(#172). PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN LA INDUSTRIA TEXTIL Una radiografía de la problemática laboral en la industria textil, y una llamada a la acción para intentar mejorar esta situación

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[MONOTEMA] (Actualizado: 14/12/2018). La industria textil es una de las más importantes del mundo, con verdaderos gigantes empresariales que llevan su producción a países con mano de obra muy barata y protección laboral insuficiente con el fin de bajar costes e incrementar el margen. En los últimos 20 años este tema ha suscitado muchas críticas pero, aunque se han acometido mejoras, la situación sigue siendo alarmante y, en algunos casos, insostenible.

En este artículo voy a tratar dar respuesta a varias preguntas que muchos de nosotros nos hacemos con respecto a esta problemática, sin demagogias y con los datos en la mano, para que sirva también como documento base para el entendimiento de mi último proyecto: Stars for Workers

Podéis encontrar, además, una discusión sobre el estado de la industria en el programa de radio “Doble Cara”, del 23/11/2016, dirigido por Antonio J. Mayor, en el que he tenido la oportunidad de explicar muchas de las preguntas que planteo a continuación.

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1. ¿Dónde se produce la ropa que habitualmente compramos?

Mayoritariamente en Asia y Centroamérica.

Los principales focos de producción son China, Indonesia, Camboya, India, Bangladesh y Sri Lanka, aunque en Centroamética existen 263000 mujeres trabajando en maquilas (zonas francas) en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. También se produce en Marruecos, Myanmar, Turquía, Pakistán, Rumanía, México, Brasil, Argentina, Colombia, Sudáfrica, Paraguay, Túnez… y en los últimos años emergen Panamá, Chile, Egipto, Etiopía, Mali o Samoa, en definitiva, países con manos de obra muy barata, con derechos limitados de sus trabajadores, y en muchos casos con facilidades de inversión para las empresas de capital extranjero a través de la creación de zonas francas.

En 2014 entre 60 y 75 millones de personas eran empleados en este sector (donde también se incluye el calzado), siendo alrededor del 75% mujeres.

He aquí ejemplos de cifras de producción y empleo en algunos de esos países:

  • En Nicaragua son unas 73000 personas, la mayoría mujeres, las que trabajan en el sector.

La industria gasta alrededor de $500 mil millones al año en actividades de marketing, y se producen más de 150 mil millones de artículos anualmente.

2. ¿Cuál es la problemática laboral en este sector?

Es múltiple, y está vinculada a la explotación laboral.

La problemática de este sector comienza desde la recolección de algodón. En países como Tajikistán, Uzbekistán o Turkmenistán, la situación es lamentable. El gobierno obliga anualmente a miles de personas (entre ellas maestros o enfermeras) a la recolección de algodón.

Las organizaciones que están luchando por evitar este tipo de trabajo forzado culpan también al Banco Mundial de complicidad, ya que concede préstamos para la estimulación del sector agrícola, pero no los cancela pese a las evidencias del incumplimiento de los Derechos Humanos. En 2016 había niños de 13 y 14 años recogiendo algodón en Uzbequistán obligados por su gobierno, aunque en 2017 se están dando pasos para reducir trabajo forzado aún son insuficientes.

En Burkina Faso gran parte de la población depende de la venta de algodón para apenas subsistir, pero los precios están cayendo tanto que les resulta imposible a algunas familias continuar con ello, y ganar menos de 1$ al día. 

Después ese algodón llega a las fábricas de hilado y a las de confección de prendas, donde se dan situaciones de jornadas laborales interminables, salarios que no permiten vivir con dignidad, carencias de libertad de asociación, enfermedades laborales, fábricas con deficiencias en seguridad, talleres clandestinos, etc. Un triste ejemplo es lo que ocurrió en lafábrica Ali Enterprises en Pakistán el 11 de septiembre de 2012, las puertas estaban cerradas con llave para evitar robos, y faltaban salidas de emergencia. Pero comentemos todo esto con un poco más de detalle.

En 2010, en Argentina, el la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires calculó que solo en la ciudad de Buenos Aires había 5 mil talleres informales. Muchos de esos talleres dan trabajo a inmigrantes bolivianos, y trabajan en condiciones forzosas en esas fábricas clandestinas. Como indican Montero & Ferradás (2016): “Se les ofrece un trabajo en Buenos Aires por un salario conveniente, incluyendo casa y comida. Su transporte es pagado por el tallerista y una vez que llegan a Buenos Aires son llevados a los talleres. A veces los talleristas también retienen sus pasaportes y les dicen a los trabajadores que no salgan del taller porque la policía los puede deportar”.

En 2018, la situación en ese país sigue lejos de solucionarse. En diciembre, por ejemplo, murió una niña de 11 años en un incendio en la casa donde vivía con sus familiares, que a la vez era un taller textil ilegal.

En Centroamérica hay reportados casos de jornadas de 24 horas ininterrumpidas, sueldos míseros y falta de higienes en las fábricas. En maquilas de Honduras, las trabajadoras, ante la presión por cumplir las metas de producción, utilizan estrategias de “ahorro de tiempo” que en ocasiones violan los mínimos niveles de dignidad en el trabajo:

Estrategias de ahorro de tiempo de las trabajadoras/es en Honduras 

  • Un 79% no se levanta de su puesto de trabajo. 
  • Un 71% llega antes de la hora de inicio del turno para adelantar el trabajo. 
  • Un 58% no se comunica con ningún compañero o compañera. 
  • Un 46% reduce el tiempo dedicado al almuerzo.
  • Un 40% no toma agua para no ir al baño y así poder cumplir la meta.

En El Salvador son habituales los abusos, la no existencia de prestaciones sociales, y se les exige más producción con horas extra mal pagadas.

En Honduras, el 46%de los trabajadores textiles sufre depresión y el 62% tiene dolencias musculares por los movimientos repetitivos y unas inadecuadas condiciones ergonómicas en el trabajo. 

Otro aspecto importante es el del trabajo a destajo y el del incumplimiento de las jornadas laborales legales. Por ejemplo, en el informe “China 2016, una nueva aproximación sindical”  indica que las jornadas laborales en estas fábricas son de 11 horas diarias de lunes a sábado, otras ocho los domingos, dos días de descanso al mes y quince días de vacaciones como mucho al año, lo que suma una horquilla de entre 85 y 145 horas extra al mes, muy por encima del tope legal de 36 horas que marca la legislación china.

En India, es común el hacinamiento de trabajadoras en habitaciones sin amueblar donde conviven 10-12 chicas sin camas, situación que perdura varios meses durante los programas de formación

En algunas ciudades de Centroamérica las comunidades pobres  marginadas que son  precisamente los que aportan trabajo a las maquilas se ven asediadas por bandas criminales (maras) quienes los extorsionan.

En 2012 un joven modelo noruega, Anniken Jorgensen, pasó un mes trabajando en fábricas textiles en Camboya junto con dos compañeras más. Aunque sufrió amenazas finalmente pudo relatar su historia en televisión. Aunque el tono de show es quizá criticable, la experiencia de estas chicas es válida para mostrar el tremendo contraste entre los países occidentales y aquellos donde se produce la ropa que consumimos. El valor en sí mismo de ese contraste está al mismo nivel que la triste historia que cuentan.

Hay numerosos casos de empleados que no registran a sus trabajadores con la seguridad social o que no mantienen actualizadas las contribuciones de empleadores y trabajadores al sistema de seguridad social. Algunos empleadores hacen las deducciones del pago de las trabajadoras, pero no las pasan al instituto de seguridad social. De este modo, se niega a los empleados y sus niños el acceso a los servicios de cobertura de salud y beneficios de licencia por maternidad, que son legalmente obligatorios. Estos problemas se agravan cuando se cierran las fábricas y algunos empleados no reciben indemnización y no tienen acceso a beneficios de seguridad social. Con frecuencia se usan clínicas privadas de fábrica como forma de desalentar a los trabajadores de acceder a las clínicas de seguridad social y/o obligar a no informar sobre enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Esta situación es particularmente grave para mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz.

Muchas trabajadoras en Centroamérica, pese a las enfermedades generadas por su trabajo para la industria textil, no pueden ser atendidas en la Seguridad Social, la red hospitalaria y de clínicas de salud a la que todas las personas trabajadoras en el sector formal de la economía tienen derecho. Tampoco cobrar jubilación, porque no se cotiza para la pensión. 

La creación de zonas francas también puede ocasionar efectos indeseados en familias que son desplazadas de sus casas para la construcción de esas zonas especiales, siendo reacomodados en lugares sensiblemente peores, tal y como se denuncia en Myanmar.

En Camboya se producen desmayos masivos en las fábricas. En 2015 más de 1800 trabajadores se desmayaron en su lugar de trabajo, debido a la mala alimentación de estos, peor hidratación, carencia de ventilación, alta presión por conseguir objetivos, interminables jornadas de trabajo, etc. En 2017 esa cifra fue de 1603 en 22 fábricas, de las cuales 1599 fueron mujeres.

Existe también otros problemas ligados a los riesgos laborales por contacto con sustancias tóxicas. Por ejemplo, la exposición a tolueno, acceso a agua potable de calidad poco satisfactoria en las fábricas,  y el deterioro del sistema inmune por estar expuesto a al polvo de algodón, fibras, humos metálicos y diferentes productos químicos. Enfermedades óseas, abortos, dermatitis, dolores de espalda, manchas oculares, malnutrición, hepatitis y diferentes problemas respiratorios son comunes en las mujeres que trabajan en este sector.

