UNA AMARGA NIEBLA Y LOS POISON PAPERS

En julio de 2017 han visto la luz más de 20000 documentos que muestran irregularidades en el proceso de registro de pesticidas en Estados Unidos, la colusión entre la industria y las entidades reguladoras, y las mentiras y la parcialidad de información proveída a los ciudadanos. Son los llamados «Poison Papers«, un proyecto de Bioscience Resource Project y el Center for Media and Democracy, y que principalmente han sido recopilados por el trabajo de toda una vida de Carol Van Strum.

La figura de Van Strum, activista y mujer polifacética, es clave en esta historia, después de más de 40 años de lucha persiguiendo la verdad y la justicia. Van Strum publicó «A bitter fog. Herbicides and human rights» en 1983, contando las experiencias vividas por cientos de inocentes que vieron su salud y sus vidas truncadas por la fumigación con herbicidas en bosques de Estados Unidos. Una segunda edición del libro se publicó en 2014, y es la que voy a comentar en este post, como contextualización de lo que los Poison Papers muestran.

Al igual que realicé con el libro «Fake Silk», voy a hacer un recorrido cronológico por los contenidos del libro, que aunque no corresponden con su estructura original, quizá ayuden mejor a entender la secuencia de los hechos. Todo lo especificado proviene de Van Strum (2014), por lo que no considero necesario su continua citación. El material complementario añadido por mí está debidamente referenciado.

Conceptos previos

Considero útil identificar algunos de los nombres que comentaremos frecuentemente en el post, para hacer más fácil su comprensión.

Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D): herbicida clorado.

Acido 2, 4, 5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T): herbicida clorado.

Picloram: herbicida clorado.

Dioxinas: Contaminantes orgánicos persistentes producidos fundamentalmente por la combustión de productos clorados.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD): Dioxina que se puede formar a partir de la combustión del 2,4,5-T, o como impureza en su proceso de fabricación de herbicidas clorados. Es altamente tóxica.

Glifosato: Herbicida organofosforado que actúa como inhibidor de la síntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas

Dow Chemical Company (Dow): Empresa química principal productora de los herbicidas 2,4-D y 2,4,5-T, cuya combinación formaba el Agente Naranja.

Monsanto: Coporación agroquímica, principal productor del herbicida glifosato. Fue una de las empresas que produjo el Agente Naranja.

EPA: Environmental Protection Agency, es la agencia que se encarga de estipular las normas de protección ambiental en Estados Unidos, y la que estipula qué pesticidas pueden ser empleados (da el visto bueno a su registro). Fue fundada en 1970.

La Guerra del Vietnam y los herbicidas

En 1962 se empezaron a emplear los herbicidas en la Guerra de Vietnam por parte del ejército de los Estados Unidos. Utilizaron una gran variedad de químicos «Arco Iris» en el que destacaban por encima del resto:

(1) Agente Blanco: Compuesto de 2,4-D y picloram.

(2) Agente Azul: Compuesto basado en arsénico para destruir plantaciones de arroz.

(3) Agente Naranja: Mezcla al 50% de 2,4-D y 2,4,5-T.

Los problemas de los efectos tóxicos en trabajadores que producían esos herbicidas o los manipulaban datan de la década de 1940. En 1971 se dejó (oficialmente) de emplear el Agente Naranja en Vietnam, ya que existían estudios que mostraban sus efectos adversos en dosis no letales. De hecho, en 1965 se hicieron experimentos en Estados Unidos que indicaban que el 2,4-D y 2,4,5-T causaban defectos al nacer en pequeñas dosis. Dow, el principal productor de este herbicida, presionó para que no saliera a la luz este estudio.

No obstante, extra oficialmente siguieron las fumigaciones por parte del ejército americano. Así lo contaba Paul Merrell, soldado que combatió varios años en Vietnam, y que una de sus tareas era la de realizar intervenciones psicológicas en sus compañeros para fumigar con el herbicida tóxico:

«El Viet Cong dice que nuestras fumigaciones enferman a su gente, matando a los niños, pero es mentira. Ellos son los que están envenenando el agua, y la gente cree sus mentiras. A ellos no les gusta el espray porque descubre a los soldados ocultos».

Eso es lo que les decía en los helicópteros para que lanzaran el veneno sin remordimientos. A la vuelta de la guerra se convirtió en un activista y se sumó a la causa de los colectivos de personas que luchaban para no ser fumigados en Estados Unidos, como posteriormente veremos.

Cuando Paul Merrel iba al hospital de veteranos (estaba recurrentemente enfermo), y decía que el Agente Naranja era el motivo de su enfermedad, entonces lo derivaban a psiquiatría. Así era el tratamiento a los ex combatientes de Vietnam en esos años, si atribuían sus enfermedades al Agente Naranja los enviaban al psiquiátrico. Mientras, él se daba cuenta de la cantidad de hijos de ex combatientes con malformaciones al nacer. No fue hasta 1981 cuando se aprobó que los veteranos afectados por los herbicidas tuvieran acceso prioritario a hospitales y derecho a ser tratados.

