisiva sobre alimentos no saludables para los niños está teniendo en el Reino Unido.

Es harto conocido en la literatura que la promoción de este tipo de comida, generalmente alta en azúcares, grasa y/o sal influye en el consumo de los jóvenes. La OMS publicó unas guías en 2010  y 2012 para que los estados implantaran políticas para limitar la exposición de niños a comida “densa” (HFSS).

En el Reino Unido, en 2007, comenzó un programa de regulación para reducir la exposición de niños menores de 16 años, que se iba a implementar en varias etapas, de manera progresiva. El objetivo era prohibir  los anuncios en canales dedicados a niños y limitar la de los otros canales no exclusivos para niños.

Aunque los reguladores en 2010 publicaron que habían conseguido una reducción de exposición, otras investigaciones mostraron fallos metodológicos, así, Boyland et al. (2011), realizaron su propio estudio sobre una muestra de anuncios de 2008, con su también propio sistema de codificación. El objetivo de esta investigación es comparar esos datos recogidos en 2008 con una nueva muestra recolectada en 2010, siguiendo exactamente la misma metodología.

Metodología

Se  muestrearon 13 canales de diversa índole dirigidos total o parcialmente aniños, tomando muestras aleatorias en diferentes días de la semana y fines de semana durante febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, desde las 06:00 a las 22:00h. Un total de 1931.5 horas fueron grabadas.

Se codificó cada anuncio en 3 categorías: (1) saludable; (2) no saludable; (3) mixto. En esta úlitma categoría mixta entraban los anuncios generalistas, como por ejemplo los de los supermercados, o los de comida “sana” realizados por restaurantes de comida rápida. Como bien indican los autores, hay un estudio que muestra que ese tipo de publicidad de productos más saludables realizada por esas empresas, lejos de incentivar su consumo, incrementan la propensión de los niños a ser atraídos por esas cadenas de restaurantes.

Los anuncios grabados fueron representativos del conjunto de la parrilla televisiva, y fueron codificados por los investigadores en las categorías descritas.

Resultados e implicaciones

Los resultados muestran que apenas hubo variación porcentual desde 2008 (0.9% de reducción de los anunciones), con la distribución que se muestra en la siguiente tabla:

b305_2Se puede apreciar que en categorías como “comida rápida” o “bebidas azucaradas” hay un aumento llamativo.

En cuanto a la distribución en las categorías de la investigación, la siguiente figura muestra que prácticamente no hubo cambios entre 2008 y 2010:

b305_3Además, se encontró una mayor incidencia de anuncios de comida no saludable en el mes de agosto, justo cuando hay vacaciones.

Globalmente, estos resultados indican que el programa, pese a que en 2009 debía estar aplicado en su plenitud, no ha propiciado cambios importantes en el patrón de pubicación, aunque sí que ha habido un trasvase de anuncios desde soportes dedicados exclusivamente a niños atros más generalistas (pero igualmente dirigidos al público familiar).

Limitaciones/Comentarios

La codificación realizada por los autores difiere de la de Ofcom (la organización dedicada a implementar la regulación), pero es ciertamente razonable y, sobre todo, permite una comparación directa con los resultados de 2008.

Aunque es cierto que la fiabilidad entre codificadores es alta (93%), quizá hubiera sido más indicado hacer una doble codificación, en lugar de testar el cacuerdo con sólo una porción de la muestra.

Las variables empleadas son sólo una aproximación a la exposición, y no se habla de datos de audiencia. Esta es una limitación importante porque los canales dedicados pueden tener una audiencia mayor. en cualquier caso, al final, como indican los autores, lo que sucede es que hay un trasvase de anuncios de un canal a otro, y esto hace que todavía haya mucho trabajo por hacer.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Whalen, R. et al. (2017).Children’s exposure to food advertising: the impact of statutory restrictions. Health Promotion International, doi: 10.1093/heapro/dax044

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HEALTH POLICY & SERVICES

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(#247). RED BULL PRODUCE PLACEBO CUANDO SE MEZCLA CON ALCOHOL E INCREMENTA LA PERCEPCIÓN DE INTOXICACIÓN

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] Recientemente Red Bull ha tenido que pagar unos $13 millones por una demanda interpuesta por un conjunto de consumidores norteamericanos que argumentaban que “no daba alas” tal y como rezaba la publicidad. Esta bebida es consumida por alrededor de un 50% de estudiantes universitarios y está asociada con numerosos comportamientos anti sociales. Los autores nombran el estudio de Howland & Roshenow (2013) al respecto: las personas que mezclan alcohol con bebidas energéticas tienen el doble de riesgo de cometer una agresión sexual o tener un accidente de automóvil.

La cantidad de cafeína presente en las bebidas energéticas puede enmascarar la percepción de estar intoxicado por alcohol, cuando se consumen a la vez, lo que a su vez puede llevar a tomar más riesgos. Sin embargo, la cantidad de cafeína que incorporan esas bebidas no tienen un efecto sobre el comportamiento de riesgo de sus bebedores, sino que son más bien quienes consumen esas bebidas personas que inherentemente buscan el riesgo.

Las bebidas energéticas han sido estudiadas en marketing por su especial predisposición a generar un efecto placebo en quien las consume. El objetivo de esta investigación es examinar ese efecto placebo cuando la bebida energética se mezcla con alcohol, desde el punto de vista perceptual, actitudinal y comportamental.

Metodología

Los autores seleccionaron 154 participantes de un conjunto de voluntarios; bebedores socaiales sin riesgo de dependencia, y heterosexuales (para analizar su actitud hacia las mujeres). Además el BMI tenía que estar entre 18 y 25, con el fin de limitar la heterogeneidad en la intoxicación real por alcohol. Se les pagó al menos 10 euros por su participación, que incluía un cóctel de una bebida alcohólica y otra energética. Esta fue una forma de enmascarar el objetivo real de la investigación (que de otro modo hubiera sesgado las conclusiones).

El cóctel estaba compuesto por 6 cl de Vodka 40%, 8 cl de Red Bull y 16 cl de un néctar de fruta. Después de 15-20 minutos de su consume la tasa de alcohol en sangre sería de unos 0.045 g/dL.

Antes de que bebieran el cóctel los participantes se asignaron aleatoriamente a 3 condiciones experimentales que manipulaban la etiqueta que describía la bebida: (1) “Vodka-Red Bull cocktail”, (2) “Vodka cocktail”; y (3) “Exotic fruits cocktail”.  Después de unos 30 minutos, tenían que completar una serie de tareas en un ordenador.

En esas tareas se medía la agresividad sexual, a través de la escala de Ariely & Loewesnstein (2006). También la auto confianza, tras visionar varias fotos de mujeres atractivas, y la intención de tomar riesgos con la escala Ballon Analogue Risk Task (medir los intentos de inflar un globo virtual que explota aleatoriamente y cuando lo hace el jugador pierde el dinero acumulado).

Asimismo se midió la capacidad percibida para conducir, el nivel de intoxicación percibida y su creencia en que las bebidas energéticas incrementan la intoxicación por alcohol. Finalmente se midieron variables sociodemográficas y se evaluó la concentración de alcohol en sangre un con dispositivo electrónico.

Resultados e implicaciones

La etiqueta afectó significativamente la percepción de la presencia de la bebida energética, y todos los participantes pudieron identificar la presencia de alcohol, aunque el sabor del cóctel era eminentemente afrutado. Se colapsaron las condiciones experimentales (2) y (3) como grupo de control.