La contaminación es una externalidad negativa también destacable. La industria textil es responsable del 10% de las emisiones mundiales de carbono, y es una de las principales contaminadoras del agua por los vertidos de los productos químicos empleados en el proceso productivo. Para producir una camiseta de algodón se pueden emplear hasta 2700 litros de agua.

Básicamente se podría decir que se está produciendo como se hacía en países desarrollados hace más de 100 años, donde a veces ocurrían episodios como el que sucedió en Nueva York en 1911, donde murieron 146 trabajadores textiles (principalmente inmigrantes), y que produjo cambios importantes en la legislación en materia de seguridad y sindicalismo.

El futuro tampoco se presenta alentador. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, alrededor de 137 millones de trabajadores asiáticos podrían perder su empleo en los próximos 20 años debido a la mecanización total del proceso de producción de ropa y calzado. La marca alemana Adidas está siendo la pionera en esta iniciativa, y ya ha creado la primera fábrica de calzado totalmente manejada por robots: SPEEDFACTORY, situada en el país germano, y tiene pensado abrir otras en Estados Unidos. Los costes laborales ya no serán un problema y las marcas podrán tener la producción más cerca de casa, reduciendo a su vez los costes de transporte.

Y los países “ricos” están empezando a sufrir también este modo de producción, donde ya hay reportados múltiples casos de talleres que fabrican en condiciones totalmente irregulares, tanto en España como Estados Unidos. También ocurre en el Reino Unido, con talleres que fabrican para marcas como River Island, New Look, Boohoo y Missguided: “No podemos competir con China y Bangladesh” decía uno de los propietarios de estas fábricas para justificar pagar menos de la mitad del salario mínimo de sus trabajadores (3 libras en lugar de 7,20 por hora). En Leicester, ocurre algo parecido, y en 2018 se está pagando un tope de 5 libras en lugar del mínino de 7,83 por hora. Los talleres se amontonan en edificios ajados, donde los propietarios pasan las inspecciones debido a que contratan por menos horas a los trabajadores para justificar el mínimo legal, pero luego trabajan el doble o más, lo que hace que en la mayoría de los casos no se llegue ni a esas 5 libras la hora.

Como comenta Raghuram (2017), en Los Ángeles (California) son habituales los abusos laborales en factorías que producen ropa con el valor añadido para las marcas de la cercanía al mercado de destino, pero a cambio de pagar unos salarios ilegales a los trabajadores (entre $4 y $7 la hora), por debajo del salario mínimo en el Estado ($10.50 la hora), y con jornadas de 11 horas seis días a la semana. Otras características de este tipo de fábricas son tristemente familiares: fábricas plagadas de ratas y cucarachas, puertas de emergencia bloqueadas, baños insalubres, y amenazas a los trabajadores de perder su empleo si protestan.

Además, en ocasiones los fabricantes deciden trasladar sus pedidos a países con todavía peores condiciones laborales (más baratos para las marcas). Aunque parezca difícil creerlo, un sueldo medio 67 o 68 $ al mes en Bangladesh (uno de los países más pobres del mundo), puede parecer caro a las marcas y desplazar su producción a países como Etiopía

3. ¿Estos países han mejorado gracias al crecimiento de la industria textil?

Es una pregunta muy compleja.

El crecimiento no es la respuesta para superar la desigualdad. Pero en ocasiones desde los gobiernos se alientan este tipo de prácticas y se crean programas específicos para emplear a personas desocupadas, a través de agencias que pre entrenan trabajadores sin ningún tipo de formación previa,  como ocurre por ejemplo en varias ciudades de India.  Los ven como una forma de seguir creciendo,  y no desaprovechar la mano de obra de millones de mujeres que viven como amas de casa o que están en poblaciones rurales sin un trabajo definido. Para muchas de esas mujeres, trabajar en la ciudad y en una factoría proveedora de empresas occidentales es como un sueño de prosperidad. Aunque muchas de ellas despiertan de ese sueño una vez conocida la realidad del trabajo ofrecido por el capitalismo menos piadoso.

Dado que muchos gobiernos promocionan las zonas francas, en ocasiones ayudan a los trabajadores con diferentes inversiones sociales, como la construcción de viviendas para trabajadores de esas maquilas, por ejemplo en Honduras. Ciertamente, la apertura de esas fábricas es vista con esperanza por muchos ciudadanos que viven en condiciones muy duras, como una forma de obtener trabajo. Los Estados consiguen  divisas y generar empleo. Por ejemplo, el gobierno de Honduras ve como un éxito el empleo de 140.000 trabajadores en este sector.

En Bangladesh es innegable el crecimiento económico, hay menos desempleo y un mayor número de personas escolarizadas. El empleo de las mujeres en la industria textil es identificado como uno de los factores que ha contribuido a ese crecimiento. Pero la realidad del trabajo de las mujeres en Bangladesh sigue siendo muy heterogénea y preocupante. En cualquier caso hay algunos otros datos que se interpretan como positivos, como el incremento de la edad para casarse o para tener el primer hijo, cuya probabilidad es mayor para las adolescentes que no trabajan en la industria textil. Mejora de indicadores sociales y económicos, sí, pero insuficiente.

Sin embargo, 5 años después de la tragedia del Rana Plaza, la situación dista mucho de ser la deseada. Múltiples fábricas siguen incumpliendo las leyes, continúa el trabajo infantil, la explotación laboral y la contaminación masiva y descontrolada del entorno, provocando que todavía hoy podamos ver una realidad Dickensiana, tal y como muestra este reportaje del New York Times (fotos de Daniel  Rodríguez):

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En Camboya diversas organizaciones la colaboración entre el gobierno, la Organización Internacional del Trabajo y los propietarios de las fábricas se enmarca dentro de un programa llamado “Better Factories Cambodia”. Según ellos, los 15 años de trabajo de este programa están dando sus frutos, pero esa visión tan optimista contrasta con los datos sobre la precariedad salarial del trabajador medio de la industria textil en ese país, y la negativa de varias multinacionales de colaborar para que se incremente mínimamente.

El establecimiento de zonas francas también puede resultar positivo desde el punto de vista de la creación de empleo (aunque precario) y de la dinamización de otros sectores locales, así como de la transferencia de know-how de los empleados formados para el trabajo de esas grandes empresas, y que luego pueden acabar trabajando para otros negocios locales, beneficiándose así estos de sus habilidades y destrezas adquiridas.

La pobreza se ha reducido en las últimas dos décadas, pero como bien indica el reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, para luchar contra ella no basta sólo con aumentar la cantidad de personas empleadas, sin también la calidad de esos trabajos y sus derechos laborales.

Por ejemplo, India es el segundo país más desigual del mundo aunque está entre los 10 primeros más ricos, pero el 1% de la población controla el 53% de la riqueza. En el año 2000 “sólo” controlaban el 36.8%.

En cualquier caso, diferentes indicadores muestran una muy leve mejora global de los grandes productores textiles, una menor pobreza y una menor desigualdad, pero con muchos matices, porque hay gran hetereogeneidad entre países. Así, sería muy discutible afirmar que Indonesia, India, Honduras, Bangladesh Guatemala o Sri Lanka tienen una mejor situación. Otra cuestión es si esa variación de los indicadores hay que atribuirla a la industria textil o es debido a otros múltiples factores económicos y sociales.

Menor pobreza extrema, es cierto, porque la pobreza persiste, ya que el porcentaje de la población que vive con menos de 5 dólares al día continua siendo muy alto en la mayoría de esos países. En las siguientes figuras (realizadas en la base de datos de Knoema) se muestran varios indicadores de desigualdad y pobreza. El coeficiente de Gini es un indicador de reparto de la riqueza donde valores más cercanos a 1 (o a 100 dependiendo de la escala) significan mayor desigualdad. 

Sri Lanka

Sri Lanka

Camboya

Camboya

Bangladesh

Bangladesh

China

China

India

India

Indonesia

Indonesia

Honduras

Honduras

Guatemala

Guatemala

El Salvador

El Salvador

4. ¿Por qué los trabajadores demandan cobrar más que el salario mínimo?

Porque es un derecho universal.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 25.1 así lo indica; todo el mundo tiene el derecho a un estándar de vida adecuado que permita el bienestar suyo y de su familia, incluyendo la comida, la ropa, la asistencia médica, el domicilio, servicios sociales, etc. Aunque los trabajadores cobren el salario mínimo, esos ingresos son tan bajos que no les permiten llevar una vida digna. Por tanto, el salario mínimo no es equivalente al “salario digno” (living wage en inglés) en la mayoría de las circunstancias.

Las fábricas compiten entre ellas por ofrecer el precio más bajo a las marcas, por lo que tienen incentivos a reducir sus costes pagando a los trabajadores lo mínimo que permite la ley de cada país. Esta práctica está haciendo un trasvase masivo de inversión a, por ejemplo, Etiopía, por parte de capital asiático. En ese país se pueden pagar salarios de tan sólo $25, que junto con unos incentivos por objetivos suponen un ahorro ostensibles en costes con respecto a países tan “baratos” como Bangladesh, donde el mínimo está en $69 al mes.

Según el Equipo de Investigaciones Laborales de El Salvador y la Red de Solidaridad de la Maquila, la falta de un salario digno en las maquilas es un problema que enfrenta toda Centroamérica. Haciendo la comparación en dólares estadounidenses, una trabajadora suele obtener $331 mensuales en Guatemala, $272 en Honduras, $211 en El Salvador y $157 en Nicaragua. Además, las empleadas de las maquilas suelen ser mujeresy en su mayoría son el único ingreso en sus hogares.