Se estima que el ejército norteamericano diseminó más de 42 millones de litros de Agente Naranja, del total de 72 millones del resto de herbicidas Arco Iris (Stern, 1999). Los efectos sobre los veteranos, según la última actualización de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (2016) que son reconocidos como evidencia suficiente son: sarcoma de tejidos blandos, linfoma no-Hodgkin, leucemia linfocítica crónica, linfoma Hodgkin y Cloracné; y como evidencia limitada: cáncer de laringe, cáncer de pulmón, bronquios o tráquea, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, myeloma múltiple, Parkinson, diabetes Tipo 2, hipotiroidismo e infarto, entre otras.

Los vietnamitas todavía lo están pagando. Entre los múltiples efectos que causó la fumigación masiva destaca, quizá por encima del resto, los defectos de nacimiento (Ngo et al, 2006). Terribles imágenes tomadas en estos últimos años muestran que las nuevas generaciones siguen viéndose afectadas (Farberov, 2013; The Independent, 2017).

Sin embargo, para Monsanto, tal y como escriben en su blog «Hablando Claro» (Monsantoblog, 2015): «Los militares de EE.UU. lo utilizaron entre los años 1961 y 1971 para salvar las vidas de los soldados«. Y añaden: «No se sabe el número exacto de las vidas de soldados que se salvaron, pero lo cierto es que fueron muchas». Y además, espetan: «Sabemos que algunos gobiernos ofrecen ciertos beneficios médicos a los veteranos y sus familias a pesar de que no ha habido evidencias determinantes sobre problemas de salud que hayan sido causados por el Agente Naranja«.

Por tanto, para Monsanto el Agente Naranja fue un herbicida que trataba de salvar vidas, y además fue eficiente porque salvó muchas. No sólo eso, sino que para la multinacional no hay evidencias determinantes de que cause problemas de salud. Para finalizar, evaden cualquier responsabilidad: «En marzo de 2009, hubo una demanda sobre el Agente Naranja, en este caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó que las empresas no eran responsables de las consecuencias del uso militar del agente naranja en Vietnam, porque los fabricantes simplemente habían sido contratados por el gobierno y seguido sus instrucciones. Nosotros mantenemos esta posición y creemos que las consecuencias adversas que presuntamente han surgido de la guerra de Vietnam, incluyendo el uso del Agente Naranja, las deben resolver los gobiernos que estuvieron involucrados».

Según el portal especializado Statista, Monsanto ha sumado más de 12500 millones de dólares en beneficio neto entre 2011 y 2016.

Mientras tanto los vietnamistas siguen se percibir ningún tipo de compensación por parte de las corporaciones que fabricaron los venenos, y cantidades insuficientes por parte del Gobierno de Estados Unidos: sólo 20 millones de dólares a las víctimas, según Nguyen & Hughes (2017), aunque es cierto que los americanos han invertido más cantidad en ayudar a descontaminar.

Y en cuanto a los veteranos de guerra americanos, su lucha les permitió obtener un fondo de compensación de 180 millones de dólares en 1984 (Blumenthal, 1984), proveniente de las compañías que fabricaron los herbicidas: Dow; Monsanto Company, St. Louis; the Diamond Shamrock Corporation, Dallas; Uniroyal Inc., Middlebury, Conn.; the T. H. Agriculture and Nutrition Company, Kansas City, Mo.; Hercules Inc., Wilmington, Del., y Thompson Chemical Company, Newark.

Si actualizamos esos 180 millones a dólares de 2016 serían unos 421 millones, que como hemos visto apenas llega a ser una tercera parte de los beneficios de Monsanto en ese mismo año. Dow, por su parte, cerró el ejercicio económico de 2016 con más de 4400 millones de dólares de beneficio neto, por lo que esa cantidad ni siquiera supondría el 10% de los beneficios de ese año.

Blumenthal (1984), también se hizo eco de una de las comunicaciones oficiales de Dow al respecto de ese litigio que acabó con la creación del fondo de compensación: «Continuamos creyendo que el Agente Naranja no era una causa plausible de las enfermedades que han sufrido algunos veteranos y sus familias».

Los primeros avisos en Arizona

Seguimos en plena Guerra de Vietnam, pero ahora nos trasladamos a Arizona, en una zona de bosques muy peculiares en el Tonto National Forest.

En 1965 la United States Forest Service (Servicio Forestal de EEUU) comenzó un programa de herbicidas que duró hasta 1969, empleando el 2,4-D y el 2,4,5-T como parte de un producto llamado Kuron, es decir, los componentes del Agente Naranja.

Excepto 3 o 4 grandes ranchos ningún residente de la zona fue notificado de las fumigaciones. A los pocos meses comenzaron a aparecer animales con malformaciones, al margen de problemas puntuales inmediatamente después de cada fumigación: diarreas, sangrados nasales, etc. El Servicio Forestal decía siempre lo mismo: «No es dañino. Habrán sido los insectos, el fuego u otros animales«.

Van Strum cuenta el caso de una familia que tuvo que ir al hospital después de una fumigación; su hijo pequeño enfermó gravemente durante 4 años. Entonces, una llamada anónima que se identificó simplemente comoun empleado gubernamental salvó la vida del niño, ya que le dijo a los padres que le contaran a su médico que esos herbicidas producían anemia, entre otros efectos.