Para los sujetos con alta creencia de que las bebida energética incrementa la intoxicación por alcohol la percepción de esa intoxicación fue significativamente mayor. De este modo, esa expectativa actúa como factor moderador.

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Las diferencias en cuanto a la asunción de riesgos, auto confianza sexual y el tiempo de espera para conducir también fueron claras; aquellos que bebieron el cóctel en el que la etiqueta ponía “Red Bull” tenían significativamente mayores valores en las escalas de medición.

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Sin embargo, no se encontraron resultados significativos sobre la variable que medía el comportamiento sexual agresivo.

De este modo, este estudio muestra que las personas que creen que las bebidas energéticas incrementan la intoxicación por alcohol, y que a su vez piensan que beber alcohol convierte a las  personas en más impulsivas y desinhibidas tienen actitudes e intenciones de comportamiento dependientes de si la bebida es etiquetada como energética o no. Es decir, se muestra un efecto placebo producido por el tipo de producto consumido.

En consecuencia, y contrario a otras investigaciones, este estudio sugiere que la bebida energética no enmascara la intoxicación por alcohol, sino que incrementa su percepción a través del efecto placebo.

Los autores recomiendan que las autoridades tomen nota de estos resultados a la hora de regular la publicidad de estas bebidas y también de su etiquetado, ya  que estos no deben restringirse sólo al posible daño de sus ingredientes (como el azúcar) sino sobre los efectos psicológicos de su consumo.

Limitaciones/Comentarios

Se necesitan replicaciones pero el estudio muestra una evidencia más sobre la presencia de este efecto en productos de consumo y cómo la publicidad de las marcas afecta a la percepción del rendimiento de esos productos.

Los autores proporcionan muy poca información sobre la validación de su modelo estadístico; deberían haber mostrado test de mala especificación.

LEE EL ARTÍCULO ORIGINAL AQUÍ:

Cornil, Y. et al.  (2017). Does Red Bull give wings to vodka? Placebo effects of marketing labels on perceived intoxication and risky attitudes and behaviors. Journal of Consumer Psychology, doi: 10.1016/j.jcps.2017.03.003

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BUSINESS

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MARKETING

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(#240). CLAVES PARA ENTENDER LA INICIATIVA EMBLEMÁTICA DE LA UNIÓN EN EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN

[MONOTEMA] El próximo 27 de abril de 2017 se vota en el Parlamento Europeo el Informe sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección (2016/2140(INI)).

El informe pretende establecer una normativa vinculante para que por fin haya un marco regulador que defienda los intereses de los trabajadores de la industria textil, yendo más allá de las múltiples iniciativas voluntarias y de Responsabilidad Social Corporativa.

Precisamente es la española Lola Sánchez Caldentey, que es Eurodiputada por PODEMOS, la que ha encabezado la iniciativa.  La propuesta que lidera Sánchez Caldentey tiene como objetivos, entre otros, crear normas de obligado cumplimiento para las empresas textiles, con el fin de incrementar la transparencia en la cadena de suministro, modificar el etiquetado de productos para informar al consumidor de quién produce la ropa y en qué condiciones laborales, premiar con incentivos arancelarios la producción sostenible, y evitar que se vulneren los Derechos Humanos, con especial énfasis en el caso de las mujeres.

El sector de la confección da trabajo a más de 60 millones de personas en todo el mundo pero, a pesar de las múltiples iniciativas que en los últimos años se han emprendido para mejorar las condiciones laborales, ninguna de ellas se enmarca en un cuadro normativo común, y se basan principalmente en códigos de conducta voluntarios y acciones de Responsabilidad Social Corporativa, que se han mostrado incapaces de proteger los derechos básicos de los trabajadores: acceso a un salario digno, eliminación del trabajo forzoso e infantil, eliminación de la violencia física y verbal, eliminación de la discriminación de la mujer, garantías de un entorno de trabajo saludable, y libertad de asociación.

Cuando se cumplen cuatro años de la tragedia de Bangladesh, el derrumbe del edificio Rana Plaza que mató a más de 1200 trabajadores textiles, los avances acometidos en el sector son claramente insuficientes para garantizar los Derechos Humanos de millones de empleados en todo el mundo. Por ello, esta propuesta de regulación que se vota el día 27 es tan importante.

Sin embargo, el informe es extenso y hace referencia a múltiples acuerdos, tratados y normativas que hacen muy difícil su seguimiento y comprensión. El objetivo de este post es tratar de explicar, brevemente, algunas de las claves para su mejor entendimiento.

Los entresijos de este informe son también explicados en el programa Doble Cara del El Vórtice Radio.

Programas de Doble Cara

Breve vídeo ilustrativo

La manera más sencilla de hacernos una primera idea de la relevancia de este informe y de la necesidad de su aprobación es el siguiente vídeo de Sánchez Caldentey:

Conceptos previos que hay que explicar

Pero para comprender en su totalidad la necesidad de esta iniciativa hay que conocer los siguientes factores que han sido nombrados en el Informe, pero que no son definidos ni explicados. Creo que es preceptivo, al menos, exponerlos brevemente:

– Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: El 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/HRC/RES/26/9, “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”. Para cumplir con lo previsto en la resolución se conformó un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) cuya primera sesión se celebró del 6 al 10 de julio de 2015, bajo la presidencia de Ecuador y con la participación de representantes de Estados, organizaciones internacionales e intergubernamentales, sociedad civil, academia y sector privado entre otros actores pertinentes, quienes mantuvieron un primer acercamiento a los diferentes tópicos que podrían integrar un futuro instrumento vinculante (Espinosa, 2015). “El tema bajo discusión tiene una historia que se remonta a más de cuarenta años en el pasado. En este período varias iniciativas buscaron fijar reglas de observancia universal para las empresas transnacionales, obteniendo a lo sumo medidas de aplicación voluntaria cuyos efectos, como lo demuestran casos reales, han sido de limitado o nulo alcance, especialmente cuando se busca que las víctimas de violaciones de derechos humanos incurridas por empresas transnacionales y otras empresas de negocios puedan reclamar justicia y reparaciones. Desde esta perspectiva, la creación del OEIGWG y el proceso para contar a futuro con un instrumento vinculante han sido calificados por varios Estados y por otros actores como una oportunidad histórica para llenar un vacío en la normativa internacional de los derechos humanos. En esta tarea se debe reconocer el papel jugado por la sociedad civil y por los defensores de los derechos humanos, que han aportado significativamente en el posicionamiento del tema y en su discusión sustantiva. Hay que mencionar al mismo tiempo que restan varios desafíos, entre ellos, contar con el involucramiento constructivo de varios países que hasta el momento han optado por no intervenir en el proceso“.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:Es  un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables” (Un.org, 2015).

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer:Instaurado por la resolución 50/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996 y administrado por ONU Mujeres en nombre del sistema de las Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario de la ONU trabaja con organizaciones no gubernamentales, gobiernos y equipos de las Naciones Unidas en los países para: (1) Prevenir la violencia contra mujeres y niñas mediante el empoderamiento de grupos especialmente expuestos al riesgo de violencia; (2) Ampliar el acceso de las mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia a servicios que incluyan la asistencia jurídica, el asesoramiento psicosocial y la atención sanitaria e incrementar la capacidad de quienes prestan los servicios para que respondan eficazmente a las necesidades de las mujeres y niñas que sufren violencia; (3) Reforzar la implementación de leyes, políticas y planes de acción sobre la violencia contra mujeres y niñas mediante la recopilación y el análisis de datos, el fomento de las capacidades de quienes prestan los servicios y el fortalecimiento de las instituciones para que sean más eficaces, transparentes y rindan cuentas al hacer frente a la violencia contra las mujeres”  (Unwomen.org, 2017). Las subvenciones del Fondo Fiduciario de la ONU se conceden anualmente a través de un proceso abierto y competitivo.

Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo: Las grandes empresas que sean entidades de interés público que, en sus fechas de cierre del balance, superen el criterio de un número medio de empleados superior a 500 durante el ejercicio, incluirán en el informe de gestión un estado no financiero que contenga información, en la medida en que resulte necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa, y el impacto de su actividad, relativa, como mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno” (Eur-lex.europa.eu, 2017).

Pacto de Sostenibilidad con Bangladesh: Establecido entre la Unión Europea y el Gobierno de Bangladesh con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el fin de mejorar los derechos laborales y la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras en el sector de la confección de ese país.

Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2016: Sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países.  En ella se “pide a las empresas, europeas y no europeas, que apliquen la diligencia debida en materia de derechos humanos e incorporen sus conclusiones en las políticas y los procedimientos internos, y que se asignen y apliquen en consecuencia recursos y responsabilidades; subraya que esto requiere la asignación de recursos suficientes; destaca que la transparencia y la divulgación de las medidas adoptadas para evitar la violación de los derechos humanos en terceros países son fundamentales para ejercer una supervisión democrática adecuada y que los consumidores puedan hacer elecciones factuales“. “Reconoce la gran importancia de la responsabilidad social de las empresas y celebra la cada vez mayor utilización de instrumentos basados en esta responsabilidad, así como el compromiso voluntario de las empresas; hace especial hincapié, no obstante, en que respetar los derechos humanos es una obligación moral y una obligación jurídica de las empresas y de sus direcciones y en que debería integrarse en una perspectiva económica a largo plazo, dondequiera que operen e independientemente de su tamaño o sector industrial“. (Europarl.europa.eu, 2016).

Programa de la OIT sobre la mejora de las condiciones laborales en Bangladesh:El informe advierte que a menos de que se introduzcan una serie de políticas sociales y laborales, Bangladesh no tendrá la capacidad de mantener su impulso económico y mejorar los niveles de vida de una manera perdurable. El sector de la confección es central para la economía, por lo tanto son necesarias medidas de largo alcance” (Ilo.org, 2013).

Acuerdo de Colaboración entre Inditex y IndustriALL Global Union: Acuerdo suscrito en 2007 y renovado en 2014 y 2016 sobre una gestión responsable de la cadena de suministro.

Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+) de la Unión Europea: El informe nombre sólo el SPG+, pero éste es uno de los 3 regímenes preferenciales que tiene la Unión Europea. Según Comercio.gob.es (2017), el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE es “un instrumento comercial clave de la política comunitaria de ayuda al desarrollo. El SPG es un régimen comercial autónomo a través del cual la UE proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos originarios en países y territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios. La finalidad del SPG es reducir la pobreza en los países en vías de desarrollo mediante la generación de ingresos adicionales a través de sus exportaciones, garantizar los derechos humanos y laborales fundamentales y promover el desarrollo sostenible y la gobernanza. Desde el 1 de enero de 2014 es de aplicación el Reglamento SPG 978/2012 que fue publicado en el DOUE el 31 de octubre de 2012, que ha supuesto la salida efectiva del sistema de un número importante de países y territorios, bien por motivo de los nuevos criterios de renta, o por ser beneficiarios de otros esquemas preferenciales con la UE. La nueva regulación, por tanto, se centra en los países más necesitados. El actual SPG mantiene los tres regímenes preferenciales con los que la UE concede beneficios comerciales, en forma de aranceles reducidos o nulos sobre las importaciones de mercancías, que reflejan las diferentes necesidades comerciales, de desarrollo y financieras de los países en vías de desarrollo a)    El régimen SPG general, concede a sus beneficiarios una exención arancelaria para los productos no sensibles y una reducción de 3.5 puntos del arancel para los sensibles (siendo la reducción del 20% para textil y confección). (b)    El régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+) concede exención arancelaria para todos los productos cubiertos por este régimen a aquellos países considerados como vulnerables, que además ratifiquen y apliquen efectivamente 27 Convenciones internacionales sobre derechos humanos, laborales, medio ambiente y buen gobierno. (c)    El régimen especial a favor de los países menos desarrollados conocido como iniciativa EBA (“Everything but Arms”) concede exención total de aranceles a todos los productos originarios de los Países Menos Adelantados (PMAs), con excepción de las armas“.

Directiva 2014/24/UE del Paralemento Europeo y del Consejo: Sobre contratación pública y que estipula que “la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» («Estrategia Europa 2020»), como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempoun uso más eficiente de los fondos públicos”. (Eur-lex.europa.eu, 2014)

Vision Zero Fund: Es una iniciativa del G-7 comenzada en 2015 que pretende impulsar los derechos de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales y de protección del entorno en la cadena de suministro global. La idea es minimizar los accidentes y las muerte en el lugar de trabajo, mejorando los sistemas de inspección y supervisión en los países productores.

Alianza alemana en favor de unos productos textiles sostenibles: Es una uniciativa multi-stakeholder, financiada con fondos púbicos alemanes, que pretende trabajar en pos de tener una cadena de suministro respetuosa con el medioambiente y los derechos de los trabajadores. Los participantes declaran su voluntar de implicarse activamente en el proyecto, y definir unos estándares que deben cumpli.r

Acuerdo neerlandés para un sector textil y de la confección sostenible: Realizado en 2016 entre corporaciones, sindicados, organizaciones civiles y el Gobierno holandés, para comprometerse a mejorar la cadena de suministro de la industria textil. Entre los objetivos está la ambición de que en 2020 las empresas que firmen el acuerdo garanticen un salario digno a los trabajadores de los primeros eslabones de la cadena. En julio de 2016, 75 marcas habían suscrito el acuerdo.

Principios para la Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas: “El PRI trabaja con su red internacional de signatarios para poner en práctica los seis Principios de Inversión Responsable. Tiene como objetivo entender el impacto que las cuestiones ambientales, sociales y gubernamentales tienen en las inversiones y asesorar a los signatarios para integrar estos asuntos a sus decisiones sobre inversiones y propiedad” (Unpri.org, 2017). Los seis principios los comenta Moncada (2015):Principio 1: Las entidades adheridas a los principios aceptan incorporar las cuestiones ASG  (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en los procesos de análisis y de adopción de decisiones en materia de inversiones. Principio 2: Las entidades se comprometen a actuar como propietarios activos incorporando las cuestiones ASG en sus políticas de inversión (por ejemplo, siendo activos en  las juntas de las empresas en las que inviertan). Principio 3: Los inversores exigirán a las entidades en las que inviertan que publiquen la información apropiada sobre las cuestiones ASG. Principio 4: Los inversores se comprometen a promover la aceptación y aplicación de los Principios de ISR entre la comunidad inversora. Principio 5: Las entidades se comprometen a colaborar entre sí para mejorar la eficacia de la aplicación de los Principios. Principio 6: Las entidades se obligan a informar sobre los progresos que obtengan en la aplicación de los Principios”.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas: “Los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción gozan de consenso universal, y se derivan de:  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Pacto Mundial de la ONU pide a las empresas adoptar, apoyar y promulgar, dentro de su esfera de influencia, un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anti-corrupción” (Pactomundial.org, 2015). Esos principios son: (1) “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia; (2) “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”; (3) “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”; (4) “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción”; (5) “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil; (6) “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación”; (7) “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente”, (8) “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental”; (9) “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente”; (10) “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”.

