Las compañías que explotan minas de carbón en Estados Unidos están intoxicando a las personas que viven en sus cercanías.
Gareth Evans, explica que la práctica de volar la parte superior de las montañas produce la contaminación del agua potable, lo que a su vez incrementa el riesgo de enfermedades.
En algunas comunidades los vecinos no se pueden ni asear con ese agua, y sólo emplean agua embotellada para cocinar y, por supuesto, para beber.
Estas minas, situadas en algunas de las zonas más pobres del país, como West Virginia, comparten las características de las zonas de sacrificio.
Aguas amarillentas que salen de los grifos de las casas en unos vecindarios donde muchas de las personas no tienen suministro convencional, y confían en sus propios mecanismos para abastecerse de aguas subterráneas. Arsénico o níquel son algunos de los contaminantes detectados.
Muchos de los habitantes de esas comunidades reportan el incremento de enfermedades crónicas, de cáncere, debidos no sólo al agua contaminada sino también al aire. Sin embargo, y aunque hay procesos judiciales contra las compañías responsables no todos los vecinos ahúnan sus fuerzas. Para parte de la comunidad esas empresas dan trabajo y no quieren arriesgarse a perderlo. Tristemente, esta es otra de las características de este tipo de situaciones, donde se da la apariencia de elegir entre el trabajo o la salud, poniendo a muchas personas en una encrucijada.
No obstante, existen soluciones intermedias que dependen de la regulación adecuada, es decir, de obligar a las empresas a no contaminar y/o a limpiar los lugares que se ven afectados. Sin embargo el lobby del carbón es muy fuerte en Estados Unidos (en general, el de todas las industrias contaminantes) y la ley para que las empresas restauren los cauces de agua contaminados por sus actividades fue eliminada tras la llegada de Donald Trump.
De nuevo se ignora la evidencia científica, que ha ligado en varias ocasiones la enfermedad y la muerte con vivir en estas zonas de sacrificio.
Varios condados del medio oeste del país son los principales afectados, y los niños recién nacidos lo están pagando:
Ante esta situación, la industria reacciona como es habitual, financiando a poíticos y universidades, lo que asegura unas leyes favorables y unos investigadores que se quedan huérfanos del apoyo de sus centros de pertenencia. Así, la Universidad de Virginia Tech recibió una beca de $15 millones para crear un instituto de investigación del carbón, cuyas políticas sobre qué tipo de resultados publicar parecen obvias. En octubre de 2011, la Universidad West Virginia hizo saber que los estudios realizados por investigadores pertenecientes a ella no debían ser catalogados como «estudios de la Universidad West Virginia», aparentemente con el fin de «desligarse» de los resultados preocupantes para la salud de los ciudadanos de esas zonas mineras.
En definitiva, una historia repetida docenas de veces, que ya tristemente conocemos; zonas deprimidas expuestas a contaminantes peligrosos, evidencia científica que no se tiene en cuenta, empresas que protegen sus intereses gracias a la financiación de políticos y centros de investigación, grandes campañas de comunicación para infundir el miedo de la pérdida de empleos si se regula de forma más saludable, y múltiples personas inocentes que son víctimas en este tóxico escenario.