Una mujer fumigada en 1969, Billee Shoecraft, puso una demanda de 4.5 millones de dólares contra el Sevicio Forestal y 4 productores de herbicidas. En 1971 publicó el libro «Sue the bastards!» donde contaba su terrible experiencia, no sólo por sufrir las fumigaciones (, sino por el desinterés mostrado por las autoridades. Finalmente, en 1981, Dow y el Servicio Forestal indemnizaron por una cantidad no desvelada a 5 familias afectadas (New York Times, 1981). Sin embargo, Billee no pudo ser testigo de ello, ya que había muerto de cáncer en 1977. Según Van Strum, Dow nunca admitió públicamente su responsabilidad.

Muy cerca de Tonto, en la Reserva Apache de San Carlos, se vivieron situaciones similares. El Servicio Forestal también fumigó esa zona durante la década de los 60. Algunos nativos americanos dicen que fue un crimen perpetrado por sus propios gobernantes (Duara, 2017).

Los bosques de Oregón

Nos trasladamos ahora al noroesta de Estados Unidos, a Oregón, el foco donde se gestó la parte central de esta historia. Desde 1969 los bosques de Siuslaw fueron fumigados por helicópteros y, de nuevo, con mezcla de 2,4-D y 2,4,5-T.

Van Strum cuenta la historia de la familia Wilkinson, cuyo hijo de 13 años falleció en 1979 a causa de un linfoma no-Hodgkin. Sus vecinos también sufrieron las consecuencias del venenos, sobre todo en los animales: deformaciones, abortos. Algunos propietarios de plantaciones orgánicas se vieron prácticamente arruinados.

Carol Van Strum se había mudado en 1974 junto a su marido y sus cuatro hijos a Five Rivers, un poco más al norte de donde quedaban los Wilkinson y sus vecinos. Un día de 1975 sus hijos estaban pescando en el río en el momento en que dos hombres lanzaron los herbicidas. Esa misma noche estaban enfermos: diarreas con sangre, vómitos, sangrados nasales, entre otras consecuencias. Durante las siguientes semanas varios animales de granja murieron. Más tarde llegaron los helicópteros, y la pesadilla se repitió otra vez: abortos, muertes y enfermedades de animales, etc.

El marido de Carol fue a preguntar qué era lo que había pasado a los hombres que habían esparcido el producto que había hecho a sus hijos enfermar. Esos dos trabajadores le dijeron que era 2,4,5-T y que era inocuo para los humanos, que si sus hijos habían enfermado a la vez debía ser una coincidencia, una gripe que les había afectado a todos.

Sin embargo, los Van Strum podían ver los peces muertos en el río. Los habían envenenado pero nadie parecía querer admitirlo. De hecho, llamaron a varias autoridades y todas las decían lo mismo: «El 2,4,5-T es seguro, es imposible que mate animales o que haga enfermar a niños». De nuevo, era todo una coincidencia.

Los helicópteros seguían esparciendo 2,4,5-T y 2,4-D, y los vecinos de esas tierras enfermaban cada vez que uno de esos aparatos aparecía en el cielo de los bosques de Oregón. Carol Van Strum y su hija incluso llegaron a tener sangrados vaginales, y sus animales desarrollaban deformidades. El Servicio Forestal les decía que eran seguros, que estaban registrados en la EPA. Precisamente a la Agencia de Protección Ambiental escribieron los Van Strum, pero no les contestaron.

Entonces, el marido de Carol, harto de tantas negativas y ocultación de la verdad, decidió buscar información por sí mismo. Se fue a la Universidad de Oregón y en la biblioteca pudo comprobar que lo que le habían dicho sobre la segurida de esos herbicidas era mentira. Comenzaron a contactar con científicos que también les advertían sobre los riesgos de esos pesticidas. Sin embargo, seguía sin haber respuesta oficial de los organismos gubernamentales, aunque sí que la obtivieron de Dow: «Son seguros».

Debbie Marano, una de las vecinas de los Van Strum se había mudado allí en 1972. En 1975 abortó a las 14 semanas de embarazo. Después tuvo 3 abortos más entre 1976 y 1977. Alumbró a un niño en 1978 pero sufrió dos abortos más después (uno de ellos un feto deformado).

Aún más al norte de los Van Strum, la granja de los Longyear sufríría también los efectos de los herbicidas. El 6 de marzo de 1974 fueron fumigaos con un producto que mezclaba 2,4-D y 2,4,5-D. En esta ocasión no fue el Servicio Forestal, sino para los Starker Brothers, los propietarios de un terreno colindante. Los Longyear enfermaron pocas semanas después, y tuvieron que abandonar la granja. Sospechaban que se había contaminado el agua. Sin embargo, la Universidad de Oregón no encontró residuos de herbicidas en el agua. En 1975 enviaron más muestras a otro laboratorio den California y esta vez síque detectaron 20.9 ppm de 2,4-Dy 4.03 ppm de 2,4,5-T. Las autoridades, les habían dicho que se enfermedad y las fumigaciones no tenían nada que ver. Los Starker Brothers, por cierto, para el Wordforestry son un ejemplo de prácticas sostenibles en los bosques y de compromiso con la comunidad (Worldforestry.org, 2012).