Solo el salario mínimo de maquila en El Salvador es suficiente para cubrir los costos de una Canasta Básica de Alimentos de acuerdo a datos oficiales, aunque la línea de diferencia es muy pequeña. El salario mínimo es de $210,90 mientras la Canasta Básica de Alimentos cuesta $205,13 (febrero 2016). En Guatemala el salario mínimo  es de $331,26 y el coste de la canasta básica de alimentos es de $479,96, con datos de febrero de 2016. Ante esta situación, los trabajadores tienen que hacer muchas horas extra para incrementar sus ingresos. Estas canastas de alimentos son lo más próximo a un salario digno, aunque no se tiene en cuenta el coste del cuidado de los hijos y el ahorro. Por ejemplo, según investigaciones del Equipo de Investigaciones Laborales (EIL-SV), mientras que la Canasta de Mercado en El Salvador cuesta $589,73 (datos de diciembre de 2015) una mejor aproximación a un salario digno sería de $692,70.

En cuanto a los países asiáticos, aquí podemos ver diferentes medidas de tendencia central de la distribución de salarios de trabajadores textiles:

– Bangladesh: Media de 83 dólares al mes, con casos de 68 dólares al mes.

– China: Entre 165 euros y 209 al mes sin contar horas extra

– Birmania: Media de 99 dólares al mes.

– India: 108 dólares mensuales

– Indonesia: 228 dólares mensuales

– Camboya: Mediana de 166 dólares al mes

Los salarios dependen del tipo de cualificación, pero los de nivel más bajo, como ocurre en Bangladesh, apenas llegan a los 69$ al mes:

b214_2Como contraste indicamos que en Estados Unidos un trabajador de la industria manufacturera gana alrededor de $34 por hora. En 1996, los trabajadores de Nike en Indonesia ganaban menos de $0.30 por hora, cuando el salario mínimo en Estados Unidos era de $4.75 por hora, es decir casi 16 veces más, o lo que es lo mismo un 1483% más.

La ONG Labour Behind the Label, estima que el salario mínimo en muchos de esos países es sólo un pequeño porcentaje del salario que les permitiría vivir dignamente:

  • Bangladesh: 18%
  • Sri Lanka: 20%
  • Camboya: 34%
  • China: 53%
  • India: 62%
  • Indonesia: 63%

Ciertamente es difícil recoger estadísticas homogéneas; hay mucha disparidad. Por ejemplo, Asia Floor Wage Alliance, que es una unión internacional de sindicatos indica que el salario digno para esos trabajadores sería de unos $283 al mes, que es por lo tanto mucho mayor que lo que los sindicatos locales están demandando y lo que el incremento que las grandes marcas deniegan. Dado que el salario mínimo en Camboya es de 140  dólares, entonces el porcentaje subiría del 34% reportado por Labour Behind the Label, hasta el 49% reportado por Asia Floor Wage Alliance.

Los sindicatos de Bangladesh reclamaron a comienzos de 2018 tres veces más del salario mínimo, lo que se traduciría en cobrar algo más de $190 al mes. En cualquier caso, y pese a la disparidad de las cifras que ofrecen diversas fuentes, es evidente que se está muy lejos de unos salarios dignos.

En Europa, tal y como Clean Clothes Campaing muestra, también se dan condiciones extremadamente precarias en cuanto al salario digno. En Hungría, Serbia y Ucrania el salario que cobran dista bastante de lo que sería un salario digno, y los trabajadores textiles sufren esa situación. Marcas como Benetton, Esprit, GEOX, Triumph y Vera Moda, son algunos de los compradores de esas fábricas.

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Enseñas como H&M han prometido asegurarse de que se paga un salario mínimo a los trabajadores en sus fábricas de Bangladesh y Camboya. La marca sueca dijo en 2013 que en 2018 alcanzarían ese objetivo. Pero lo cierto es que a pocos días de que se cumpla el plazo nada se conoce sobre la evolución de ese compromiso, por lo que algunos sospechan que no es más que otra estrategia publicitaria más.

En las fábricas de juguetes se encuentran situaciones similares. Por ejemplo, como indica este informe de China Labor Watch,  la estimación del salario digno en China en la provincia de Guangdong está entre los $991 y los $1078 al mes. Esto indicaría que para una casa con 4 personas, dos personas adultas deberían ganar entre $495 y $539 mensualmente como mínimo. Sin embargo, el salario base es de sólo $301.87 en la fábrica “Jetta”, $258.74 en la fábrica “Herald”,  $287.49 en la fábrica “Wah Tung”, y $247.24 en la fábrica “Lovable”. De esta manera, se ven obligados a hacer interminables horas extra para compementar esos salarios para tratar de acercarse a un salario digno.

Lo cierto es que ninguna de las grandes marcas lo hace, pese a que realmente podrían hacerlo siendo rentables (como demostré para el caso de Nike). El ejemplo de Alta Gracia, ese “experimento” que lleva años realizándose en la República Dominicana, debería tomarse como referencia.

5. ¿Les sale a las marcas rentable fabricar a miles de kilómetros de distancia?

Sí, claramente.

Un ejemplo es el comentado por Tony Norfield en relación a una camiseta que H&M vende por 4.95 euros . Así sería el desglose de costes desde que la fábrica de Bangladesh compra el algodón para hacerla:

  • 0.40 euros: coste de 400 gramos de algodón para la fábrica de Bangladesh
  • 1.35 euros: el precio por el que H&M le compra a esa fábrica
  • 1.41 euros: 0.06 euros de costes de envío hacia Alemania
  • 3.40 euros: 2 euros más que se le añaden por todos los costes asociados de H&M (salarios, administración, marketing…)
  • 4.16 euros: se añaden 0.60 euros de beneficio neto más unos céntimos más para otros costes
  • 4.95 euros: se añade el 19% de impuesto de valor añadido

De este modo el margen por cada camiseta de menos de 5 euros es de 0.60 céntimos para H&M, es decir un 15% de su precio de coste (3.40 euros). El margen sobre el precio de venta antes de impuestos es del 31.3%. La fábrica de Bangladesh asume los costes de producción y hace que lo que le llegue al trabajador en forma de salario sea prácticamente marginal (0.10 o 0.15 euros).

Pero hay casos en los que ese margen puede ser mayor, incluso del 60%, como muestra la siguiente figura, basada en la investigación realizada por el O’Rourke Group Partners:

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Una explicación mucho más extensa sobre el margen de beneficio en la industria textil y su forma de reportarlo la escribí en este post.

Y por supuesto se puede llegar a márgenes superiores al 70%, lo que explicarían que se llegaran a los descuentos de esa cifra que se pueden ver en muchos establecimientos, como estas camisetas Disney, fabricadas en Honduras y vendidas en España, cuyo precio real sin descuento confiere a la marca un margen extraordinario:

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El precio de venta final de algunos de los productos que confeccionan, sin embargo, puede representar 300 veces que lo que gana la trabajadora por su elaboración. Es el caso por ejemplo de las camisetas de la NFL (Liga Nacional de Futbol Americano), vendidas a 25 dólares, mientras que la empleada que las fabrica sólo percibe 8 centavos por cada una.

Situaciones similares también se encuentran en la industria del juguete:

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En las siguientes figuras se pueden ver varios indicadores financieros relativos al beneficio de compañías que tienen un gran número de proveedores en esos países. 

(1) Operaiting income (beneficio operativo): Es el beneficio antes de impuestos

(2) Net income (beneficio neto): Es el beneficio después de impuestos

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Por tanto, parece evidente que les va muy bien.

6. ¿Quién defiende a los trabajadores?

Los sindicatos y las ONGs, principalmente.

Los sindicatos son el sustento fundamental para los trabajadores a la hora de defender sus derechos.  El problema viene cuando esa supuesta libertad sindical se ve dificultada por los propios gobiernos que tienen intereses en las fábricas, como en el caso de Bangladesh.

A veces también ocurre que aunque haya libertad sindical, los dueños de las fábricas amenazan a los trabajadores con represalias si crean o si se afilian a un sindicato, como ha ocurrido en varios proveedores de H&M en Camboya.

Un ejemplo muy claro de este tipo de amenazas se describe en Sewing Hope, donde se narra la historia de la creación de Alta Gracia, la fábrica que paga salarios dignos en la República Dominicana. Antes de su nacimiento, algunos trabajadores empleados en fábricas textiles sufrían las amenazas y presiones por parte de los dueños, con todo tipo de técnicas variopintas, como la de donar dinero a las iglesias para que los curas sermonearan los peligros de sindicarse. Y también presiones por parte de otros empleados que veían esa sindicación como un paso para cerrar la empresa en el futuoro.

Pero hay luchas que al final dan un resultado positivo. En Villa Alta Gracia costó algunos años, pero desde 2010 hay un proyecto ilusionante. En Túnez, también tenemos otro ejemplo a destacar, y en 2015 las trabajadores de una fábrica en quiebra a las que se les adeudaba salario, tomaron las riendas de la empresa para manejarla de forma que pudieran trabajar más dignamente y recuperar el dinero que les pertenecía. El sindicato formado en 2013 fue un paso esencial para ello.