Principios Rectores de las Naciones Unidas: Una iniciativa puesta en marcha por las Naciones Unidas y que refleja la responsabilidad de los Estados pero también de las corporaciones en la defensa y el respeto de los Derechos Humanos: “Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que  deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer  frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en  las que tengan alguna participación”. En cualquier contexto, las empresas deben: (a) Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen;(b)Buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente a exigencias contrapuestas; (c) Considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar violaciones graves de los derechos humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley dondequiera que operen· (Lamoncloa.gob.es, 2011).

Comercio para todos: Es una nueva estrategia de la Unión Europea sobre comercio e inversión, que está basada en estos 3 principios clave: “(1)  Eficacia: asegurarse de que el comercio realmente cumpla su promesa de generar nuevas oportunidades económicas. Eso significa abordar las cuestiones que afectan a la economía actual, incluidos los servicios y el comercio digital. Significa también proporcionar a las pymes, los consumidores y los trabajadores europeos los medios y la información necesarios para que puedan aprovechar plenamente la apertura de los mercados y adaptarse a ella. Eso supone, por ejemplo, que se incluyan en los futuros acuerdos comerciales disposiciones eficaces en relación con las pymes.; (2) Transparencia: abrir las negociaciones a un mayor control público mediante la publicación de sus textos clave, como se ha hecho con las negociaciones de la ATCI. Desde hoy figuran en el sitio web de la Comisión algunos textos nuevos (concretamente los acuerdos de asociación económica con África Oriental y Occidental); (3) Valores: salvaguardar el modelo social y de reglamentación europeo dentro de la Unión. Utilizar con ese fin los acuerdos comerciales y los programas preferenciales como palancas para promover, en todo el mundo, valores europeos como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el comercio justo y ético y la lucha contra la corrupción. Eso significa incluir las normas anticorrupción en los acuerdos comerciales de la UE y velar por que nuestros socios comerciales establezcan disposiciones sobre las normas laborales fundamentales, como son el derecho de los trabajadores a organizarse y la supresión del trabajo infantil. Supone asimismo redoblar los esfuerzos para garantizar la gestión responsable de las cadenas de suministro” (Europa.eu, 2015).

Tarjeta verde: Iniciativa de la “diputada francesa Danielle Auroi lanzada en 2016 por la que un Estado miembro de la Unión Europea pide a la Comisión Europea que elabore una legislación. El Parlamento francés utilizó la “tarjeta verde” para pedir a la Comisión que legisle de forma que las empresas con activos en cualquier Estado miembro puedan ser denunciadas en dicho país en caso de que estén involucradas en crímenes en terceros países. Ocho países europeos, entre los que no está España, se han adherido a la iniciativa” (Lola-sanchez.com, 2016).

Acuerdo de Bangladesh: Acuerdo de seguridad contra incendios y en los edificios de Bangladesh “es un acuerdo exhaustivo general e independiente destinado a hacer de todas las fábricas de confección de ropa en Bangladesh lugares de trabajo seguros. El acuerdo fue diseñado por los sindicatos bangladesíes e internacionales junto con otros grupos laborales, haciéndose que sea único al contar con el apoyo de todos los actores clave en materia de derechos laborales y haber sido firmado por más de 150 marcas y minoristas internacionales, que están de acuerdo en un compromiso de 5 años para invertir en fábricas más seguras” (Unibangladeshaccord.org, 2017).

Índice de Higg: Desarrollado por la Coalición de Ropa Sostenible “una asociación comercial formada por marcas, minoristas, fabricantes, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y expertos académico y se centra en la medición de los resultados deseados ambientales en las siguientes categorías: uso del agua y la calidad; energía y gas de efecto invernadero; residuos; productos químicos y toxicidad (Intradecoapparel.com 2012).

 – Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinaciones y la política social (Declaración EMN): “Es el único instrumento de la OIT que brinda orientación dirigida directamente a las empresas sobre política social y prácticas inclusivas, responsables y sostenibles en el lugar de trabajo. Es el único instrumento global en esta materia elaborado y adoptado por gobiernos, empleadores y trabajadores de alrededor del mundo. La Declaración sobre las EMN se adoptó allí casi 40 años (modificada en dos ocasiones en 2000 y 2006) y revisado en 2017. Los principios de la Declaración EMN están dirigidos a empresas multinacionales, gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores y cubren las áreas de empleo, formación, condiciones de trabajo y vida y relaciones industriales, así como la política general. Todos sus principios están basados en las normas internacionales del trabajo (Convenios y Recomendaciones de la OIT). La Declaración EMN facilita la divulgación y el entendimiento de la Agenda de Trabajo Decente en el sector privado” (Ilo.ch, 2017).

Prinicipios sobre los Derechos del Niño y las Empresas: Realizados por Pacto Mundial, UNICEF y Save the Children, son “una petición al mundo empresarial para que aumente sus esfuerzos en el respeto y apoyo de los derechos de los niños y niñas en el ámbito laboral, en los mercados y en la comunidad. Cubriendo un amplio abanico de temas clave – desde las peores formas de trabajo infantil a prácticas de marketing o publicidad, o al papel de las empresas a la hora de proporcionar ayuda a los niños y niñas afectados por emergencias- los Principios piden a las empresas de todo el mundo que defiendan los derechos de la infancia en sus políticas empresariales y que tomen medidas para avanzar en el ámbito de estos derechos. Los Principios contienen un amplio abanico de medidas, dirigidas a las empresas, para prevenir y gestionar impactos adversos relacionados con sus actividades y relaciones, y maximizar impactos positivos en las vidas de los niños y niñas. Los Principios pretenden servir de referencia para actividades empresariales relacionadas con la infancia, y para promover la colaboración entre las múltiples partes interesadas. Son aplicables a cualquier actividad empresarial, independientemente de su tamaño, sector, localización, propiedad o estructura·. (Unicef.es, 2012).

Programa COSME: “COSME es el programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y las PYME que ayuda a los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas a empezar a operar, acceder a financiación e internacionalizarse, además de apoyar a las autoridades a mejorar el entorno empresarial y facilitar el crecimiento económico de la Unión Europea. Supone una continuidad del Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación (EIP) desarrollado en 2007-2013 tanto en su objetivo como en sus actuaciones, salvo las dirigidas a la innovación, que se recogen en el también nuevo programa HORIZON 2020. COSME cuenta con un presupuesto de 2,3 billones de euros, a ejecutar desde 2014 hasta 2020 y complementará a los estados miembros de la Unión Europea en sus políticas dirigidas a las PYME, contribuyendo a reforzar la competitividad y sostenibilidad de las empresas de la Unión y a fomentar la cultura empresarial (Ipyme.org, 2017).