La indignación de los afectados se incrementa

Debe ser tremendamente frustrante ver cómo tu familia y tus animales enferman cada vez que un helicóptero fumiga y que autoridades e investigadores negaran lo que estás sufriendo en primera persona. Esos eran los sentimientos de los Van Strum, cuando Michael Newton, profesor de la Universidad de Oregón, negaba sistemáticamente cualquier daño de los herbicidas para la salud humana y la vida salvaje. En 1975 este investigador argumentaba que la mayoría de los bosques de Vietnam habían sido detruidos por el fuego y que no había signos de envenenamiento por el 2,4,5-T o por dioxinas en los vietnamitas. Sus postulados aparecían publicados en periódicos de Oregón.

Ante esta posición de Newton, los Van Strum escribieron una carta fechada el 8 de enero de 1976 donde respondían al profesor, indicándoles que ellos habían sufrido indeciblemente durante esos meses, e invitando a Newton a que trasladara su residencia a su bosque, a ver si después de unos cuantos meses recibiendo el herbicida seguía pensando lo mismo.

Casi 40 años depués, en 2013, el ya veterano investigador seguía defendiendo esas mismas ideas en este impagable vídeo. En la actualidad todavía están sucediendo casos similares en Oregón a los de la década de los 70

Comienza la movilización

La carta de los Van Strum supuso el empujón necesario para movilizar a toda la comunidad de esa zona de bosques, y que en una primera gran reunión contaran sus experiencias vividas meses atrás en relación a enfermedades, deformaciones, abortos, etc. Buscaron un abogado, y formaron el colectivo CATS (Citizens Against Toxic Sprays).

En 1976 comenzó un juicio contra el Departamento de Agricultura y la Industrial Forestry Association. CATS presentó el testimonio del Dr. Patrick O’Keefe, de la Universidad de Harvard, que había desarrollado una técnica para encontrar TCDD en nievels de una parte por trillón (ppt), más certero por tanto que el límite de detección de 1 parta por billón (ppb). O’Keefe y su equipo habían encontrado niveles de 18 a 814 ppt de TCDD en peces para consumo humano en Vietnam (en la actualidad la EPA admite efectos reproductivos con sólo 1 ppt).

Ese hallazgo era importante porque el Servicio Forestal había afirmado que el TCDD no se acumulaba en la cadena alimenticia. La EPA había ya encontrado TCDD en muestras biológicas de animales tomadas en esos bosques en 1973 de hasta 485 ppt, pero lo coultaron. El juez falló para que no se fumigara más con 2,4,5-T, pero sí con 2,4-D. No obstante esa prohibición estaba condicionada a que el Serivico Forestal presentara una declaración de impacto ambiental (donde se estipularan los posibles efectos de las fumigaciones). De este modo, a partir de abril de 1978 continuaron las fumigaciones con 2,4,5-T. Así, los vecinos solo ganaron unos meses, nada más, tras haberse gastado el dinero que no tenían en pagar al abogado para el juicio.

La desgracia más horrible se ceba con los Van Strum

Durante el tiempo que transcurrió el juicio (1976-1977), los Van Strum fueron seguidos cada vez que iban por carretera. Carol comenta que les habían advertido que habían intervenido sus teléfonos para grabar las conversaciones, y que además habían encontrado a un equipo de la corporación química Dow, conocido por los funcionarios del Servicio Forestal, con cámaras grabando en su propiedad (Carol Van Strum, comunicación personal, 24 sepiembre 2017).

Todos estos hechos quizá pudieran pasar por poco relevantes o circunstanciales, si no fuera porque en la noche de fin de año de 1977, su casa de incendió y murieron sus cuatro hijos. Los bomberos que atendieron el fugo dijeron que la casa había ardido muy rápido, lo que podía ser un indicio de un incendio intencionado. Sin embargo, las causas del fuego nunca fueron aclaradas, y para los Van Strum siempre quedará la duda de que fuera alguno de sus oponentes el culpable de su desgracia (Lerner, 2017).

Ese horrible suceso, y el inimaginable dolor de los padres, no impidieron que siguieran luchando por la principal causa que les había llevado a ello, la defensa de la salud de sus hijos, aunque ellos ya no estuvieran.

Van Strum no comenta en ningún momento este suceso en su libro, quizá por el priopio respeto a su dolor y a la memoria de sus hijos.

Se prohibe el 2,4.5-T, pero sólo a medias

La Guerra del Vietman había terminado para Estados Unidos en 1975, y el Agente Naranja se había eliminado de las acciones bélicas en 1971. Dos años antes, en 1969, un panel de expertos investigadores dirigidos por el Dr. Samuel S. Epstein, y con la misión establecida por el gobierno de analizar los efectos teratogénicos y mutagénicos de los pesticidas, había concluído por unanimidad que el 2,4,5-T y sus derivados inducían defectos al nacer (teratogénicos) en animales, por lo que «deberían ser inmediatamente restringidos para prevenir el riesgo de exposición en humanos».

Si embargo, hasta 1979 se estuvo fumigando con 2,4,5-T los bosques de Oregón, tanto por el Servicio Forestal como por los propietarios de las empresas madereras. La perspectiva histórica de los hechos nos muestra lo inexplicable e injusto de esa situación.

La EPA lo prohibió, es cierto, pero sólo para las fumigaciones aéreas de los bosques, no para los cultivos de arroz y los pastizales. Como no podía ser de otro modo, la industria protestó. Dow se alineó con la postura de ciertos políticos, como Andy Zedwick, Comisionado del Condado de Lincoln, con los siguientes argumentos: Los problemas de salud atribuidos a los herbicidas en esa zona de Oregón fueron causados realmente por fumar marihuana.