Las asociaciones como “Mujeres transformando” en El Salvador llevan años denunciando las condiciones laborales: “Las maquileras soportan jornadas extenuantes, maltrato y riesgo de enfermedades. Las maquilas son como campos de concentración” . Esta campaña ha posibilitado encuentros entre bordadoras y el acercamiento de las mismas a las instancias tuteladoras de derechos.  La acción de estas asociaciones  ha permitido que estas trabajdoras hayan planteado reformas al Código de Trabajo que posibiliten tutelar de mejor manera sus derechos. Han entregado al Ministerio de Trabajo una propuesta de Protocolo de Inspecciones para el Trabajo a Domicilio, como una herramienta necesaria para que el Ministerio pueda realizar inspecciones en los puestos de trabajo de las bordadoras. Ahora intentan que se aprueben las reformas y también ratifiquen el Convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo a domicilio

En Indonesia el trabajo de las ONGs como Oxfam también han ayudado a que los trabajadores mejoren sus condiciones laborales, y que las marcas como Nike o Adidas acometan acciones para que se trabaje de manera más digna.

7. ¿Ha mejorado la situación en los últimos años?

Sí, pero no es suficiente.

Por ejemplo, algunas organizaciones como Clean Clothes Campaign han criticado acuerdos de comercio justo, sellado bajo la etiqueta Fairtrade International,  concretamente de 3 marcas alemanas: 3Freunde, Shirts for Life and Melawear. La crítica consiste en que se ha firmado el acuerdo sin que todavía se haya llegado a pagar un salario digno a sus trabajadores. Aunque los estándares de la certificación indican que las marcas tienen un máximo de 6 años para hacer que se paguen salarios dignos, si esa responsabilidad recae en los proveedores y no en la marca, es posible que no se lleguen a alcanzar, y mientras tanto las marcas aprovechan esa certificación como herramienta de marketing para alzar sus precios y mejorar los beneficios.

Tras el desastre del Rana Plaza en Bangladesh, ocurrido el 24 de abril de 2013, y en el que murieron 1134 trabajadores y 1500 resultaron heridos, se firmó un acuerdo para mejorar la seguridad. El acuerdo fue firmado el 15 de mayo de 2013, y tiene duración de 5 años, donde participan unas 200 marcas y agrupaciones sindicales de Bangladesh. Las marcas tienen que destinar fondos para la inspección periódica de las fábricas y crear comités de seguridad en esas factorías. Sin embargo, cuando ya se ha superado el ecuador del plazo  para ejecutar el acuerdo, todavía hay muchas fábricas inseguras. Un ejemplo son los proveedores de H&M, que en mayo de 2016 todavía tenían deficiencias de seguridad contra incendios en un número elevado (más de una treintena de fábricas).  Pero, la reciente tragedia de la fábrica Tampoco Foil en Bangladesh, se produjo por la explosión de una caldera, un elemento que está fuera de los acuerdos de seguridad firmados por sindicados y marcas en relación a 1600 fábricas textiles. Es decir, se está empezando a mejorar sobre cómo mejorar la seguridad cuando hay un fuego pero todavía hay muchas lagunas sobre cómo prevenir que este se produzca.

En general están mejorando, pero la forma de hacerlo es muy heterogénea. Hay casos en los que hay una voluntad explícita por mejorar en la cadena de suministro. Por ejemplo, la marca suiza Switcher implementó durante varios meses un mecanismo para hacer llegar a los trabajadores de sus proveedores un dinero extra por cada unidad vendida. Sin embargo, se toparon con dificultades puestas por los propios dueños de las fábricas, que llevaron a tener que rescindir contratos con varias de ellas.

Otras marcas participan voluntariamente en iniciativas como las de Fair Wear Foundation, para trabajar conjuntamente con las fábricas en mejorar las condiciones laborales.

Sin embargo, los casos de explotación laboral siguen siendo habituales. Por ejemplo, la fábrica Hanna Knitwear, que produce para varias empresas, entre ellas El Corte Inglés (Espirt, Sfera y Dustin), tiene un historial de abusos continuados a sus trabajadores (jornadas de 13 horas, 7 días a la semana, trabajo hasta la medianoche, denegación de bajas por enfermedad o maternidad…).

En Camboya, en 2014 5 personas murieron cuando la policía disparó contra una muchedumbre de cientos de trabajadores de la industria textil insatisfechos con la última subida salarial. En 2015, la policía usó cañones de agua para dispersar a una multitud de casi 30000 trabajadores que protestaban en una de las zonas francas del país.

En las maquilas de Nicaragua la situación ha mejorado en los últimos años en cuanto a higiene y seguridad, pero aun falta mucho por hacer, sobre todo en cuanto al tema de las enfermedades causadas por el trabajo o vejaciones y maltratos. Todavía sigue habiendo despidos por quedarse embarazadas.

Puede que algunas fábricas hayan mejorado en su seguridad, como ocurre en Bangladesh, pero los trabajadores siguen siendo tratados como máquinas, no como humanos, provocando la muerte y el desamparo de personas que están esclavizadas. 

Una perspectiva histórica de la problemática endémica en esta industria puede consultarse en este registro de la cronología nefasta de Nike en el periodo 1988-2000. Como puede deducirse de ese listado de agravios y malas prácticas, la marca de Oregón se ha aprovechado del trabajo esclavo y sufrimiento de miles de personas (sobre todo en Corea e Indonesia) para construir su imperio de líder absoluto del mercado de ropa y calzado deportivo.

En 2017, la situación puede que haya mejorado un poco, pero todavía nos encontramos con condiciones de esclavitud en su fábrica de Hansae en Vietnam, que ha levantado las protestas de colectivos de estudiantes universitarios norteamericanos para que no se renueven los contratos de patrocinio.

En 2013 H&M prometió que pagaría salarios dignos a sus 850000 trabajadores de sus principales proveedores (no de todos, sino de los más relevantes). Cinco años después, una investigación de Clean Clothes Campaign muestra que la situación real en algunas de sus fábricas dista mucho de ser la prometida.  Es más, sigue siendo extremadamente crítica para muchos de esos trabajadores. La investigación, realizada con muchas dificultades (muchos trabajadores tenían miedo a hablar) tras entrevistar a 62 empleados de fábricas de Bulgaria, Turquía, Camboya e India, deja unos resultados que, tristemente, reafirman la realidad de este sector.

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En definitiva, después de una situación extremadamente crítica, con cientos de muertes ocurridas, el sector ha reaccionado y ha implementado acciones de mejora. Pero a día de hoy se está muy lejos de conseguir un nivel de dignidad adecuado.

8. ¿Es más cara la ropa producida en mejores condiciones?

Sí, pero con muchos matices.

Como indica Fair Wear Foundation, el salario de los trabajadores a menudo pesa sólo entre un 2% y un 4% del precio final del producto. Por ejemplo, sobre una camiseta de precio de venta al público (PVP) 40 euros el trabajador percibiría entre 0.8 y 1.6 euros. Subir un 50% el salario del trabajador incrementaría el precio de esa camiseta entre 0.4 y 0.8 euros. Ese 50% podría llegar ya a ser suficiente para obtener un salario digno. Por tanto, si la camiseta se vendiera a 40.4 o 40.8 euros el trabajador mejoraría ostensiblemente sus condiciones de vida.

Y ese mínimo incremento de precio tampoco tendría porqué repercutir en el consumidor, ya que las marcas podrían ajustar un poco más el margen, y los distribuidores también. A modo ilustrativo, si sobre esos 40 euros un distribuidor obtenía un 10% de margen  sobre el precio de venta (4 euros), sus beneficios ahora serían de 3.6 o 3.2 euros por unidad, es decir, su margen sería ahora de un 9% o de un  8%.

Pero si ese incremento se repartiera en la reducción de márgenes de toda la cadena de suministro (agentes, fabricantes, distribuidores, consumidores) la repercusión para todas las partes sería prácticamente inapreciable.

Invito a los lectores a hacer ese mismo ejercicio con  una camiseta de PVP 4 euros (los precios bajos son una característica de muchos de estos productos), para ver lo que supondría en términos de incremento de precio el que los trabajadores cobraran un salario digno.

9. ¿Por qué se produce en estas circunstancias?

Básicamente por el modo de vida occidental, que demanda precios cada vez más bajos y rotaciones altas de productos. Consumimos 4 veces más ropa que en los años 80, en muchas ocasiones a unos precios irrisorios incluso de las marcas más renombradas. Pero los productos a precios más caros a menudo son producidos en las mismas deficientes condiciones laborales.

Mientras de manera general los precios de los productos de consumo han subido, no lo han hecho así lo de la industria textil. En este gráfico puede verse para el caso de Estados Unidos la diferencia en esa evolución.

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Este es un reflejo claro de que el consumidor puede comprar más ropa que antes en relación a su presupuesto o, visto de otro modo, que puede gastar lo mismo en ropa y ello suponerle un menor gasto global. Es decir, se está alentando el consumo masivo de productos a bajo precio por la ventaja relativa en precio que suponen con otros ítemes de la cesta de la compra.

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Otro aspecto a resaltar es el interés de los “países ricos” en este modo de producción, en el sentido de que los bajos salarios en los países donde están localizadas las fábricas hacen que en los países de destino se generen trabajos de tipo ejecutivo en torno a actividades de marketing o gestión, y además los impuestos sobre la venta (valor añadido) se quedan en esos países de destino. Por tanto, en los países de origen la recaudación por impuestos para los Estados es relativamente menor, y por tanto hay una menor externalidad positiva de la actividad comercial sobre el conjunto de la población.