Directrices de la OCDE sobre diligencia debida en el sector de la confección y del calzado: “Las nuevas normas internacionales de la OCDE cuentan con el respaldo de marcas, sindicatos y la industria, e implican participación auténtica de los trabajadores/as en la identificación de riesgos y violaciones de los derechos humanos, promoviendo a la vez negociaciones directas con los sindicatos. Las directrices permiten que los trabajadores/as y los sindicatos participen activamente en la elaboración e implementación de evaluaciones de empresas proveedoras en los lugares de trabajo; permiten desarrollar planes de acción correctiva, monitoreo de impactos, y la formulación de mecanismos de queja a nivel de las operaciones. Un aspecto importante es que estas directrices promueven prácticas de adquisición responsables: a falta de políticas de esta índole, la fuerza de trabajo puede verse obligada a trabajar horas extras excesivas y forzadas, y percibir salarios muy bajos. La iniciativa ACT de IndustriALL es un memorando de entendimiento, firmado por marcas mundiales de ropa, que señala que la negociación colectiva a nivel sectorial y prácticas de compra responsables son imprescindibles para lograr salarios dignos” (Industrial-union.org, 2017). 

La propuesta de regulación

Tras conocer en qué consisten todos estos acuerdos, resoluciones y propuestas que acabo de comentar, es el momento de explicar brevemente la iniciativa emblemática sobre regulación del sector textil. Es evidente que se está trabajando en una línea muy interesante a nivel internacional, pero también acabamos de comprobar que la mayoría de esos proyectos son, recomendaciones, declaración de intenciones, medidas voluntarias, principios de actuación, etc.,  que son más laxos que las medidas normativas. De este modo, el Informe propone de manera primordial:

1. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre obligaciones de diligencia debida vinculantes para las cadenas de suministro del sector de la confección. Es decir, lo que realmente pretende el informe es proponer que haya una ley basada en esas directrices.

2. Pide a la Comisión que promueva activamente el uso de materias primas gestionadas de forma ecológica y sostenible.

3. Pide a la Comisión que sitúe la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y los derechos del niño en el centro de su propuesta legislativa.

4. Pide a la Comisión que apoye a las microempresas y pymes locales proporcionando incentivos a los agentes del sector privado que inviertan en sostenibilidad y equidad de sus cadenas de suministro, desde el agricultor al consumidor final.

5. Pide que se facilite al consumidor información fiable y clara sobre la sostenibilidad en el sector de la confección.

6. Recomienda la creación de una base de datos pública en línea que contenga la información pertinente relativa a todos los agentes de la cadena de suministro, y la obligatoriedad de señalar la ubicación de los centros de producción

7. Propone la elaboración de normas de etiquetado en la Unión Europea sobre moda justa.

8. Pide que se adopten iniciativas nacionales y europeas para animar a los consumidores a adquirir productos fabricados localmente.

9. Pide que la Unión trabaje junto a las partes interesadas en la fijación de salarios dignos.

10. Pide que la Comisión apoye a los países productores en el marco de la política de desarrollo, facilitándoles asistencia técnica.

11. Subraya la importancia de reforzar los sistemas de auditoría, enfatizando en la necesidad de la independencia de las mismas.

12. Pide a la Comisión que siga incluyendo las normas fundamentales de la OIT, las inspecciones de salud y seguridad y la libertad de asociación en las conversaciones sobre la continuación de la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas.

13. Reitera su enérgico llamamiento en favor de la introducción de cláusulas vinculantes relativas a los derechos humanos en todos los acuerdos internacionales entre la Unión y terceros países.

14. Pide a la Comisión que haya preferencias arancelarias para los productos textiles que demuestren claramente que se produzcan de manera sostenible, promoviendo la fabricación de productos de comercios justo.

15. Pide que se reconsidere la creación de zonas francas en los países productores, porque es un elemento que favorece las violaciones de derechos laborales.

16. Recomienda la inclusión de disposiciones en materia social en los procesos de adjudicación pública, sirviendo como modelo para que la contratación de proveedores de productos textiles fomenten el reciclado y una cadena de suministro justa y sostenible.

Estos 16 puntos resumen el Informe, y son además apoyados por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión y por la Comisión de Comercio Internacional.

Barreras a la propuesta

A riesgo de ser extremadamente simplista, y a la espera de poder ir analizando más pausadamente el recorrido de la misma, en mi opinión hay varios puntos que deben discutirse:

1. Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales: Las  Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales  (en adelante, las Directrices ) son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales. Enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables. La vocación de las  Directrices  es garantizar que las actividades de esas empresas se desarrollen en armonía con las políticas públicas, fortalecer la base de confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad, contribuir a mejorar el clima para la inversión extranjera y potenciar la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible. Las  Directrices forman parte de la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales,  cuyos restantes elementos se refieren al tratamiento nacional, a las obligaciones contradictorias impuestas a las empresas y a los incentivos y desincentivos a la inversión internacional” (OCDE.org, 2017)

Estas Directrices alientan la desregulación y la pérdida de poder de los Estados para proteger su propia economía. Leyendo algunos de sus puntos, se entiende que entran en contradicción con varios de los objetivos del Informe. He aquí una muestra de contenidos de las Directrices a tener en cuenta:

  • Los gobiernos que han suscrito las Directrices no deben utilizarlas con fines proteccionistas ni de un modo que ponga en duda la ventaja comparativa de cualquier país en el que inviertan las empresas multinacionales.
  • Los gobiernos tienen derecho a establecer las condiciones con arreglo a las cuales las empresas multinacionales ejercen su actividad en sus respectivas jurisdicciones, con sujeción al derecho internacional. Las entidades de una empresa multinacional situadas en diversos países están sujetas a las legislaciones aplicables en dichos países. Cuando las empresas multinacionales estén sometidas a obligaciones contradictorias impuestas por países que hayan suscrito las Directrices, los gobiernos en cuestión colaborarán entre sí, de buena fe, con vistas a solventar los problemas que puedan derivarse de esta situación.
  • Los gobiernos que han suscrito las Directrices las han establecido aceptando el compromiso de asumir sus responsabilidades de tratar a las empresas de manera equitativa y de conformidad con el derecho internacional y con sus obligaciones contractuales.
  • Se fomenta el uso de mecanismos internacionales adecuados de solución de diferencias, incluido el arbitraje, como medio para facilitar la resolución de los problemas legales que surjan entre las empresas y los gobiernos de los países de acogida.

Recordemos qué es la OCDE: “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue creada en 1961. Hoy en día, la OCDE es un foro de 34 países industrializados que desarrolla y promueve políticas económicas y sociales. Su misión es “construir economías sólidas en sus países miembros, mejorar la eficiencia, los sistemas de mercado nacionales, ampliar el libre comercio y contribuir al desarrollo tanto en países industrializados como en desarrollo”. En pocas palabras, la OCDE actúa en nombre de y en colaboración con sus gobiernos miembros para promover políticas y comercio de libre mercado”.

2. Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD: Según Unctad.org (2016), “El 85 por ciento de las nuevas medidas de política de inversión adoptadas en 2015 fueron orientadas hacia la liberalización y promoción, mientras que el 15 por ciento restante eran medidas de restricción o regulaciones, las cuales reflejan principalmente preocupaciones sobre propiedad extranjera en sectores estratégicos o consideraciones de seguridad nacional. Según el informe, subtitulado Nacionalidad del inversor: retos de política, los requisitos de entrada para la inversión extranjera fueron aliviados o eliminados en una amplia gama de industrias como la aviación, servicios financieros, minería y bienes raíces. Algunos países aplicaron políticas de privatización, mejoraron procedimientos de concesión de licencias de negocios o diseñaron otras formas de incentivos a la inversión. Otra característica destacable fue la adopción o revisión de leyes de inversión, principalmente en algunos países africanos. Donde se han introducido restricciones o regulaciones por razones de seguridad y otras relacionadas, el informe sugiere encontrar un equilibrio con los intereses de los inversores en tener procedimientos claros y transparentes.  Mientras tanto, con la incorporación de 31 nuevos acuerdos internacionales de inversión (AII), el universo AII creció a 3.304 acuerdos a finales de 2015, dice el informe Negociaciones de tratados incluyeron iniciativas mega-regionales importantes, como la concluida Alianza Trans-Pacífica  (TPP) y, la Alianza Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) todavía en negociación. Nuevos casos de solución de controversias inversionista-estado ascendieron a 70 en el año 2015 –un nuevo récord anual.  A partir del 01 de enero de 2016, el número total de controversias inversionista-estado públicamente conocidas llegaron a casi 700, con más de 100 países involucrados, de acuerdo al informe. La reforma del régimen AII para ponerlo en consonancia con el actual imperativo del desarrollo sostenible, está ganando impulso a nivel nacional, bilateral, regional y multilateral, en la medida que se adoptan los nuevos modelos de tratado y se firman tratados de nueva generación. El informe destaca que la reforma del régimen AII requerirá que los países intensifiquen la colaboración y la coordinación. El Foro Mundial de las Inversiones de la UNCTAD, que se celebrará en Nairobi, Kenia, del 17 al 21 de julio de 2016, ofrece una oportunidad para discutir cómo llevar la reforma a la siguiente fase.  El informe también subraya que facilitar la inversión es crucial para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y exige más facilitación proactiva de inversión a nivel nacional e internacional para llenar una brecha sistémica en el régimen de políticas vigente. El Menú de Acción Global de la UNCTAD para la facilitación y promoción de la inversión proporciona orientación específica y más de 40 líneas de acción sobre cómo hacer la facilitación de inversión una parte integral del marco general de políticas de inversión, con el objetivo de maximizar los beneficios de la inversión”.

Yo sigo viendo con mucho escepticismo cómo se puede combinar la sostenibilidad y la defensa de los derechos de los trabajadores en un marco donde se fomenta claramente la libre circulación de capitales y la maximización de los beneficios de la inversión, alentando los acuerdos como el TTIP y admitiendo el creciente número de controversias inversor-estado que se dirimen en tribunales de arbitrajes privados.

3. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo:Pese a que esta Directiva se toma como referencia en el Informe para que se fomente la contratación pública de empresas sostenibles y se favorezca a la producción local, no debemos olvidar que este propia Directiva estipula lo siguiente:

“La adjudicación de contratos públicos por las autoridades de los Estados miembros o en su nombre ha de respetar los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los principios que se derivan de estos, tales como los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia. Ahora bien, para los contratos públicos por encima de determinado valor, deben elaborarse disposiciones que coordinen los procedimientos de contratación nacionales a fin de asegurar que estos principios tengan un efecto práctico y que la contratación pública se abra a la competencia”.

A mi entender, puede existir una contradicción implícita entre la voluntad de favorecer a las empresa sostenibles y a los operadores locales, y los principios de no discriminación e igualdad de trato. 

4. Participación de las corporaciones: Pese a que en el Informe se celebran los acuerdos multistakeholders, en especial los suscritos por varias marcas como Inditex, H&M y la agrupación sindical IndustriALL Union, la realidad es que sigue habiendo problemas. Inditex firmó el acuerdo en 2007, y H&M en 2015. Un repaso por nuestra web www.starsforworkers.com es suficiente para encontrar noticias desalentadoras sobre la situación de trababajadores en Myanmar, Bangladesh o Turquía que producen para estas marcas. Y estamos hablando de 2016 y 2017, es decir, años después de la firma de los acuerdos.

Esto no quiere decir que no se esté trabajando en una línea interesante, sino que todavía no es suficiente. Es cierto que hay que ser pacientes porque la complejidad de la cadena de suministro es tan grande que se requiere mucho esfuerzo y tiempo para coordinar mejoras. Pero también es verdad que la sociedad ha sido extremadamente paciente ya con estas corporaciones, después de décadas de indolencia en relación a la violación de los Derechos Humanos

El caso de Nike, que también se suma a iniciativas como Fair Labor Association y otras, y que comento ampliamente en este artículo, también nos debe servir de ejemplo para al menos considerar que, al margen de todas las colaboraciones corporaciones-sindicatos-gobiernos, debe haber entidades independientes que supervisen.

A mi parecer, si la Unión Europea consigue realizar finalmente un marco legal sobre el sector textil, los recursos dedicados a incrementar la inspección y las auditorías independientes debe ser una prioridad.

Conclusión

Es una excelente noticia que el Informe sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección tenga el apoyo de la gran mayoría de miembros de diferentes Comisiones y se vaya a votar en el Parlamento Europeo el día 27 de abril.

Hay que agradecer sincera y encarecidamente el trabajo de los políticos que están luchando porque esta iniciativa prospere y se pueda convertir en un reglamento que permita por fin pasar de la voluntariedad y las buenas intenciones al cumplimiento de las leyes.

En este artículo he tratado de hacer más accesible y comprensible el documento, con el fin de conocer mejor los antecedentes y las posibles barreras para su aplicación.

Creo que todos los puntos que defiende el Informe son adecuados y pertinentes, y puede ser la herramienta que unifique las múltiples iniciativas y acuerdos que en los últimos años se han implementado en el sector. La Unión Europea debe ser pionera en ello.

Sin embargo, hay que ser prudentes y prestar mucha atención a la forma en la que esta propuesta se integraría en un sistema económico que, por definición, fomenta prácticas totalmente opuestas.  Se están mandando mensajes contradictorios entre las diferentes Directivas, Principios, Acuerdos y Marcos de Políticas de Inversión. Supongo que es tarea de los políticos resolver de la mejor manera posible esas paradojas. ¿Pueden convivir la sostenibilidad y los Derechos Humanos con el actual sistema? Veremos.

Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2017, abril 25). Claves para entender la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b240

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(#211). EL IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS FUNCIONA; EL CASO DE BERKELEY

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] Varios estados norteamericanos tienen implementados impuestos sobre las ventas de bebidas refrescantes azucaradas, pero son generalmente demasiado pequeños para tener un impacto significativo en el consumo (suelen ser menor del 10% del precio de venta) y se aplican no sólo a bebidas sino también a otros tipos de productos.

El impuesto sobre las bebidas azucaradas es diferente, porque se grava ya en el precio de venta al público, es decir, ya está presente en el lineal del supermercado antes de la elección de compra.

Entre 2013 y 2014, más de una docena de estados y varias ciudades de norteamérica han propuesto este tipo de impuesto. El objetivo de esta investigación es evaluar el impacto que ha tenido esta medida en la ciudad de Berkeley (California), donde se grava 0.01 dólares por onza de bebida (sodas, bebidas energéticas, bebidas azucaradas y té o café azucarado). Esto sería equivalente aproximadamente a 34 céntimos de dólar por cada litro de bebida.

Metodología

Los autores examinaron el consumo de estas bebidas antes y después de la imposición de la tasa, tanto en Berkeley como en dos ciudades relativamente cercanas donde no existe este impuesto: Oakland y San Francisco.