Dow no se quedó sólo ahí, sino que demandó ante la corte judicial que se rectificara esa prohibición. La EPA había basado su decisión en un estudio sobre abortos espontáneos en la zona (su ratio era superior que en las poblaciones de control). Aunque como decían ciertos grupos ambientales el estudio de la EPA proveía un dibujo demasiado simple de los efectos de los pesticidas, la conclusión era clara. Lo que es inexplicable para Van Strum, es que todavía no se prohibiera del todo, y se siguiere permitiendo su uso en pastizales y cultivos de arroz.

Como indica Van Strum, 4 meses después de que la EPA prohibiera parcialmente el 2,4,5-T, en una conferencia patrocinada porla American Farm Bureau Federation se concluía que: «No existen efectos biológicos ligados al uso rutinario del 2,4,5-T en los últimos 30 años», a lo que Dow añadía 6 meses más tarde: «El 2,4,5-T es extremadamente seguro».

El escándalo del IBT

En 1972 el congreso de EEUU dispuso que la eficacia de los pesticidas debía ser testada, y también los efectos adversos en la salud, antes de que pudieran ser vendidos en el país, de forma similar a como se hacía con los medicamentos. Los productores eran los responsables de ese test y, en cierta forma, las entidades reguladoras se «debían fiar». Después, son los investigadores los que tienen que pasar varios años para demostrar los efectos adversos, si es que sospechan de que efectivamente los hay, lo que es más complejo y puede llevar mucho tiempo.

El problema de este proceso es que no es transparente, porque el público a menudo no tiene acceso a esos estudios completos de la industria, que en ciertas ocasiones incluso provee a la EPA sólo las conclusiones. En los Estados Unidos, la EPA regula los plaguicidas a nivel nacional bajo la autoridad de la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA).

Pero ya en aquella época había antecedentes de fraude, como sucedió con el medicamento talidomida. La FDA, que es la análoga a la EPA pero para regular medicamentos, requirió más información a la compañía que lo distribuía en Estados Unidos – Richardson Merrell Drug Company- , y la empresa envió un estudio fraudulento publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en 1961, escrito por el director médico de la empresa en connivencia con el obstetra Dr. Ray Nulsen, «cocinado» tras unas conversaciones jugando al golf, tal y como relatan Cronin & Raphael (2014). Tanto esa empresa como el Dr. Nulsen fueron demandados por 4100000 dólares en 1964 por dos madres que habían tenido hijos con deformidades (New York Times, 1964). Tanto la distrubuidora americana como la alemana matriz (Grünenthal) negaron persistentemente la asociación con los problemas reproductivos pese a la evidencia observacional.

Ya en los primeros años de la década de 1960 Richardson Merrell había enviado información fraudulenta a la FDA sobre el medicamento Mer-29, un fármaco para el colesterolque causaba vómitos y caída de cabello, entre otros efectos. Fue vendido durante 22 meses hasta que, por casualidad, un inspector médicodel a FDA habló con un empleado de la empresa.

Pero refutar la seguridad de los pesticidas es mucho más complejo que para un medicamento. En 1976 la FDA descubrió el fraude de los laboratorios Industrial Biotest Laboratories (IBT), una subsidiaria de Nalco Chemical.IBT había cometido irregularidades sobre 25000 test de productos, como cosméticos, aditivos y pesticidas. Todas esos productos habían sido registrados por la EPA y la FDA como legales para su uso. La auditoría de la FDA encontró fraude deliberado en 4300 tets de 123 pesticidas y 160 aplicaciones de tolerancia (cantidad permitidaen alimentos). La EPA entonces pidió a 235 compañías químicas re examinar los tests de 483 pesticidas, incluyendo los herbicidas 2,4,5-T y 2,4-D, pero no se eliminaron del registro de la EPA. Como indica Van Strum: «La ley artriculada para proteger a la gente se convirtió en la ley que protegía los venenos».

Hay que recordar también que los fabricantes guardan como secreto comercial los ingredientes inertes de los pesticidas, como sucede en el caso del glifosato, aunque eso no quiere decir que no sean tóxicos. Por tanto, la poca transparencia del proceso de registro y el fraude generalizado del IBT mostraban un dibujo muy oscuro de la realidad de los posibles efectos sobre la salud de los pesticidas.

En noviembre de 1980, el periodista Peter Von Stackelberg, concluyó que casi 250 de los primeros 600 estudios revisados en Estados Unidos y Canadá sobre los reportes del IBT eran inválidos. Otras revisiones mostraron resultados incluso peores.

El glifosato de Monstanto – Roundup -, fue registrado sólo con los datos provenientes del IBT, cuando uno de los 4 procesados en el juicio por el fraude de este laboratorio habría trabajado para Monsanto desde octubre de 1972.

La respuesta de la industria sobre el escándalo del IBT no pudo ser más previsible. Lo que había sucedido con el IBT era un «caso aislado». Como vimos en el post sobre control de masas (Martínez, 2016), la alusión al concepto de casos aislados y a no causar alarma social es una de las estrategias fundamentales del poder corrupto para manipular.