Esto es quizá más acuciante en aquellos países con establecimiento de Zonas Francas para la producción de textil, donde multinacionales extranjeras tienen facilidades fiscales. A este hecho, hay que añadir que muchos propietarios de las fábricas en países como Bangladesh, Camboya o Myanmar están localizados en Hong Kong, donde de nuevo el tratamiento fiscal es más ventajoso.

Es interesante reflexionar acerca de cómo las marcas prefieren complicadas cadenas de suministro, con muy farragosos procesos de compra con el único fin de ahorrarse el coste de la mano de obra. Por  ejemplo, cuando sucedió la tragedia de noviembre de 2012 en la que murieron 112 personas en una fábrica en Dhaka (Bangladesh), el proceso de compra de Wal-Mart, el gigante de la distribución estadounidense, era el siguiente: Wal-Mart subcontrata a una empresa de Nueva York, Success Apparel, para cursar el perdido. Success Apparel hace lo propio con una empresa de Bangladesh, llamada Simco Bangladesh Ltd, que manda a su vez la orde a Tuba Group, que la envía a Tzreen Fasions, que operaba en la planta incendiada. El control de esa cadena de suministro se hace complejo, pero lo realmente llamativo es que aun teniendo en cuenta todo ese proceso de intermediación, a las marcas les sale rentable producir así.

10. ¿Por qué las mujeres son especialmente vulnerables?

Alrededor de 55 millones de mujeres trabajan en las fábricas textiles, principalmente en el sudeste asiático. A menudo son víctimas de abusos verbales y están muy poco representadas en los puestos intermedios. Muchas de ellas son obligadas a hacer horas extra sin remunerar, lo que alarga la jornada laboral, con el perjuicio que ello tiene para su núcleo familiar. En ocasiones no disfrutan de permiso de maternidad, y a veces no tienen contrato de trabajo.

Algunas tienen que dejar de trabajar sobre los 40-45 años porque no puede aguantar la exigencia física y psicológica de tantos años de trabajo duro para cumplir unos objetivos de producción.

Las mujeres constituyen más del 50%, y en algunos casos el 90%, del empleo en este modelo de producción. En las maquilas de El Salvador, por ejemplo, 9 de cada 10 trabajadoras de producción son mujeres. Muchas son madres, el 80% según varios estudios y lideran hogares monoparentales. Otra característica es que muchas de ellas provienen de zonas rurales, con muy poca formación y poca conciencia de cuáles son sus derechos.

En El Salvador hay entre 70000 y 80000 personas trabajando en las maquilas un un 80% son mujeres. En ese país hay jornadas de 12 y hasta incluso 16 horas.  En las maquilas de Nicaragua, 7 de cada 10 trabajadores son mujeres, siendo la única opción laboral. O eso o nada. El sueldo mínimo es de 4400 córdobas, pero con incentivos  y horas extra algunos cobran 8000 pesos. La jornada dura de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con 45 minutos de descanso a medio día. Otras mujeres trabajan desde casa, en colaboración con otros miembros de la familia, sobre todo en tareas de costura y bordados. Las mujeres hacen el equivalente a 2 o 3 trabajos por el mismo salarios, y cuando enferman aunque sea un sólo día les quitan sus incentivos por metas de producción y su bono complementario. Las extensas jornadas laborales minan su salud, pero cuando enferman por culpa del trabajo se ve como enfermedad común y no como riesgo laboral, lo que hace que pierdan parte de los derechos a los que tendrían acceso.

En el informe de la Asociación Paz con Dignidad presentado en enero de 2017 se puede leer lo siguiente: “Las voces de las trabajadoras de las maquilas evidencian que, después de 40 años, la industria del textil y vestuario en la región centroamericana, recrea una dinámica de violación a los derechos humanos en el trabajo, a saber: discriminación de género, temporalidad en el empleo, no pago del salario mínimo y los beneficios, ausencia de condiciones de higiene y seguridad, violencia laboral y de género, violación a libertad sindical, entre otros. Estas situaciones han sido documentadas en diferentes investigaciones de las organizaciones de la región”. Un resumen de una realidad triste.

Monserrat  Arévalo, portavoz de Mujeres Transformando, definía así en 2015 las condiciones de  trabajo de las mujeres en las maquilas: “Son muy duras. Cada día una mujer tiene una meta. La empresa le dice: tienes que sacar 1.500 camisetas, esos significa que cada hora me vas a tener que estar dando 60 camisetas, casi una por minuto.Para conseguir esos números las mujeres no toman agua para no levantarse al baño, están esclavizadas a la máquina, tienen que soportar malos tratos y una presión constante. Muchas veces no almuerzan y alargan sus jornadas laborales para alcanzar esa meta.  Los baños están cerrados con llave, hay cámaras de vigilancia… es como un campo de concentración. Esto se traduce en 6 dolares con 25 centavos al día, un salario de 202 dólares mensuales, en un país caro como El Salvador, y eso no les alcanza para vivir. No tienen equipos de protección personal, no se les da mascarillas, El Salvador es un país tropical, hace mucho calor, mucha humedad. Soportan temperaturas de hasta 38 grados sin ventilación, respiran la pelusa de la tela y van perdiendo capacidad respiratoria, van enfermando. Y al final para la maquila dejan de ser productivas a los 35 años, porque han dado tanto de sí desde muy jovencitas y el cuerpo ya no resiste ese ritmo febril, y si ya no va a poder dar esa cantidad de camisetas que necesito, ya no servís para la maquila. Deja personas enfermas que jamás van a poder salir con ese salario de la  pobreza. Te estoy hablando de mujeres, madres solteras en su mayoría de 3 o 4 hijos, que con este trabajo no tienen la capacidad de proyectarse y planificar su futuro. Generalmente las jóvenes hijas de las maquileras luego a su vez se insertan en la maquila, y no tienen más que la capacidad de ir administrando la pobreza con ese salario que tienen”.

El maltrato sexual es otro lamentable indicador de vulnerabilidad; trabajadoras en Indonesia cuentan que sufren abusos sexuales por parte de los propietarios de las fábricas, continuas amenazas si no tienen sexo con ellos. Igualmente ocurre en algunas fábricas en India. Pero la amenaza del abuso sexual es constante en diversos países, lo que lleva a la necesidad de que haya programas dirigidos exclusivamente a paliar este problema.

Silvia Federici, escritora, profesora y activista, define así el trabajo de las mujeres en las maquilas americanas: “En América Latina, la expropiación de la tierra es la raíz de la maquila, ya que las mujeres jóvenes no pueden sustentarse con una actividad del campo que dejó de existir, y ante la falta de oportunidades se ven obligadas a trabajar en la maquila. Son trabajadoras cuyos padres perdieron la tierra o se han endeudado con la política de Monsanto para comprar las semillas. El despojo de la tierra, el endeudamiento de los campesinos, que ha provocado tantos suicidios, ha sido la base y el fundamento sobre el cual se ha construido la maquila, que ha sido el reemplazo de las grandes concentraciones industriales. La maquila es una institución militar, no solamente económica, y en ella se puede poner cualquier condición de trabajo: no se permite la organización ni la sindicalización, no existen horarios ni protección de los derechos. La maquila es un ataque contra la salud de las mujeres y un ataque contra los derechos humanos en general”.

El trabajo en casa puede dar ciertas ventajas a nivel de flexibilidad pero en muchas ocasiones es engañoso porque esas trabajadoras cobran menos y tienen menos derechos, a pesar que la Organización Internacional del Trabajo indica que las condiciones de trabajo estándar deben ser aplicadas a aquellas personas que trabajan desde sus hogares.

11. ¿Hay trabajo infantil?

Sí.

En algunos países se permite trabajar a niños de 14 años. Por ejemplo, en Bangladesh es legal contratar a niños de 14 a 18 años siempre que no trabajen más de 5 horas al día. Pese a ser legal en esas condiciones, desde la mirada occidental habría que preguntarse si un niño de 14 años que pase 20 horas trabajando a la semana es admisible. Algo similar ocurre en Myanmar, donde trabajan niños a partir de 14 años por $0.16 la hora, para marcas como H&M, Lonsdale, Muji, New Look o Pierre Cardin.

Igualmente en India la edad mínima es de 14 años, pero en determinados trabajos de empresas familiares se permite el empleo infantil. Y es terrible cuando suceden casos como el de N. Kalaysarasi, una chica de 14 años, que murió porque retornó a la fábrica pese a estar enferma para no perder el bonus. La niña tenía neumonía, pero no quería perder el bonus de $41.52, una “gran cantidad” comparada con los $3.54 que ganaba al día.

En cualquier caso, siguen surgiendo casos de trabajo infantil, algunos de ellos extremadamente lamentables, como el referido al fallecimiento de un niño de 9 años en una fábrica de Bangladesh en julio de 2016, después de ser torturado hasta la muerte con un compresor. La forma de ejecutarlo fue terrorífica. La policía descubrió en esa fábrica a 27 niño trabajando, muchos de ellos menores de 14 años. Un año antes, un niño de 13 años había muerto en circunstancias similares en otra fábrica del país.  Unicef estima que alrededor de 4.9 millones de niños entre 5 y 14 años trabajan en numerosas industrias en Bangladesh, superando las estimaciones realizadas en 2003 que rondaban los 3.2 millones.

En el informe realizado por  Overseas Development Institute a finales de 2016 se indica que el 15% de los niños entre 6 y 14 años de los barrios más pobres de Bangladesh trabaja una media de 64 horas semanales, principalmente en la industria textil

Según Unicef, el trabajo infantil es particularmente relevante en la industria textil porque diversas tareas de la cadena de producción requieren mano de obra poco cualificada. En la recolección de algodón a menudo se prefiere a niños que tienen dedos más pequeños y no dañan el cultivo.  Otra característica es la obediencia de los niños a los empleadores, lo que les hace fácilmente manejables.