El impuesto comenzó a ejecutarse el 1 de marzo de 2015, y los datos sobre el periodo previo se recogieron entre abril y julio de 2014. Los datos sobre el periodo posterior se recogieron entre abril y agosto de 2015.

La muestra se centró en poblaciones de bajos ingresos, las cuales son más probable que consuman este tipo de bebidas. De este modo, se se escogieron vecindarios con alta proporción de ciudadanos negros e hispanos. En cada vecindario se realizaron encuestas a pie de calle.

El consumo de bebidas fue evaluado mediante un cuestionario, en el cual también se indicaban la raza, edad, género, y nivel de educación. Se les dio un pequeño incentivo a los participantes (botella de agua o bolsa reutilizable).

La muestra final la compusieron 328 personas en Berkeley y 662 en las otras ciudades en la situación pre-tasa, y 545 en Berkeley y 1144 en las otras ciudades en la situación post-tasa.

Para el análisis estadístico se modeló la frecuencia de consumo con modelos de regresión con distribución gamma y función de enlace logarítmica.

Resultados e implicaciones

Una vez ajustado por las covariables del modelo, el consumo se redujo en Berkeley un 21% y se incrementó en las ciudades que se tomaron como control en un 4%. El consumo de agua creció en Berkeley un 63% comparado con las otras ciudades, donde lo hizo en un 19%. Un 22% de los participantes en Berkeley reportó explícitamente que habían cambiado su patrón de consumo de estas bebidas debido a la nueva tasa impositiva.

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Estos resultados refuerzan los obtenidos en otros lugares donde se han implementado acciones similares, como en México,  donde el impuesto que grava con aproximadamente un 10% añadido a este tipo de bebidas ha resultado en un 12% de reducción de su compra un año después.

En Francia se redujo un 6.7% la demanda de refrescos en los 2 primeros años después de implementar un impuesto equivalente a un 6% de incremento en el precio.

Como la demanda de estos productos es muy elástica, se estima que un incremento de un 8% en el precio (debido a la tasa) produciría aproximadamente un 10% de reducción en el consumo. Sin embargo, en el caso de este estudio, la elasticidad es mayor (probablemente debido a la población con bajos ingresos).

Limitaciones/Comentarios

El hecho de diseñar el estudio usando 2 ciudades más como control fortalece las conclusiones, ya que las variaciones debidas a factores externos quedarían minimizadas en su efecto al establecer esa comparativa. Una limitación importante es que no se valoraron los estilos de vida de los encuestados. Además hay que considerar que sólo se miden los efectos a corto plazo del impuesto.

Falbe, J. et al. (2016).  Impact of the Berkeley excise tax on sugar-beberage consumption. American Journal of Pubic Health,  doi: 10.2105/AJPH.2016.303362

Indicadores de calidad de la revista*

 

Impact Factor (2015)

Cuartil

Categoría

Thomson-Reuters (JCR)

4.138

Q1

PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH

Scimago (SJR)

2.52

Q1

PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH

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(#210). RIESGOS DEL USO DEL GLIFOSATO; DOCUMENTO DE CONSENSO

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] Catorce investigadores firman este documento de consenso sobre el glifosato, el herbicida más empleado en el mundo.

El objetivo de este artículos es triple: (1) Demostrar la necesidad de una mejor monitorización de los residuos del glifosato en el agua, comida, y humanos; (2) Identificar las limitaciones y debilidades en las que la EPA, la German Federal Institute for Risk Assesment y otras organizaciones han incurrido en sus informes sobre la evaluación de riesgos; (3) Proveer recomendaciones para futuros estudios sobre los efectos para la salud del uso del glifosato. Recordamos que este herbicida es considerado por la OMS como probable cancerígeno (tipo 2A)

El glifosato cada vez se emplea más

En Estados Unidos se ha aumentado su uso de unos 3 millones de kilogramos en 1987 a aproximadamente 83 millones en 2007. Supone un 53.5% del todos los herbicidas usados en 2009. En 2014 se han empleado más de 108 millones de toneladas sólo en ese país.

El algodón, la remolacha de azúcar, el maíz o la soja son cultivos donde el uso de este pesticida se ha incrementado desde mitad de la década de los 90.

Los residuos de glifosato se encuentran en la comida

Tanto tras la cosecha como en la comida procesada se han encontrado residuos del herbicida. Por ejemplo, en 2012, la UK-Food Standard Agency identificó residuos de glifosato en 27 de 109 muestras de pan. En 2011, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos encontró residuos en el 90.3% de 300 muestras de soja, y ácido aminometilfosfónico – AMPA-  (su principal metabolito) en el 95.7% de esas muestras.

El hecho de que se fumigue poco tiempo antes de la recogida de la cosecha, para facilitar ésta, hace que la exposición de los humanos a través de la dieta sea mayor.

Estudios en humanos y en animales de laboratorio sugieren riesgo asociado a la exposición

Los autores referencian estudios donde se han mostrado efectos tóxicos del glifosato, tanto en roedores como en humanos.

En roedores hay evidencias sobre efectos en el hígado y riñones, aunque esos estudios normalmente no tienen en cuenta otros potenciales daños derivados de la disrupción del sistema endocrino. A dosis consideradas seguras para humanos, varios estudios muestran que puede inducir daño hepático y renal.

Malformaciones en neonatos se han encontrado también en poblaciones de cerdos y de humanos (efectos severos en zonas de Argentina y Paraguay). Asimismo, la acción antibiótica del glifosato puede alterar la micriobiota intestinal en vertebrados.

Cultivos genéticamente modificados

El creciente uso de cultivos genéticamente modificados ha estimulado el crecimiento del empleo del glifosato, lo que a su vez ha contribuido a la proliferación de hierbas resistentes a este herbicida. Esto hace que crezcan, además, las fumigaciones con otros herbicidas.

Niveles “aceptables” ingeridos de glifosato

En Estados Unidos se considera segura una dosis de 1.75 mg/kg/día,  mientras que en la Unión Europea es de 0.3 mg/kg/día. Este último umbral está vigente desde 2002. Los autores cuestionan estos niveles porque están fijados basados en estudios de los propios fabricantes, y no están típicamente a la vista para ser revisados por científicos independientes. Otras investigaciones independientes han mostrado que esos niveles tomados por la Unión Europea son al menos 3 veces más altos que lo que la evidencia científica indica como límite.

Riesgos para el entorno

No sólo se ve afectada la salud de las personas, también el entorno se ve perjudicado, y afecta a otras especies como insectos, microorganismos del suelo, peces y otros invertebrados acuáticos. Más del 80% de los cultivos en Estados Unidos están fumigados con glifosato.

El glifosato persiste en el agua y el suelo más de lo inicialmente creído, incluso por más de un año. Y se traslada a la cadena alimenticia a través de su ingesta por los animales y de la contaminación del agua de bebida.

Además la lista completa de ingredientes de muchas marcas comerciales de glifosato no muestra sustancias inertes que son per se perjudiciales para el entorno.

Conclusión

El glifosato se usa en agricultura 100 veces más que hace 40 años, pero la evaluación de riesgos no ha ido de la mano de ese extraordinario crecimiento en su empleo.

Tradicionalmente se empleaba antes de la germinación o después de la recogida del cultivo, pero ahora con las variedades genéticamente modificadas resistentes al herbicida, se usa en todas las fases del cultivo.