La prohibición total del 2,4,5-T

Nos situamos en el verano de 1979, con la probibición parcial del uso del 2,4,5-T y en pleno escándalo del fraude del IBT. Las fumigaciones aéreas continuaban, con productos herbicidas como el 2,4-D y el plicoram. En la zona donde vivían los Van Strum volvió a haber varios abortos (3 de 5 mujeres embarazadas). Esto provocó que se volvieran a realizar más estudios.

Entre julio y diciembre de 1979 en Ashford (Washington) al noreste de los bosques de Siuslaw, dentro de un área que había ido fumigada con 2,4-D sólo nacieron 2 de 12 niños de mujeres embarazadas, y uno de ellos murió en el alumbramiento. El Dr. Ilio Gauditz, consultor de una gran compañía maderera (Weyerhaeuser), decía sobre las fumigaciones aéreas y los abortos lo siguiente: «Los bebés son reemplazables. Que las mujeres no se embaracen en los meses en los que se fumiga».

Uno de los padres de los niños que nació sin cerebro dijo: «Todos aquellos que dicen que los herbicida son tan seguros lospodnría en una sala de partos que que vieran a su propio hijo naciendo de esa manera, sin cerebro. Ellos sólo quieren números, nuestro hijo es sólo una estadística».

Mientras tanto el lobby de la industria seguía maquinando acciones para proteger sus beneficios. Crearon la organización «Doctor for Facts», con algunos médicos que listaron incluso sin su consentimiento, y empezaron a enviar cartas a políticos y medios de comunicación del condado de Lincoln (donde se sitúan los bosques de Siuslaw) afirmando que sus herbicidas eran seguros según la evidencia científica.

Melyce Connelly, de 22 años, una madre soltera que vivía en Siuslaw, y que cultivaba productos para vender a restaurantes, tuvo la desgracia de seguir sufriendo las fumigaciones. Como he dicho, ya no era el 2,4,5.T, sino el 2,4-D, que se diseminó pocos días después de que el responsable de distrito del Servicio Forestal le dijera que no iban a fumigar en las cercanías de los depósitos de agua. Uno de sus vecinos había perdido 2 bebés en sendos abortos, y tenía otro con múltiples defectos. Ahora le iba a tocar el turno a Melyce.

Después de esa fumigación todos sus pollos y patos murieron. Su hijo de 6 meses desarrolló una diarrea sangrante persistente. En el valle, durante el mes siguiente, todas las mujeres embarazadas de menos de 3 meses abortaron, y varios niños enfermaron con meningitis.

Entonces el Departamento de Salud del Condado de Lincoln comenzó otro nuevo estudio (¿Cuántos estudios van ya?). Melyce cogió a su hijo y varios animales muertos que había congelado y se los llevó directamente a la oficina del político Andy Zedwick, aquel que decía que los herbicidas eran seguros y que todo provenía de fumar marihuana. Melyce entró en su despacho y le enseño el pañal ensangrentado de su hijo y los animales muertos: «¿Esto es por fumar marihuana?». Al día siguiente Zedwick pidió disculpas públicamente.

La EPA prometió a Melyce que los resultados de los análisis de sus animales estarían en 90 días, pero esperó 4 años sin éxito. Mientras tanto, la EPA y Dow se reunían en secreto para gestionar la mejor forma de no cancelar definitivamente el 2,4,5-T, y devolverlo al mercado. Además, la EPA ocultó esos análisis que sí que desveló el Dr. Gross de la Universidad de Nebraska: la dioxina TCDD fue encontrada en el agua de bebida, en los animales y en el tejido de un niño que había nacido sin cerebro. Ante esta situación, la EPA argumentó que los análisis se habían mezclaro o que esas muestras eran de una planta de Dow (a la que precisamente tenía prohibido el paso).

Sin embargo, en 1984, poco después de que se publicara la primera edición del libro de Carol Van Strum, se prohibió el uso de herbicidas por el Servicio Forestal en los bosques de Oregón; Los datos de la EPA eran parciales o sospechosos y los de las propias compañías también eran cuestionables.

En 1984 la EPA retornó al vencidario de Melyce y tomó muestras otra vez. Después de la prohibición del 2,4,5-T los niveles dioxinas se habían multiplicado por 4, aunque la EPA afirmó que no representaba un riesgo inmediato. El herbicida 2,4-D fumigado en la casa de Melyce estaba contaminado con dioxinas (pese a que se aseguraba que no tenía), algo que Van Strum declara que la EPA conocía desde comienzos de la década de 1970.

En 1989, Melyce falleció a los 32 años, víctima de cáncer de cerebro, pulmón y mama. Van Strum recalca que tal vez ella sea un 1 caso entre 1 millón (lo que la EPA considera como aceptable para permitir un producto que incrementa el riesgo de cáncer), pero para su familia y amigos Melyce no será un nunca un número, una estadística. Para la EPA el herbicida es catalogado como riesgo despreciable (neglibible risk), pero Melyce (ni otras personas que sufrieron de manera similar) no deberían ser casos «despreciables».