En Camboya, hay niños entre 14 y 18 años trabajando 12 horas al día en fábricas subcontratadas por H&M.

En Uzbequistan e India se han encontrado niños trabajando en la recolección de algodón y en las hilanderías. Es una forma además de trabajo forzado. En India se conocen a estas niñas como “niñas Sumangali”, una historia terrible de abusos y explotación a niñas a cambio de algo de dinero. Marcas como Walmart, H&M, Gap, Abercrombie o Mothercare han contado con esas fábricas entre sus proveedores en 2013. Tajiskistan, Uzbekistan y Turkmenistán son también focos importantes de trabajo infantil y forzado, implementándose campañas en la actualidad para presionar a los gobiernos de esos países para que actúe al respecto.

En el caso de India, en un informe publicado en 2014, empresas como El Corte Inglés, Inditex, Carrefour y Cortefiel se han ligado a ese trabajo esclavo.

El último informe del Bureau of International Labor Affairs sobre la situación en 2015 se muestra que algunos países donde la industria textil es importante han hecho avances significativos con respecto a 2014 (Argentina, Brasil, Camboya, Guatemala, Paraguay), y otros moderado (Bangladesh, El Salvador, Honduras, India, Indonesia, Nicaragua, Pakistán, Sri Lanza, Tailandia, Turquía). Aun así, queda mucho margen de mejora.

En octubre de 2016, la BBC publicó un reportaje sobre cómo varios proveedores de marcas como Zara o Mango empleaban a niños refugiados sirios en sus fábricas de Turquía. Niños entre 11 y 15 años trabajando 12 horas diarias en condiciones de explotación. No tienen otra opción, según sus padres, si quieren sobrevivir. Las marcas son conscientes de ello, y aunque argumentan que trabajan duramente para evitar esta situación, la evidencia muestra que es a todas luces insuficiente. La situación sigue siendo dramática para los refugiados sirios en Turquía.

En 1833 el parlamento británico dictaminó que los niños no podían trabajar más de 8 horas al día en las fábricas textiles. Era el universo de Dickens, y se tomó como un gran avance ya que hasta entonces la situación era más dramática todavía. Casi 200 años después, esas condiciones se reproducen en muchos lugares del mundo.

12. ¿Hay libertad sindical?

No la hay, al menos en su totalidad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23.4 indica que es un derecho para cualquier trabajador el poder organizarse con otros para proteger sus intereses. El problema es que hay propietarios de fábricas que intimidan a sus trabajadores si estos defienden sus derechos, y los amenazan con el despido si se organizan.

Aunque haya libertad de asociación, a veces es difícil llevarla a la práctica.  Por ejemplo, la prevalencia de los contratos de protección patronales en México, que son contratos colectivos simulados que son negociados entre empleadores y sindicatos ligados al empleador, protegen a este del surgimiento de sindicatos representativos y democráticos, y de negociaciones colectivas que busquen mejorar las condiciones laborales.

No todos los países ratifican los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ejemplo, en 2014 México no había ratificado el C087 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. En 2015 China e India tampoco lo habían hecho. A este respecto, tanto China como India no han ratificado otras convenciones importantes en defensa de los trabajadores.  La ratificación no significa cumplimiento, pero al menos supone un mecanismo de supervisión, por el que estados y sindicatos pueden comunicar su evaluación. En países como Pakistán, India, Bangladesh o China, tampoco hay protocolos para la protección de los derechos de los trabajadores basados en varios tratados internacionales sobre derechos humanos. En teoría son los Estados los que deben garantizar que se cumplen estos derechos, pero en la práctica fallan en hacerlo en muchas ocasiones. Es más, hay países como India en los que se prohíbe el derecho a huelga en las organizaciones que son propiedad del Estado. En China, todavía varios trabajadores de proveedores de marcas como Calvin Klein o Ralph Lauren han sido encarcelados por demandar mejoras laborales e incitar a la huelga.

En Egipto, por ejemplo, el Artículo 55 de la Constitución garantiza la libertad de asociación. Sin embargo, en la práctica hay muchas restricciones. La formación de partidos políticos está regulado por el gobierno y todas las formas de oposición política están minuciosamente vigiladas. Los sindicatos están excluidos de participar en actividades políticas.  Sólo hay una Federación Central de Sindicatos reconocida por el Gobierno, es ilegal en Egipto organizar un sindicato independiente, algo que los trabajadores textiles han demandado desde hace varios años (un caso similar ocurre en China). Trabajadores hicieron huelga en 2007 por este tema y varios fueron encarcelados.

Una opción de los trabajadores es protestar, organizarse, ir a la huelga, pero en algunos países eso es una actividad de alto riesgo. Entre 2009 y 2014 han muerto 31 sindicalistas en Honduras y 62 en Guatemala desde 2008.

En Bangladesh hay trabajadores que sufren amenazas si se sindican. Les incrementan los objetivos de producción de manera inhumana cuando los dueños de las fábricas conocen la lista de empleados que se interesan por unirse para defender sus derechos. 

13. ¿Se dan facilidades a las empresas para producir de esa manera?

Sí.

En 1974 se firmó el Acuerdo Multifibras para regular el comercio de productos textiles. Canadá, Estados Unidos y Europa podrían establecer cuotas sobre la cantidad de artículos producidos en otros países que podían importarse. En 1995, esas cuotas fueron progresivamente eliminadas tras entrar en vigencia el Acuerdo sobre los textiles y el vestido de la OMC. A partir del 1 de enero de 2005 el comercio se liberalizó por completo. La presión del FMI y del Banco Mundial hace que muchas economías en desarrollo creen Zonas Francas, tanto para recibir inversión extranjera como para promover la exportación de empresas con capital nacional.

27 millones de personas en todo el mundo trabajan en las denominadas “zonas francas o zonas económicas especiales”, conocidas coloquialmente en América Latina y el Caribe como maquilas. Se estima que a día de hoy existen unas 2000 zonas económicas especiales en todo el mundo, de ellas unas 500 están en latinoamérica. Estas zonas francas se han extendido por numerosos países latinoamericanos como una forma de atraer la inversión extranjera a cambio de mano de obra barata, poca regulación laboral y tratamiento fiscal favorable. La industria textil se ha convertido en uno de los mayores usuarios de estas zonas. Las zonas francas suministran productos a grande empresas de la moda.

Las empresas suelen elegir zonas francas porque éstas les permiten producir con estructuras de muy bajo coste y sin demasiada fiscalización por parte de los gobiernos anfitriones. Cuentan con un paquete muy atractivo que incluye, por ejemplo,  un tipo nominal de impuesto de sociedades menor que en el resto del país, y subvenciones para el empleo de recursos humanos locales. Dadas estas ventajas es muy común la presión del sector empresarial por promover este tipo de negocios en países pobres como los centroamericanos.

En Paraguay, por ejemplo, las maquilas sólo tributan un 1% sobre el Valor Agregado del Territorio Nacional, lo que quiere decir que sólo pagan un 1% de las compras que realizan. De este modo, no hay tributos sobre las ganancias, sólo ese porcentaje minúsculo sobre las compras. Esas empresas están exentas de pagar el IVA y los aranceles de importación.

En Nicaragua muchas empresas se beneficiaron de las tasas preferenciales arancelarias que durante 10 años permitieron exportar hacia Estados Unidos con beneficios fiscales. Cuando se pierden esos privilegios, las empresas realizan despidos.

En El Salvador se han establecido unas 250 empresas, instaladas en 17 zonas francas, en las cuales se estima que trabajan más de 81000 personas, en su mayoría mujeres. A esa cifra se suma un buen número de trabajadoras que lo hace desde sus casas. Es habitual que las empresas amenacen con irse del país cuando los trabajadores mejoran sus derechos, como ha ocurrido recientemente en el El Salvador; 2 maquilas pretendían abandonar el país por el incremento del salario mínimo. Finalmente, no han cumplido su amenaza y se quedan. 

También en Egipto existen esas zonas económicas especiales, además de otorgar ventajas fiscales a las empresas, les dan mayor poder para despedir a los trabajadores.

En Etiopía las nuevas fábricas están exentas de pagar impuestos sobre los beneficios los primeros 5 años, y tamopoco pagan impuestos sobre las compras.

Los beneficios de las zonas económicas especiales tienen varios contrapuntos; los ingresos no percibidos por los incentivos fiscales, exenciones de derechos y la inversión en infraestructura son una gran carga para el erario público. Por ejemplo, de acuerdo con el auditor general Contraloría de la India, las zonas económicas especiales en la India habían dado 16,6 mil millones de dólares en reducciones de impuestos entre 2006 y 2013. Eso es solamente alrededor de 6 mil millones menos que su programa de subsidios de alimentos iniciado en 2013, que alimenta dos tercios de sus 1200 millones de personas.

Por otro lado no sólo los países fabricantes dan facilidades, sino que en los países importadores (donde residen las marcas) también se facilita ese modus operandi, por ejemplo, no estableciendo una ley de transparencia por la cual las grandes empresas hagan pública toda la cadena de suministro. Ese oscurantismo perjudica las labores de seguimiento y control, aunque hay guías y recomendaciones, estas no son de obligado cumplimiento, es decir, son opcionales.

14. ¿La presión mediática influye en las decisiones de las empresas?

Sí.