Hay evidencias notorias de su toxicidad para el hígado y los riñones, tanto en animales como en humanos, disrupción endocrina y malformaciones en los neonatos. Las dosis permitidas están por encima de lo que la investigación ha mostrado como aceptable para la salud, y los riesgos para el entorno son también reportados.

Se necesitan más investigaciones, pero que estas sean independientes, y que la industria no pueda interferir en la evaluación de riesgos.

Myers, J. P. et al. (2016).  Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks associated with exposures: a consensus statement. Environmental Health,  doi: 10.1186/s12940-016-0117-0

Indicadores de calidad de la revista*

 

Impact Factor (2015)

Cuartil

Categoría

Thomson-Reuters (JCR)

3.453

Q1

ENVIRONMENTAL SCIENCES

Scimago (SJR)

1.9

Q1

HEALTH, TOXICOLOGY & MUTAGENESIS

* Es simplemente un indicador aproximado para valorar la calidad de la publicación

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(#208). IMPUESTOS A LOS REFRESCOS EN EL REINO UNIDO; BUENA IDEA PERO MÁS EXIGENCIA

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] Este es un artículo de opinión sobre el impuesto a las bebidas refrescantes azucaradas en el Reino Unido, que se hará efectivo en 2018.

El autor reconoce que no hay una solución mágica para los problemas causados por la dieta neoliberal, en un país especialmente golpeado por la obesidad.

La tasa sobre este tipo de bebidas tendrá la siguiente estructura:

– Bebidas con contenido de azúcar libre menor de 5g/100 ml: Exentas

– Bebidas con contenido de azúcar libre entre 5g/100 ml y 8g/100 ml: Nivel básico

– Bebidas con contenido de azúcar libre mayor de 8g/100 ml: Nivel alto

El investigador cuestiona la razón de elegir esos niveles de azúcar, sugiriendo que hubiera sido más saludable reducir todavía más el umbral de la tasa a bebidas con contenido en azúcar de 2.5g/100 ml.

Hay que recordar que en el Reino Unido se emplea de manera voluntaria el sistema de etiquetas semáforo. Según ese etiquetado, los productos con contenido en azúcares totales menores de 5g/100g son considerados como “verdes”, es decir, saludables. Sin embargo, para los refrescos el umbral está en 2.5 g/100 ml.

Desde el punto de vista dental, a esos niveles de 2.5 g/100 ml la sacarosa erosiona el pH de la placa dental, afectando al esmalte.

Las maniobras de las marcas

Las marcas no producen un producto homogéneo en todos los países, sino que pueden variar su contenido en azúcares para lidiar mejor con las legislaciones vigentes. Por ejemplo Coca-Cola Life en Alemania contiene 5g/100 ml de azúcar, mientras que en Inglaterra 6.7g/100 ml. El autor considera que Coca-Cola reducirá un poco esos niveles en el Reino Unido hasta igualar los de Alemania para no pagar el impuesto, pero el producto seguirá siendo peligroso para los dientes.

La liberalización del mercado del azúcar

El autor sostiene que la incipiente liberalización del mercado del azúcar en la Unión Europea bajará los precios, con lo que ese impuesto tendrá poca repercusión en el consumo, ya que las marcas podrán mantener su margen de beneficios empleando precios similares, aunque tengan esa carga impositiva.

Conclusión

Pese a que el autor considera esta medida reguladora como una buena idea para luchar contra la obesidad y las desigualdades en salud, aboga por subir el  nivel de exigencia en la tasa, es decir, no ser tan condescendientes con el umbral mínimo para que el impuesto se aplique, y bajarlo hasta 2.5g/100 ml.

Jones, C. M. (2016).  The UK sugar tax- a healthy start? British Dental Journal,  doi: : 10.1038/sj.bdj.2016.522

Indicadores de calidad de la revista*

 

Impact Factor (2015)

Cuartil

Categoría

Thomson-Reuters (JCR)

0.997

Q3

DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE

Scimago (SJR)

0.46

Q2

DENTISTRY (MISCELLANEOUS)

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(#180). LA REGULACIÓN DEL CONSUMO DE TABACO FAVORECE LA DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN INTERNACIONAL

[REVISIÓN DE ARTÍCULO]  La OMS estima que alrededor de 6 millones de personas en todo el mundo mueren cada año por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, y enfatiza el papel que los gobiernos deben jugar en la regulación de este sector prohibiendo fuma en lugares públicos.

Los autores argumentan que la carencia de una prohibición de fumar en el país de origen de una empresa  productora de tabaco facilita la expansión internacional de esta. Una explicación que los autores postulan es que las empresas son reticentes a invertir en el extranjero porque pueden pensar que esa prohibición a nivel nacional puede actuar como un indicador de que la demanda global puede bajar. El objetivo de esta investigación es comprobar empíricamente que esta hipótesis postulada sobre la relación entre la prohibición en el país de origen y la internacionalización a países donde haya menos regulación es avalada por los datos.

Metodología

Los autores plantean un modelo para explicar la inversión en otros países en función de la regulación en el país de origen y diversas variables de control (ventas, flujo de caja, número de directores, concentración de la propiedad…).

Los datos fueron recogidos de ORBIS, que provee información de 141 empresas que tienen en el  sector del tabaco su principal actividad, en el periodo 1997-2009.

Como criterio para decidir si una empresa invertía en el extranjero se tomó que al menos un 10% de la propiedad estuviera en una subsidaria fuera del país de origen.

En cuanto a clasificar un país como poseedor de prohibiciones o no, los autores consideraron oportuno que aunque existiera una mínima regulación de prohibición de fumar en ciertos lugares públicos ya se consideraba dentro del grupo de países con prohibiciones, admitiendo que estas pueden ser de diferente intensidad. Hay un total de 93 países donde no existe ninguna prohibición sobre el consumo de tabaco.

Resultados e implicaciones

Tras la estimación del modelo los resultados concuerdan con la hipótesis postulada; las intervenciones diseñadas para reducir el consumo de tabaco en los países de origen tienen un efecto en la probabilidad de que las empresas de esos países inviertan en otros para expandir su negocio. Cuando no existe regulación en el país de origen, las empresas invierten más en otros países donde tampoco hay leyes que prohíban el consumo en público.

Por tanto, una política gubernamental enfocada en el establecimiento de este tipo de prohibiciones, no sólo favorece la disminución del consumo dentro del país, sino que desmotiva la inversión de esas empresas productores en otros países del entorno, con lo que el efecto no sólo es intra-país, sino también inter-país.

Limitaciones/Comentarios

Hay una clara limitación sobre la consideración de la variable que mide la inversión en otros países, que puede verse afectada por error de medida (carencia de información proveniente de países en desarrollo). En cualquier caso, los indicios que muestra este estudio son interesantes para acercarnos a entender el efecto que tienen las políticas reguladoras en cada país sobre el negocio total de la venta de tabaco.

Crotty et al.  (2016). Regulation as Country-Specific (Dis-)Advantage: Smoking Bans and the Location of Foreign Direct Investment in the Tobacco Industry. British Journal of Management, doi: 10.1111/1467-8551.12161

Indicadores de calidad de la revista*

 

Impact Factor (2015)

Cuartil

Categoría

Thomson-Reuters (JCR)

2.188

Q2

MANAGEMENT

Scimago (SJR)

1.37

Q1

STRATEGY & MANAGEMENT

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