El helicóptero destruido

Después de todo lo contado, podemos hacer el ejercicio mental de ponernos en la piel de esas familias que estaban sufriendo las fumigaciones en los bosques de Oregón desde 1969. Después de todo lo vivido y de la desesperante lentitud del proceso, en el que los juicios no terminaban de resolverse en prohibiciones, y en el que las instuticiones hacían estudio tras estudio que tampoco servía para evitar ser fumigados con veneno, los vecinos decidieron dar un paso más en sus movilizaciones.

Ahora ya no sólo lucharían en los juzgados; al fin y al cabo seguían pasado los años y seguían siendo fumigados desde el aire, mientras sus animales morían y sus familias sufrían todo tipo de enfermedades y desgracias. Era la primavera de 1981 y con rifles en la mano intentaban parar los camiones que llevaban bidones de pesticidas para luego ser lanzados desde el aire.

Da igual que ya no fuera el 2,4,5-T (prohibido en fumigaciones aéreas en 1979), ya no querían más venenos cayendo del cielo. Algunos activistas contaminaron bidones de herbicidas parainvalidar su uso, y el 30 de mayo de 1981 destruyeron un helicóptero que estaba en tierra (sin tripulantes, claro), y que se empleaba en las fumigaciones.

Probablemente estas acciones no beneficiaron a los vecinos, ya que podían emplearse en su contra tergiversándolas y manipulándolas para hacerlo pasar por actos terroristas. Se le dió demasiada importancia, ciertamente, y lo único que reflejaban era una situación de máxima desesperación; ¿Qué habríamos hecho cada uno de nosotros en esa misma tesitura?.

La situación desde 1984

Las compañías madereras siguen fumigando sus tierras, pese a que el Servicio Forestal ya no lo hace. No se emplea el 2,4,5-T, prohibido desde 1983, pero sí el 2,4-D, el glifosato, la atrazina y otros herbicidas.

No sólo los bosques, sino que se permite el uso del 2,4-D o el glifosato en casas, parques públicos o colegios. Para la OMS, y desde 2015, el 2,4-D es posible cancerígeno (grupo 2B) y el glifosato probable (grupo 2A).

En Oregón los vecinos han seguido sufriendo los efectos de las fumigaciones aéreas de las compañías madereras (Jordan-Cascade, 2014). Aunque hay restricciones en cuanto a las distancias de seguridad, estas son continuamente incumplidas. Además, tal y como relataba Van Strum hacíendose eco de la experiencia de Paul Merrell sobre helicópteros en Vietnam, los propios motores de los helicópteros crean su propio viento, al estar continuamente subiendo y bajando por las caolinas y valles. También narra Jordan-Cascade (2014) que los vecinos temen también denunciar estos hechos, porque la industria maderera es muy fuerte, y hay muchos intereses en juego (algunos han sido amenazados). En 2014 todavía los vecinos no conocían con antelación los días en los que se iba a fumigar. La industria maderara en Oregón ha contribuiddo con 4.4 millones de dólares a las campañas electorales del Estado en las últimas cuatro eleccionnes.

Las reflexiones de Carol Van Strum

Después de más de 40 años luchando por proteger sus derechos y los de sus vecinos, y tras haber participado en numerosos juicios, haber departido con varios abogados, y compartido enseñanzas y conocimientos con multitud de investigadores, Carol Van Strum refleja algunos pensamientos en el libro que conviene destacar.

En primer lugar afirma sin contemplaciones que la EPA permita mercantilizar una sustancia que produzca un caso de cáncer añadido por millón. Ese 1 entre 1 millón es, según Van Strum, una ofrma de asesinar para defender los beneficios de las compañías. Ninguna vida puede ser «despreciable», y por tanto admitir que la pérdida de una vida puede ser admisible para favorecer una determinada práctica en la que uno no elige ser expuesto es algo que no se debería permitir.

En segundo lugar, ese matiz de no voluntariedad es esencial para la autora. Cuando una persona no elige ser expuesta a un tóxico, ¿por qué las leyes no protegen esa libertad de elección? Si en medicina se pide el consentimiento informado para cualquier prueba que conlleva un riesgo, las leyes deberían proteger los derechos de las personas que no dan su consentimiento a exponerse a un tóxico cuyos efectos adversos son admitidos por la ciencia.

Y en tercer lugar, Van Strum, reflexiona sobre el concepto de evidencia circunstancial; «Ninguna observación puede nunca ser reemplazada por exporimentos controlados de laboratorio». Y añade: «Después de que mis hijos sufrieran las consecuancias del 2,4,5-Ten 1975 aprendimos que una rata en una caja en un laboratorio se respeta más que la experienica personal». Pese a que pueda parecer una aseveración demasiado emocional tiene un fundamento sólido, ya que el fondo de la cuestión es el mismo que trata, por ejemplo, Reiss (2017), en su crítica a los ensayos controlados aleatorizados y las inferencias causales, como explicaba en un anterior post. Van Strum critica que la ciencia igora la evidencia circunstancia sobre los efectos de los pesticidas en poblaciones expuestas, lo que es un grave error para ella.

Los «Poison Papers»

Y llegamos al momento en que todo lo que hemos contado se refuerza ante las pruebas mostradas por los documentos desvelados en los «Poison Papers».

Más de 20000 folios de estudios, reuniones, memorandos internos, discusiones y testimonios jurados desde 1920, y donde se incluyen, entre otros, agencias gubernamentales como la EPA, la FDA o el Servicio Forestal, y empresas como Dow, Monsanto, DuPont y Union Carbide.