Por presión mediática entendemos los llamamientos y demandas de diferentes organizaciones, activistas, sindicatos, medios de comunicación, etc. para que se mejoren las condiciones de trabajo y se haga justicia. He aquí unos ejemplos:

Kik pagará indemnizaciones de 5.15 millones de dólares por la tragedia de 2012 en Pakistán, que se cobró la vida de 255 personas y hubo decenas de heridos. La firma del acuerdo ha llegado 4 años después.

– C&A, Li & Fung, Kik, El Corte Inglés, Walmart han pagado 2.5 millones de dólares en compensación por la tragedia de la fábrica Tzreen Fashionsm, que el 24 de noviembre de 2012 se incendió y produjo 113 muertos y numerosos heridos.

– C&A se ha comprometido a pagar una indemnización a los 5 trabajadores despedidos de un proveedor en Camboya,  y a cesar las acciones judiciales emprendidas por sus protestas sindicales. Esta carta dirigida a uno de los directivos de la marca ha sido fundamental para producir ese efecto.

Monserrat  Arévalo, portavoz de Mujeres Transformando lo definía así: “A veces se logran cosas más rápido, por la vía de la presión a las marcas que si nos vamos a un juzgado por laboral, que te puede llevar años y al final no te garantiza que se vaya a pronunciar a favor de la trabajadora, así que es muy importante la concienciación en el norte”.

15. ¿Qué responsabilidad tienen las marcas?

Hay varios tipos de responsabilidad. La primera es la derivada de buscar el proveedor más barato a toda costa. No es siempre el caso, ciertamente, pero para los contratos a corto plazo las marcas buscan un proveedor que les haga el trabajo al menor coste posible. El incentivo a bajar los precios reduciendo los costes laborales y de seguridad en los proveedores es evidente.

No sólo hay que adoptar códigos de conducta, que recordemos son voluntarios para las empresas, sino que hay que implementarlos de manera efectiva. Este es uno de los problemas que organizaciones como Labour Behind the Label denuncia, es decir, que se cumplan los compromisos que las marcas adquieren.

Bien es cierto que en algunos países, como Reino Unido, ya se está comenzando a estipular que las empresas grandes (aquellas con una facturación anual de 36 millones de libras) firmen un documento que acredita que son transparentes en su cadena de suministro y las acciones que están realizando para erradicar la “esclavitud moderna”. Sin embargo, pese a que es una ley, la forma de implementarla está sujeta a varias acciones voluntarias por parte de las empresas, por lo que no todas reportan la misma información sobre su cadena de suministro o sobre las acciones que están haciendo de supervisión.

En 2011, se descubrieron en Brasil dos talleres en Sao Paulo en los que inmigrantes ilegales fabricaban ropa para Zara en condiciones de pseudo esclavitud. Según el Ministerio de Trabajo de ese país, al menos otros 33 talleres subcontratados por la empresa española estarían en condiciones similares. Inditex culpó a la empresa AHA, uno de sus proveedores de Brasil de haber subcontratado esos talleres, pero la realidad es que es responsabilidad de Zara (y de las demás marcas) el controlar toda la cadena de producción para que no se produzcan estas lamentables situaciones.

Hace unos meses revisaba el excelente libro “Contra la lex mercatoria”. En él se reflexiona acerca de la responsabilidad social corporativa, y comentaba a este respecto:

Los autores hacen una crítica sólida a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), esa especie de tabla de salvación que las empresas esgrimen para justificar sus actividades, y que pretende convencer de que están comprometidas con el medio ambiente, las personas, y todos los colectivos afectados por ella.

El gran problema de la RSC es que es voluntaria, es decir, no es una obligación para las empresas, sino una forma de auto regular sus actividades al preocuparse por el bienestar de la comunidad. De este modo, las multinacionales tienen todos sus derechos regulados por la lex mercatoria, pero sus obligaciones (más allá de las normas de cada país) no son “obligatorias”.

Al final se convierte en una herramienta de marketing más, una forma de persuadir al consumidor para camuflar sus verdaderas intenciones. La tragedia del Rana Plaza en Bangladesh es comentada en el libro como el paradigma del fracaso de la RSC, pero se podría hablar también de otros comportamientos muy alejados de lo que debería ser el espíritu de una RSC real (empresas vinculadas en paraísos fiscales, delitos medio ambientales, obsolescencia programada, aliento de conflictos armados para obtener condiciones ventajosas en la explotaación de recursos naturales, etc.)

Sin embargo, desde hace varias décadas se está intentando que esa voluntariedad sea realmente una regulación, aunque el repaso histórico que hacen los autores nos muestra un dibujo desesperanzador del papel de la ONU en este asunto, descartando una normativa internacional para pasar a ideas como el Global Compact, que volvía a ser de carácter no obligatorio  (soft law).

El Global Compact fue lanzado en 1999 con el objetivo de constituirse como un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de los negocios y mercados. Era una especia de alianza entre la ONU y las multinacionales, donde también participaron en su creación varias ONGs importantes. Pero no dejaba de ser un código de conducta voluntario, no ejercía funciones de vigilancia, no imponía criterios y no evaluaba la conducta ni las acciones de las empresas. En definitiva, no había ningún marco jurídico, sólo una declaración de intenciones, sin ningún mecanismos de control para su seguimiento.

Los autores enfatizan que son los estados y los organismos internacionales los que deben garantizar los derechos humanos, y que las multinacionales deben respetarlos. Pero si no hay control normativo internacional, y los Estados se ven en cierto modo coaccionados por los acuerdos bilaterales y multilaterales (cuando no son cómplices de la propia vulneración de esos derechos), la situación de desprotección es manifiesta. Ante eso, de nuevo, la lex mercatoria es implacable.

Por tanto, ¿no es una contradicción manifiesta ligar ese tipo de propuestas voluntarios de la RSC a conceptos como la rentabilidad o productividad? Por mucho que se quiera justificar que las empresas percibidas como socialmente responsables (gracias al marketing de la RSC) pueden cobrar un sobreprecio para sus productos que les haga “compensar” el coste de ser “responsables”, la realidad es que la maximización del beneficio sigue siendo el objetivo fundamental, y ante eso, lo demás queda en un segundo plano. ¿Donde queda la RSC cuando una empresa con beneficios despide a cientos de trabajadores, una compañía se deslocaliza pagando un salario indigno a sus trabajadores, o varias grandes corporaciones pactan precios y tienen a sus directivos cobrando sueldos multimillonarios mientras deshaucian o cortan la electricidad? Evidentemente las empresas tienen que ser rentables, pero renunciando a parte de sus beneficios podrían igualmente serlo; sin embargo, para ello se necesitan normas de obligado cumplimiento, y eso es lo que todavía sigue sin producirse.

Bien es cierto que algunas de estas empresas de fastfashion (Zara, H&M) tratan también de lavar su imagen a través de la producción de colecciones de moda “sostenible”. Siempre es de agradecer ese tipo de iniciativas, ya que en teoría conllevan un proceso de producción socialmente responsables desde el punto de vista ambiental y también laboral, pero su importancia con respecto al volumen total producido es mínimo. Además, es una contradicción manifiesta que una empresa por un lado emplee el concepto de sostenibilidad mientras que por otro lado sigue mostrando grandes carencias en temas laborales.

El contraste entre lo que las empresas dice en su propaganda social corporativa y lo que realmente ocurre en la cadena de suministro es a veces enorme. Un ejemplo reciente es el caso de la marca japonesa Uniqlo, una de las más importantes de la industria textil deportiva, y lo que está sucediendo en algunas de sus fábricas en China o en Camboya. Pese a que es una marca con la producción menos dispersa que otras (y por tanto más fácilmente controlable), la investigación de una ONG que enlazo a continuación muestra personas trabajando muchas más horas de las convenidas a la semana, que no cobran las horas extra como tales, en condiciones insalubres en las fábricas, y cuyo nivel de explotación no les permite apenas plantearse otra alternativa. Las denuncias de las ONG hacen que la marca actúe y trate de mejorar, pero todavía es insuficiente. Es la distopía de Uniclo, en contraste con la utopía de su mensaje publicitario.

Nike, por su parte, no ha firmado el código de conducta de la Universidad de Georgetown para vender productos licenciados. En diciembre de 2016, varias decenas de estudiantes se han encerrado en la Universidad y han sitiado el despacho del presidente para exigir que no se renueve el contrato con la marca de Oregón. El motivo fundamental es un reciente informe aparecido sobre las condiciones de uno de sus proveedores en Vietnam. Está claro que las marcas pueden hacer mucho más de lo que actualmente hacen.

De hecho las fábricas que han firmado los acuerdos de seguridad de Bangladesh se quejan de que las marcas que les hacen los pedidos no les ayudan con la financiación para acometer las mejoras de seguridad requeridas por ese acuerdo. La mayoría de marcas sólo participan en costear las inspecciones periódicas, y son las fábricas las que tienen que pedir préstamos para poder hacer frente a esos pagos, lo que redunda en que las fábricas más pequeñas tengan especial dificultad en seguir el programa de mejoras.

En Argentina es notorio el caso de la marca Cheeky, propiedad de Juiana Awada, la esposa del presidente Macri. La marca confecciona productos en talleres clandestinos donde los trabajadores (la mayoría inmigrantes bolivianos) trabajan en condiciones infrahumanas en jornadas de 15 horas diarias. En este vídeo se muestra un ejemplo de esos talleres y se recuerda la responsabilidad que las marcas tienen sobre el trabajo a domicilio.

