Sergi Pitarch escribe sobre una de los últimos casos de evidencia de conflictos de interés entre la política y la industria en España. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha explicado en el Congreso que defiende la continuidad de uso de fertilizantes con niveles altos de cadmio, superiores a lo que recomienda la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y, por supuesto, desoyendo las múltiples investigaciones científicas al respecto.
La ministra era directivo de Fertiberia, empresa que es la principal interesada en que la regulación sobre el cadmio no se produzca en los términos acordes al interés general.
Pitarch, además, señala las numerosas mentiras y medias verdades de la ministra en su intervención en el Congreso, dejando en evidencia su posición pro industria.
La Comisión Europea propone reducir paulatinamente los niveles de cadmio a 20 mg/kg, mientras que España propone 75 mg/kg, sin bajar ni un ápice de esa cifra.
La Comisión Europea estima que en el escenario más desfavorable los agricultores sufrirían un coste del 1%, algo que justificaría sin duda la reducción efectiva en los fertilizantes, en defensa de la salud de todos.
Los efectos del cadmio en la salud (con evidencias claras de su toxicidad para riñones y huesos) pueden consultarse en Amzal et al. (2009), Satarug et al. (2010), o Thomas et al. (2009).
Estamos, por tanto, ante otro caso de connivencia con la industria, parecido al del Ministerio de Sanidad y la industria alimentaria. Cabe preguntarse entonces de qué sirve la ciencia, y también de qué sirve nuestra Constitución, donde el concepto de «interés general» parece que a veces se queda sólo en el papel.
Esta noticia ha coincidido en la misma semana con la escrita por Lucía Villa sobre la inexplicable lentitud de los legisladores españoles para decidirse a regular la exposición a gas radón en viviendas y edificios. Este gas radiactivo es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo. Tenemos en España, además, a Alberto Ruano, un investigador muy activo en esta área a nivel internacional, pero los resultados de sus investigaciones (y las de otros colegas) siguen sin ser escuchadas. En otros países, como Estados Unidos y Reino Unido, ya hace tiempo que legislaron al respecto.