Los papeles muestran como Monsanto conocía los efectos de los bifenilos policlorados (PCBs), compuestos organoclorados empleados en diversas aplicaciones elétricas (transformadores, intercambiadores de calor), y se prohibió su producción en Estados Unidos en 1977. Son altamente contaminantes. El Estado de Washington demandó en 2016 a la corporación agroquímica por este mismo motivo (De Luna, 2016).

Pero ya en 1969 Monsanto conocía los riesgos de los PCBs, pero los ocultó (Wilson, 2017). El propio informe de la coporación consideraba la evidencia de su peligrosidad como incuestionable y que se esperaban futuros contenciosos jurídicos (Ver el documento completo).

A este respecto, Monsanto se justifica ahora diciendo que no hicieron nada ilegal (Neslen, 2017), pero lo cierto es que lo sabían y lo callaron durante ocho años. Eso sí, cuando Monsanto hace publicidad entonces envía un mensaje de vida, prosperidad, esperanza, como en estos dos anuncios, separados varias décadas. Sólo te cuentan una parte de la historia, sólo la que les interesa, claro.

En relación al escándalo del IBT comentado anteriormente, los Poison Papers revelan que la EPA organizó una reunión a celebrar el 3 de octubre de 1978 con la Agencia de Salud de Canadá y los ejecutivos de las principales compañías químicas para tratar de «resolver el problema» creado por el fraude de esos laboratorios. La EPA afirmaba que no era de interés del público, ni de la propia EPA, ni de las corporaciones tomar una decisión drástica de invalidar todos los test provenientes de IBT, porque según ellos, un número alto de estudios se habían realizado satisfactoriamente (Ver documento).

De esta manera, y pese a las grandes evidencias de un fraude generalizado de los tests del IBT, la EPA prefirió no re evaluar los tests, y pedir una validación a las compañías. De nuevo a fiarse de ellas.

En el mismo documento, Fred Arnold (EPA) admitió que en algunos casos la EPA podría haber reportado que había examinado muestras de tejido para evaluar los resultados cuando no se hizo ningún examen de manera efectiva. Al igual que también parece indicar que en el pasado la EPA admitió informes de las compañías sin firmar.

Los Poison Papers también revelan las declaraciones de Elisabeth Fay, de Monsanto, admitiendo que la compañía había producido Santophen, un producto usado como pesticida y desinfectante, con impurezas de dioxina TCDD. Y además lo habría hecho a sabiendas y durante 23 años. Como esas declaraciones fueron de 1985, esto quiere decir que después de que se produjeran todos los hechos contados en los bosques americanos, la Guerra del Vietnam, y las alertas en relación a la dioxina TCDD a finales de la década de 1970, Monsanto estuvo vendiendo un producto contaminado con TCDD varios años más (Ver documento).

Esas declaraciones formaban parte de un juicio comenzado en 1984 contra Monsanto por un derrame químico ocurrido en un tren en Missouri en 1979, y que no se alertó a la población de su peligrosidad (contenía dioxina TCDD) (New York Times, 1987).

La EPA, por su parte, habría coludido con la industria del papel para suprimir, modificar o elimnar los resultados sobre la contaminación con dioxinas encontrada en productos como pañales de bebés, servilletas o filtros de café. La EPA sabía de ello en 1985 y colaboró con la industria para tapar que saliera esa información.

Conclusión

La historia que nos cuentan Carol Van Strum, y los documentos de los Poison Papers es demoledora. Hemos repasado tragedias personales con nombres y apellidos, producidas por una inhumana forma de concebir los negocios, y también por la incompetencia y la corrupción de personas que dirigen los organismos reguladores, políticos, y también investigadores.

Ninguna de las personas afectadas por las fumigaciones en los bosques de Oregón recibieron nunca compensación, ni por parte del Estado ni de las corporaciones. Algunas de ellas murieron esperando que se resolvieran los juicios. Carol Van Strum contestaba así a una mi pregunta sobre si alguna vez Dow, Monsanto u otra corporación se disculpó: «¿Supongo que es una broma?. ¡Ellos NUNCA se disculparían o admitirían que sus productos son dañinos!»

Siempre hay soluciones, alternativas para evitar que las personas sufran. Por ejemplo, como bien se estipulaba en el recorte del periódico mostrado arriba tras la decisión de suprimir los herbicidas en los bosques gestionados por el Serivicio Forestal, era cuestión de invertir más dinero y contratar más trabajadores. Otras veces se podrá emplear otro tipo de productos menos nocivos o incluso inocuos (Martínez, 2017). Siempre hay alternativas, y los recursos para ello se consiguen gestionando mejor las asimetrías entre las ganancias de las grandes corporaciones y las de los primeros eslabones de la cadena.

Si tras lo escrito en este largo post, todavía algún lector se pone el escudo de Monsanto o Dow en la camiseta, y enarbola la bandera de un sistema totalmente liberalizado que permite esas tropelías, que piense por un momento, que quizá un día él, o algún miembro de su familia, podría ser una «evidencia circunstancial».

Agradecimientos

Mi más sincero agradecimiento Sharon Lerner (The Intercept), y muy especialmente a Carol Van Strum y a Jonathan Latham.

Referencias

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