17. ¿Las fábricas son seguras?

En muchas ocasiones no, aunque estén inspeccionadas y auditadas.

Un ejemplo es la fábrica ALI Enterprises que pocas semanas antes del accidente en el que murieron más de 250 trabajadores en Pakistán, en septiembre de 2012, había sido auditada por Social Accountability International.

En otras ocasiones, las fábricas siguen funcionando pese a que no pasan la auditoría de seguridad, como la factoría Tazreen de Dhaka, que había sido inspeccionada por el Departamento de Defensa Civil y el Servicio de Fuegos de Bangladesh, no habiéndose renovado la certificación de seguridad contra incendios. La fábrica siguió en marcha y murieron 117 personas.

18. ¿Están las marcas pagando indemnizaciones por los accidentes ocurridos?

Sí, pero a veces con mucho retraso.

Por ejemplo, el 11 de septiembre de 2012 más de 250 trabajadores murieron en un incendio en Pakistán en una fábrica que era proveedor de la empresa alemana Kik.  Han tenido que pasar 4 años para que se firmara un acuerdo de 5.15 millones de dólares para las víctimas y familiares. Previamente Kik había pagado 1 millón de dólares gracias a un acuerdo con una organización laboral pakistaní, pero eran a todas luces insuficientes, dada la magnitud de la tragedia.

19. ¿Hay que boicotear a esas marcas?

Es complejo posicionarse a este respecto.

Muchos defienden que el boicot lo único que hace es perjudicar al eslabón más débil de la cadena: el trabajador. Desde ese punto de vista habría que exigir que las marcas se comporten de otra manera sin necesidad de dejar de comprar esos productos.

Sin embargo, mi postura acerca de esto no es tan clara. La presión de los consumidores y de los medios ante amenazas de boicot puede ser abrir posibilidades de mejora. Al fin y al cabo, la historia nos dice que muchas de estas empresas sólo han reaccionado cuando ha habido situaciones extremas, como los accidentes y los fallecimientos de trabajadores.

Hay otras opciones de compra, marcas que no producen en esos países o que lo hacen bajo la etiqueta de comercio justo o de filosofía ecológica. Probablemente haya muchas que estén haciendo bien las cosas en relación a los derechos de los trabajadores y habrá que darles un voto de confianza hasta que no salgan informaciones contrarias al respecto.

Hace unas semanas solicité una entrevista a una empresa que no tiene su producción deslocalizada, con el fin de que me explicaran de primera mano cómo fabricaban y la situación de los trabajadores que producen en nuestro propio país. Pero no obtuve ninguna respuesta.  Necesitamos que aquellas empresas que lo estén haciendo bien sean lo suficientemente transparentes para que todos confiemos en ellas. Actualmente estoy en contacto con otras que sí están colaborando en dar más información, y que comentaré más adelante. Pero es grato conocer experiencias de personas que se han dado cuenta de que otra forma de producir y de relacionarse con los trabajadores es posible.

No obstante, ciertos indicadores de calidad o de transparencia se pueden quedar más que en eso, en papel. En octubre de 2016 morían 3 trabajadores en una fábrica en Pakistán, proveedora de Levi ‘s, a pesar de que la marca tenía la más alta puntuación en el Fashion Transparency Index. Sin duda, queda mucho trabajo por hacer.

El sello de comercio justo, Fair Trade, puede ser una garantía, pero en ocasiones existen dudas sobre si realmente el proceso ha sido todo lo limpio que debería. Por ejemplo, una propia auditoría de la marca Patagonia en 2011 (una de las que se caracteriza por su enfoque al comercio justo y la sostenibilidad), mostró que en su cadena de suministro había varias deficiencias ligadas a la subcontratación de trabajo precario por parte de algunos proveedores, a través de brokers de trabajo; intermediarios que se encargan de contratar trabajadores) cobrando una comisión desorbitada por ello a los propios trabajadores y ofreciendo unas condiciones de explotación. Al menos es loable el intento de algunas de las empresas del sector por mejorar en este sentido.

Aunque se produzca de manera local, en ocasiones el algodón se importa de países como Uzbequistán, donde existe una situación real de esclavitud (el Estado obliga a la población a recolectar el algodón en condiciones indignas). El caso de American Apparel es ilustrativo; se publicita como una marca que produce en Estados Unidos (algo que es cierto) pero la materia prima (el algodón) proviene de Uzbequistán, por lo que aunque no haya explotación laboral en la producción de la ropa (en su confección) sí que la hay en el primer escalón de la cadena. La marca estadounidense todavía no ha firmado una petición para que no se importe algodón de ese país hasta que la situación no cambie.

No obstante, el modelo de negocio está cambiando, aunque sea muy poco a poco. Y eso es de agradecer. Los productores de ropa orgánica están creciendo en todo el mundo, y eso trae 2 beneficios fundamentales para los trabajadores textiles; (1) el pago de salarios dignos y mejora de la situación laboral; (2) la minimización de exposición a tóxicos. 

20. ¿Es un problema sistémico?

Sí, lo es.

Es un problema ligado al sistema capitalista y a la filosofía neoliberal. Aunque el trabajo esclavo se eliminara y se incrementaran los derechos de los trabajadores, la forma de explotación ligada al sistema de producción capitalista se mantendría, donde el valor del salario de los trabajadores es siempre menor del valor de los bienes que producen.

Sin embargo, es obvio que la minimización de esa dicotomía es posible si los derechos de los trabajadores aumentan y la responsabilidad de los propietarios de las marcas fuera en consonancia con sus acciones. Tal vez un ejemplo de esto último es el empresario Philip Green, propietario de varias marcas textiles, entre ellas Topshop, que viste a celebridades como Beyonce. Green es un multi-billlonario que ha sido acusado de enriquecerse con la quiebra de BHS, una importante empresa inglesa que vendió por poco más de 1 euro en 2015, dejando en la calle a casi 11000 trabajadores y amenazando las pensiones de otros 20000. Se sospecha que Green desvió fondos de esa empresa a Mónaco, lugar de residencia de su esposa. Topshop produce en Sri Lanka, y los trabajadores ganan menos de 5 euros al día por trabajar más de 60 horas a la semana. Algunos trabajadores ganan 100 euros al mes en esas fábricas, trabajando casi 10 horas al día con sólo 30 minutos de descanso para comer “Todo lo que hacen es trabajar, dormir, trabajar,dormir”. Sin embargo, lo que la compañía dice en su web es que trabajan para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y para ayudar a los trabajadores a tener una experiencia completa de vida. De nuevo se ve aquí, por tanto, el desfase entre las campañas de imagen y las buenas palabras con los hechos.

El poder de las multinacionales es enorme, y es mayor que el de muchos Estados, que se ven incapaces de implementar regulaciones ante la presión financiera. 

Esta problemática laboral no sólo ocurre en la industria textil. De hecho en países como China se extiende a otro tipo de sectores, como el tecnológico. Por ejemplo, es tristemente conocido la oleada de suicidios que en 2010 ocurrieron en Foxconn, un fabricante de dispositivos para marcas como Apple, HP o Sony Ericsson. Estos sucesos propiciaron que varios profesores de sociología de universidades chinas escribieran una carta abierta para rebatir el modo de producción chino y las condiciones laborales que millones de ciudadanos sufren en pos de un crecimiento económico que lleva a la riqueza a unos pocos y a la desesperación a muchos.

La desfachatez de este sistema queda reflejado en la foto que muestro a continuación (que obviamente no está manipulada). Está tomada este mes de agosto de 2016 en la Disney Store de Murcia.

precio

Seguramente es un caso extremo, pero merece la pena pararse en él. El precio normal del producto es 11.90 euros, mientras que el precio rebajado es de 1.50. Asumiendo que Disney no ganara nada con el precio rebajado (que es mucho asumir), cualquier persona que haya comprado ese producto sin rebajar le ha proporcionado a Disney un 693% de beneficio. Repito, un 693% de beneficio. Dejo a la imaginación de los lectores calcular lo que se han llevado las trabajadores que han estado bordando y cortando esos adhesivos. 

El sistema se aprovecha de las divergencias entre condiciones laborales entre países para explotar trabajadores de los países más pobres. Un ejemplo es lo que está pasando en Jordania con trabajadores provenientes de Sri Lanka o Bangladesh. Las condiciones laborales son mejores que en sus países de origen y migran hacia Jordania, en muchos casos, pagando grandes cantidades de dinero a intermediarios que se enriquecen a su costa. Sin embargo, esos trabajadores siguen explotados, de hecho son vulnerables a abusos y bajos salarios, que muchos no denuncian por miedo a ser deportados. Es muy ilustrativo que con  una tasa de paro que se estima llega hasta el 28% en los jóvenes, la industria textil no pueda conseguir trabajadores entre los propios habitantes de Jordania, y tenga que recurrir a la fuerza de trabajo de los inmigrantes. Eso da una idea de las condiciones laborales que sufren.

Llegados a este punto, presento Stars for Workers como una forma de concienciar sobre este problema y de involucrar a una parte fundamental de la industria: las celebridades patrocinadas por las marcas. Es un paso más para intentar cambiar las cosas. Mientras algunos de nosotros luchamos por dirigirnos hacia un sistema post capitalista, debemos implicarnos en mejorar la vida de aquellos que son víctimas de nuestra propia forma consumir.

Cómo citar este artículo: Martínez, J. A. (2018, diciembre 14). Preguntas y respuestas sobre la explotación laboral en la industria textil. Descargado desde www.cienciasinmiedo.es/b172

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